Artículo
Revista Estudios en Seguridad y Defensa 8(15): 76-86, 2013La minería ilegal como la amenaza más importante para la seguridad nacional: el caso de las FARC
Ct. JORGE LUIS GÓMEZ BRICEÑO*
* Profesional en Ciencias Militares Escuela Militar José María Córdova, estudiante de Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales. Correo electrónico: jorgeluisgomezb@gmail.com
Recibido: 26 de abril de 2013
Evaluado: 10 de mayo de 2013
Fecha de aprobación: 22 de mayo de 2013
Tipología: Capítulo de tesis de trabajo de grado mediante artículo de reflexión.
Palabras clave: Amenazas, seguridad nacional, minería ilegal, análisis de casos.
La minería ilegal o criminal, ha pasado desapercibida para la opinión pública frente a fenómenos como el narcotráfico o el secuestro, aun cuando genera iguales o mayores recursos y produce un importante porcentaje de la violencia relacionada con los grupos armados ilegales. El problema de la minería ilegal es una excelente oportunidad para desarrollar unas políticas de seguridad nacional que, a partir de la interacción entre los intereses estratégicos por la explotación de minerales y los intereses por la preservación de la riqueza ambiental, posibiliten acciones contextualizadas y que respondan a las problemáticas de la minería ilegal y que al mismo tiempo tengan impacto sobre un área importante para la seguridad Nacional, como lo es el control de las fronteras.
En el presente texto se sustentará la tesis de que la minería ilegal se constituye hoy en una amenaza importante para la seguridad nacional, en tanto se ha convertido en la fuente principal de financiamiento de diversos grupos ilegales y en el motivo del ejercicio de diferentes formas de violencia.
En particular, aquí se abordará el caso de las FARC, mediante el desarrollo de tres objetivos: primero, la caracterización del cambio en el modelo de financiamiento de las FARC, su paso del narcotráfico a la minería ilegal: segundo, un seguimiento a la estrategia reciente de las instituciones estatales frente al problema de la minería ilegal y tercero el análisis de tres casos “modelo” que ilustran el fenómeno en cuestión: el litoral pacífico (Timbiquí), el Magdalena medio antioqueño (Zaragoza, El Bagre, Remedios, San Pablo, y en general la cuenca del rio Nechí) y el departamento del Cuainía, en las áreas limítrofes con Venezuela y Brasil.
La minería ilegal o criminal, ha pasado desapercibida para la opinión pública frente a fenómenos como el narcotráfico o el secuestro, aun cuando genera iguales o mayores recursos y produce un importante porcentaje de la violencia relacionada con los grupos armados ilegales. La ausencia estatal, ha convertido a esta actividad en un ámbito de sumo interés para los grupos criminales que ponen en peligro los intereses nacionales a través de un conjunto de fenómenos como el financiamiento de la guerra, la destrucción de la riqueza ecológica del país, la evasión fiscal, la inseguridad que desestimula la inversión extranjera, la creación de mafias, el tráfico de drogas y de armas, el lavado de dinero, el contrabando, la corrupción de las instituciones, la descomposición social de más de 300 municipios e incluso la presencia de formas modernas de esclavitud.
Históricamente los grupos armados ilegales, incluyendo a las FARC y el ELN han recurrido a diferentes fuentes de financiación. En sus comienzos, la extorsión, el secuestro, el boleteo y el abigeato fueron las principales fuentes de recursos para la guerrilla. Luego, durante los años ochenta y noventa pasaron a financiarse a través del narcotráfico, una fuente inagotable de recursos, que fortaleció su aparato militar y amplió sus áreas de influencia y de control militar sobre el territorio nacional.
Hacia el final de la década de los noventa y sobre el pilar de la ayuda de Estados Unidos, se materializó el Plan Colombia, cuya acción se enfocó en el combate al narcotráfico con la erradicación de los cultivos ilícitos y la destrucción de laboratorios, factor que sumado a la Política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe, terminó arrinconando a las FARC en las regiones selváticas colombianas.
Fue así, como el siglo XXI despuntó para Colombia con la recuperación de la soberanía del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional, y gracias a ello, la llegada masiva de capitales que ubicaron al país como uno de los principales focos de recepción de inversión extranjera en el mundo. Al finalizar los gobiernos de Uribe (2002-2010), el sector económicamente más favorecido fue el minero-energético, y al comienzo del gobierno Santos (2010 - hasta el presente), fue proclamado como una de las cuatro “locomotoras" de la economía. La minería se convirtió en el sector de mayor proyección internacional y “es un hecho que hoy Colombia es considerada una potencia minera, no solo por sus niveles y calidad de producción, sino porque su economía se volvió minero dependiente’’1.
