Abstract
In the last decades in Colombia there has been a constant dynamic of aggression against women who exercise leadership in their communities. Although the number of aggressions against women leaders is not proportionate to the aggressions against male leaders, violence against women leaders reproduces stereotypes and gender violence, in addition to generating ruptures in community processes. Aggressions range from homicides and force displacements to events of sexual violence, crimes that compose a cycle of revictimization and, which have not been fully mitigated, despite the plans and strategies that have been implemented by the governments.
This article aims to analyze the characteristics of the aggressions against women leaders in Colombia, deepening their women’s leadership, the criminological characteristics behind the aggressions and the women’s perspective of the institutional response to face this problem. A qualitative methodology was privileged, with tools for the collection of information such as semi structured interviews and the review of secondary sources. The main findings indicate that women leaders experience different scenarios of aggression from those of men, since they have a significant load of gender stereotypes and violence, and that, in addition, the institutional response can still improve in terms of gender at the time to minimize aggressions.
Keywords: Civil-military relations, Mexican Army, participation of women, International instruments, Gender policies
Resumo
Na Colômbia, nas últimas décadas, tem havido uma dinâmica constante de agressão contra as mulheres que exercem liderança em suas comunidades. Embora o número de mulheres agredidas não seja proporcional aos ataques contra lideranças masculinas, a violência contra lideranças femininas reproduz estereótipos de gênero e violência, além de gerar rupturas nos processos comunitários. Esses atentados vão desde homicídios e deslocamento forçado, até casos de violência sexual, crimes que compõem um ciclo de revitimização e que não foram totalmente mitigados, apesar dos planos e estratégias implementados pelos governos.
O objetivo deste artigo é analisar as características dos ataques a mulheres líderes na Colômbia, aprofundando suas lideranças, as particularidades criminológicas por trás dos ataques e as perspectivas das mulheres quanto à resposta institucional. Optouse por uma metodologia qualitativa, com ferramentas de coleta de informações como entrevistas semiestruturadas e revisão de fontes secundárias. Os principais achados indicam que as lideranças vivenciam cenários de agressão diferentes dos homens, uma vez que possuem uma carga significativa de estereótipos de gênero e violência, e que, além disso, a resposta institucional ainda pode melhorar em termos de gênero na hora de minimizar agressões.
Palabras-chave: Relações civil-militares, Exército mexicano, Participação da mulher, Instrumentos internacionais, Políticas de gênero
Introducción
En Colombia, las agresiones contra los líderes sociales han sido una de las problemáticas históricas que ha tenido afectaciones sobre las comunidades y tejidos sociales en las regiones. Recientemente, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno nacional y las FARC, como lo explica la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (2020), se ha acrecentado la preocupación por lo que parecería un incremento en las agresiones a líderes sociales y las respuestas estatales frente a las mismas. Dicha preocupación emitida desde el alto órgano presidencial, expone las dificultades de la respuesta estatal. Uno de los aspectos que ha resultado relevante en este contexto, y que va más allá del desarrollo de la coyuntura, es la necesidad de comprender el rol de los líderes sociales en el país, así como los diferentes contextos en que puede estar en riesgo su labor, a fin de poder tratar la situación de forma estratégica.
Aun cuando esta problemática ha sido abordada desde diferentes matices, una dimensión que ha quedado de lado en la comprensión de estas agresiones y los nuevos espirales de violencia es el impacto sobre las mujeres líderes, las particularidades de género detrás de las agresiones e intimidaciones de las que son objeto, las estrategias de protección y la respuesta estatal desde un enfoque diferencial y de género. Esto, teniendo en cuenta que la situación que han vivido desde hace años se ha enmarcado en un contexto amplio de violencia en donde quienes optan por defender los Derechos Humanos y reivindicar algún otro tipo de derecho, se ven enfrentados a una situación de mayor riesgo. En este sentido, diferentes autoras académicas (Ibarra, Rodríguez, Luna, y Cuesta, 2018) y organizaciones de mujeres colombianas (como Sisma Mujer y Ruta Pacífica de Mujeres) han resaltado el rol que los liderazgos femeninos han tenido en las comunidades rurales, en los barrios y las ciudades desde procesos organizativos de trabajadoras, madres, indígenas, afrodescendientes, entre otras expresiones colectivas.
Las amenazas contra estos liderazgos, las cuales han sido históricas y se han ido transformando territorialmente, han hecho que paulatinamente el Estado deba asumir costos sociales, económicos y políticos, por no contar con una respuesta rápida y preventiva ante este escenario de riesgo. Como lo señala la Contraloría General de la República, al explicar la cantidad de dinero que el Estado ha tenido que pagar en indemnizaciones y en relación a su imaginen ante la comunidad internacional (Revista Semana, 2018). De allí la necesidad de articular una estrategia que permita mejorar el proceso de toma de decisión frente a este tema.
El objetivo de esta investigación es analizar las agresiones a mujeres líderes en Colombia desde tres abordajes: primero, las características de los liderazgos de las mujeres desde el enfoque de género y las diferentes problemáticas asociadas al rol de la mujer en los procesos de reivindicación y participación política; segundo, los principales rasgos criminológicos de las agresiones a mujeres líderes en el país; y tercero, la respuesta institucional frente al reconocimiento y la protección de los liderazgos femeninos desde la creación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en 2011, como un hito en el país, en materia de protección3.
Desde el ámbito académico, hay avances en el análisis de los liderazgos de las mujeres desde la participación política en instancias formales y en movimientos sociales. Así mismo, algunas organizaciones de mujeres y centros de investigación han analizado y advertido sobre las dinámicas de las agresiones y riesgos de los liderazgos en el país (FIP, 2018; Somos Defensores, 2018; Sisma Mujer, 2016). Pese a esto, los informes, las denuncias, los pronunciamientos y los artículos revisados para esta investigación indican que, en general, las agresiones a líderes sociales y la problemática del modelo de protección son analizados desde la practicidad de las cifras, y lo más cercano desde una perspectiva de género suele ser indicar si la víctima era hombre o mujer, sin profundizar en los diferenciales que esta variable pueda señalar. Así mismo, se demandan constantemente soluciones para la protección de líderes sociales, sin tener en cuenta a quién se está protegiendo, de dónde viene, ni qué reivindica.
Este artículo está dividido en cuatro partes: en la primera, se realiza una introducción al rol de las mujeres y el liderazgo social que han tenido en Colombia desde diferentes procesos políticos, así como la pertinencia del enfoque de género al analizar esta cuestión. En la segunda, se analizan, desde la criminología, los crímenes contra las mujeres líderes y su posible relación con su rol de liderazgo. En la tercera, se muestra la percepción de las mujeres frente a la respuesta institucional y la necesidad de incorporar el enfoque de género en medidas estatales. En la cuarta, y última, se presentan las conclusiones de la investigación.
