Cómo citar este artículo: Marincovich, S. (2017). Transformación de las FARC y su convergencia con el crimen organizado Transnacional en un escenario de posacuerdo. Estudios en Seguridad y Defensa, 12(23), págs. 39-62.
SEBASTIÁN MARINCOVICH2
Recibido: 21 de diciembre de 2016
Aprobado: 28 de abril de 2017
El presente artículo de investigación se propone, sin intentar juzgar la decisión soberana del Estado colombiano de negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) un acuerdo de paz definitivo al conflicto armado interno del país, demostrar que en el período del posacuerdo se presenta como el escenario donde podrían emerger una serie de efectos no deseados que implicarían varias consecuencias en materia de seguridad y defensa, tanto en la propia República de Colombia como en el resto de los países de la región. Entre los probables efectos colaterales a mencionar de los acuerdos logrados en La Habana, se destaca el incremento y expansión del fenómeno del crimen organizado, tanto en su dimensión local como transnacional, suceso que constituye, actualmente, una de las mayores y más alarmantes preocupaciones de la Comunidad Internacional, así como una de las amenazas a la seguridad más importante a la cual deben hacer frente los Estados. Se realiza entonces un exhaustivo análisis de los panoramas que se pueden configurar en materia de seguridad, así como de sus consecuencias, todo esto destacando las múltiples y diversas variables que se abren paso en el contexto del posacuerdo, las cuales además poseen un carácter evolutivo que dificulta la posibilidad de pronosticar con exactitud los eventos ulteriores. Por último, se exponen algunas conclusiones a partir del análisis de los distintos aspectos expuestos a lo largo del texto, que permiten realizar un discernimiento que caracterice el escenario del posacuerdo entre las FARC y el Gobierno Colombiano.
Palabras clave: acuerdo de paz, crimen organizado transnacional, economías ilegales.
This research article proposes, without attempting to judge the Colombian State’s sovereign decision to negotiate with the Revolutionary Armed Forces of Colombia a definitive peace agreement to the internal armed conflict of the country, to demonstrate that in the post-war period, presents as the scenario where a series of undesirable effects could emerge that would imply several consequences in terms of security and defense, both in the Republic of Colombia itself and in the rest of the countries of the region. Among the likely side effects to be mentioned of the agreements reached in Havana, we highlight the increase and expansion of the phenomenon of organized crime, both in its local dimension and transnational, which is now one of the largest and most alarming concerns of the International Community, as well as one of the most important security threats facing States. An exhaustive analysis of the scenarios that can be configured in terms of security, as well as its consequences, is carried out, all of them highlighting the multiple and diverse variables that open the way in the post-agreement context, which also have a character evolution that makes it difficult to predict future events accurately. Finally, we present some conclusions based on the analysis of the different aspects exposed throughout the text, which allow a discernment that characterizes the scenario of post-agreement between the Revolutionary Armed Forces of Colombia and the Colombian Government.
Keywords: peace agreement, transnational organized crime, illegal economies.
O presente artigo de investigação se propõe, sem tentar julgar a decisão soberana do Estado colombiano, de negociar com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) um acordo de paz definitivo ao conflito armado interno do país, demonstrar que, no período do pós-acordo se apresenta como cenário onde poderiam emergir uma série de efeitos não desejados, que implicariam várias consequências em matéria de segurança e defesa, tanto na própria República da Colômbia, como nos países da região. Entre os prováveis efeitos colaterais a serem mencionados dos acordos logrados em a Havana se destaca o aumento e a expansão do fenômeno do crime organizado, tanto em sua dimensão local, como transnacional, o que se constitui atualmente como uma das maiores e mais alarmantes preocupações da Comunidade Internacional, bem como uma das ameaças à segurança mais importante, e à qual devem fazer frente os Estados. É realizada, então, uma exaustiva análise dos panoramas que se podem configurar em matéria de segurança, bem como suas consequências, tudo isso destacando as múltiplas e diversas variáveis que se consideram no contexto do pós-acordo, às quais, a proposito, possuem um caráter evolutivo que dificulta a possibilidade fazer prognósticos com exatidão os eventos posteriores. Por último, são expostas algumas conclusões a partir da análise dos distintos aspectos expostos ao longo do texto, que permitem realizar um discernimento que caracterize o cenário do pós-acordo entre as Farc e o governo colombiano.
Palavras-chaves: acordo de paz, crime organizado transnacional, economias ilegais.
El crimen organizado es, desde hace ya varias décadas, una prioridad en el ámbito de la seguridad internacional. Desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) se alerta, cada vez con mayor intensidad y frecuencia, la amenaza que el mismo supone tanto para la seguridad de las personas como para la estabilidad social, económica y política de las instituciones democráticas estatales.
En ese sentido, y en la medida que el proceso de paz en Colombia se desarrolla como producto de los acuerdos logrados entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), ciertos actores nacionales e internacionales de relevancia comienzan a evaluar y advertir sobre el impacto que potencialmente tendría el mismo en el ámbito nacional y regional si se produce un divorcio definitivo entre las estructuras terroristas y los ingresos criminales que las han sostenido durante los últimos cincuenta años.
Los escenarios que se proponen como potenciales, examinando los posibles actores que podrían buscar apoderarse de las economías criminales dominadas actualmente por las FARC, no son alentadores y exigen esfuerzos, tanto locales como regionales, para evitar una explosión anárquica de las economías criminales y contener la expansión del crimen organizado transnacional (McDermott, 2015).
Por su parte, los diversos acuerdos de paz que, en las últimas décadas, se han suscrito para encontrar una solución pacífica a conflictos armados de carácter interno muestran claramente que los mismos siempre traen, en forma accesoria, efectos que no fueron buscados originalmente de forma directa. Estos resultados secundarios, indirectos e imprevistos en el orden político, social y económico, han sido tanto de naturaleza positiva como negativa. Las múltiples consecuencias adversas de los procesos de paz logrados a la fecha, e incluso en los fallidos, demuestran que las etapas posteriores a los acuerdos tienen grandes costos y desafíos, algunos evidentes antes de iniciados los procesos y otros ocultos, que exigen al Estado y a todos los ciudadanos grandes esfuerzos para prevenirlos, contenerlos y enfrentarlos.