Desde el punto de vista global, el alza en las cotizaciones mundiales de los minerales, motivado en especial por la demanda en Asia, generó un interés sin precedentes por el desarrollo de proyectos mineros en Colombia, que vio la llegada masiva de inversiones en ese sector. Sin embargo, esa avalancha ocurrió mientras el país no preparó su legislación, ni adecuó sus instituciones para encausarla.
La minería fue un fenómeno de grandes proporciones, si se tiene en cuenta que sólo al comienzo de la primera década del siglo XXI dejó de representar una actividad secundaria para la economía nacional; el 2003 señaló el paso desde una minería pequeña hacia una industria caracterizada por la gran explotación. Ese año la actividad minera “representó el 2.8% del PIB nacional y el 22% del total de las exportaciones. En 2006 la DIAN recibió aportes de este sector por 1.17 billones de pesos y para 2011, la cifra ya ascendía a 18.9 billones de pesos”2 Tales cifras dan cuenta del vertiginoso arranque de la locomotora minera que le cambió el rostro a la economía colombiana, que hoy deriva “tres cuartas partes del total de sus exportaciones de las ventas de petróleo, carbón, oro y ferroníquel”3. Nunca antes se extrajeron, como "en los últimos tres años, más de 50 toneladas de oro anuales”4.
Paralelamente al despegue minero, las organizaciones criminales del país, fortalecidas en los ochenta y noventa por el narcotráfico, empezaron a ver en la minería una fuente alternativa de recursos: Tal actividad implicaba la minimización de riesgos tanto en su producción como en su comercialización, un nivel de ingresos similar, y adicionalmente un control estatal mínimo. Así fue como inició un proceso de diversificación de las fuentes de ingreso de las organizaciones criminales.
Dado su elevado valor y la facilidad para transportarlo, refinarlo y venderlo, el oro se convirtió para los grupos armados ilegales y en particular para las FARC, en su principal fuente de recursos5. Fue un proceso que superó la capacidad de respuesta de las instituciones colombianas. "De las 57 toneladas del metal que produjo el país el año pasado, solo una cuarta parte fue extraída por compañías legales”6. La extracción de las restantes tres cuartas partes se ha relacionado con la disputa de los grupos armados por su control. "Si se contrasta el mapa de asesinatos y extorsiones en zonas rurales con el mapa de los yacimientos, aparece una alta correlación entre unos y otros”7. La minería ilegal de oro no es un fenómeno nuevo, pero ha registrado un incremento más que significativo, jalonado por el alza en su precio en los mercados internacionales, “que pasó de 16.000 pesos el gramo en el año 2000 a 87.000 pesos hoy”8.
A la informalidad que siempre caracterizó a la minería nacional, le llegó de repente una bonanza sin precedentes y los grupos armados pusieron en su mira el negocio. Para la guerrilla fue una coincidencia favorable el hecho de que las minas se localizaron principalmente en las zonas selváticas, donde se refugiaron por la ofensiva militar del Estado. Además, la corrupción institucional favoreció la entrada al negocio de muchos guerrilleros que obtuvieron títulos mineros y crearon empresas "legales”.
Hoy no existe un cálculo preciso del total de recursos que captan los grupos guerrilleros al año. Lo que si se ha establecido es el cobro por parte de los grupos armados ilegales, por la maquinaria utilizada en la explotación y también la participación directa en la actividad. Datos de investigaciones relacionadas con el tema afirman que "el 20% del total de la financiación de las FARC proviene de esta actividad ilegal”9.
Según declaraciones recientes del ministro de defensa, además de las FARC, también diferentes bandas criminales se han instalado en esta actividad ilegal y ha habido casos en que las guerrillas se han asociado con las bandas para la explotación de la minería criminal:
"Una vez han subido los precios de los metales, se ha generado una gran rentabilidad para las actividades de minería criminal y ahí entonces, muy rápido, las FARC, el ELN, las bandas criminales, todas ellas, se han metido a estos negocios. Hoy las FARC son socias de 'los Urabeños' en algunos sitios, de 'los Rastrojos' en otros y el ELN es socio de otras de esas bandas”10.
Uno de los estudios más serios sobre el problema de la expansión de la minería ilegal fue realizado por el Centro Internacional de Toledo para la Paz sobre minería ilegal en Colombia, publicado en septiembre de 2012, en el que se afirma que “el valor de la producción minera ilegal desplazó a la de coca en ocho regiones del país; en al menos ocho departamentos el oro ya está desplazando a la coca como la principal fuente de financiación de los grupos ilegales”11. Hoy la explotación de oro está disparada, lo que ha provocado la presencia de grupos armados en las minas y el aumento de enfrentamientos por el control de ese negocio; “la guerrilla, tiene maquinaria y/o “vacunan” a las empresas y las alcaldías. Es tan rentable la minería, que la guerrilla, los exparam i litares y las bandas criminales han infiltrado empresas y alcaldías para tener el control de la explotación de todo tipo de metales preciosos”12.