Género y participación política: acercamiento a los liderazgos de las mujeres y sus características
Este artículo está dividido en cuatro partes: en la primera, se realiza una introducción al rol de las mujeres y el liderazgo social que han tenido en Colombia desde diferentes procesos políticos, así como la pertinencia del enfoque de género al analizar esta cuestión. En la segunda, se analizan, desde la criminología, los crímenes contra las mujeres líderes y su posible relación con su rol de liderazgo. En la tercera, se muestra la percepción de las mujeres frente a la respuesta institucional y la necesidad de incorporar el enfoque de género en medidas estatales. En la cuarta, y última, se presentan las conclusiones de la investigación.
Género y participación política: acercamiento a los liderazgos de las mujeres y sus características
Desde inicios del siglo XX, en Colombia, se han vivido diferentes procesos organizativos e iniciativas colectivas por parte de las mujeres para la reivindicación de intereses (iniciativas políticas, actividades filantrópicas, reivindicaciones de género, entre otras), mediante la constitución de organizaciones de mujeres y liderazgos sociales para la gestión y definición de intereses estratégicos, con el fin de que se atiendan necesidades prácticas que permitan mejorar las condiciones de vida de las mujeres y sus comunidades (Ibarra, Rodríguez, Luna y Cuesta, 2018). Ante la diferencia de las reivindicaciones, señalan las autoras, surgen diferentes tipos de organizaciones y liderazgos que responden a una geografía y objetivos específicos. Estos procesos, surgidos de la desigualdad, la violencia y el conflicto que ha vivido el país, han impulsado la participación de las mujeres en escenarios políticos.
Según García (2001), el hacer política por parte de las mujeres supone una serie de prácticas individuales y colectivas orientadas a enfrentar las diferentes formas de poder que se ejercen sobre ellas y sus círculos más cercanos. Así mismo, se entiende que la reivindicación de derechos, sea mediante movilizaciones sociales o liderazgos, está orientada a hacerle frente a la injusticia, desigualdad o exclusión, y que tiende a ser propositiva en contextos específicos (Archila, 2001).
Los diferentes estudios sobre la participación política de las mujeres en Colombia han identificado cómo los roles tradicionales de género que asocian a las mujeres con escenarios privados (como el cuidado del hogar y la familia), frente a roles masculinos, asociados con la esfera pública y los liderazgos, han sido obstáculos sociales y culturales para el reconocimiento de los liderazgos políticos de las mujeres (Barrera, 2005; García, 2001; Herrera, 2009). En este sentido, el género está en el centro de las posibilidades y limitaciones que tienen los liderazgos de las mujeres para surgir y desarrollarse; no solo por el hecho de ser mujeres, sino también de los imaginarios sociales y los estereotipos culturales sobre lo femenino y lo masculino.
Por esta razón, un análisis desde el enfoque de género va más allá de considerar la variable de ‘sexo’ con respecto de esos liderazgos sociales. En línea con lo expuesto por Joan Scott (2008), el género debe ser considerado como un elemento que involucra necesariamente a los hombres y que permite considerar las diferentes ‘construcciones culturales’ que se han dado a lo largo de la historia y el discurso social sobre los roles apropiados para mujeres y hombres. Es decir, hablar de género rescata toda una construcción social que puede incluir el sexo, pero que no necesariamente está determinada por él.
Esto sirve para explicar que el enfoque de género insta a que se reconozcan los riesgos que tienen las mujeres líderes, no solo por su liderazgo (lo que de por sí ya constituye un riesgo en Colombia), sino por el simple hecho de ser mujeres en una sociedad patriarcal, pues tiene que ver con la acción de salirse de sus roles tradicionales para ejercer un liderazgo social.
Según Wills (2007), la esfera pública (surgida del liberalismo clásico) ha supuesto separaciones entre lo público y lo privado, las cuales evidencian una serie de ventajas y poder sobre la vida, la propiedad e incluso la sexualidad de las mujeres por parte del hombre. Esta exclusión de las mujeres de lo público, incluyendo lo político, provocó que el ámbito doméstico fuera el escenario de expresión de la mujer (como madres y esposas). Esta invisibilización de las mujeres ocasionó su subordinación en lo político, social y económico, así como una menor valoración de las labores y el rol doméstico (como ajeno a la esfera de lo público). Esta autora hace referencia a que, históricamente, las diferencias construidas terminan siendo legitimadas como algo inmodificable, producto de la ‘naturaleza y la biología’, que hace que las mujeres las asuman como algo propio del género y se produzcan rupturas en la autoestima y aceptación de la subordinación.
En un estudio realizado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) (2018), se identificó que, a pesar de la alta participación de mujeres en organizaciones de diferentes sectores, la función que cumplen no necesariamente está enfocada al liderazgo, sino que se asocia a diversas actividades a una división sexual del trabajo basada en estereotipos de género sobre lo público y lo privado (como la contabilidad, secretarías, labores domésticas dentro de la organización, entre otras).
Si bien la labor de las mujeres líderes ha logrado transformar los órdenes de género, no se han podido superar los estereotipos que limitan su labor. A pesar de que se les permite la participación en la esfera pública, aún se les critica por ‘el abandono de sus hogares’ o se sancionan sus liderazgos desde los estereotipos de género. De acuerdo con Castelar, en el caso de los liderazgos de las mujeres, se piensa que: “El papel de líder, de mando, de poder, siempre ha correspondido a lo masculino” (2015, p. 245).
Por consiguiente, elementos como el empoderamiento deben ser considerados a la hora de fortalecer el liderazgo de las mujeres. Precisamente, una de las herramientas para lograrlo se relaciona, y es una práctica común entre las mujeres, con el afianzamiento con otros actores y organizaciones y movimientos sociales que tienen algún tipo de influencia a nivel político y social, con el objetivo de desarrollar y alcanzar procesos de una forma más práctica (García, 2001). Por ejemplo, en la historia de organizaciones de mujeres en Colombia, se han identificado trabajos enfocados en visibilizar los procesos de estas o sus redes, que combinan la participación política con diferentes estrategias, como alianzas con otras organizaciones y la comunidad internacional, para la solución de necesidades a nivel local4 (Cuesta, 2016).
La construcción de los liderazgos está asociada a diferentes elementos de análisis, que deben ser mencionados, por cuanto es imposible caracterizar todos los liderazgos de mujeres de manera generalizada. Estos están vinculados directamente con el entorno territorial, la pertenencia étnica, la reivindicación, la condición de género e incluso a la situación económica. De allí, surgen los diferentes obstáculos que se les presenten a ellas y las diferentes violencias de las que se convierten en blanco por sus labores.
Los liderazgos sociales han permitido que las mujeres creen identidades, surgidas de sentimientos de injusticia y desigualdad, a la hora de tener una participación importante en los diferentes sectores. Según Barrera (2005), se hace necesario entender este tipo de sentimientos para enfatizar las diferentes experiencias en las que ellas han estado involucradas en sus entornos y con el paso del tiempo (dichas experiencias generan opiniones y posiciones que llevan a tomar decisiones y acciones concretas sobre un tema, aun cuando estas sean solo un proyecto).