Uno de los efectos no deseados que puede traer consigo un acuerdo de paz pactado es la convergencia, en diversas formas, entre parte de las organizaciones terroristas desmovilizadas y la criminalidad organizada. Ciertos antecedentes adversos de procesos de paz anteriores, tanto en el ámbito colombiano como en la esfera regional, sirven para trazar y dar algunos indicios sobre el futuro, vinculado al crimen organizado, que se le presentaría al país y a otras nacionales de la Sudamérica y el Caribe en un escenario de posacuerdo (McDermott, 2015).
Los procesos de paz llevados a cabo en Centroamérica (Nicaragua, Guatemala y El Salvador) y los anteriores acuerdos por los que ha pasado Colombia para poner fin a los conflictos armados internos, por sólo nombrar algunos y reconociendo las diferencias de los actores involucrados, evidencian que la desmovilización de grupos terroristas puede llevar a la configuración y restructuración de nuevas amenazas para la seguridad nacional y transnacional.
La mayor amenaza potencial a la seguridad, en un contexto de posacuerdo, es la elevada posibilidad de que ciertos sectores del terrorismo se constituyan en un reservorio que alimente a las bandas armadas criminales (BACRIM), fortaleciendo sus capacidades y permitiendo su expansión a nuevas dimensiones delictivas y espacios territoriales (Garzón, Llorente, Álvarez, & Preciado, 2016).
Las estructuras organizativas, las capacidades para ejercer la violencia y los espacios territoriales bajo control de las FARC le otorgarían, ante la desmovilización de las mismas, una oportunidad única al crimen organizado. El cual bajo la figura de bandas criminales, encontraría una nueva fuente de reclutamiento y nuevos espacios para expandir sus múltiples negocios ilegales.
Este fenómeno de convergencia entre estructuras terroristas desmovilizadas y bandas criminales crearía también las condiciones para que se produzca una mayor concurrencia en el manejo del crimen organizado. Es decir, un escenario en el que cada vez existan menos organizaciones criminales, pero a su vez con mayores capacidades para delinquir y ejercer violencia (Prieto, 2012).
Pero ambos fenómenos descritos, tanto el de convergencia, como el de concurrencia, que se podrían llegar a producir en un escenario de posacuerdo, no sólo tendrían impacto en el ámbito interno colombiano sino también en el internacional, particularmente en la región Sudamericana y en el Caribe (Suárez, 2013).
Si bien, existen numerosos estudios y análisis sobre lo que representan actualmente y cómo pueden evolucionar las bandas del crimen organizado en el marco interno colombiano, no sucede lo mismo sobre qué amenaza real representa para la seguridad regional (Prieto, 2012). Aún no se ha determinado con certeza, la incidencia directa que podría llegar a tener en la región un contexto colombiano en el que, tras el acuerdo de paz con las FARC, se produzca una potenciación no deseada de las bandas criminales, las que al adquirir nuevas y mayores capacidades, puedan reproducir y proyectar sus estructuras criminales hacia el ámbito internacional (Rico, 2013).
Pese a que existe cierta información, tanto oficial como extraoficial, sobre el alcance de la presencia y acciones de las BACRIM fuera de las fronteras colombianas, son escasos los estudios que abordan la problemática que representaría una eventual convergencia entre facciones terroristas de las FARC desmovilizadas y el crimen organizado, lo que tendría el potencial necesario para causar cierta inestabilidad en el escenario de seguridad regional de América Latina y el Caribe.
Según Horacio Calderón (2014) , escritor y analista internacional, el avance del crimen organizado transnacional en la región se debe a una multiplicidad de factores, entre ellos que varios países se han convertido en, según la tipología que él define, "Estados reguladores del crimen transnacional" 3, registrando un aumento exponencial de la criminalidad doméstica que ha contaminado progresivamente las principales estructuras políticas, económicas, sociales y de seguridad del país (Calderón, 2014). Es por ello, que el creciente interés que existe en la ciudadanía colombiana y en la opinión pública regional sobre las posibles consecuencias no deseadas que podría traer aparejado el "Acuerdo de Paz" demanda que expongan los múltiples escenarios potenciales, en prospectiva, que distintos especialistas en la temática construyen y que incluyen serios riesgos y retos para la seguridad ciudadana local e internacional.
Entendiendo los procesos de paz como todos aquellos esfuerzos políticos y diplomáticos que buscan resolver los conflictos armados o aquellos que no están en una fase armada, pero sí lo estuvieron en el pasado, y que necesitan negociaciones para llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes, se puede considerar y suponer que la República de Colombia se encuentra actualmente inmersa en un proceso de estas características (Escola de Cultura de Pau, 2016).
Si bien es cierto, como se expuso al inicio, que todo intento por lograr la paz y poner fin a la lucha armada, cualquiera sea su causa y motivación, suscita amplias esperanzas, optimismo y adhesiones, no debe desconocerse que todo proceso que pretende poner término a un conflicto violento trae indefectiblemente, efectos o consecuencias no deseadas ni planificadas.
Intentar en prospectiva vislumbrar cómo quedará configurado el escenario de seguridad, tanto en Colombia como en la región tras el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC no resulta una tarea fácil. En primer lugar, porque se presentan y entran en juego múltiples y diversas variables que deben ser analizadas, estudiadas e interpretadas y en segundo lugar, porque las mismas pueden evolucionar de diversas formas, dando espacio a un futuro incierto y de muy difícil predicción.
