Artículo

Revista Estudios en Seguridad y Defensa 5(9): 63-72, 2010

Mecanismos de auto-perpetuación de la violencia Primera parte: las Bandas Criminales Emergentes o “BACRIM”¹

ARMANDO BORRERO MANSILLA^*

¹Artículo de reflexión resultado de investigación en el área de Postconflicto del CEESEDEN de la Escuela Superior de Guerra. Bogotá, Colombia.
^*Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Magister en Defensa y Seguridad Nacionales de la Escuela Superior de Guerra. Director Línea de Investigación en Postconflicto en el Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales -CEESEDEN- de la Escuela Superior de Guerra. E-mail: armandoborrero@gmail.com

Recibido: 27 de mayo de 2010
Evaluado: 03 de junio de 2010
Aprobado: 30 de junio de 2010

Palabras Claves: BACRIM, Mercados de Violencia, Conflicto Armado.

Introducción

El estudio de los que en este trabajo se han denominado “Mecanismos de auto-perpetuación de la violencia en Colombia”, nació de una preocupación más general relacionada con la prospectiva de la Defensa y la Seguridad Nacional en Colombia. Cuando se piensa en un escenario de paz, tras la superación de los diversos factores de violencia actuantes en Colombia, surge de inmediato la pregunta sobre el destino futuro de la Fuerza Pública en Colombia y especialmente el de las Fuerzas Militares. éstas han estado inmersas en el control de las sucesivas amenazas al Estado y a la sociedad, sean guerrillas, bandolerismo, paramilitarismo, o delincuencia asociada al narcotráfico cuando se organiza en forma de ejércitos privados. El final de esa misión que puede producirse en un futuro relativamente próximo, obliga a plantearse con anticipación lo que será un asunto político de la mayor importancia: ¿Cuáles son las Fuerzas Militares que necesitará Colombia, una vez se encuentre en paz?

En un escenario pacífico, el control de la sociedad será judicial y policial, ejercido al modo establecido en los Estados de derecho de la modernidad. Es fácil imaginar el papel de la Policía Nacional porque la seguridad pública es una necesidad permanente y las modalidades de ejercicio de la misma evolucionan de acuerdo con las transformaciones de la morfología y la estructura de las sociedades. Por supuesto que la Policía enfrentará retos muy grandes, pero el debate sobre su quehacer será sobre el “cómo se hace”, sin poner en cuestión la necesidad de la institución. Otra cosa es el debate sobre lo militar. Las posiciones en el debate social son más amplias, las percepciones de las amenazas difieren y las realidades económicas juegan un papel muy importante.

Existen puntos de vista que trasladan experiencias de otras sociedades, de manera mecánica, y proponen modernizaciones que suponen unas fuerzas orientadas totalmente a la defensa externa, o en otro extremo, una reducción del tamaño y de las capacidades en el supuesto de no ser necesarias en los escenarios nuevos. Ante la variedad de propuestas que se pueden presentar, es bueno reflexionar sobre la historia de las violencias colombianas y sobre lo acontecido en otras sociedades tras un proceso exitoso de paz.

En el pasado reciente, siempre que en Colombia se dio, o se intentó un proceso de paz, la violencia se reprodujo en procesos similares al dado por terminado o reapareció bajo formas diferentes. Los procesos de paz centroamericanos fueron seguidos de resurgimientos de la violencia bajo formas de violencia social, como en el caso de El Salvador o Guatemala, o bajo formas de sucesivas violencias políticas, como en Nicaragua, en los períodos siguientes a la finalización de los conflictos internos. En los conflictos africanos se ha observado, y con mayor incidencia, la continuación de los enfrentamientos u otros nuevos pero ligados a los factores que produce el anterior.

Las reflexiones que suscitan las experiencias propias o ajenas, llevan a pensar la posibilidad del peligro de reaparición de las luchas armadas en el período subsiguiente al proceso de paz, que según estudios internacionales es el más propenso a la reanudación de los conflictos o a la aparición de violencia social. La idea es que las transiciones son difíciles y que el Estado necesita instrumentos para controlar los factores de reproducción de la violencia.