"El 86 por ciento del oro extraído en el 2010 no provenía de la industria formal y legal, y las FARC se estarían quedando con el 20 por ciento del negocio ilegal, seguido por el ELN y las bandas. La guerrilla y las bandas, además, ya están manejando sus propias excavadoras y maquinaria para la exploración de minerales en el bajo Cauca y el Oriente Antioqueño, Chocó y Nariño. Incluso, la investigación detectó casos, como en el Meta, donde, a través de cooperativas, los grupos ilegales suministran la mano de obra de las empresas mineras y dicen a quién se contrata”13.
El estudio en mención cuestionó las políticas de la Fuerza Pública para enfrentar el problema y señaló que ni la militarización ni la incautación de maquinaria han sido efectivas para hacer daño a las organizaciones ilegales. Según el informe, "así como el Gobierno cree que la minería es una de las “locomotoras” del desarrollo nacional, los grupos ilegales piensan que será el “combustible” para el sostenimiento de sus actividades al margen de la ley”14. En los últimos 10 años, “el 80 por ciento de las violaciones de los Derechos Humanos se produjeron en regiones minero-energéticas y el 87 por ciento de los desplazados proceden de esas zonas”15.
Al día de hoy no se tienen cifras de “cuántas de las 9.044 unidades de producción minera sin títulos ni licencias que cuenta el Ministerio de Minas, están tomadas por grupos armados. Ni cuántos de los 15.000 mineros informales están bajo su yugo”16. La Policía, en julio de 2011, reveló que "en 151 municipios de 25 departamento convergen la minería ilegal y los grupos armados”17. Un reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz denuncia que “en más de la mitad de los municipios productores de oro hay presencia de bandas criminales.
Lo paradójico de toda la situación es que la minería ilegal no está tipificada como delito en el país. “Lo único que se puede hacer es penalizarla por causar un daño grave contra el medio ambiente”18. Sólo hasta el 1 de noviembre de 2012, el gobierno afirmó que buscaría que la minería ilegal fuera tipificada como delito. El Presidente propuso la estrategia para combatirla en un proyecto de ley, que aún hoy se debate en el Congreso, y que busca definir con precisión esa conducta en el Código Penal y así sancionarla con penas más severas. Se "destruirá la maquinaria para la práctica de la minería criminal, que se ha vuelto el combustible de buena parte de la violencia en el país, lamentó el Presidente”19. La propuesta también busca restringir la utilización de los químicos que se usan para la explotación mineral.
Para un cabal análisis del problema, es fundamental diferenciar conceptualmente la ilegalidad de la informalidad. En caso contrario se corre el riesgo de confundir al pequeño y mediano minero, —con pocos recursos, y sin licencias que buscan arañarle a la tierra una parte de la bonanza—, con la gran minería ilegal, — propietaria de las dragas y las retroexcavadoras— “verdaderos emporios criminales, que a punta de sobornos o intimidaciones imponen su voluntad a sangre y fuego. Algunos se ubican en áreas remotas durante años, mientras que otros son nómadas modernos, que en lugar de tiendas de campaña viajan con retroexcavadoras y dragas a cuestas’’20. Estos últimos son quienes se constituyen hoy como la fuente de financiación de la guerrilla. A los vagones del tren de la minería “se han subido polizones que requieren tratamientos diferentes”21.
El marco jurídico existente relativo a la minería ilegal en el país es aun precario. Las normas para la explotación minera son ambiguas, contradictorias y confusas, lo que da lugar a inseguridad jurídica. En el Código de minas solo se hace referencia a la actividad que no cuenta con título minero. La única acusación que se puede realizar contra los criminales es por delitos ambientales, cuyas penas no superan los 32 meses y son excarcelabas. Tal legislación fue construida mediante la Ley 1333 de 2009 que establece que la autoridad ambiental debe castigar los impactos nocivos sobre el medio ambiente derivados de la minería ilegal. Otro obstáculo para la acción estatal es la complejidad para realizar operativos en lugares tan aislados y de difícil acceso. Como resultado la justicia "apenas ha podido condenar a siete personas en el último año”22.
Durante el año 2011, una serie de denuncias fueron hechas por varias instituciones que diagnosticaron el peligro y advirtieron el riesgo que para la seguridad nacional representaba la minería ilegal.
A comienzos de ese año, el presidente del Senado propuso la creación de "bloques de búsqueda” contra la minería ilegal y además consideró necesario sancionar a las autoridades militares, de policía y civiles que ignoraran las extracciones ilegales. También promovió la idea de pagar informantes para que denunciaran esa actividad y crear en la Fiscalía una unidad especial contra la extracción ilegal. El presidente del Congreso denunció que "la guerrilla, los paramilitares y la delincuencia común establecieron complejas redes para la apropiación ilegal de esos recursos y de sus rentas mediante el crimen, la violencia y la extorsión”23. Al mismo tiempo el presidente Santos proclamó mano dura contra la minería ilegal y señaló que “esos bandidos de las FARC son los que están detrás de la minería ilegal”24.
