Revista Estudios en Seguridad y Defensa 1(2): 18-23, 2006
Doctor GUILLERMO LEÓN ESCOBAR HERRÁN*
*Embajador de Colombia ante la Santa Sede y ante la Soberana Orden Militar de Malta.
Reflexión acerca de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario con relación a los ámbitos político, social, económico y cultural en los países desarrollados y subdesarrollados. Menciona los aspectos tratados en la conferencia para la seguridad y la cooperación en Europa realizada en 1974-1975; resalta el llamado de atención que allí se hizo con respecto al problema ecológico ocasionado por la sociedad de consumo que finalmente lleva a un gravísimo problema como es la pobreza. Concluye enfatizando en la importancia de dar un paso de la democracia que tenemos a la que deseamos.
En estos tiempos en que se hace ingreso al Siglo XXI o, más propiamente, a la categoría superior del tercer milenio ha comenzado a propiciarse una nueva reflexión tanto de los Derechos Humanos (DD.HH.), como de lo que se ha dado en llamar el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Debe afirmarse que esta reflexión es importante realizarla ahora ya que la Declaración de los Derechos Humanos es una de las pocas joyas sobrevivientes del Siglo XX. Período que fue llamado por diversos autores, el “Siglo de las ideas asesinas” por haber generado y desarrollado no sólo las dos grandes guerras mundiales llamadas de "alto perfil”, sino las múltiples y costosas pérdidas en términos de vida humana de las así llamadas guerras de "bajo perfil”, que son aquellas que tienen como escenario no el territorio de las grandes potencias, sino el de aquellas naciones, por lo general pobres, que giran alrededor de las decisiones de las primeras y son seguidores de sus elaboraciones ideológicas o doctrinales.
En efecto, el término de la Segunda Guerra Mundial marca el inicio de muchas realidades políticas, económicas, sociales y culturales contradictorias.
La humanidad descubre que no está unida necesariamente por ideales sino por temores comunes frente a amenazas comunes, cuyos efectos se habían sentido ya durante la Primera Guerra Mundial y más profundamente durante la Segunda, que indicó el final de la pretensión de Adolfo Hitler de crear un "Reich” de mil años.
Esas amenazas se centraron en la reflexión que realizaron personas como Bertrand Russell, André Glucksmann y El Concilio Vaticano II que condujeron, en los años 70s, a que los países dueños de algún tipo de poder en el mundo -poder determinante no instrumental- se dieran cita para reflexionar en la gran "Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa” realizada durante los años de 1974 y 1975, de la cual salieron propósitos supremamente claros en el sentido de propiciar, con decisión e inteligencia, el progresivo desarme nuclear. Igualmente, de desactivar la carrera armamentista, centrada en la generación permanente de nuevas tecnologías para la fabricación de armas convencionales que se colocaban -como es lógico- en el mercado al mejor y oportuno comprador, sin parar mientes en las causas que pudieran propiciar dichos compradores que por lo común estaban vinculados a la subversión marxista, al naciente mundo del narcotráfico, al ya por entonces evidente fenómeno de las Autodefensas -o sea grupos especiales de orden y de justicia- así como a las diversas instituciones armadas de las naciones que defendían legítimamente el Estado de Derecho surgido con tantas dificultades luego de las gestas de independencia.
Esta famosa "Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa” (madre nutricia de la hoy conocida OCSE) apuntó igualmente a la superación de otros dos grandes problemas de primer orden, que ya por entonces comenzaban a preocupar a quienes estaban acostumbrados a mirar la historia con anticipación. Por ello, esta Conferencia llamó la atención igualmente sobre el problema ecológico de un mundo desprotegido ante la depredación de una sociedad insaciable de consumo; pero también hizo énfasis en un llamamiento -estamos en 1975 no hay que olvidarlo-a combatir con decisión e inteligencia la pobreza a fin de que ella no se convirtiera ni en exclusión, ni en migración agobiante, sino que encontrara en el crecimiento empresarial satisfactores sociales de la riqueza nacional, de la generación de empleo y de todo aquello que está vinculado a la creatividad de una civilización capaz de generar riqueza abundante para ejercer justicia distributiva y no distribuir retazos de pobreza, "es mejor producir riqueza para distribuirla que distribuir la pobreza existente".