El estudio que surge de esta preocupación busca tipificar cuatro factores de enfrentamiento: la presencia del narcotráfico; la existencia de “mercados de violencia” entendidos como sistemas sociales que sobreviven al fin del conflicto y pueden permanecer estables por mucho tiempo; los encadenamientos de venganzas sobre venganzas, posibles cuando una sociedad ha soportado delitos y agresiones de afectación social alta, tales como el secuestro en gran escala; y finalmente, la aparición de grupos armados ilegales como las bandas criminales (BACRIM) que reproducen fenómenos de ejércitos privados al servicio de intereses del narcotráfico o de grupos sociales que se benefician de las guerras.

Por las razones anteriores, se ha preparado una serie de ensayos sobre las bandas criminales, los mercados de violencia, especialmente sobre las armas, sobre el narcotráfico y una caracterización del secuestro para estimar el impacto social del mismo. La intención es exploratoria y descriptiva en la mayor parte de los ensayos, pero éstos pueden ser el comienzo sobre una reflexión necesaria acerca de los peligros que el postconflicto implica. En suma, se trata de saber si la paz debe ser tutelada, transitoriamente por las armas.

I. Justificación, problema de investigación y objetivos

1. Justificación

El estudio de los factores de reproducción de la violencia en la sociedad colombiana, es una necesidad ante la posibilidad de una pacificación del país, bien sea por la vía de una victoria del Estado sobre todos los grupos armados ilegales, guerrillas, autodefensas supérstites o renovadas, ejércitos privados del narcotráfico y grupos de las distintas formas de delincuencia organizada que sufre la sociedad, o por una negociación exitosa que conduzca a la desmovilización de las guerrillas y le permita al Estado enfrentar con éxito a los otros factores de intranquilidad. En uno y otro caso, el período subsiguiente es de alto riesgo en materia de reproducción de la violencia. Tanto la experiencia colombiana de procesos de pacificación pasados, como las experiencias internacionales, indican una probabilidad alta de reproducción de las violencias, sobre todo, en los primeros años siguientes a un proceso de paz.

Un estudio de los factores mencionados da elementos de juicio, tanto para la prevención de las dinámicas de reproducción de los fenómenos violentos, como para definir los criterios que deben guiar al Estado en una posible negociación de paz que puede contener, y seguramente contendrá, propuestas sobre las misiones, organización, tamaño y poder de la Fuerza Pública. El conocimiento de los factores mencionados, es un factor de argumentación poderoso para saber hasta dónde se puede ir en una negociación de paz.

2. Problema de investigación

El estudio realizado busca establecer relaciones entre fenómenos asociados a las violencias de diverso tipo que se viven en Colombia, para determinar, de manera probabilística, la posibilidad de reproducción de las mismas en una situación eventual de pacifica ción de la sociedad colombiana. Se trata de determinar la causalidad y la influencia que puedan tener el narcotráfico y las actividades asociadas al mismo, la conformación de nuevos grupos armados ilegales, los “mercados de violencia” disponibles en un post-con-flicto (excombatientes, traficantes de armas, crimen organizado, etc.) las cadenas de venganzas que propician todas las formas de afectación de la violencia en la sociedad, tales como el secuestro, la extorsión, el uso indiscriminado de las minas antipersonales, el terrorismo y la destrucción de poblados, que pueden incidir en nuevas violencias de tipo local.

3. Objetivos

3.1. General

Examinar la magnitud de los factores que configuran los mecanismos de auto-perpetuación de la violencia en una sociedad que ha vivido conflictos intensos durante largos períodos de su historia reciente. Examinados y ponderados estos factores, el estudio comparará la situación encontrada con otras experiencias internacionales en materia de reproducción de fenómenos violentos, sean éstos sociales o políticos.