Para superar aquellas situaciones de injusticia y desigualdad, las mujeres generan una defensa de sí mismas, del cuerpo, del espacio, de las ideas, de los proyectos o incluso de las preferencias sexuales, con el propósito de consolidar una identidad reconocida y aceptada (Barrera, 2005). Aun cuando existan sentimientos de desigualdad, esta se debe entender más como una posición en determinado contexto y no tanto como un elemento que hace parte de la identidad de las mujeres. Es decir, ellas no se sienten desiguales por el hecho de ser mujeres, sino por las situaciones que llevan a que busquen desarrollarse, ser autónomas e iniciar procesos de individuación5 en sus vidas.
Así, el intento de crear alternativas propias por parte de mujeres líderes se ha caracterizado por tener iniciativas en diferentes procesos sociales, ya sea en donde habitan, en el trabajo, en la organización de la que hacen parte, en la familia, etc. En el contexto colombiano, desde los años noventa, los procesos organizativos de mujeres y mixtos a este respecto se han presentado en diferentes niveles: 1. A nivel nacional, en el cual se han coordinado acciones orientadas a tener algún tipo de incidencia política. 2. A nivel regional o departamental, cuya incidencia política está dirigida a contextos con particularidades territoriales. 3. A nivel más local, en el que los trabajos de organizaciones, colectivos y otras formas organizativas se orientan al trabajo en municipios, veredas, barrios, entre otros (Ibarra, Rodríguez, Luna y Cuesta, 2018).
Criminología de las agresiones contras las mujeres líderes
Uno de los objetos de estudio de la criminología es la conducta antisocial llevada a cabo por algún ser humano. Con esto, es preciso hacer una distinción entre lo que se considera como conducta antisocial y lo que es visto como un delito. Para este caso, se considerará la agresión hacia las mujeres líderes como una conducta antisocial, que va en contra del bien común, atenta contra la estructura básica de la sociedad, destruye valores fundamentales y lesiona normas elementales de convivencia (Rodríguez, 1981). Esto, entendiendo que los homicidios, amenazas, casos de violencia sexual y otras agresiones a los liderazgos, no afectan solo a la víctima, sino también a sus círculos más cercanos y a la comunidad.
Para este escenario de agresiones a mujeres líderes, es preciso partir del hecho de que los diferentes factores económicos, políticos y sociales (incluyendo la cultura) afectan de manera diferente a mujeres y hombres, lo cual demanda que el Estado y la sociedad asuman que las necesidades para su prevención no son las mismas. Según Fuller (2008), en los estudios de criminología, desde la década de los 70, aquella desigualdad hacia la mujer como víctima pasó a ser objeto de atención por parte de esta ciencia. A partir de allí, comenzó a ser visible un desarrollo del enfoque de género en temas específicos, como la falta de protección y garantías a las mujeres en los sistemas de justicia penal, y otras formas de criminalidad cometidas hacia las mujeres. Esta visibilización ha servido como punto de partida para entender mejor la respuesta institucional reciente en materia de género.
Las conductas criminales hacia las mujeres líderes son diferenciales a las de los hombres, según la Defensoría del Pueblo (2018), el lenguaje que se utiliza en las amenazas en contra de ellas es altamente sexista, haciendo alusión a sus cuerpos e identidades de género. Lo cual se puede relacionar con el uso común de expresiones sexistas como ‘se lo buscó’ o ‘pasó por algo’, consolidando justificaciones que dificultan el ejercicio de liderazgo para las mujeres. Este tipo de aspectos se pueden presentar por dos elementos identificados desde la criminología. Primero: la ‘negación de la víctima’. En este escenario, el daño no es considerado como un mal, incluso si quien comete el acto acepta la responsabilidad; por el contrario, la responsabilidad se le atribuye a la víctima (Sykes & Matza, 2008) por medio de afirmaciones como ‘nosotros le advertimos que no denunciara y ella no hizo caso’. Sumado a esto, en Colombia se ha presentado una situación constate de incertidumbre frente a los responsables de los eventos de agresión. Según la base de datos de agresiones a líderes de la FIP, entre 2010 y 2019, el 71 % de los responsables de las agresiones a mujeres líderes es desconocido y en los casos en los que se ha dado con quien comete el crimen, suele haber sido llevado a cabo por un sicario. Este desconocimiento indica un claro escenario en el cual no se sabe contra quién dirigir la estrategia para minimizar las agresiones.
Segundo, es posible presenciar una situación en la cual el victimario hace una ‘negación del daño’, de modo que parece algo superficial y de poca importancia para quien comete el crimen. Esto se suele presentar, como lo evidencian los casos de homicidios, con la dinámica de contratación del sicariato para atentar contra los líderes (lo que implica un intercambio de dinero por cometer el crimen, sin importar quién es la víctima y sus consecuencias).
Tipos de agresión
Los tipos de agresión contra mujeres líderes más comunes son el homicidio, las amenazas, los intentos de homicidios, entre otros. De acuerdo con la base de datos de agresiones a líderes de la FIP, desde 2010, han sido asesinadas al menos 114 mujeres líderes. A pesar de que, para el año 2019, los homicidios se redujeron un 11 % con respecto del 2018 (figura 1), otras agresiones, como las amenazas y las tentativas de homicidios, aumentaron un 55 % y 183 %, respectivamente.
Entre enero y julio de 2020, se presentaron 46 agresiones a mujeres líderes. De estas, el 61 % fueron amenazas; el 22 %, tentativas de homicidio; el 13 %, homicidios; el 2 %, desapariciones forzadas; y otro 2 %, desplazamiento forzado. Recientemente, la FIP señaló en un informe que, durante la coyuntura actual del aislamiento social, la violencia contra estas mujeres se ha incrementado y ha sido más evidente en las zonas de conflicto armado (Garzón y otros, 2020).
El ejercicio de revisión de prensa y estudios de caso también evidenció que se han presentado otros tipos de agresión con ciertas particularidades a destacar, como la violencia sexual, amenazas a familiares o círculos cercanos y el desplazamiento forzado.
Figura 1. Homicidios a mujeres líderes en Colombia
Fuente: Elaboración propia con datos de la FIP
Violencia sexual
La violencia sexual es considerada como una modalidad de violencia de género, en la cual se hace un ejercicio de dominación y poder (ejercido violenta y arbitrariamente), a través de la imposición de realizar o presenciar actos sexuales en contra de la voluntad de una persona (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). En el caso de las mujeres líderes, la violencia sexual tiene una carga simbólica importante, cuyo objetivo es menospreciar y reprimir a las mujeres (en este caso, los liderazgos y procesos detrás de ellos).