Estas cuatro consideraciones a saber: El desarme nuclear, la reducción del armamento convencional, la protección ecológica y la lucha contra la pobreza, hicieron nacer las nuevas dimensiones del concepto de la “seguridad” en el interior del mundo democrático y que buscaba encontrar caminos de crecimiento y de desarrollo.
La "seguridad en la democracia” comprometía de nuevo a la comunidad y al Estado en la revisión de los enunciados hasta el momento consagrados en la carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas así como en el diseño inicial de lo que se dio en llamar, luego de Solferino, el Derecho Internacional Humanitario.
Las palabras normalmente agotan y varían su significado y su sentido, y por lo común evidenciamos este fenómeno cuando reconocemos la existencia de “problemas semánticos” en el análisis de un documento, de una declaración o de la manifestación de algún Estado. Bien sabemos que detrás de la palabra "Democracia” militan verdaderos demócratas, se agazapan enemigos furibundos de la Democracia ó individuos a quienes la supervivencia o enriquecimiento de este término bien poco les importa.
Antiguamente se llamaba "petición de principio” al reclamo que hacían a interlocutores, auditores o lectores, de los términos que usaban para exponer ideas, defenderlas o atacarlas. Ya que a través de la incertidumbre nacida por la falta de claridad del significado de algunas palabras, no puede darse curso a una opción moral cierta o a una política segura que conduzca a mayores niveles de democratización y de bien común.
El encuentro del mundo occidental con el ubicado tras la "cortina de hierro” y de estos dos con las realidades, tanto del oriente como del pacífico, obligaban a una reflexión, a una revisión conceptual, que todavía no ha terminado de cumplirse. Esta tarea inconclusa es, en parte, la que marca una de las razones -y no la menos superficial- de la crisis de las Naciones Unidas.
En efecto, qué se esconde detrás del término "dignidad de la persona humana", qué contenidos reales comportan los términos “libertad”, “bien común”, "justicia social”, "orden público”, “soberanía nacional”, "Estado”, “ciudadanía” y tantos otros que según sea la carga cultural, espiritual y emocional que traigan consigo presentarán variantes -no sólo matices- inquietantes entre los diversos interlocutores que buscan encontrar un punto de convergencia, por lo común, con el término de "civilización”.
Esta tarea no concluida, ha traído consigo la proliferación de términos marginales tales como "sociedad civil", “organizaciones no gubernamentales”, “libre desarrollo de la personalidad” y otros tantos que no pueden ser rebatidos ni defendidos con propiedad, si antes no se despeja y fija el contenido de lo que representa. Es riesgoso decirlo pero en toda esta consideración caben igualmente, hoy día, expresiones tales como el “Derecho Internacional Humanitario" y los mismos "Derechos Humanos" que no han logrado ser aceptados ni comprendidos por la totalidad de los Estados que componen las Naciones Unidas.
Por ello desde 1974-1975 se insiste en la revisión de lo que defendemos cuando decimos "estado de derecho” o "estado social de derecho", "economía de mercado” o "economía social de mercado”, "modelo de desarrollo" o "modelo social de desarrollo" y por qué no decirlo "seguridad y democracia" o "seguridad democrática". Ponernos de acuerdo en ello es tarea dispendiosa pero urgente.
Es meta inaplazable, que no puede ser distraída en su cumplimiento. Mas aún en un mundo tan conflictivo como en el que hoy vivimos y en el que la "torre de Babel" parece querer generar una nueva desbandada de los pueblos que habían logrado superar históricas desavenencias entre pueblos vecinos, como fueron aquellos del final de la "guerra fría”, de la “caída del comunismo", de la “proclamación del derecho a la vida” y de la consolidación del “principio de la Libertad" como elemento generador de una civilización que defiende, en esa libertad la diversidad, haciéndose expresión del principio de "unidad sin diversidad es tiranía” y “diversidad sin unidad es anarquía".
Esto indica que no debemos simplemente aceptar que lo que está ya dicho y escrito acerca de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, sino que el tema está abierto, más aún ahora, cuando los fundamentalismos y el terrorismo regresan -luego de una larga ausencia- para ser parte de la cotidianidad de la vida política nacional e internacional, creando interrogantes a una serie de enunciados en los que teníamos fincadas nuestras certezas. No son pocos los que hoy día se preguntan cuánta libertad tenemos que sacrificar para sentirnos seguros o cuánta solidaridad debe ser ejercida para disminuir las “justas" presiones sociales que surgen desde la pobreza y otros interrogantes que no es el caso en este momento de enunciar.