A mediados del mismo año, el ministro de defensa Rodrigo Rivera, denunció que la minería ilegal estaba "alimentando el terrorismo y la violencia de alta intensidad tanto de bandas criminales, como de las FARC”, y urgió "realizar estudios que precisaran los alcances de la explotación ilegal en el país" y pidió la elaboración de un documento CONPES sobre minería ilegal, que diera "instrumentos normativos más efectivos para poder actuar frente a los delincuentes’’25.
Un primer estudio, realizado por la Defensoría del Pueblo y dado a conocer en julio de 2011, señaló que había minería ilegal en la mitad del país y que esta actividad avanzaba bajo la influencia de grupos ilegales. “La extracción de carbón, oro y otros materiales ya se ubica en el 44 por ciento de los municipios colombianos y representa el 30 por ciento del total de explotaciones mineras nacionales, en las que trabajan alrededor de 15 mil familias’’26. El informe también advirtió sobre el coltán, mineral estratégico del que "cada mes se podrían estar exportando ilegalmente entre 10 y 25 toneladas”27, explotadas informalmente por las FARC en la Orinoquia.
El informe de la Defensoría del Pueblo, también señaló las relaciones entre el lavado de dinero y el terrorismo con la ilegalidad minera:
“En países como Colombia, donde el Gobierno es el comprador oficial y exclusivo de los productos mineros, los comercializadores a veces obtienen más ganancias sacándolos del país por medio del contrabando y vendiéndolos en los mercados negros internacionales. De paso, esas ganancias son reinvertidas en un negocio informal, un círculo vicioso que nunca se rompe. El oro es usado para lavar dinero: los narcos compran oro a los mineros informales a precios por encima de los autorizados, para hacerlos pasar como legales. La guerrilla generalmente, extorsiona a los mineros y les exige una parte de la producción bruta de la mina o pagos en efectivo”28.
Otra dificultad que señaló el informe fue que "la responsabilidad del control minero se les ha entregado a los alcaldes, una situación que desborda su capacidad"29.
En septiembre de 2011, la Procuraduría le pidió al gobierno acciones para frenar la minería ilegal. El ministerio público volvió a denunciar que un sector de la minería ilegal guardaba una estrecha relación con los grupos armados ilegales y con el narcotráfico y el lavado de activos, amenaza que las autoridades locales y regionales no se encontraban en capacidad de combatir y que por lo tanto se va convirtiendo en un problema de seguridad nacional.
Fue en enero de 201 2 que el gobierno le declaró la guerra a la minería ilegal. El presidente Santos ordenó convertirla “en un objetivo de alto valor, toda vez que es uno de los flujos económicos que vienen surtiendo a los grupos armados ilegales". El ejecutivo también señaló que “en la medida en que la Fuerza Pública ha tenido éxito en cortar los centros de distribución y producción de la coca, los grupos armados ilegales se han venido desplazando como fuente de recursos hacia la minería ilegal"30.
A fines de febrero de 2012, el Centro de Estudios Económicos de Fedesarrollo, afirmó que en "el 44% de los municipios hay minería ilegal”31, estudio realizado para el período comprendido entre 2008 y 2010. En marzo, el Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, dimensiono el problema en los siguientes términos: "La minería ilegal en Colombia se perfila como uno de los temas en la agenda de Gobierno de los próximos años, no sólo por el impacto que puede tener en relación con el conflicto armado, sino en general por el impacto en la economía nacional y las relaciones sociales colombianas”32.
El 13 de noviembre de 2012 el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón declaró que:
“De 1.102 municipios que tiene el país, se estima que 340 municipios, es decir el 31 por ciento, están afectados por esta minería ilegal y cada vez más por la minería criminal. De esos 340 municipios, 186 tienen explotación ilegal de oro. En 87 municipios hacen presencia las FARC, en 30 el ELN y en 118 las bandas criminales”33.
Ya en marzo de 2013, la Procuraduría le ordenó al Ministerio de Ambiente "buscar una solución a la amenaza de la cuenca del río Dagua, en razón de la presencia de más de 400 retroexcavadoras y 4.000 mineros”. La Procuraduría señaló que en la solución deben intervenir los ministerios de Defensa y del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación del Valle del Cauca y la CVC.
Finalmente, un informe de la revista Semana reveló en marzo de 2013 que "de las 51toneladas que exportó Colombia hasta septiembre de 2012 por 2.331 millones de dólares, más de la mitad provenía de la minería informal, y principalmente de esta varios grupos armados sacan tajada"34.