A pesar de esas limitaciones, el empleo de la retrospectiva, como método de análisis de experiencias anteriores, y el estudio de los sucesos actuales en desarrollo, permiten especular y describir algunos posibles fenómenos que podrían emerger como consecuencia del "Acuerdo General" logrado entre el gobierno colombiano y las FARC para poner fin en forma definitiva al conflicto. Más allá que no se puede ni debe desconocerse que el "Acuerdo de Paz" alcanzado traerá consigo para el pueblo colombiano, y en menor medida para la región, un sinnúmero de consecuencias sociales, económicas y políticas positivas, algunas previsibles y otras no tanto, es interés de este trabajo sólo focalizarse en los resultados que pueden impactar en forma negativa en materia de seguridad nacional y regional.
En ese sentido, se debe considerar, ante todo, que otros procesos de paz, tanto en Colombia como en la región, independientemente de haber sido exitosos o no, han tenido serios impactos negativos sobre el ámbito de la seguridad interna y han exportado o facilitado la expansión de problemas de inseguridad hacia otros lugares no vinculados directamente en el conflicto. Si bien, Colombia posee su propia experiencia, ya que desde 1982 ha pasado por seis procesos de paz negociados, no deben pasarse por alto otros procesos regionales que, en contextos similares, han reproducido patrones que muestran que la violencia política, muchas veces se recicla en criminalidad organizada (Grasa, 2016).
Los procesos de paz que concluyeron en respectivos acuerdos para poner fin a prolongados conflictos armados de orden interno en las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Nicaragua en los años noventa perseguían, en líneas generales, los mismos propósitos, es decir, establecer un proyecto estatal viable que permitiera dejar atrás las causas motivadoras y posibilitadoras de la violencia política así como crear condiciones que llevarán a una saludable convivencia entre las partes y la población en el período del posconflicto (Fisas, 2016). Sin embargo, a casi tres décadas de iniciados esos procesos de paz, se visualiza un contexto totalmente distinto al planteado en los esperanzadores momentos en que se intentaba acordar una salida negociada entre los actores enfrentados y que empleaban la violencia como método político.
Lejos de ingresar en un período de paz y prosperidad, estos Estados han alcanzado unos niveles de violencia criminal, tanto común como organizada, que los ubica en la actualidad, entre los países con más altos índices de homicidios del mundo. Según Camilo Davia Garzón, este tipo de criminalidad es determinada por las características de lo que él denomina "violencia posconflicto", un desafío crucial que deben encarar las sociedades que terminan los períodos de conflicto en el contexto de unos Estados aún en reconstrucción en donde es difícil el acceso a niveles dignos de vida, a oportunidades económicas y a la participación social (Devia, Ortega, & Magallanes, 2014).
Un análisis profundo de los procesos de paz en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, avalados y respaldados por sus respectivos "Acuerdos de Paz", evidencian que los mismos no lograron poner fin definitivamente a la violencia y crear escenarios completos de estabilidad, seguridad y progreso (Salgado, 2012).
Si bien es cierto que las insurgencias abandonaron la confrontación armada y en parte se desmovilizaron, la violencia no se extinguió, por el contrario, se produjo una mutación que dio lugar a la aparición de nuevas dinámicas y estructuras que han llevado a considerar a la región como una de las más violentas del mundo (Miguel, González, Romano, & Sisti, 1998).
Hoy, los generadores de violencia en Centroamérica ya no son grupos armados insurgentes que intentan la toma del poder o el cambio del sistema imperante, sino complejas bandas y redes criminales que se han servido de las estructuras que el proceso de paz dejó disponible y de un escenario de posconflicto caracterizado por diferentes formas de exclusión política, social y económica que facilita e incita a las más diversas y lucrativas actividades ilícitas (Devia, Ortega, & Magallanes, 2014).
En todos estos casos, no debe desconocerse que, en última instancia, el surgimiento de organizaciones criminales, carteles y pandillas no son necesariamente producto directo de los procesos y acuerdos de paz que se llevaron a cabo. Por el contrario, son manifestaciones o fenómenos no deseados de los vacíos de esos procesos y de Estados que no lograron convertirse en adecuados instrumentos de articulación social, ni asumir el monopolio real de la fuerza, sumados a una clara ineficiencia de los órganos de justicia y seguridad que se implementaron (Devia, Ortega, & Magallanes, 2014).
En el mismo sentido, no son pocos los analistas políticos que entienden o creen que el rasgo distintivo de la historia política colombiana es desde sus inicios, la "violencia", y los hechos de casi cien años de conflictos internos armados así parecieran demostrarlo. Pero considerar, como de hecho muchos autores lo hacen, que la causante esencial de ella es la naturaleza violenta de la sociedad colombiana sería un error o reduccionismo, ya que sería adjudicar el origen y responsabilidad de un complejo fenómeno social a ella misma y brindar una facilista y simplificada explicación del por qué tras tantos años de violencia y de intentos por detenerla, la misma ha perdurado adquiriendo una dinámica de constante transformación y mutación (Civico, Ortíz , Echeverri y otros, 2009).
No es propósito de este trabajo, y tampoco sería factible por lo extenso y complejo del tema, intentar analizar en profundidad los orígenes, motivaciones y fuentes que desencadenaron los distintos conflictos y las formas en que ellos prosperaron y evolucionaron, sólo se procura demostrar que, detrás de cada intento pacificador, cualesquiera hayan sido los actores en pugna e intereses involucrados, existe un patrón común, una especie de proceso transversal que ha atravesado a cada confrontación armada y que pervive a cada tentativa por poner fin a la violencia. Al enfocarse y centrar el estudio en la forma en que los conflictos han evolucionado, se advierte que, en la búsqueda por poner fin a la violencia, cada iniciativa emprendida por el Estado, sólo ha conseguido crear ciertas condiciones que posibilitaron una conversión o mutación en la naturaleza de la misma, más no eliminarla ni disminuirla en intensidad.