Hay quienes afirman que los derechos de los ciudadanos son los deberes del Estado y esto no es una frase sino la expresión de un “Deber Ser”, que se propone como meta a ser alcanzada por la totalidad de las instituciones en una sociedad. Bien decimos acá Estado y no simplemente Gobierno, ya que el término Estado compromete a la totalidad institucional y a cada ciudadano en particular. Una deficiencia de las democracias que comienzan es el vicio consuetudinario de delegar en “agentes de interés” la responsabilidad cotidiana de construir Estado y comunidad por parte de cada uno de los ciudadanos.
La defensa y promoción de los Derechos Humanos corresponde a todos, esto no sólo es pertinente, sino lógico. Sin embargo, hay instituciones dentro del Estado a quienes preferentemente se encarga de esta noble tarea. A las fuerzas armadas de una nación, el Estado entrega el uso legitimo de las armas para defender, en todo tiempo y lugar, la vida, honra y bienes; de quienes confiadamente se asocian en esa convivencia que luego asumirá la denominación de comunidad para indicar la "común-unidad”, es decir, el propósito común que une a todos aquellos que deponen en el Estado su capacidad individual de defensa, a fin de que éste como tal, asuma el "monopolio del uso de la violencia física legítima" para proteger por igual a grandes y pequeños, a ilustrados y principiantes; a ricos y a pobres; de tal manera que la tentación del ejercicio de la “Justicia privada" desaparezca de todo diseño posible de sociedad hacia el futuro.
Es casi un contrasentido decir o aclarar que las Fuerzas Armadas de una nación democrática estén allí para proteger su Constitución, es decir, "el pacto social” que da origen y sustenta la convivencia. Quien dice Fuerzas Armadas dice por lógica normal "protección constitucional”, "seguridad del ciudadano”, "certeza de supervivencia”, "seguridad frente a la ley” en el corazón mismo de ella y, por tanto, en una maravillosa síntesis “legalidad institucional” convertida, a través de los hechos, en "legitimidad social incontrovertible”.
Los derechos humanos en todas sus dimensiones han de poder contar permanentemente con la certeza de que las Fuerzas Armadas de una sociedad tienen, con respecto a ellos obligaciones, no negociables e inaplazables; empezando por la defensa a la vida como el derecho fundamental sobre el cual se evolucionan todos los demás. Es preciso instaurar la certeza de que somos conscientes que este Derecho permite fundar todos los demás a cuyos beneficios aspiramos. Esto lo estableció el Papa Juan Pablo II cuando en el Mensaje mundial del primero de enero 1998 para la Jornada anual de la Paz, proclamó que en la sociedad contemporánea el derecho a la paz es derecho fundante que no puede ser diferido en su aplicación ni aplazado por motivo alguno.
Las Fuerzas Armadas, entonces, no están convocadas como se dice erróneamente, a conocer y defender los derechos humanos de los ciudadanos sino que su razón de ser, son esos mismos derechos humanos en cuyo terreno nace y crece la Institución Armada. Y es por ello que los compromisos de quienes participan de la opción militar son tan grandes y han de ser mirados con cuidado y estima por los demás miembros de la sociedad, que a partir de las certezas y seguridad que las Fuerzas Armadas ofrecen a los ciudadanos, pueden dedicarse legítimamente al cumplimiento y logro de otros fines y de otras metas.
La legitimidad que brota de los derechos humanos presenta la misma lógica cuando se habla del Derecho Internacional Humanitario, que si bien son muy puntuales, son evidentemente la consideración y extensión de los derechos humanos en momentos de conflicto armado entre dos o mas Estados ó al interior de una misma sociedad.
Durante mucho tiempo no fueron pocos quienes tuvieron la desvergüenza de afirmar que el Derecho Internacional Humanitario tan sólo comprometía en su respeto a las Fuerzas Armadas de una sociedad y no a los enemigos de ella. Era común observar cómo entidades y asociaciones muy respetables de interés internacional, exigían del Estado el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y cerraban los ojos frente a quienes desde la confrontación los violaban.
