El número presente de Estudios en Seguridad y Defensa pasa revista a un variado panorama de transformaciones y de consecuencias del conflicto interno colombiano. Cuando un conflicto irregular se prolonga sin definición decisiva por tanto tiempo, asume dinámicas complejas y mutaciones constantes. Cambian los escenarios territoriales, producen victimización creciente en sectores sociales también cambiantes, se amalgaman los actores con toda suerte de actividades ilegales, lo que de paso introduce confusiones en la aplicación del derecho, y elevan los costos y los sufrimientos de la población. El conflicto llegó a mostrar una tendencia preocupante hacia la modalidad de conflicto confuso, cuando alcanzó perfiles de conflicto entre actores múltiples muy diferenciados en propósitos y alcances. Afortunadamente se revirtió la tendencia y hoy aparece mejor delimitado en una bilateralidad relativa Estado-guerrillas. Las otras manifestaciones de violencia se ubican más claramente en el campo de la delincuencia organizada.
El conflicto colombiano aparece como una guerra nómada, en la cual los escenarios varían y se trasladan las áreas de afectación en función del “efecto globo”, Por ejemplo, si se interviene con fuerza en el Putumayo para reprimir los cultivos ilícitos y desplazar las guerrillas, el vecino Nariño se convierte en un infierno. Si se construye un oleoducto, como en el caso del Caño Limón-Coveñas en los años 80, aparecen guerrillas en Norte de Santander, las que a su vez, al encontrar fuentes nuevas de financiación introducen la coca y atraen luego a grupos de autodefensa para continuar la espiral de causalidades sucesivas. El control actual de los pasos de la cordillera occidental y de los ríos del zócalo Pacífico, han propiciado una migración al sur de todo tipo de grupos armados. En este número se estudia el curso del conflicto en la macro-región Caribe y su relación con los canales de movilidad de los grupos armados ilegales.
Las consecuencias del conflicto son el otro punto de abordaje de los trabajos publicados en este número. Los costos sociales son inmensos. Las cifras del desplazamiento son espeluznantes. El dolor, imposible de medir en cifras, permanecerá en la sociedad colombiana por muchas décadas del futuro. El problema práctico de proteger a los civiles se enlaza con el análisis del alcance que tiene, en el derecho internacional humanitario, el concepto de necesidad militar. La necesidad de distinguir claramente entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, específico para la guerra, hace parte de los problemas serios de la educación superior y de la formación de jueces y fiscales para afrontar las circunstancias y las consecuencias de los combates.
Todos estos problemas se ventilan y todos tienen una alta prioridad para la investigación y para el debate público en Colombia. Hay demasiadas zonas grises en la interpretación de las situaciones de combate que serían aclaradas mediante el conocimiento preciso, profesional y acabado, sobre las normas que rigen el uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad del Estado y sobre las diferencias entre un derecho de urgencia como el internacional humanitario, y el derecho que rige en situaciones de normalidad como el derecho internacional de los derechos humanos. Uno y otro buscan protección, pero las circunstancias de aplicación son radicalmente distintas. La transformación de la guerra entre los siglos XX y XXI, introduce otro factor de confusión, por cuanto las asimetrías cada vez mayores, desafían la posibilidad de aplicar en forma correcta los principios protectores del derecho.
El conflicto colombiano es un reto intelectual de gran envergadura. La investigación y la reflexión deben servir de guía a la acción. La precisión científica y la precisión de derecho, elevadas a determinantes de las acciones del Estado, redundarán en beneficio de la pacificación de la sociedad. El fortalecimiento del Estado y de la democracia, así lo exigen.