Las selvas del litoral pacífico colombiano se han convertido en una de las áreas más importantes en la explotación minera ilegal del país, bajo influencia de las FARC. Es el caso del municipio de Timbiquí, denominado hoy como “el Dorado de la guerrilla”. Según los datos más conservadores “la minería ilegal saca un promedio de 60 kilos de oro al mes, 720 kilos anuales año, que a 90.000 pesos el gramo representa $65.000.000 millones al año, para un municipio que tiene $17.000 millones de pesos de presupuesto para 201335. Otras cifras registran 879 kilos en 2011 y más de 1000 kilos en 201236.
La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) reportó en 2008 a este territorio como una zona crítica de minería ilegal. En abril de 2010, el periódico El País de Cali publicó un artículo titulado "Timbiquí podría ser epicentro de una masiva explotación minera", texto en el que se expuso la situación de riesgo que para las comunidades de Timbiquí representaba la amenaza de los dueños de retroexcavadoras, quienes podrían trasladar algunas de las doscientas que se encontraban asentadas en el río Dagua, cerca de Buenaventura. De allí las autoridades expulsaron 220 dragas y 286 retroexcavadoras que arrasaban con el río y algunos "aprovecharon la existencia de Asosantimar, una asociación minera en el corregimiento Santa María, sobre el río Timbiquí, y la usaron para poner a trabajar algunas dragas que con el tiempo fueron creciendo en número hasta el día de hoy que hay 80”37, con la complicidad de un alcalde que autorizó la entrada de dragas para construir una vía, pero la carretera no se hizo y las dragas se fueron a trabajar al río. No obstante, las máquinas también regresaron al río Dagua y para octubre de 201 2 "la CVC estimó que había unas 60 máquinas extrayendo oro en su cuenca”38.
En marzo de 2012 otro informe de prensa destacó que “no hay registro de operativo alguno realizado por la Fuerza Pública para incautar las 40 retroexcavadoras que hay en la zona y cuyo ingreso está registrado en la capitanía del puerto de Buenaventura”39 * *. Para ese momento las explotaciones ilegales ya estaban dominadas por el frente 29 de las FARC, al mando de alias "Silvestre”.
Rápidamente, una comunidad palenque que había vivido de la minería artesanal, se convirtió en esclava de los amos de las retroexcavadoras y de los fusiles. Allí, las FARC ejercen hasta hoy como autoridades económicas y políticas: "los jefes de los frentes 29 y 30 supervisan cuánto se produce a diario, regulan el precio y registran las entradas en efectivo y asignan un porcentaje de las ventas a los dueños de las tierras donde se explota el oro, y otro a algunos Consejos Comunitarios para inversión en la infraestructura”40. Las FARC han emprendido una guerra contra las bandas criminales como los Rastrojos por el control de dichos territorios.
En el departamento de Antioquia, se calcula que existen 450 retroexcavadoras que sacan oro y que "les dejan a los grupos armados una suma que oscila entre los 650 y los 3.450 millones de pesos: es decir, entre un 20 y un 70 por ciento del PIB minero antioqueño”41. En el Bajo Cauca antioqueño, las FARC cobran mensualmente a los mineros artesanales ya sea "una parte de la producción de la mina o una cuota en dinero por cada draga que use el minero”42. “Las FARC están asociadas con mineros ilegales y obtienen sus recursos de las extorsiones”43.
En el municipio de Segovia, gran parte de los 200 mineros que operan en la concesión de la Gran Colombia Gold, pagan vacunas a varios grupos armados quienes mediante el uso del terror: las FARC “los obligan a pagar entre el 5 y el 20 por ciento del oro que saquen: los dueños de las dragas les pagan alrededor de 5 millones de pesos mensuales: los comerciantes que compran, otro 10 por ciento, y los que venden gasolina para operar las retroexcavadoras, otro tanto”44.
En el municipio de El Bagre el grupo armado le cobra a los mineros “7 millones por ingresar una retroexcavadora; 2 millones mensuales por operarla: por montar un nuevo entable 16 millones, y uno de cada cinco gramos que produce cada entable: 20.000 pesos por galón de gasolina: y a los barequeros cinco gramos de cada 100 que sacan. Solamente los pagos extorsivos por 58 dragas le representaron a las FARC 1.393 millones de pesos en 2012”45.
Según documentos incautados al Bloque del Magdalena Medio de las FARC en 2010, se constató que este grupo exprime a todos los miembros de la cadena productiva del oro ilegal en los municipios de Zaragoza y el Bagre. En los documentos el jefe del bloque, Rodrigo Hernández, reportó el 25 de Abril de 2010: “Han mejorado las entradas en el gravamen de la explotación aurífera. Se ha retomado la experiencia en la explotación en minas con buenos resultados hasta el momento. En la “Gerardo Guevara” se ha centrado la actividad en la aplicación de la política tributaria a las explotaciones”46.
En pocos años las FARC convirtieron la explotación de oro en la región de la rica cuenca del rio Nechí, en especial los municipios de Zaragoza y El Bagre, al occidente del Magdalena Medio, en una importante fuente de ingresos. Para ello realizaron un inventario de minas, mineros, maquinarias, insumos y combustibles en toda el área de influencia del bloque, que cuenta con cincuenta puntos de producción y establecieron cuántos gramos se obtenían en promedio por persona removiendo cada día la arena del río con su batea.