3.2. Específicos

• Establecer las relaciones entre cultivos ilícitos y violencias locales. La competencia por el monopolio de la comercialización y las primeras fases del proceso productivo, la descomposición social que produce la actividad tales como la afluencia de inmigrantes (mano de obra, prostitución, consumo de drogas y formas delincuenciales asociadas) y la competencia por la tierra, elevan la conflictividad local aún en ausencia de guerrillas o autodefensas.
• Establecer las relaciones entre narcotráfico y violencias “intra-mafias”. Las actividades económicas ilícitas que no se regulan por la competencia en el mercado normal, lo hacen mediante la violencia. éste es otro factor que permanece más allá de conflictos políticos o sociales.
• Caracterizar las violencias derivadas de la represión estatal a las actividades relacionadas con el narcotráfico, las que pueden ir desde la defensa de los cultivos, los laboratorios y las rutas de comercialización, hasta el ataque a la sociedad por medio del terrorismo.
• Establecer el impacto potencial de la conformación de nuevos grupos armados ilegales, desde modelos similares a las autodefensas rurales, hasta organizaciones de delincuencia (ligadas al vicariato, al contrabando, a la piratería terrestre y marítima, al narcotráfico, etc.) en una situación inicial de paz relativa en el país.
• Identificar y caracterizar los llamados “mercados de violencia”, es decir todo aquello que permanece, activo o latente, en materia de actividades ligadas al conflicto anterior, como disponibilidad de excombatientes, tráfico de armas, explosivos y municiones, redes de servicios de las actividades de los grupos armados, etc. que pueden derivar en apoyo de nuevas formas de violencia.
• Caracterizar el fenómeno de las “cadenas de venganzas” como peligro potencial para la pacificación. El secuestro, la extorsión, el ataque a poblados con la consecuente destrucción de vidas y bienes, el uso de minas anti-personales, el terrorismo, son, entre otros, factores de reproducción de la violencia que ya han operado en anteriores procesos de pacificación en Colombia.
• Establecer las relaciones existentes entre las “huellas sociales” de la presencia de grupos armados ilegales y la conflictividad local. Cuando una zona o región ha sido controlada, al menos de manera relativa, por un grupo que utilice el control delegado en sectores de las comunidades (grupos de pobladores organizados en estructuras de base que reportan a las organizaciones armadas) se pueden exacerbar los conflictos locales, una vez el actor armado ya no tenga poder intimidatorio.

4. Carácter de la investigación

La investigación fue adelantada, principalmente, mediante revisión bibliográfica secundaria. La información de tipo primario fue solamente la proveniente de entrevistas a expertos en los tipos de conflicto mencionado y actores de los mismos. La caracterización del fenómeno de las llamadas “cadenas de venganzas” se hizo fundamentalmente sobre la base de información histórica y sobre la construcción de escenarios hipotéticos de la situación una vez obtenida la paz con los grupos guerrilleros.

5. Fuentes principales de información

1. Ministerio de Defensa Nacional. Comando General de las Fuerzas Militares. Dirección Nacional de la Policía.

2. Departamento Administrativo de Seguridad.

3. Fundaciones “Seguridad y Democracia” e “Ideas para la paz”.

4. Crisis Group.

5. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

6. Representación de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR).

7. Representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

8. Ministerio de Interior y de Justicia.

9. Centro de Investigaciones para el Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de Los Andes.

10. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (IEPRI).

11. Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana.

12. Biblioteca del Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP).

13. Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas (SAT).

II. Los nuevos grupos armados ilegales o bandas criminales -BACRIM

1. Consideraciones generales

El surgimiento de grupos armados ilegales nuevos, tras la desmovilización de las autodefensas, es un tema que genera inquietudes acerca de lo que puede ser una etapa de postconflicto en Colombia. Los nuevos grupos armados o BACRIM ponen de presente el papel que cumplen las dinámicas de la violencia tras seis décadas de experimentarla, bajo una u otra forma, bien sea la violencia de los años 1940 y 1950 o liberal-conservadora, la del vandalismo de los primeros años 1960 o la violencia revolucionaria a partir de mediados de esta década, o finalmente, la asociada al narcotráfico en todas las fases del negocio ilegal.

La primera inquietud que suscitan es la relacionada con los fenómenos que permanecerían más allá de unos posibles acuerdos de paz con los grupos irregulares de toda suerte que actúan en Colombia, el primero, el narcotráfico y todas las formas de delincuencia organizada asociadas al mismo. Los acuerdos de paz con organizaciones como las FARC y el ELN no implicarían, de manera alguna, el fin del negocio ilícito. Su dinámica es diferente y su solución está en un plano global fuera del alcance y de las posibilidades del Estado colombiano. Los negocios ilícitos que producen rentas extraordinariamente elevadas y que se desenvuelven en ambientes económicos globaliza-dos, generan estructuras armadas de protección y de competencia con los rivales, que superan el nivel de “problema de policía” y van más adelante, hasta problemas de seguridad del Estado que pueden requerir un tratamiento militar de la amenaza. La experiencia colombiana frente al terrorismo de los carteles de la droga y al paramilitarismo, junto con la experiencia mexicana de hoy y la que ya empieza a despuntar en Guatemala, son estímulo, más que suficiente, para prever una situación futura cuando el negocio ilícito sobreviva a la desmovilización de guerrilleros y paramilitares.