De esta manera, cada tentativa gubernamental por obtener la paz en forma negociada ha dado lugar y creado las condiciones para que se produzca una imprevista transmutación y metamorfosis de la violencia política hacia otras formas. Es decir, que como un flujo incontrolable, el ejercicio de la misma no tiende a disiparse, sino por el contrario, busca otros espacios donde penetrar y desarrollarse y se coloca al servicio de nuevos intereses a los cuales servir.
Bajo esta lógica, si se observan detenidamente los casos más paradigmáticos de negociaciones de paz emprendidos desde los años 80, como son "El Diálogo Nacional M-19, EPL, la ADO (1984)", "Los Procesos de Paz, M-19, EPL, PRT y Quintín Lame (1989-1991)", "Diálogos de Tlaxcala y Caracas (1990-1991)", "El Proceso de Paz CRS (1994) y "El Acuerdo de Puerta del Cielo (1998)", así como también los "Acuerdos de la Uribe (1984)", "Negociaciones de Paz del Caguán (1998-2002)" o el "Proceso de desmovilización de paramilitares (2003-2006)", se puede percibir que, cíclicamente, se produce un claro fenómeno de mutación y transvase de la violencia política hacia otros ámbitos sociales, especialmente el criminal.
Todos esos intentos muestran, independientemente de sus resultados, que durante o en el período inmediatamente posterior a las tratativas para obtener una salida negociada al conflicto se ha repetido el mismo fenómeno no deseado ni esperado cuando se iniciaron las conversaciones; el reciclado, reconversión, fragmentación y reinserción de los integrantes y estructuras del grupo armado ilegal que entabla negociaciones para dar como resultado el surgimiento de una nueva organización criminal. La migración de parte de los miembros de las organizaciones que negocian a grupos menores ya existentes o la formación de sus propias redes criminales suelen transformarse en el nuevo actor armado ilegal, que se constituye en una nueva amenaza a la existencia del Estado, en un conflicto armado interno que, en su conjunto, ya suma más de cincuenta años de duración.
Las experiencias tanto regionales como locales, permiten inferir que, indefectiblemente, y a pesar de los enormes esfuerzos que desarrollan gobiernos y otras organizaciones no gubernamentales, todo proceso de paz dispone consigo una serie de efectos que pueden calificarse de adversos o no deseados. Entre ellos se destaca la transformación, evolución o traspasamiento de la violencia hacia otros ámbitos o permaneciendo en el mismo potencializada y, al mismo tiempo, la reconfiguración, reconversión o fortalecimiento de los actores armados ilegales y los intereses que persiguen involucrados en el proceso (Alvarez, 2015).
Este fenómeno, que se reitera en forma constante y que ha caracterizado a todo proceso de paz emprendido en los últimos 30 años en Colombia y en la región, se debe a múltiples factores propios del contexto social, económico y político en el cual se llevaron a cabo las negociaciones. Sin embargo, se sostiene que el principal generador de este resultado no buscado es la incursión de los grupos armados ilegales en la criminalidad organizada como fuente de financiamiento y sostenimiento de sus estructuras y actividades (Loaiza, 2012).
Esto último se apoya en la tesis de Enso Nussio, según la cual existirían en Colombia lo que él denomina "perturbadores de la paz (spoilers)", que no son más que líderes, partidos o grupos que creen que la paz emergente de negociaciones amenazará sus intereses y utilizan la violencia para socavar los esfuerzos por alcanzarla. Los spoilers constituirían también un factor determinante para no lograr la resolución de los conflictos en forma definitiva y provocaría que antiguos grupos armados se rearmaran; creando nuevas estructuras o fortaleciendo las ya existentes que nunca se desmovilizaron (Nussio, 2009).
Por otro lado, Nussio considera que la amenaza de spoilers se incrementa ante la presencia de los llamados "spoils", que son recursos naturales altamente rentables ante un esquema de comercialización ilegal, como podrían ser los diamantes, el oro, la madera o la misma coca, entre otros. La existencia y explotación ilegal de este tipo de productos en el conflicto colombiano ha sido una de las características más importantes que han dificultado el logro de resolución de los conflictos, ya que constituyen una fuente de enriquecimiento que hacen que la paz no sea sustentable en lugares donde no se han podido interrumpir los flujos de ingresos por la explotación de estos recursos de alto valor (Nussio, 2009).
Para determinar cuáles podrían ser los posibles impactos negativos sobre la seguridad y defensa, tanto para Colombia como para la región, del "Acuerdo de Paz" logrado entre las FARC y el Gobierno, resulta necesario, ante todo, describir y exponer el contexto y circunstancias en el que éste tiene lugar.
Desde el punto de vista organizacional, las FARC pueden ser entendidas, hasta la firma del "Acuerdo de Paz", como un grupo armado ilegal con una línea de mando bien definida y una estructura compleja que ha evolucionado a lo largo de los años para adaptarse a los desafíos que el Estado colombiano le ha planteado en el marco del prolongado conflicto interno (InSight Crime, 2016). La jerarquía en teoría vertical, pero que en la realidad dista de serlo, las propias características geográficas, el tamaño de Colombia y la clandestinidad, han hecho casi imposible para el comando central, denominado "Secretariado", ejercer un adecuado y eficiente control sobre toda la estructura organizacional (McDermott, 2013). La cual está dividida principalmente en frentes y algunas unidades de "fuerzas especiales" que se las emplea según necesidad (InSight Crime, 2016).
A esta estructura "formal", se le suma la amplia y extendida red de apoyo que brinda el sostén logístico y ejecuta además bombardeos, transporte, secuestro, tráfico de armas, almacenamiento de alimentos, etc. y además dirige a los grupos de milicias en las ciudades (McDermott, 2013). El limitado control que puede ejercer el secretariado se traduce en que los frentes y redes de apoyo disponen de cierto grado de autonomía, no en lo político ni en lo militar, pero sí en el ámbito de financiamiento lo que hace de ellos potenciales organizaciones criminales de alto riesgo. (McDermott, 2014).