Esta información fue corroborada en entrevista al General José Roberto León Riaño, Director de la Policía Nacional: “en los últimos tres años, el jefe del bloque de las FARC, recolectó, de acuerdo con evidencias más de 16 mil millones de pesos, producto de esta minería criminal”47. Los primeros frutos de la estrategia militar aparecieron solo hasta los primeros meses de 2013 cuando alias "don Leo”, miembro de los Urabeños, fue capturado en Perú y "hace pocas semanas abatieron a Zabala, de las FARC, quien estaba asesinando a los mineros en Zaragoza”48.
El coltán, mineral estratégico para el mercado mundial de tecnologías de punta, cuyo valor supera el del oro, pasa hoy desapercibido para la legislación y en general para el interés institucional colombiano. El desconocimiento de su valor geoestratégico, ha hecho que "el Gobierno no le dé el valor real a estos minerales, como sí se lo dio las FARC, convirtiéndolos en una de los principales generadores de sus recursos en esta región”49. Mientras Venezuela militarizó sus yacimientos, en Colombia hoy están bajo el control de las FARC.
En 2009 la multinacional Disercom, empresa de los hermanos Cifuentes Villa, narcotraficantes asociados al cartel de Sinaloa, llegó hasta el Guainía y reclutó a miembros de las comunidades indígenas para extraer coltán en el río Orinoco y sus afluentes, un negocio que sólo en 2009 movió más de 40 millones de dólares. En 2010 fueron decomisadas las primeras 17 toneladas de coltán en Puerto Inírida. El mismo año, las empresas mineras fueron reportadas en la lista Clinton y confiscadas.
Desde entonces las FARC explotan una mina que hoy “emplea a 600 personas (500 indígenas y 100 colonos) y que produce cada mes un promedio de 60 toneladas, según cálculos de la policía” (Quintero, 2012, s/p) en una montaña conocida como Cerro Tigre, entre las comunidades indígenas de Zancudo y Guacamaya, situadas en el Parque Nacional Puinawai.
Allí gobierna el "comandante Julián”, del frente Acacio Medina’ de las FARC, una facción del frente 16. Según la Policía, dicho frente "cambió el polvo blanco de la coca por las arenas negras de donde se extrae la piedra azul grisáceo que está en apogeo en la Orinoquia”. La guerrilla le paga a los indígenas para que extraigan los minerales y aprovechan la frontera con Venezuela para sacar los minerales ilegalmente.
"En un día normal sacamos cinco kilos de piedra, y por cada kilo nos pagan 9.000 pesos; son 45.000 pesos, que apenas sirven para comer", cuenta un colono paisa que se fue a vivir en el 2010 a Zancudo para trabajar en la mina, en pleno auge de la fiebre del mineral. Lo paradójico es que en el mercado internacional -a precio de la bolsa de valores de Londres- cada kilo se paga a 162.000 pesos colombianos; es decir, 18 veces más que lo que les pagan a los mineros por extraerlo.
Además se cobra impuesto de salida, 5.000 pesos por cada kilo. Además hay que pagar 1.000 pesos por kilo más para bajar la piedra de la mina hasta Puerto Cambalache, y otros 1.200 pesos por kilo para transportarla hasta Puerto Nariño, en Guainía, donde la mercancía es entregada a otro intermediario, que deberá llevarla, por tierra, hasta Villavicencio y luego a Bogotá. En la capital, el coltán nuevamente cambia de manos y es entregado a una red que lo saca hasta un puerto, que las autoridades no han determinado, para luego llegar a los mercados internacionales”50.
Otra de las minas que están bajo el yugo guerrillero está ubicada en la serranía de Neuquén entre Brasil y Colombia, y está bajo las órdenes de alias Hugo Malojo. En dicha mina, según información de inteligencia militar:
"Hay aproximadamente 60 dragas operadas en su mayoría por brasileños y 300 trabajadores, casi todos indígenas. Cada uno le paga al frente Acacio Martínez de las FARC 12 gramos de oro al mes y los operadores, 1 5 gramos por draga. Los dueños de las maquinas deben además pagarle a las FARC un impuesto de 10 millones por cada aparato adicional que ingresen a la mina. Las autoridades aseguran que el frente 16 regula la explotación de una mina de coltan, cerca del parque nacional Puinawai, próxima al resguardo Semán”51.
Recientemente la acción estatal más importante dirigida a intervenir el tráfico ilegal del mineral fue la puesta en servicio en octubre de 2012 de una patrullera fluvial que con modernos sistemas y una inversión de 8 mil millones de pesos, empezó a combatir la minería ilegal en los ríos del Cuainía.