La segunda inquietud se relaciona con las capacidades del Estado colombiano para promover la integración social, alcanzar el monopolio de la fuerza y tener presencia institucional fuerte en todas las áreas, tanto de territorio como de población. No se puede dejar de lado la conclusión de casi todos los estudios y todas las reflexiones sobre la violencia, en el sentido de señalar fallas estructurales de la conformación estatal colombiana, como uno de los factores principales de la violencia y de su persistencia por más de medio siglo. Es la razón para darle importancia al problema de cómo controlar, en el futuro, los factores de violencia y los mecanismos de autoperpetuación de la violencia por parte del Estado colombiano.

Otro aspecto de interés, y muy relevante para los propósitos de la investigación sobre el postconflicto, es la discusión acerca de si los nuevos grupos armados o BACRIM, tienen relación cercana con las autodefensas desmovilizadas. Si bien es cierto que los grupos nuevos no utilizan un lenguaje contrainsurgente tan acusado como las AUC de Carlos Castaño, no es menos cierto que en la fase final de esas autodefensas, la relación con el narcotráfico y el actuar como ejércitos privados del negocio fue más que evidente. La última generación de jefes paramilitares es, claramente, de cuadros surgidos del narcotráfico, sin atenuantes. Las autodefensas fueron no solamente apoyadas y luego cooptadas por el narcotráfico, sino instrumentaliza-das como mecanismo de competencia para controlar el negocio de la droga y para trascender a actividades de extorsión, de acumulación de tierras en cabeza de los jefes y de control de los aparatos políticos locales y regionales.

La denominación BACRIM expresa el supuesto de un corte tajante entre las autodefensas desmovilizadas o grupos paramilitares y las organizaciones nuevas. La realidad muestra una situación muy fluida y los nuevos grupos armados ilegales responden a una variedad amplia de tipos, unos muy directamente ligados a grupos preexistentes, otros que responden a necesidades similares a aquellas que llevaron a la creación de grupos paramilitares y otros que simplemente, aprovechan los “mercados de violencia” existentes para introducirse en los negocios ilegales de la droga, de la “venta de seguridad”, la extorsión y el secuestro, el contrabando, el robo de combustibles y la piratería terrestre. Uno de los factores que más lleva a considerar la reproducción del fenómeno anterior, es el de la necesidad de ciertos grupos sociales, los terratenientes en especial, de contar con una seguridad cercana y bajo su control, que el Estado no puede brindar.

El mecanismo mencionado es sencillo. El Estado puede recuperar el control territorial de un área específica, pero difícilmente puede proporcionar a los grupos interesados una seguridad individualizada, tal como la acostumbraban con las autodefensas. También puede suceder que el Estado no recupere el control, o lo haga sólo parcialmente. En ese caso, los fenómenos se reproducen de manera similar y con los mismos pretextos.

Los “señores de la tierra”, uno de los grupos sociales más resistentes al control estatal (fenómeno observado en todas las sociedades) en ausencia del Estado conforman sus propios instrumentos de control social y político. Se debe recordar que los conflictos armados son instrumentos de estrategias decididas racionalmente por los interesados. Los actores se ajustan a las necesidades si pueden sacar ventajas. Es una ecuación de “costo-beneficio” sin apelaciones.

Los actuales grupos armados, nuevos o “emergentes”, pueden tener grados diversos de relación con el fenómeno de las autodefensas, más comúnmente llamado paramilitarismo y, de manera provisional, se puede intentar una primera clasificación como sigue:

a) Bandas emergentes que provienen directamente de estructuras de las autodefensas anteriores.

b) Bandas emergentes cuyos componentes provienen de las autodefensas anteriores, pero no propiciadas directamente por estructuras supérstites de las mismas.

c) Bandas emergentes nuevas, sin relación directa con las estructuras anteriores, pero auspiciadas por narcotraficantes para el control del negocio ilegal en sus distintas fases, o por terratenientes que buscan seguridad.