Tanto los Derechos Humanos en general, como el Derecho Internacional Humanitario en particular, obligan a todas las partes de un conflicto. Nadie puede permanecer neutral ya que en asuntos del derecho, sobre todo cuando está comprometida la supervivencia y la libertad, son más graves las omisiones que las acciones.
El Derecho Internacional Humanitario debe ser observado, no solamente frente al enemigo o contradictor, sino también y fundamentalmente, frente a la población civil, que por los avatares de la historia se ha convertido en quien mayoritariamente padece y de manera más despiadada los efectos de la confrontación armada. En efecto, la población civil que en los conflictos previos a la Primera Guerra Mundial pagaba el tributo de vida con un 10% de las víctimas, mientras que los ejércitos regulares se diezmaban en los campos de batalla, hoy, aporta en el consolidado mundial cerca del 90% de las victimas.
Es por ello que las Fuerzas Armadas de una sociedad deben tener y manifestar la certeza de su respeto incondicional a la comunidad de civiles. Las Fuerzas Armadas de una Nación deben tener absoluta claridad que han de ser agentes de protección de quienes no participan en la confrontación o de quienes han dejado de participar.
Las Fuerzas Armadas entienden del respeto a la integridad física y moral de quien ha sido puesto fuera de combate, saben que deben defender la vida y la integridad de quien ha depuesto las armas, que es su deber propiciar la atención sanitaria a los heridos, sean quienes sean y procedan de donde procedan, y sobre los que no puede en momento alguno ejercitarse represalias ni escamotearles garantías judiciales fundamentales.
Y más aún, es preciso entender que no todos los medios son moral ni legalmente aceptables para ganar una guerra. Esta certeza excluye, como es lógico, todo acto de terrorismo que comprometa inocentes de la población civil, todo secuestro y toma de rehenes, las ejecuciones sumarias y los atentados contra la dignidad de la persona, que son los indicadores desde donde la comunidad nacional e internacional "juzga" el apropiado discurrir de una confrontación, donde la sociedad busca responder por la supervivencia de los valores y de las instituciones que la comunidad profesa.
Estas Fuerzas Armadas que se legitiman en el cumplimiento de los elementos puntuales mencionados en los párrafos anteriores, saben también que no les es permitido malograr la infraestructura cuyo funcionamiento proporciona o garantiza la supervivencia de la población civil; saben esas mismas fuerzas armadas que el Derecho Internacional Humani-tario veta taxativamente todo acto de terrorismo y la presencia de combatientes ilegales que aparecen sorpresivamente comprometidos en la confrontación.
Sin duda alguna, no se puede aspirar a que una sociedad basada en el derecho se defienda violando las leyes que dice defender; así mismo, es tarea de las Fuerzas Armadas llevar donde se desplacen la vigencia total del derecho, de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
La legitimidad de las Fuerzas Armadas de una sociedad se da siempre en razón a la Constitución que han jurado y dicen defender. El militar está llamado a crear las condiciones que desde "el derecho a la paz” debe construir, a fin de que el ciudadano pueda ocuparse de enriquecer las posibilidades mismas de acrecentar las riquezas y certezas de la Nación en todos los órdenes.
En Colombia tenemos, ciertamente, uno de los mayores "laboratorios vivenciales" de cuidado, protección y proyección de los Derechos Humanos, así como del cumplimiento puntual del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, no faltan testimonios de la existencia del celo institucional por reclamar constantemente que las Fuerzas Armadas de la nación sean modelo de defensa del Derecho Humano que las origina, así como modelo de diseño estratégico táctico que permita el respeto puntual del Derecho Internacional Humanitario. Así mismo, al mismo tiempo que ofrezca garantías para ir acrecentando, aun en medio del conflicto, el conocimiento que deberá entrar a enriquecer la concepción de los Derechos que hoy son defendidos institucionalmente y que han permitido a la nación sobrevivir a sus dificultades y a sus enemigos.
Trabajar permanentemente por el equilibrio entre legalidad y legitimidad es uno de los grandes desafíos para todas las instituciones de una nación, pero más aún para las Fuerzas Armadas que están llamadas a dar cuenta, no de desarrollos teóricos, sino de logros palpables que permitan, cada día, dar un paso más de la Democracia que tenemos a la Democracia que anhelamos.