De acuerdo a lo argumentado, queda establecido cómo la minería ilegal del oro se está convírtiendo en una amenaza importante para la seguridad nacional.
Conforme los esfuerzos del gobierno para terminar con los cultivos ilícitos han tenido éxito, la minería emergió como el sector ideal para la diversificación en las fuentes de ingresos para la subversión. No queda duda que las FARC en los últimos años pasó de ser una narco guerrilla a adquirir un perfil de mineros criminales.
Se puede afirmar también que a pesar de tener un potencial minero importante, el Estado colombiano no exhibe una estrategia minera definida y deja enormes vacíos institucionales y legales que son aprovechados por grupos ilegales para cooptar este negocio. No existe unidad en los diseños de las estrategias para contener el tráfico de oro y de minerales "negros” en las selvas del país y ello constituye un estímulo para que los particulares no respeten la legalidad e intenten maximizar sus ganancias violando la ley.
Algunas dificultades para que el Estado construya políticas públicas de impacto real en materia minera tienen que ver con que el límite entre la minería ilegal y la informal se hace muy delgado. También que muchas familias dependen de esta ocupación. Además que no existen cifras objetivas de la dimensión del fenómeno y ello dificulta la construcción de planes eficientes, que conozcan los usos reales del suelo y subsuelo. Otro factor clave es concretar la reforma legal al código minero que establezca reglas claras de funcionamiento para el sector
El problema de la minería ilegal es una excelente oportunidad para desarrollar unas políticas de seguridad nacional que, a partir de la interacción entre los intereses estratégicos por la explotación de minerales y los intereses por la preservación de la riqueza ambiental, posibiliten acciones contextualizadas y que respondan a la problemáticas de la minería ilegal y que al mismo tiempo tengan impacto sobre un área importante para la Seguridad Nacional, como lo es el control de las fronteras. Al construir un sistema de políticas públicas para una minería sostenible, se potenciaría la vocación de explotación minera en el país.
Teniendo en cuenta los conceptos vistos en la clase de fundamentos de lógica estratégica, se considera que el gobierno, en el uso de los instrumentos legítimos de poder para la defensa de la Seguridad Nacional, en el último año está encontrando la dirección correcta al actuar de acuerdo a criterios realistas y en consecuencia acentuar la importancia de las fuerzas armadas en la contención del fenómeno.
Sin embargo aún hace falta dotar a las Fuerzas Militares, a la justicia y a los servicios de inteligencia de los recursos para adelantar la tarea de contención de toda la cadena de producción de la minería criminal. En caso contrario podría expandirse y desatar una guerra de impensables proporciones entre los grupos armados ilegales por el control de este negocio. Al examinar la experiencia de diversos países africanos se pueden entender los riesgos que se corren para la seguridad nacional.
El Gobierno podría adoptar la estrategia recomendada por Zalmay Khalilzad, funcionario del Departamento de Estado norteamericano quien plantea el diseño de una estrategia combinada de negación y compromiso (congagement)) a través de la restricción militar y la conformación de una seguridad regional cooperativa con una estrategia de compromiso a través de acuerdos políticos, económicos y culturales.
1 GONZÁLEZ, T. Innovación del gobierno colombiano para el sector minero energético. En Revista de Ingeniería de la Universidad de los Andes. 2011, No 34. P. 80.
2 MONCADA. L. A. Minería ilegal en Colombia: un frente de guerra que se abre. En: Revista Análisis político. Universidad Militar Nueva Granada. 2012. R 6
3 EL TIEMPO, 16 de septiembre de 2012, s/p. "Un enemigo muy peligroso" [Editorial], Recuperado de: http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/articulo-web-newnota_interior-l2225341.html
4 SEMANA. 2013, 29 de marzo. "La plata en las minas de oro". Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-plata-minas-oro/338112-3
5 MONTERO D. De lo que viven las FARC sin el secuestro. En: La silla vacía. 28 de febrero de 2012. Recuperado de: http://www.lasillavacia.com/historia/de-lo-que-viven-las-farc-sin-el-secuestro-31683.
6 EL TIEMPO. 11 de septiembre de 2012. "Minería ilegal desplaza a la coca en ocho regiones". Recuperado de: http://www.eltiempo.com/justicia/articulo-web-new_nota_interior-12214227.html
7 EL TIEMPO, 16 de septiembre de 2012, s/p. "Un enemigo muy peligroso" [Editorial], Recuperado de: http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/articulo-web-newnota_interior-l2225341.html
8 SEMANA. 29 de marzo de 2013. "La selva herida por la minería". Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/artlculo/la-selva-herida-mineria/338157-3
9 MONCADA. L. A. Minería ilegal en Colombia: un frente de guerra que se abre. En: Revista Análisis político, Universidad Militar Nueva Granada. 2012. R 61.