Según algunos analistas, se puede considerar que las FARC han sido derrotadas estratégicamente y seriamente debilitadas en su aparato y capacidad militar; de hecho, su objetivo político inicial de imponer por medio de la violencia un régimen socialista no es más que una utopía. La eliminación de sus antiguos líderes, sólidamente comprometidos política e ideológicamente, la fragilidad de su sistema de mando y control y el fraccionamiento de unidades en grupos muy reducidos impacta en los niveles de disciplina, lo que aumenta el riesgo de fragmentación, desintegración y atomización de la organización y su posterior consagración y entrega a la criminalidad organizada (McDermott, 2014).
Además, se debe considerar que, como toda organización insurgente o terrorista, las FARC han tenido a lo largo de su existencia ciertas divisiones internas, las cuales se han visto potencializadas en los momentos críticos como organización guerrillera (Alvarez, 2015). La línea de fractura interna que más ha persistido en el tiempo, y que ha ocasionado mayores tensiones, ha sido históricamente el enfrentamiento entre la base campesina rural y la guerrilla urbana más intelectual (InSight Crime, 2016). Actualmente, la alta dirigencia de la organización es dominada por la corriente o tendencia urbana, eso se visualiza, claramente, en la composición del secretariado, donde la casi totalidad de sus integrantes poseen cierto nivel de preparación y educación y provienen de ámbitos más vinculados a las grandes ciudades que al sector rural (EFE, 2016).
A todo lo anterior se debe agregar el hecho que, desde que se produjo la ocupación y desactivación de la Zona de Distensión (ZD) en el año 2002, la organización no ha podido establecer campamentos estables y centralizados, lo que ha dificultado seriamente la preparación militar y la formación política e ideológica de los nuevos integrantes incorporados a las filas, cuestión que también explicaría los elevados niveles de deserción que ha sufrido en los últimos tiempos (McDermott, 2015). Ahora bien, las máximas autoridades de las FARC lo han negado sistemáticamente, la organización dispondría y administraría tres fuentes principales de ingresos: el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. En esta última, habría incrementado paulatinamente su participación en los últimos años, especialmente en el mercado del oro y coltán (Garzón, Llorente, Álvarez, & Preciado, 2016).
A estas fuentes ilegales, se deberían añadir otros negocios lícitos que se presupone que la alta conducción de la organización ha promovido en los últimos años para lavar activos provenientes de sus fuentes de financiamiento principales y que estarían enfocados a la adquisición de bienes inmuebles e inversión en empresas que se encuentran radicadas dentro de su área de influencia (Garzón, Llorente, Álvarez, & Preciado, 2016).
Los recursos ilícitos en juego son de tal magnitud que los convierten en altamente atractivos para organizaciones criminales ya existentes u otras que puedan crearse con el fin de apoderarse de los negocios ilegales ante el abandono del escenario por parte de las FARC como organización armada (Centro de Análisis Político, 2016). Uno de los mayores retos y exigencias para la paz definitiva es lograr distanciar a las FARC, como organización, de las economías criminales que controla y la de separar y distanciar a los mandos medios e integrantes de baja jerarquía de los enormes flujos de recursos ilegales que han monopolizado hasta la fecha (Centro de Análisis Político, 2016).
Todo esto, debe darse en un marco que asegure y garantice que los negocios ilegales que actualmente controla la organización no se transfieran a otros actores criminales que, con otros intereses, provocarían no sólo una alteración en la forma y metodologías delictuales, sino que podrían trasformar y reciclar la violencia que se busca erradicar con los acuerdos que se adelantan (Grasa, 2016). Entre los actores armados ilegales, con amplios intereses y posibilidades de recibir parte de la herencia criminal de las FARC, se encuentran las "Bandas Criminales" (BACRIM), denominación genérica que, a los fines de este trabajo, agrupa a las múltiples y distintas organizaciones, estructuras y expresiones criminales existentes en la actualidad colombiana (Pérez & Montoya Cely, 2013).
El fenómeno de concurrencia y de cooperación criminal que se ha propagado entre bandas criminales, también se habría expandido hacia las estructuras y organizaciones armadas insurgentes, lo que explicaría los cada vez menos frecuentes enfrentamientos entre las estructuras de las FARC y facciones locales del crimen organizado (de la Corte Ibáñez, 2015). Bajo esta óptica, los actores involucrados en actividades ilegales privilegian la obtención de las ganancias y la extracción de rentas antes que el uso indiscriminado de la violencia, el enfrentamiento o la confrontación. Es decir, se habría pasado de una estrategia delictiva de competencia a una de cooperación entre actores (Rivera, 2013).
En el mismo sentido, las organizaciones al margen de la ley, al igual que en territorio colombiano han basado su expansión internacional en el establecimiento de alianzas, estructuras en red y una clara división del trabajo criminal, mediante mecanismos de cooperación, con nuevas zonas, nuevos productos y mejores márgenes de utilidad (Font, 2013).
Toda sociedad frente a un conflicto armado, interno o externo, desea o ansía alcanzar la paz, poner término a la violencia y sus terribles consecuencias. Pero ésta, negociada o impuesta, siempre trae con sí, como la historia lo demuestra, exigencias, beneficios, nuevos desafíos y, ciertamente también perjuicios que, en la mayoría de los casos, la sociedad los acepta como costos a pagar para obtenerla.
Entre los retos que la sociedad colombiana deberá enfrentar en el escenario de posacuerdo se encuentran fundamentalmente, la necesidad de desarticular y desmontar las economías criminales y la gestión de la violencia sin intencionalidad política directa, la ya existente y la que derive de los reacomodos que se pueden llegar a producir en el proceso de abandono del enfrentamiento armado por parte de las FARC (Granada, Restrepo, & Tobón García, 2009).