La particularidad de los crímenes sexuales es que presentan tasas de denuncia muy bajas, a causa de la vergüenza y del temor de las mujeres a enfrentar algún tipo de proceso judicial o poca credibilidad al interior de las organizaciones de las que hacen parte:
Varias de ellas están en organizaciones mixtas, pero ellas no han dicho en sus organizaciones que fueron víctimas de violencia sexual. Cuando el caso se lleva al comité y los hombres líderes de sus organizaciones se enteran, las acusan de que eso no es cierto porque no lo han tramitado internamente, y no entienden por qué para ellas es tan complejo contarle a los hombres de su organización que fueron violadas [...] Yo estuve en espacios en los que se decía, inclusive mujeres, en los que se decían que ellas o ‘se habían hecho violar’, o ‘habían inventado los hechos de violencia sexual para ganar visibilidad, reconocimiento y medidas de protección’, ¡dicho por las mismas mujeres! y que eso era un invento porque ellas nunca lo habían tramitado en sus organizaciones (Experta en estudios de género, comunicación personal, 2018).
Según la Defensoría del Pueblo (2018), entre 2016 y octubre de 2017, casi el 17 %6 de las mujeres líderes y defensoras de Derechos Humanos habían sido víctimas de violencia sexual. Este tipo de actos suelen contener un carácter ‘ejemplarizante’, con el fin de humillar a la mujer y enviar mensajes de advertencia frente a sus comunidades y organizaciones; además de que, ante las situaciones de riesgo, las lideresas opten por renunciar al rol que desempeñan en los territorios. Por otro lado, el programa Somos Defensores tiene registrados 2 casos de violencia sexual entre 2010 y marzo de 2018. Esta fuente también evidenció que ha habido casos de homicidios a mujeres con una extrema violencia (antes de sus muertes) a través de actos de tortura, violencia sexual y sevicia.
Las cifras señalan que los casos públicos de violencia sexual son pocos, en comparación con otros crímenes. Frente a esto, es preciso tener en cuenta que, aunque la violencia sexual es reconocida como un tipo de agresión que se puede presentar sobre líderes sociales, esta no ha sido visibilizada en lo referente a tales agresiones a líderes.
El uso de la violencia sexual para amedrantar liderazgos de las mujeres también se observa en los casos de líderes con una orientación sexual diversa7, en los que las agresiones pueden llegar a presentar rasgos de agresión con mayor sevicia. “Los tipos de agresión más común es el empalamiento, o los que no han hecho el proceso de transformación, les cortan los testículos y a la boca. Estando muertas o vivas, normalmente lo hacen vivas” (Activista en género y masculinidades, comunicación personal, 2018).
Finalmente, las mujeres líderes también se han enfrentado a escenarios de acoso sexual, por parte de los hombres, a cambio de llegar más lejos en sus liderazgos o para permitir el avance de algún proceso que lideren. Se trata de eventos que las desestabilizan emocionalmente, debido a la insistencia y amenaza realizada por un conocido en cualquier espacio que funcione de manera jerárquica.
Hay otra situación y es el acoso sexual. Si yo quiero ir a una capacitación o a hacer una representación, me ha sucedido que le quieren dar a uno eso a cambio de algo. Cuando uno habla con los compañeros, que son hombres, ellos siempre te dicen: ‘hablémoslo, pero me gustaría que saliéramos’. Yo he aprendido a evadir ese tipo de cosas, pero habrá mujeres que no, es demasiado incómodo (Lideresa sindical, comunicación personal, 2018).
Frente a la violencia sexual, es preciso mencionar que, hasta antes de 2011, esta no era reconocida como una agresión hacia los liderazgos femeninos, lo cual generaba mayores niveles de impunidad y bajas denuncias por considerarse una ‘pérdida de tiempo’:
El esquema de valoración de riesgo de lo que en ese momento existía, es decir, todo esto es previo a la UNP8, no incluía la violencia sexual como riesgo o como un mecanismo de materializar la amenaza. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas órdenes de la Corte para proteger a estas mujeres, a lo cual se suman las medidas cautelares de la CIDH y la orden de la CIDH. Años después, dice que la valoración del riesgo tiene que incluir la violencia sexual, porque entonces a ellas nunca les daba un nivel de riesgo lo suficientemente alto para generar la medida de protección (Experta en temas de género, comunicación personal, 2018).
Todas las formas de violencia sexual son serias y tienen efectos en la vida de las mujeres. A esta situación se suma el alto nivel de revictimización, considerado como el conjunto de hechos que hacen que una persona sea víctima de algún tipo de violencia interpersonal en dos o más momentos de su vida. Ambas experiencias se dan en diferentes momentos y pueden ser realizadas por dos o más perpetradores diferentes. De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) (2010), en un marco de violencia sociopolítica, cuando se habla de perpetrador no necesariamente se habla de personas con nombres y apellidos, también se trata de instituciones del Estado o grupos armados ilegales con un proyecto político, económico y social que se impone con el uso de la fuerza.
Hablar de revictimización se hace importante, pues se evidenció que hay casos en los que las mujeres líderes han sido revictimizadas; sobre todo, aquellas defensoras que se han enfocado en denunciar crímenes como la violencia sexual y el desplazamiento forzado. Tal es el caso de las mujeres que apoyaron el Auto 092 de 2008. Aquí, la revictimización no solo se dio por las barreras para acceder a la justicia, protección y atención de salud, sino que también se presentaron casos, no públicos, en los que ellas y sus hijas fueron abusadas sexualmente (Experta en temas de género, comunicación personal, 2018). (Experta en temas de género, comunicación personal, 2018).
Con esto, y en línea con lo expuesto por Liz Kelly (1987), hay formas de violencia sexual que enfrentan las mujeres que tienen más probabilidades de experimentar en múltiples ocasiones por el nivel de vulnerabilidad, por la ausencia de una estrategia articulada e integral que se base en las constataciones.
Amenazas a familiares y círculos cercanos
Una práctica común asociada a las amenazas por parte del victimario es intimidar a las personas más cercanas a las líderes para ejercer presión sobre ellas y, de esta manera, forzar su voluntad o su conducta. La materialización de dichas amenazas se ha presentado a través de homicidios, persecuciones, intentos de homicidio y violencia sexual:
En una ocasión, mi hijo salía de la universidad cuando lo abordaron dos tipos que le dijeron que eran paramilitares, se lo llevaron a un parque, lo pusieron a hacer actos humillantes y lo amenazaron para que les diera información mía. En otra ocasión, una noche, mi hija salió y la estaban esperando, le tenían interceptado un teléfono, le echaron gases en la cara; afortunadamente, aquí hay mucha vigilancia y ella empezó a gritar entonces la soltaron y fue un episodio terrible, nos tocó irnos con ella para la clínica (Lideresa de víctimas, comunicación personal, 2018).
Por otra parte, el tema de las amenazas, en ocasiones, se enmarca en situaciones en las cuales resulta difícil trazar la línea en dónde se convierte en crimen, haciendo de esta algo ambiguo y dejando sin herramientas a quien lo vive para hacer algo frente a una situación de amenaza:
Me ha pasado que, cuando hacemos muchas denuncias, ha habido mismos compañeros que yo sé que tienen de alguna manera una influencia y me dicen: ‘vea, quédese quietica, porque la van a joder por esto y esto’. Me mandan mensajes con los mismos compañeros y me he tenido que quedar quieta por la familia. Ese es un tipo de agresión que, disimuladamente, le hacen a uno. Ahí no he podido hacer nada porque no tengo pruebas, no tengo como evidenciarlo, entonces no he podido hacer denuncias formales (Lideresa sindical, comunicación personal, 2018).