10 EL TIEMPO. 13 de noviembre de 2012. Guerrillas se han asociado con bandas en minería criminal: Mindefensa. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12375721
11 EL TIEMPO. 11 de septiembre de 2012. Minería ilegal desplaza a la coca en ocho regiones. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/justicia/articulo-web-newnotainterior-12214227.html
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 SEMANA. 29 de marzo de 2013. La selva herida por la minería. Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/artlculo/la-selva-herida-mineria/338157-3
17 Ibid.
18 Ibid.
19 EL TIEMP0.31 de octubre de 2012. La minería ilegal será tipificada como delito. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/politica/articulo-web-new_nota_interior-12348629.html
20 EL TIEMPO. 13 de noviembre de 2012. Guerrillas se han asociado con bandas en minería criminal: Mindefensa. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12375721
21 Ibid.
22 SEMANA. 29 de marzo de 2013. Op. Cit.
23 DINERO. 9 de febrero de 2011. Bloques de búsqueda para combatir la minería ilegal, propone presidente del Senado. Recuperado de: http://www.dinero.com/imprimir.aspx?iditem=113025
24 COLOMBIA. Presidencia de la República. 1 de febrero de 2011. Esta política en contra de la minería ilegal va acontinuar. Recuperado de: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Febrero/Paginas/20110224_05.aspx
25 EL TIEMPO. 30 de enero de 2012. Gobierno le declara la guerra a la minería ilegal. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/politica/articulo-web-new_nota_interior-11033642.html
26 MARTÍNEZ. A. Impacto socioeconómico de la minería en Colombia. Bogotá: Fedesarrollo, 2012, p. 65.
27SEMANA. 21 de noviembre de 2009. La guerra por el coltán. Recuperado de: http://www.semana.eom/nacion/articulo/la-guerra-coltan/110119-3
28 HERRERA, J. Hay minería ilegal en casi la mitad del pais: Defensoria del Pueblo. En: Periódico El Tiempo 4 de julio de 2011. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/justicia/articulo-web-new_nota_interior-9803951.html
29 Ibid.
30 EL TIEMPO. 30 de enero de 2012. Gobierno le declara la guerra a la minería ilegal. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/politica/articulo-web-new_nota_interior-11033642.html
31 PORTAFOLIO. 23 de febrero de 2012. En el 44% de los municipios hay minería ilegal: Fedesarrollo. Recuperado de: http://www.portafolio.co/economia/el-44-los-municipios-hay-mineria-ilegal-fedesarrollo
32 MONCADA. L. A. Op. Cit. R 59.
33 EL TIEMPO. 13 de noviembre de 2012. Op. Cit.
34 SEMANA. 29 de marzo de 2013. Op. Cit.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 BOLAÑOS. E. A. La ruta del oro en el Cauca. El Espectador 6 de marzo de 2012. Recuperado de: http://www.elespectador.com/impreso/naclonal/articulo-330727-ruta-del-oro-el-cauca
40 SEMANA. 29 de marzo de 2013. Op. Cit.
41 SEMANA. 29 de marzo de 2013. El Dorado de la guerrilla en Tlmblquí. Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/el-dorado-guerrilla-timbiqui/338109-3
42 COLOMBIA. Defensoria del Pueblo Minería de hecho en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2010.
43 MONTERO. Op. Cit.
44 SEMANA. 29 de marzo de 2013. La plata en las minas de oro. Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-plata-minas-oro/338112-3
45 SEMANA. 29 marzo de 2013. Oro y crimen: minería ilegal. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/oro-crimen-mineria-ilegal/338107-3
46 Ibid.
47 CÁRDENAS. S. Abatido alias “Zabala". líder del Bloque Magdalena Medio de las Fare en Antioqula. En: El Colombiano 12 de marzo de 2013. Recuperado de: http://www.elcolombiano.eom/BancoConocimiento/A/abatido_alias_zabala_lider_del_bloque_magdalena_medio_de_las_farc_
48 Ibid.
49 VANGUARDIA. 21 de abril de 2013. Las Fare solo quieren cultivar coca y manejar la minería ilegal. Recuperado de: http://rn.vanguardia.com/santander/region/187904-las-farc-solo-quiere-cultivar-coca-y-manejar-la-mineria-ilegal
50 QUINTERO, J. Coltán: viaje al jugoso negocio que controla la guerrilla en Guainía. El Tiempo 24 de noviembre de 2012. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/articulo-web-new_nota_interior-12399487.html
51 SEMANA. 29 de marzo de 2013.Op. Cit.
1. BOLAÑOS, E. A. La ruta del oro en el Cauca. En: El Espectador. 6 de marzo de 2012. Recuperado de: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-330727-ru-ta-del-oro-el-cauca
2. CÁRDENAS. S. Abatido alias "Zabala", líder del Bloque Magdalena Medio de las FARC en Antioquia. En: El Colombiano, 12 de marzo de 2013. Recuperado de: http:// www. elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/abatido_alias_zabala_lider_del_bloque_magdalena_medio_de_las_farc_
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