Existe cierta coincidencia entre analistas y especialista vinculados a la temática, lo que es fácil de constatar en la producción bibliográfica, sobre las posibles dinámicas delictivas que pueden emerger como consecuencia directa del abandono real de las FARC de sus estructuras, prácticas e ingresos criminales que las han sostenido durante los últimos cincuenta años (McDermott, 2013). Incluso si el proceso en desarrollo llega a buen término, existe un alto riesgo de que algunos elementos de las FARC se nieguen a abandonar las prácticas terroristas o que simplemente se criminalicen y conserven para sí parte de las estructuras criminales que conducen, financiaban y sostenían el enfrentamiento armado contra el Estado. En efecto, y como sostiene Jeremy McDermott, sería casi inevitable que algunos integrantes y ciertos elementos insurgentes se criminalicen (McDermott, 2015).
Por su parte, ciertos estudios e informes como, por ejemplo, uno recientemente publicado por la Fundación Ideas para la Paz, sostienen que en período del posacuerdo se configurará y emergerá un nuevo y renovado orden ilegal, que sustituirá al actual con múltiples economías ilícitas que se enquistaran en el territorio colombiano y buscará expandirse por la región (Garzón, Llorente, Álvarez, & Preciado, 2016). Conforme a la observación y evolución de los principales actores armados, con importante participación en el crimen organizado colombiano, se destacan particularmente cuatro potenciales efectos adversos y dinámicas que pueden esperarse o preverse en relación con las economías y estructuras criminales dominadas actualmente por las FARC si se produce una fragmentación y la posible criminalización de los elementos de la organización (Tarazona, 2014).
El primer efecto no deseado podría ser que elementos de las actuales FARC desobedezcan al secretariado y continúen actuando como grupo pseudo-insurgente en búsqueda de defender sus propias posiciones al considerar que el acuerdo suscrito no responda a sus intereses. Como segundo efecto adverso, se podría dar una total criminalización de parte de la actual estructura para transformarse en una banda criminal emergente que abandone sus objetivos políticos y se enfoque exclusivamente en actividades ilícitas, ya no como fuente de sostenimiento de la insurgencia armada, sino con el propósito de obtener lucro económico.
Como tercer resultado no esperado, podría producirse una convergencia entre parte de la organización y las BACRIM, las que intentarían absorber a determinados elementos de las FARC en desacuerdo con las negociaciones que se llevan a cabo, especialmente integrarían este grupo los que poseen estrecha vinculación con los negocios ilícitos, para que formen parte de la red criminal desplegada en el ámbito local e internacional. Por último, podría ocurrir que ciertas organizaciones criminales extranjeras financien y brinden apoyo a elementos y estructuras disidentes para expandirse y controlar las actividades criminales en las cuales las FARC tienen cierta participación y sean abandonadas como resultado de las negociaciones.
Es de destacar que todos estos efectos adversos que se consideran que podrían emerger, no deben ser entendidos como los únicos, tampoco como excluyentes unos de otros. Más bien se les juzga como de ocurrencia múltiple y concurrente, pudiendo acontecer todos a la vez con prevalencia de unos sobre otros. Cabe señalar que, estos escenarios hipotéticos, como consecuencias directas de ciertos efectos colaterales no deseados del "Acuerdo de Paz", han sido construidos, esencialmente, sobre la base de diseños sugeridos por el Centro de Investigación de Crimen Organizado "InSight Crime". Fundación dedicada al estudio del crimen organizado, al que se considera como la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe (InSight Crime, 2016).
Sobre la base de estos probables escenarios adversos, se pueden identificar dos elementos transversales y comunes a todos los procesos planteados: el primero, sería un fenómeno de transferencia o mutación de la violencia desplegada por las FARC con fines político hacia ámbitos y estructuras al servicio de intereses y objetivos ilegales, y el segundo componente, es la expansión, potenciación y consolidación de las economías criminales y actividades ilícitas, con su consecuente incremento y fortalecimiento de las organizaciones criminales armadas (McDermott, 2015). Es por ello que, aunque se diera el supuesto caso de que sobresaliera únicamente uno de los escenarios o procesos planeados, los resultados adversos, que sin duda deben esperarse como más probable, son los de un incremento considerable del crimen organizado con elevados niveles de violencia, tanto en el ámbito nacional como en el transnacional (Jiménez, 2015).
Esto respondería a múltiples circunstancias, pero cabe destacar como posibilitadores principales del fenómeno ciertas circunstancias particularmente importantes. Por un lado, la comprobación empírica que todo proceso de paz, sea exitoso o no, ante un conflicto armado interno de extensa duración, tiende a no neutralizar la violencia que busca erradicar, sino, por el contrario, transformarla de una naturaleza política a una criminal. A esa dimensión, se debe agregar que, en conflictos armados internos que se desarrollan en ámbitos con consolidadas economías criminales que sostienen y financian a los grupos enfrentados, las actividades ilícitas y las estructuras que las soportan se convierten, en el período de posconflicto, en un bien o recurso clave que diversos actores al margen de la ley pretenden apoderarse o apropiarse.
Esto desata violentas disputas y enfrentamientos por heredar negocios altamente lucrativos que, al ser abandonados por alguna parte involucrada en las negociaciones de paz, deben ser reconfigurados para establecer un nuevo y renovado orden ilegal. Las autoridades colombianas son conscientes de la existencia de estos cuatro probables escenarios adversos en el período del posacuerdo, en los cuales, lamentablemente, la mayoría de los especialistas coinciden, como también de la posibilidad cierta de que más de uno de ellos se materialice en forma paralela (Alvarez, 2015).