Son numerosos los casos registrados de agresiones de familiares que tienen como objetivo intimidar a los líderes sociales. Sin embargo, estos no suelen considerarse como un caso de agresión. También hay eventos en los que, al momento de agredir al líder, los victimarios atentan contra los familiares y se han registrado víctimas mortales y heridas, sin importar el rango de edad o condición de vulnerabilidad. Es preciso mencionar que estos escenarios se facilitan, dado que un gran número de agresiones se llevan a cabo en las viviendas de los líderes sociales.
Desplazamientos forzados
Una práctica realizada por las líderes al momento de sentirse amenazadas, y al ver la falta de garantías por parte del Estado para su protección y la de sus familiares, es el desplazamiento con el fin de buscar soluciones a la situación que están viviendo. Estos recorridos suelen hacerse hacia ciudades capitales donde creen que es más probable que se escuchen sus denuncias. No obstante, se encuentran con una realidad en que la única visibilización que logran es cuando vuelven a ser victimizadas.
Este tipo de agresión se trae a colación porque, a pesar de que no se encontraron cifras de líderes y lideresas víctimas de desplazamiento forzado, se cree que estas serían altas, dado que se evidenciaron casos de agresión que se han presentado en esa ‘ruta’ que recorren los líderes para ser escuchados (encontrando la muerte, amenazas y casos de violencia sexual). A partir de la revisión de prensa, se encontró que, por lo menos, 10 lideresas (de mujeres, comunitarias, LGBT, periodistas) tuvieron que salir de sus territorios por motivos de amenazas. Además, se halló que, de esos casos, el 40 % se tuvo que desplazar en más de una ocasión9.
El desplazamiento forzado de líderes sociales también carece de visibilización y genera un impacto social tan fuerte como el homicidio mismo, por cuanto se logra, por parte del victimario, interrumpir todo proceso social adelantado por el líder. De allí, la importancia de tenerlo en cuenta a la hora de hablar de costos sociales y económicos para el Estado y las comunidades.
Estereotipos de género sobre las mujeres líderes
Aun cuando no haya agresiones de por medio, hay barreras para ejercer los liderazgos; por ejemplo, cuando se estigmatiza por trasgredir estereotipos de género o un ‘deber ser’ como mujeres: “Nos ven como ‘libertinas’ entonces uno siente que hay cuestionamientos morales que no tienen lugar, pero si fuera un hombre, no pasaría nada, y eso es algo que hay que ir rompiendo” (Lideresa sindical, comunicación personal, 2018).
Que las mujeres asuman funciones en la esfera política implica, en algunos casos, conflictos personales y la superación de diferentes barreras culturales en diversos escenarios de ejercicio del liderazgo. En primer lugar, el liderazgo de las mujeres conlleva una desnaturalización de las relaciones asimétricas de poder haciendo un reconocimiento explícito de que hay sujetos involucrados en diferentes acciones y procesos de lucha, como en el caso de las mujeres, en los cuales se pretende construir o reconstruir el orden social (García, 2001).
Investigaciones sobre las relaciones de poder indican que hay una asimetría basada en el género que favorece al hombre en la mayoría de situaciones (Herrera, 2009). Así mismo, autoras como Pratto y Walker (2004) señalan que el poder de género se enmarca en cuatro bases, dos de ellas importantes para analizar desde la perspectiva de los liderazgos: primero, el uso de la violencia sobre las mujeres. Aquí, las agresiones físicas y psicológicas son usadas, más que como un mecanismo de agresión en sí mismo, como una herramienta de poder y control, en la que, a menudo, se comete sobre los cuerpos de las mujeres haciendo de la agresión algo simbólico:
[...] usted no puede volver hablar del tema, usted no puede seguir poniendo denuncias la idea es que usted se calle y la obligan a practicar sexo oral. Entonces, ahí hay una simbología que tiene que ver justamente con ‘usted se calla’, porque es por su boca. Entonces, ese tipo de simbologías permite entender un poco en qué sentido juega la violencia sexual en relación con el liderazgo de las mujeres, y no es la única a la que le hicieron ese tipo de agresiones para decirle: ‘cállese, no denuncie’ (Experta en estudios de género, comunicación personal, 2018).
Segundo, están los estereotipos sobre las obligaciones sociales de las mujeres, como el cuidado de la familia y el hogar. Este punto, quizás, pueda llegar a ser uno de los más visibles en nuestra sociedad y ha fomentado una situación de aislamiento para la mujer a la hora de participar en asuntos sociales por la carga social que puede llegar a implicar ser líder. Para las mujeres líderes, las actividades del hogar, así como el trabajo y el liderazgo, se superponen, limitando su participación en diferentes espacios, puesto que requiere de una carga mayor de trabajo. Según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) del DANE, entre 2016 y 2017, las mujeres gastan más de un 30 % en actividades domésticas, voluntarias y de cuidado no remunerado.
Yo pienso que para las mujeres sí es un poco más complicado porque es que nosotras tenemos que cumplir muchos roles. Por ejemplo, a parte de tener que trabajar, tenemos la familia. Yo soy de las que me tengo que levantar a las 4 de la mañana, medio organizar la casa, hacer el almuerzo, despachar al niño al colegio, llegar a las 6 de la tarde, hacer de comer, tareas, más la carga laboral (eso complica un poco el ejercicio porque es una sobrecarga adicional). Y, por eso, es que, si usted mira en el contexto sindical, son muy pocas las mujeres. Hay mujeres en la oficina que dicen ‘a mí me gustaría, pero yo no puedo’. A muchas mujeres el esposo no las deja viajar, no pueden como incursionar en el tema sindical; por eso, por los ‘permisos’. Hemos tenido compañeras que hemos tratado de impulsar, enseñarles el tema sindical y dicen: ‘no, es que mi esposo no me deja’ (Lideresa sindical, comunicación personal, 2018).
Estos obstáculos, en términos de estereotipos de género, tienen unos matices adicionales según los procesos sociales en los cuales se desenvuelvan las mujeres líderes. En el caso de las mujeres que pertenecen a luchas LGBT o de diversidad sexual, se suman contextos de discriminación, en particular hacia las mujeres lesbianas y mujeres transgénero. Estudios sobre el tema indican que las personas LGBT defensoras de derechos humanos suelen enfrentar un doble riesgo: el primero, asociado a su liderazgo; el segundo, por los prejuicios y la estigmatización que hay por la identidad de género o por su orientación sexual (All Survivors Project; Caribe Afirmativo; Colombia Diversa, 2020).
En el caso de las mujeres transgénero, las cuales se alejan de los imaginarios de la masculinidad y se acercan a la construcción de una feminidad, se complejiza la idea de que son hombres ‘por naturaleza’, lo que genera señalamientos y persecuciones y, por ende, se les cierran puertas en diferentes espacios de participación. Además, el trabajo de estas mujeres se caracteriza porque su mayor postura política y reivindicación social es el tránsito en sí mismo, donde el objetivo, en la mayoría de ocasiones, es reivindicar derechos sexuales y de libre expresión.