En términos generales, todos estos grupos tienen relación, directa o indirecta con los fenómenos de violencia persistentes del país. El caldo de cultivo es el mismo. Lo que cambia es la intensidad de los vínculos con las estructuras que se desmovilizaron, en el proceso de negociaciones con el gobierno. Los desmovilizados fueron más de 30.000 y las armas entregadas, alrededor de 15.000. En términos objetivos fue un éxito, pero persisten estructuras que no se desmovilizaron y muchos excombatientes están en los llamados “mercados de violencia” como elementos disponibles para empresas criminales futuras, si no se logra su reinserción plena en la sociedad.

Los grupos armados emergentes o BACRIM comenzaron a hacerse notorios en el segundo semestre de 2005. La Fundación Ideas para la Paz, ligada al Grupo Industrial Corona, advirtió de manera temprana, el seguimiento de estos grupos armados (FIP 2005) y los denominó “tercera generación de paramilitares”. La organización internacional Crisis Group, dedicada a la prevención de conflictos alrededor del mundo, realizó uno de los informes más completos sobre el fenómeno (Crisis Group 2007) y comienza el mismo por plantearse las preguntas pertinentes sobre el origen de los grupos. Textualmente reza el informe:

“El sexto informe de la misión de la OEA (HAPP/OEA) en marzo de 2006, puso de relieve los avances logrados en la desmovilización de las AUC, pero también manifestó preocupación con respecto a: (1) el agrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; (2) reductos que no se han desmovilizado; (3) la aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados”. En dos informes subsiguientes, la MAPP/OEA identificó un número creciente de actores armados ilegales nuevos o reagrupados en varias regiones.” (Crisis Group 2007)

Los tres tipos de grupos descritos por el informe de Crisis Group, plantean un panorama similar al mencionado atrás: hay unos grupos originados en las autodefensas anteriores. Otros son exactamente los mismos, cuando no se han desmovilizado, y otros son nuevos, en zonas dejadas por desmovilizados, posibilidad última que lleva a pensar en una acción estatal insuficiente para copar los espacios dejados por los grupos anteriormente implantados en la zona. En resumen, las visiones enfrentadas son las de observadores que consideran que los nuevos grupos son continuadores de los paramilitares tradicionales y la visión gubernamental que ve en éstos, bandas criminales conformadas por narcotraficantes o epifenómenos de la violencia anterior, vale decir, resultantes de la descomposición social producida por el conflicto. En uno y otro caso, se discute si son autores del conflicto armado o si son solamente bandas delincuenciales. Esta última calificación tiende a predominar.

Debe recordarse, cuando de calificar el carácter de los grupos se trata, que el paramilitarismo tradicional también estaba íntimamente ligado a negocios ilícitos, no sólo al narcotráfico sino también al robo y distribución ilegal de gasolina, y a otros delitos rentables. En ese sentido no serían tan diferentes de las ahora llamadas BACRIM. Por otra parte, nunca fueron un movimiento homogéneo sino una amplia variedad de organizaciones con sellos regionales propios. Las autodefensas iniciales, estilo las de Puerto Boya-cá, fueron derivando, de contrainsurgentes, como estrategia prevalente, a ejército de narcotraficantes aliados de una gran diversidad de intereses: terratenientes, políticos locales, crimen organizado, élites económicas, etc. El núcleo inicial de las AUC (autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU) fue el más homogéneo, pero en su versión ampliada, las AUC, era notoria la independencia de muchos de los jefes regionales. El modelo fue más de confederación que de mando unificado.

Finalmente, no sobra volver sobre la relación conflicto - crimen organizado. Siempre que en una sociedad el Estado sufre en su capacidad de control por causa de un conflicto interno, el crimen organizado medra. Las organizaciones criminales encuentran espacio en el tráfico ilegal de drogas o piedras y metales preciosos, cuyas rentas son motores financieros de los grupos violentos. También ocupan un sitio de privilegio en la logística del conflicto (tráfico de armas, municiones, explosivos, monedas y lavado de activos, control de puertos, centrales de distribución de alimentos, tráfico de combustibles, robo y tráfico de automotores). Las organizaciones criminales tienen, a su vez, una relación intensa con la política, bien porque generan consecuencias políticas o bien porque derivan hacia organizaciones con intereses políticos limitados como el desafío y contrastación de políticas que les son incómodas, o hacia la paralización de instituciones percibidas como obstáculos (policía, justicia) para los negocios ilegales.