Un contexto, en el cual, las BACRIM, los carteles mexicanos y las propias estructuras disidentes de las FARC se disputen, operando activa y simultáneamente en Colombia, los lucrativos beneficios que genera el crimen organizado, resulta una razón para que la Policía Nacional (PNC) y las Fuerza Militares (FFMM) estén expectante por el período del posacuerdo (Alvarez, 2015). El propio Estado colombiano ha reconocido, a través de su actual Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que de llegar a alcanzarse algún acuerdo de paz para terminar con el conflicto armado con las FARC y, eventualmente, también con el (Ejército de Liberación Nacional) ELN la mayor amenaza a la seguridad será el crimen organizado (Colprensa, 2016). Según sus propias palabras afirmó que:
El crimen organizado es una gran amenaza, ha mutado a pequeñas organizaciones súper especializadas que son subcontratadas por carteles medianos. Pero, no es el mismo crimen organizado que puso en jaque al Gobierno en los años 90, o que puso en jaque al Estado al principio de este siglo (Colprensa, 2016)
Además, sostuvo y aseguró que el creciente fenómeno, "No es paramilitarismo. Es puro y simple crimen organizado. Por más que se empeñen algunos en llamarlo paramilitarismo. Hoy simplemente son bandidos organizados que quieren lucrarse por medio del delito" (Colprensa, 2016). Por todo ello, se puede afirmar que, indefectiblemente, el "Acuerdo de Paz" traerá implícito, como efecto adverso, un auge del crimen organizado, tanto en su dimensión local como transnacional, lo que constituirá una renovada amenaza a la seguridad y defensa nacional.
Existe una tendencia, in crescendo, de incorporar debates en la agenda de seguridad internacional sobre temas que se podrían considerar, en general, alejados del modelo y enfoque westfaliano. Entre los muchos nuevos fenómenos que tienden a colarse en el ámbito de las discusiones referidas a la seguridad y la defensa se encuentra el proceso que permite una confluencia o concurrencia de diferentes actores no estatales ilegales, con intereses criminales diversos, que terminan conformando una real amenaza para los Estados que ven erosionadas su soberanía y desafiadas sus capacidades de control territorial.
En la perspectiva de algunos analistas especializados, el aumento poblacional y las nuevas prácticas y dinámicas que, desde la finalización de la Guerra Fría, se han puesto en marcha en el sistema internacional como son: el aumento del comercio transnacional, la flexibilización o eliminación de ciertas normas aduaneras, el desarrollo del ciberespacio, el incremento de los flujos migratorios y la transnacionalización de la producción, entre otros, han ocasionado o traído con él una serie de efectos colaterales no deseados (Bartolomé, 2015). Entre las muchas consecuencias, no previstas o negativas, que se destacan del proceso globalizante en el que se encuentra inmerso el sistema internacional, se halla el surgimiento y fortalecimiento de actores no estatales que se dedican a actividades criminales y se infiltran en las cadenas de suministro transnacionales legales que conectan los diferentes mercados mundiales (Bartolomé, 2015).
Este fenómeno, denominado por Nils Gilman, Jesse Goldhammer y Steven Weber "globalización desviada" (Gilman, Goldhammer, & Weber, 2011), en tanto una manifestación de la criminalidad estructurada bajo una lógica globalizada, se ha transformado en una importante y relevante amenaza a las tradicionales instituciones del Estado moderno debido a su capacidad de corrosión de la legitimidad intrínseca que este posee. Si se sostiene, o se cree posible, que el escenario más probable en el período de posacuerdo, en cuanto a efectos y consecuencias no deseadas, estará caracterizado por la configuración de un nuevo orden delincuencial, esto dará como resultado un incremento del crimen organizado en su dimensión transnacional.
Todo ello se sustenta en que los vacíos de poder que generaría el "Acuerdo de Paz", especialmente en territorios donde la presencia de las FARC confluye con la de otros actores armados, serían ocupados por nuevas organizaciones criminales que buscarán expandir y consolidar, con diferentes grados de control, las múltiples actividades ilícitas que se encuentran enquistadas en el escenario colombiano hacia el ámbito internacional.
En cuanto al crimen organizado transnacional, resulta evidente que no es un fenómeno nuevo, sin embargo, será a partir de fines del siglo XX donde la dimensión internacional del crimen comenzará a tener un mayor impacto sobre la seguridad y defensa de los Estados. Debido al proceso, en todos los órdenes sociales, de globalización que se produjo tras la caída del Muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y el fin de la bipolaridad como orden mundial imperante en el sistema internacional.
El factor desencadenante principal fue la liberación de la actividad económica a nivel global, proceso también facilitado por las mejoras en el transporte que propició que bienes, servicios y personas pudieran traspasar las fronteras nacionales con mayor facilidad. Adicionalmente, que los contactos e intercambios entre países se incrementaran exponencialmente desafiando los modelos de control establecidos por los Estados para un paradigma de relaciones totalmente diferente (Rivera, 2013). El segundo factor de cambio en la naturaleza del crimen transnacional lo constituyó el aumento da la inmigración, tanto legal como ilegal, a lo que se debe agregar un tercer factor, que son los grandes avances en materia tecnológica de las comunicaciones que transformaron a las fronteras en límites fácilmente permeables y hasta irrelevantes para impedir o controlar los flujos entre los Estados (Rivera, 2013).
A esas dinámicas propias del fin del modelo bipolar y de la explosión en los avances tecnológicos que han influido decisivamente en la amplificación del problema del crimen organizado a escala mundial, se le debe agregar la evolución, adaptación y transformación de las propias organizaciones criminales. Las cuales han significado un cambio en sus estructuras orgánicas y una multiplicación efectiva de su poder para desafiar a las institucionalidad del Estado (Resa, 2014). Este nuevo modelo de crimen organizado transnacional presenta tres diferencias fundamentales con fases anteriores: operatividad a escala mundial, conexiones transnacionales extensivas, una amplia diversidad de negocios ilícitos y, sobre todo, la capacidad de retar a autoridades nacionales e internacionales (Resa, 2014).