Según Castelar (2015), quien en su estudio profundiza en la vida de diferentes lideresas sociales, se debe hacer un reconocimiento del ‘hacer’ en la vida cotidiana de estas mujeres, de cara a entender cómo llevan a cabo los procesos, cómo solucionan problemas y cómo atienden las necesidades diarias. Las mujeres cuentan con una mayor carga ocupacional y con menos tiempo libre, lo cual hace que, con el tiempo, las cotidianidades se vuelvan tácticas para alcanzar la estrategia relacionada con el liderazgo y sus reivindicaciones.
Un aspecto importante de mencionar es que, en la historia colombiana, parte de la estigmatización sobre el papel de las mujeres líderes ha provenido de los actores del conflicto armado. En este escenario, grupos ilegales declararon como objetivo militar procesos comunitarios y, en particular, procesos de mujeres en los territorios ocasionando el incremento de casos de amenazas y el uso de la violencia sexual contra aquellas mujeres líderes y/o sus hijas, que exigen sus derechos, tanto a nivel nacional como local (Departamento Nacional de Planeación, 2013).
De estos aspectos, surge la importancia de la caracterización de los liderazgos, que, aunque para este caso de estudio fueron las mujeres, es algo que se hace necesario para hacerle frente a las agresiones, sobre todo, en función de política pública y de modelos de protección que garanticen el libre ejercicio de los diferentes tipos de liderazgos en Colombia.
Costo social de las agresiones
La criminología indica que el crimen, como tal, no acarrea solamente costos económicos, también genera costos sociales, como las consecuencias sobre la víctima, su familia y las comunidades (Marchiori, 2004). Estos daños son sumamente difíciles de determinar y medir, de ahí la importancia de considerar el costo social y emocional que generan las agresiones para llegar a una aproximación de lo que esto significa. En el caso de las mujeres, como se dijo en la primera parte del artículo, desde los años noventa, estas han venido adelantado luchas sociales y procesos de empoderamiento en sus comunidades y a nivel nacional, procesos que no pueden entrar en detrimento por la falta de garantías para el liderazgo.
Aquellos que lideran procesos en los territorios, funcionan como un puente de interlocución entre las instituciones del Estado y las comunidades o entre los grupos armados ilegales y las comunidades, en los casos donde todavía persiste el conflicto armado (o entre el sector privado y las comunidades, como herramienta para mejorar las condiciones de vida). Entonces, al resultar afectados estos liderazgos, se perjudican procesos que tomaron tiempo, dedicación, recursos y experiencias.
Es por ello que la dimensión de los costos sociales debe ser tenida en cuenta, y no solo desde los procesos de mujeres, sino también desde esa amplia gama de liderazgos y actividades que se desarrollan en respuesta a los contextos regionales y locales, como los procesos de juntas de acción comunal, afrodescendientes, indígenas, campesinos, entre otros. Es entonces cuando, para el Estado, el costo de perder procesos comunitarios que constituyen la base de aspectos como la construcción de paz o la interlocución para adelantar proyectos termina siendo relevante en una lógica de minimizar costos.
También, están los costos económicos que se generan para el Estado cada vez que una líder es agredida, lo cual implica que haya una reacción inmediata al crimen y se deban destinar recursos y mano de obra para su investigación. Junto con la constante demanda y denuncias, por parte de organizaciones y movimientos sociales, las víctimas y la comunidad internacional, a fin de que las investigaciones no queden impunes, se mejoren los esquemas de protección y haya reconocimiento de los liderazgos. Para julio de 2018, la Contraloría General de la República reportó que el Estado colombiano podría estar pagando más de doscientos millones de pesos, por no proteger a líderes que están amenazados y no cuentan con un esquema de protección (Revista Semana, 2018). Como lo afirma el mismo informe de la Contraloría General de la República:
(...) son múltiples los factores que inciden en la continúa vulneración del derecho a la vida e integridad de la población amenazada, lo que exige superar el actual mecanismo de esquemas individuales para avanzar en mecanismos de prevención, control territorial y judicialización de los victimarios (Revista Semana, 2018).
Un ejemplo de lo que implica entender el fenómeno y sus costos por sectores puede ser el hecho de que, en ocasiones, uno de los intereses de estos liderazgos es que se mantengan en el tiempo prácticas asociadas a los territorios y a la cultura. Por ejemplo, los liderazgos campesinos, incluyendo a hombres y mujeres, reivindican garantías para el agro, el sustento y progreso de un sector que representa entradas económicas para el país. También se encuentran los procesos que buscan el reconocimiento social y del Estado de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas o afrodescendientes en diferentes niveles y en la formulación e implementación de planes y estrategias, lo cual se contempló en el Acuerdo de Paz como parte del enfoque étnico.
Perspectivas de las mujeres líderes frente a la respuesta institucional y medidas de autoprotección en los territorios
La institucionalidad colombiana ha hecho esfuerzos para incluir dentro de su normatividad el respeto y la garantía de los derechos de las mujeres líderes. Pese a esto, con el pasar de los años, se siguen presentado todo tipo de agresiones contra aquellas mujeres que ejercen algún tipo de liderazgo. Lo anterior lleva a preguntarse por qué estas medidas aún no logran garantizar el libre ejercicio del liderazgo social. Este interrogante, aunque planteado en un escenario en el que el actor analizado es la mujer, fácilmente aplica para los liderazgos de los hombres, dado que, en su mayoría, en materia de jurisprudencia, desarrollo normativo y otros documentos de recomendación y alertas, se parte de lo general (agresiones a líderes) a lo específico (el enfoque de género).
A partir de una revisión de la respuesta institucional, con algún tipo de mención en materia de protección y reconocimiento de los liderazgos de las mujeres, se evidenció que lo que se ha adelantado con respecto de agresiones a líderes en Colombia responde a medidas reactivas y un poco lógicas en función a lo que las instituciones encargadas deberían hacer, pero se han logrado fortalecer las medidas preventivas. Adicionalmente, aún se plantean compromisos de continuar con labores como la investigación de los crímenes, la vigilancia de las instituciones encargadas y la necesidad de garantizar la aplicación de un enfoque de género. Sin embargo, debido lo discutido anteriormente sobre las limitaciones presupuestales y de capacidades, ha sido compleja la creación de una política innovadora que realmente garantice el ejercicio del liderazgo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las reacciones por parte del Estado y las instituciones encargadas siguen estando en un escenario de centralización, lo que implica tener que cuestionar si los adelantos normativos tienen alguna incidencia a nivel local y regional.
Pese a que las políticas públicas han tenido en cuenta algún tipo de igualdad de género, su institucionalización, desde una lógica estatal, conlleva cuestionarse sobre qué tanto cambian con el paso del tiempo las concepciones, creencias o estereotipos asociados a asuntos de género, raza, sexualidad, entre otros. Es decir, hasta qué punto son efectivas las políticas públicas que no logran eliminar lógicas de poder alrededor de una dominación histórica sobre las mujeres.