El crimen organizado tiende a superar la violencia de los grupos puramente contrainsurgentes, cuando cede la violencia insurgente. En momentos así, como el colombiano, cuando las guerrillas se ven disminuidas en sus capacidades ofensivas, los grupos armados ilegales de signo contrario, que tienen bien establecida unas dinámicas de violencia y de control de territorios, población y actividades económicas, irán de más en más, hacia actividades puramente delincuen-ciales sin objetivo político alguno.

2. Las bandas criminales y las regiones colombianas

La aproximación al fenómeno de las BACRIM desde la óptica de su implantación territorial, puede arrojar luz sobre su origen, sus conexiones con fenómenos anteriores de violencia y los intereses que se ocultan tras las bandas.

La información recogida por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el DAS, da cuenta de 23 estructuras de bandas criminales que suman aproximadamente 2.800 hombres en armas con influencia en 101 municipios pertenecientes a 16 departamentos. Esta cifra puede verse como lejana del tamaño de los grupos que se desmovilizaron en el proceso de paz con los paramilitares (Ralito) pero es una cifra que suscitan inquietudes por la rapidez con que fue alcanzada. A diferencia de las estructuras anteriores a Ralito, las nuevas organizaciones no tienen cohesión nacional, ni unidad de mando. Difícilmente puede alcanzar esa unidad porque están al servicio de carteles del narcotráfico que compiten ferozmente entre sí.

La implantación territorial de los nuevos grupos armados ilegales parece tener una relación fuerte con el narcotráfico, bien porque las estructuras más fuertes están en áreas de cultivo, o bien porque se encuentran en áreas que son asiento de las mafias comercializadoras de las drogas ilícitas. La información del Ministerio de Defensa (2009) coincide con la contenida en informes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y con la presentada por el informe de Crisis Group (CNRR 2007 y Crisis Group 2007).

La distribución por zonas del país, muestra cómo las más críticas, en término de presencia de grupos armados ilegales, están situadas en áreas cocaleras tales como Nariño, Cauca, Putumayo, Chocó y Valle (los cuatro primeros con áreas de cultivo y el Valle sede de grupos comercializadores) en la Costa Caribe desde Urabá hasta la Guajira, en los Llanos Orientales (Meta, Casanare, Vichada) en el bajo Cauca (entre Antioquia y la costa) y en el Norte de Santander que alberga grandes extensiones de cultivo de coca en el Catatumbo y estructuras comercializadoras en el área metropolitana de Cúcuta. También en otras zonas hay bandas similares pero su magnitud es menor. Son los casos de Cundinamarca, Tolima, Huila y Caquetá (centro del país) y Antioquia y Boyacá que comparten espacios contiguos en el Magdalena Medio. Los Departamentos más afectados son Nariño y Putumayo en el sur, Sucre, Cesar y Magdalena en la Costa Caribe, Meta en los Llanos y Norte de Santander en el oriente.

El examen de los estudios ya citados, muestra también, que en las zonas mencionadas hay 200 municipios, aproximadamente afectados por la presen cia de los grupos ilegales. El estudio de la CNRR (op. cit 2007) llama la atención de la situación sobre lo observado en la región nororiental de la Costa Caribe y la frontera con Venezuela. Allí hace presencia el mayor número de hombres en armas de los grupos ilegales, calculados en 1.290, que significan entre el 30 y 40 por ciento de los miembros estimados en todo el país. ésta es la zona donde operaban los bloques de las autodefensas comandados por Jorge 40 y Salvatore Mancuso. Cabe anotar que las dos zonas, Caribe y norte santandereana, albergaron un paramilitarismo bien organizado y con fuertes raigambres en la sociedad y en la política de las localidades. Además, el Catatumbo, en Norte de Santander, tiene una dinámica muy grande como zona de cultivo de coca, porque está rodeada de facilidades para las actividades complementarias del negocio ilícito, tales como una frontera fácil de cruzar por tierra, una ciudad fronteriza - Cúcuta - sede de toda suerte de actividades delincuenciales, como el tráfico de drogas, de automotores robados, el contrabando de combustibles, el lavado de activos, etc. Además, la situación fronteriza del Catatumbo le da ventajas comparativas para el negocio. La razón es el menor precio en Venezuela de los insumos para el proceso de la base de coca (gasolina y cemento). También las calizas, explotadas artesanalmente, abundan en Norte de Santander.