En lo relacionado con la prevención del delito, desde la criminología, Marchiori (2004) resalta su importancia por el aporte de elementos que pueden ser enmarcados en las agresiones a mujeres líderes: en primer lugar, se habla de la existencia de un incremento en los daños ocasionados a las víctimas, a la sociedad y a la cultura en general. Esto se puede ver reflejado en el aumento de las cifras de agresiones a lideresas con el paso del tiempo.
En segundo lugar, está la continuidad en la impunidad frente a los delitos. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, ente encargado de la investigación judicial, desde la firma del Acuerdo de Paz, a julio de 2020, el 57 % de los casos por homicidios de líderes sociales estaba esclarecido. Pese a los avances, los esclarecimientos solo corresponden a aquellos homicidios ocurridos desde la firma del Acuerdo, pero este no es un fenómeno nuevo; por el contrario, es una amenaza que está en constante evolución precisamente por las reacciones tardías ante estos delitos.
En tercer lugar, el aumento en la vulnerabilidad de las víctimas. Aquí es preciso mencionar un problema identificado frente al modelo de protección y es que, según las entrevistas, con el paso del tiempo, parecieran haber más retrocesos que avances:
Ha sido difícil, pero, en este caminar, lo más duro es que cuando se empiezan supuestamente a cumplir los acuerdos de paz, muchas de esas defensoras perdieron las protecciones a las que tenían derecho [...] La UNP redujo visiblemente todas las ayudas de escoltas a ellas (Lideresa de víctimas, comunicación personal, 2018).
Este punto, en específico, ha sido algo en común, debido a que, desde las regiones, se coincide en que el modelo de protección ofrecido ha sido insuficiente y no las hace sentir seguras; de hecho, han llegado a preferir no solicitarlo por considerar que, incluso, podría ser un riesgo mayor para ellas. Por otro lado, aún se perciben vacíos en el reconocimiento de las agresiones de las líderes y aquellas contra sus círculos más cercanos por parte del Estado:
En mi caso, a nosotros, la Corte ordena que nos presten la seguridad; sin embargo, el Estado colombiano se niega a hacerlo y nos hacen un supuesto estudio de seguridad donde, absurdamente, no entran nuestros hijos. Que, en el caso de los hombres, digamos los senadores (los políticos en general), los de otros gremios que han estado amenazados, que son hombres, a ellos les protegen su esposa y les ponen al servicio un vehículo y les protegen sus hijos. A nosotras, no. A nosotras, nos dieron la protección solo a nosotras: las mujeres, las cabezas de familia (Lideresa de víctimas, comunicación personal, 2018).
Es por ello que las falencias en el modelo de protección, y sus vacíos en el enfoque de género, han fortalecido prácticas de autoprotección y autocuidado que usan las mujeres. Por ejemplo, están en constante contacto con aquellas redes de apoyo que ellas mismas han creado para su protección, trabajan para visibilizar la labor que realizan en los territorios y buscan posicionar sus agendas políticas a nivel colectivo y organizacional. Estas estrategias varían según la postura política de las organizaciones de mujeres; por ejemplo, hay quienes van en contra vía de la protección armada y más a favor de la construcción de paz, sosteniendo un discurso feminista, pacifista y antimilitarista: “No hay protección, la protección nos la damos nosotras por el mismo esquema, pero nosotras somos las que tenemos que ir aprendiendo cómo protegernos” (Lideresa afrodescendiente, comunicación personal, 2018).
Yo tengo una amiga que, en este momento, está amenazada y nosotros siempre la acompañamos al bus [...] Hacemos como esas rutas de ‘no coja siempre por el mismo camino’, ‘cambie esta ruta’, ‘no se vaya siempre en el mismo bus’, ‘trate de estar donde haya gente que la conozca’; es como esa ‘cartilla’ de cosas que hemos ido sacando, a raíz de, pues, tantas cosas que han sucedido (Lideresa de víctimas por desaparición forzada, comunicación personal, 2018).
En cuarto lugar, como un cuarto elemento, se identifica una carencia en la asistencia a las víctimas del delito. En este caso, los testimonios también indicaron que hay una falta de garantías en cuanto a la asistencia (por ejemplo, psicológica) para las lideresas y sus familias:
Hay un estándar y es una manera generalizada de tratar las cosas, que no a todos nos conviene. Lo que yo digo, yo no sé si yo quiera tres escoltas o quiera un teléfono o quiera simplemente que estén pendientes de mí. Prefiero que me pongan un psicólogo y me ayuden a tener fortaleza para seguir con mi lucha (Líder de víctimas por desaparición forzada, comunicación personal, 2018).
No han tenido tiempo de mirar el proyecto para que nos presten a nosotros el servicio de salud al que se acordó y al que se llegó con la sentencia por ser víctimas (Lideresa de víctimas, comunicación personal, 2018).
Respecto a esto, la Corporación Sisma Mujer10 (2016) evidenció la carencia de un modelo de atención en salud, especializado, sobre todo, en temas de violencia de género, así como las deficiencias en la atención psicológica, específicamente a las mujeres víctimas de violencia sexual.
En quinto lugar, a pesar de los avances en la investigación de los responsables de los delitos, las investigaciones sobre la criminalidad deben ir más allá del victimario, se debe ahondar en ámbitos que permitan generar un conocimiento de la problemática a nivel local. Lo anterior, teniendo en cuenta que cada lugar presenta una dinámica de conflictos sociales, políticos, territoriales y económicos diferentes.
En sexto, y último lugar, se debe hablar de la ausencia de personal especializado y experto a la hora de prevenir el crimen y hacer acompañamiento. En este punto, se trae a colación el tema de la protección, sobre todo, por parte del personal que acompaña a las líderes amenazadas. Varias de ellas también coincidieron en que la relación con los escoltas, por ejemplo, debería ser el vínculo más importante a la hora de proteger:
Siempre hay el temor. Tú paras en un semáforo y tú tienes que estar pendiente. La UNP no tiene personas especializadas en seguridad, tiene personas especializadas en que es el amigo del amigo del amigo, porque así ingresa la gran mayoría. Hay un negocio de venta de certificados. Tú puedes ser especialista en seguridad en una semana (Lideresa de víctimas, comunicación personal, 2018).
Que se sienta que, de verdad, la persona que le brinda el Estado (o sea, el escolta) que le está manejando, está con uno... A qué voy, a que uno no sabe con quién está y así pasa con muchas personas: los escoltas las asesinaron. Entonces, es como darles esa tranquilidad de que esa persona con quien están, la conozca, le conozca su vida, sepa de su familia (Lideresa de víctimas por desaparición forzada, comunicación personal, 2018).
Todos estos aspectos dejan entrever que, con el paso del tiempo, las regiones donde ocurren las agresiones sufren transformaciones y que, al mismo tiempo, se producen nuevas formas de criminalidad que hacen que los sistemas de respuesta ante un crimen sean ineficaces (como bien se aprecia con el aumento de cifras de agresiones en los últimos años). Adicionalmente, la falta continua de garantías sociales y económicas, que aún se evidencian en el país, ha generado una especie de comportamiento criminal en los territorios que facilita la actividad criminal que convierte en blanco a los líderes sociales.