La segunda zona es la del sur y el occidente del país (Nariño, Putumayo, Cauca, Valle y Chocó) donde se puede apreciar también la influencia fuerte del narcotráfico. La zona tiene cultivos y las estructuras ma-fiosas más poderosas del país. Los carteles del Norte del Valle han sufrido golpes fuertes propinados por las autoridades pero conservan, todavía, grupos armados para la protección de sus negocios. Un detalle que revela el poder de estas mafias y el peligro que significan para una etapa de postconflicto, fue el hallazgo de un depósito clandestino de armas con cerca de 700 fusiles AK-47 en Cali. El número de hombres en armas se calcula en 1100 muy cerca del número de la zona nororiental, de tal manera que las esquinas tanto nororiental como suroccidental del país, cercanas a las fronteras de Venezuela y Ecuador respectivamente, son las más afectadas. Como ya se mencionó la tercera zona es la de los Llanos Orientales y la cuarta la de la Costa Caribe entre Urabá y Magdalena, o sea, la zona de los primeros grupos organizados.

3. Tipología de los grupos

La conexión del fenómeno nuevo con el antiguo paramilitarismo sigue siendo la gran pregunta. En términos generales, existe relación con los fenómenos anteriores pero en grado diverso y en intensidad variable. La relación puede ser directa (grupos de desmovilizados que se organizan) o indirecta (responden a un fenómeno antecedente, el narcotráfico en mayor medida). Para una primera aproximación, se remite el asunto a las conclusiones obtenidas por el estudio de la CNRR varias veces citado (op. cit. 2007) y que textualmente expresa:

“En términos de la relación entre los desmovilizados colectivos y los grupos ilegales registrados en este informe, los reportes de la Policía Nacional sobre la persecución a estas “bandas criminales” indican que aproximadamente el 17% de los miembros pertenecientes a esos grupos son desmovilizados. Sin embargo, si se compara el total de desmovilizados muertos (694) más el de los heridos en hechos de violencia (1452), lo que sumaría el número de reincidentes (31.487), la proporción de reincidentes llega al 7%, porcentaje que no es alto.

La tipología de los grupos ilegales armados discutida, como se observó, es útil para tener un indicio sobre la naturaleza y características de los distintos grupos criminales de protección y coerción que están operando tras la desmovilización de las AUC, haciendo abstracción de los grupos guerrilleros que persisten. En resumen, los grupos disidentes mostrarían la permanencia de segmentos del paramilitarismo de “segunda generación” y su transformación en organizaciones similares a las del crimen organizado; los rearmados reflejarían la fragmentación de organizaciones que perdieron su antigua estructura y la diáspora de personas desmovilizadas; y los emergentes expresarían la visibilización de la criminalidad subyacente que operaba bajo el amparo de las AUC o la constitución de grupos de diversa composición con el propósito de ocupar los vacios de poder dejados por las antiguas AUC. Los tres tipos evidencian la persistencia de organizaciones con propósito marcado hacia el narcotráfico, como queda evidente con la coincidencia entre los territorios de ubicación de estos grupos y las de cultivos de uso ilícito, pero también de control político local y coacción armada hacia grupos de la sociedad civil, incluyendo las víctimas de las AUC.” (CNRR /2007, pág. 67).

Los anexos estadísticos georeferenciados de la investigación, corroboran lo sostenido desde el año 2007 por la Comisión, en el sentido de establecer una relación muy fuerte entre bandas y cultivos ilícitos. Aquellas regiones donde ha crecido el cultivo, como por ejemplo, Nariño y Córdoba, muestran dinámicas de crecimiento de las BACRIM más aceleradas que otras regiones, de lo cual se concluye que la interacción narcotráfico-violencia, es el centro de atención para la futura formulación de políticas pú-bl¡cas en una etapa de postconflicto.

Bibliografía

1. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR. (2007). Informe sobre los Nuevos Grupos Armados.

2. Crisis Group. (2007). Los Nuevos Grupos Armados de Colombia. Informe sobre América Latina. No. 20,

3. Fundación Ideas para la Paz. (2005). La tercera Generación. En: “Siguiendo el Conflicto”. No. 25,

4. Informes de Inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares de Colombia. (2009). Documentos Institucionales.

5. Misión de Apoyo al Proceso de paz en Colombia MAPP/ OEA. (2006). Informes Trimestrales del Secretario General al Consejo Permanente.