Dichas transformaciones, en el tiempo, también han generado ‘zonas grises’ integradas por actos ilegales no detectados, como fue el caso del reconocimiento de la violencia sexual como una agresión contra las mujeres líderes.
Conclusiones
El desarrollo de la investigación permitió identificar elementos para entender mejor el escenario que han vivido las mujeres líderes en Colombia y las características que hay detrás de las agresiones desde la creación de la UNP en 2011. Esto facilita orientar mejor el proceso de toma decisiones y las estrategias con respecto del reconocimiento y la protección de los liderazgos sociales de las mujeres:
- Aun cuando la labor de las mujeres líderes ha logrado cuestionar los órdenes de género, no se ha podido superar los estereotipos que limitan su labor. La reivindicación histórica de derechos, por parte de los liderazgos sociales de mujeres en Colombia, ha estado acompañada de obstáculos sociales, políticos, económicos y culturales que limitan el reconocimiento que ellas requieren para alcanzar los objetivos que se plantean a la hora de liderar algún tipo de proceso. Por esta razón, el hecho de que el Estado trabaje a partir de un enfoque diferencial de género, insta a que se reconozcan los riesgos que tienen las mujeres, no solo por reivindicar algún interés (lo que de por sí ya constituye un riesgo), también por el simple hecho de ser mujeres, pues tiene que ver con la acción de salirse de sus roles tradicionales para ejercer el liderazgo social.
- Los liderazgos de mujeres viven otros tipos de violencia. Se evidenciaron crímenes que se ejercen sobre las mujeres en los cuales se pudo observar el modo en el que se reprimen los liderazgos y se obstaculizan los procesos sociales. Los rasgos simbólicos detrás de agresiones como la violencia sexual, el temor a que sus círculos más cercanos se vean afectados, el desplazamiento forzado y demás ejercicios criminales de dominación y poder dan cuenta de la realidad a la que hoy continúan estando expuestas las mujeres y a lo tardío que puede llegar a ser minimizar las agresiones por los vacíos de género en las políticas públicas que abordan la problemática de las agresiones a líderes sociales.
- La política pública en materia de liderazgo social podría generar acciones prácticas que aterricen en las prácticas institucionales el enfoque de género. A pesar de que en la última década se han hecho adelantos legislativos y reconocimientos por parte del Estado de la creciente amenaza que hoy vive el país, y del riesgo en particular al que están expuestas las mujeres, queda en evidencia que esto no ha sido suficiente para minimizar el riesgo, puesto que las agresiones no solo se han mantenido en el tiempo, sino que también han estado mostrando una tendencia al aumento. Introducir el enfoque de género en la normatividad y en las instituciones, requiere de estrategias que vayan más allá de escribir las palabras ‘enfoque de género’ en las políticas públicas. Se deben tener en cuenta elementos que garanticen la articulación de las instituciones encargadas, no solo del tema de agresiones a líderes, también de aquellas que puedan aportar desde otro punto de vista.
- Anticiparse a las agresiones también implica entender los costos sociales y económicos que estas representan. Los costos que implican las agresiones no han sido visibilizados para que poderlos prevenir tenga un peso mayor. Aun cuando estos sean difíciles de medir, se precisa su consideración para tener una mejor aproximación de lo que realmente significa perder liderazgos, procesos sociales de años y recursos que el Estado ha destinado a medidas de protección que no logran mitigar las agresiones.
- Existen diferentes elementos estratégicos a la hora de garantizar el ejercicio de liderazgo. Se deben valorar aspectos como la educación para el empoderamiento de la mujer, la salud y la economía a fin de garantizar la continuidad del ejercicio del liderazgo, pero, sobre todo, lograr que se reconozcan los liderazgos, no para escandalizarse por las cifras de agresiones (lo que también es un gran logro), sino para que haya una reacción social e institucional, sin importar las causas del homicidio. Un líder es aquel elemento que conecta a las comunidades con el Estado, el sector privado y los grupos armados ilegales aún presentes en los territorios. Por este motivo, cualquier pérdida social debe ser tenida en cuenta en función de establecer una política preventiva.
- No solo existen las medidas del Estado, también se han construido con el tiempo y el contexto prácticas e iniciativas propias de las mujeres y demás organizaciones de la sociedad civil. Como se pudo evidenciar desde la respuesta institucional, en ocasiones, las iniciativas sociales para mejorar la política pública se encuentran enfrentadas a la complejidad de estos procesos y no logran ser materializadas, causando que el proceso de debate, reconocimiento y normalización sea tardío. Así mismo, la centralización que aún se vive pone barreras a que las realidades de los territorios sean tenidas en cuenta para adoptar medidas coherentes y prácticas (en términos políticos, sociales y económicos).
Notas
3. El acercamiento al problema de investigación planteado combinó un análisis de datos cualitativos y cuanti-tativos, al igual que la revisión de literatura especializada en género y participación política, movimientos de mujeres en Colombia y liderazgos femeninos, teorías de la criminología y legislación colombiana con respeto de la protección a líderes.
4. Según la autora, en muchos casos, las mujeres siguen reivindicando al Estado la garantía de derechos básicos por encima de la participación política y su reconocimiento como actores políticos.
5. De acuerdo con Barrera, la individuación es definida como el proceso de construcción de una identidad per-sonal, caracterizado porque la persona es responsable de sí misma, tiene un proyecto de vida propia y tiene reflexiones frente a la realidad o el orden social establecido.
6. Este porcentaje corresponde al universo de 143 defensoras acompañadas por las duplas de género de la De-fensoría del Pueblo en el periodo indicado.
7. Según cifras de Colombia Diversa (2018), en 2017, fueron asesinadas 6 personas LGBT defensoras de de-rechos humanos. De ese total, 3 eran mujeres transgénero. Ese mismo año fueron amenazadas 35 personas LGBT defensoras de derechos humanos (de las cuales, 14 son mujeres trans y 2 mujeres lesbianas).
8. Institución creada en 2011 para la protección de poblaciones en situación de riesgo.
9. Tal es el caso de una líder de la subregión de la Mesa de Víctimas del Magdalena, quien ha sido amenazada en varias ocasiones y que, tras falta de respuesta del estudio de riesgo por parte de la UNP en meses anteriores, tuvo que abandonar su trabajo y vivienda por temor a que se materializaran las amenazas. Otros dos casos se presentaron en el departamento de Cauca, en 2017, cuando dos lideresas de la población LGBT tuvieron que desplazarse, por segunda vez, tras sufrir agresiones físicas y amenazas por su condición sexual y los procesos que lideran. En 2019, el Defensor del Pueblo solicitó públicamente más recursos para la UNP, explicando que la capacidad de la entidad estaba desbordada (Benavides, 2019).
10. Organización colombiana de carácter feminista que tiene como misión fortalecer procesos sociales para el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres.
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