En el contexto actual, como nunca antes, el tema del crimen organizado, sus manifestaciones y sus consecuencias han entrado de manera preponderante en la agenda pública regional. Este importante avance de la temática en la opinión pública se debe a una multiplicidad de factores. Sin embargo, lo que ha activado las alarmas y la preocupación ha sido, fundamentalmente, el incremento del delito y sus efectos sobre amplias capas de la sociedad y la percepción generalizada de que la criminalidad ha contaminado progresivamente las principales estructuras políticas, económicas, sociales y de seguridad de los Estados.
El cuadro de situación actual de la seguridad en la región está fuertemente determinado por la irrupción y desarrollo de delitos altamente complejos, entre los que se destacan el tráfico de alcaloides y de personas, el lavado de dinero y la clarificación de activos de origen criminal, la importación, distribución y venta de mercadería falsificada, la extorsión, los crímenes por encargo y el crimen cibernético (Velásquez, 2010). En este sentido, la región en general, y ciertos países en particular, ofrecen a la delincuencia organizada cinco atractivos decisivos que facilitan e incitan la expansión del crimen en su dimensión trasnacional: un elevado grado de corrupción estatal e institucional, una justicia lenta y poco independiente, enormes facilidades para el lavado de dinero producto de los delitos, un mercado ilegal en claro crecimiento y, lo más importante, la ausencia de grandes organizaciones criminales con capacidad para controlar, coordinar y monopolizar las economías ilegales en diferentes países al mismo tiempo (Finckenauer, 2010).
En relación con lo anterior, y a medida que el proceso de paz en Colombia avanza, algunos analistas y especialistas de relevancia han comenzado a evaluar y advertir el impacto potencial que tendría para la región si se produce como efecto adverso un incremento y expansión del crimen organizado colombiano y su dimensión trasnacional. Los escenarios que se exploraron y expusieron como potenciales, no resultan alentadores para la seguridad y defensa de los países de la región, ya que estos podrían incrementar los serios problemas de inseguridad que actualmente se padecen relacionados con el crimen común y organizado local, provocando una expansión anárquica de las economías criminales que ya funcionan y se encuentran asentadas en los diferentes países.
Las palabras "paz", "acuerdo" y "reconciliación" despiertan, naturalmente, las mejores intenciones y motivan las más nobles acciones de los seres humanos. Aun así, los hombres que ejercen las más altas responsabilidades en la conducción de los destinos de una nación deben, frente al reto que supone poner fin a la violencia, ser extremadamente cautelosos, prudentes y conscientes que todo fin de un conflicto trae inmerso efectos que no siempre son los deseados o esperados. Y que de no conseguirse los objetivos anhelados por parte de los actores involucrados, siembran los orígenes de nuevos enfrentamientos.
Los Estados de la región, consecuentes con las premisas anteriores, deben considerar, sin negar el firme apoyo al proceso de paz emprendido y deseando que se alcance las metas que se ha impuesto el Gobierno colombiano, la posibilidad que ciertos efectos no deseados, como puede ser un incremento del crimen organizado transnacional, impacten sobre sus territorios y sus ciudadanos. Por último y a modo de síntesis, parece conveniente exponer las principales conclusiones, teniendo en cuenta los distintos aspectos que se expusieron y analizaron en los diferentes apartados. Estos permiten anticiparse a fenómenos emergentes no deseados en el escenario de posacuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano.
Primera: la experiencia empírica demuestra, a partir de los ejemplos mencionados, tanto de la región como de la propia historia colombiana, que toda negociación para poner fin a un conflicto armado interno mediante acuerdos de paz negociados, sean exitosos o no, representan un sinnúmero de consecuencias de orden político, económico y social no previstos o buscados originalmente por las partes negociadoras. Estos efectos o resultados colaterales o no deseados que se originan en los procesos políticos de paz pueden ser positivos o adversos y de distinta magnitud y tendrán un impacto variable en el escenario que se generará en el período del posconflicto o posacuerdo.
Segunda: Entre los múltiples efectos adversos no deseados y que tienen un alto impacto en los escenarios de posacuerdo se destaca el proceso o fenómeno de transformación o reconfiguración de la violencia que motivó la búsqueda de un acuerdo, la cual puede mutar hacia otras formas de ejercerla por los mismos actores implicados en las negociaciones o un traspasamiento la misma hacia otros actores no vinculados directamente en el conflicto. Los acontecimientos muestran que en reiteradas ocasiones la violencia con fines políticos, evoluciona hacia una con propósitos criminales en búsqueda de maximizar el lucro de variadas actividades ilegales ya existentes en el escenario de conflicto. Lo que indicaría, como en la física y haciendo un paralelismo con la energía, que en reiteradas oportunidades que se busca neutralizarla mediante acuerdos negociados lo único que se logra es que se transforme.
Lo que puede cambiar son los actores, los intereses o fines, los métodos o formas de ejercerla, la intensidad y alcance o los ámbitos en los que se la aplica, pero la violencia, siguiendo formas similares a las leyes de la "energía", una vez que se desata y se vuelve una práctica generalizada y organizada posee una extraordinaria capacidad de adaptación que hace muy difícil erradicarla de la sociedad que la padece. Como ha quedado de manifiesto en los casos analizados, las organizaciones armadas con fines políticos luego de prolongados y dilatados periodos de negociaciones, hayan o no arribado a un acuerdo de paz duradero, han sufrido una transformación que en ciertos casos las potenció para continuar la lucha contra el Estado y en otros ocasionó una fragmentación o migración de parte de sus estructuras hacia el crimen organizado.
Tercera: las organizaciones armadas al margen de la ley con fines políticos que entran en negociaciones con el Estado para poner fin a un conflicto; disponen de estructuras, medios, capacidades y espacios territoriales donde ejercen el control y cierto grado de soberanía. Todos estos activos, en caso de ser abandonados, rápidamente generan acciones de otros grupos ilegales por adueñarse de ese capital para sus propios fines. En el caso del actual acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, los escenarios que se proyectan en relación con la seguridad no son auspiciosos ni alentadores. A pesar de las múltiples y variadas consecuencias que los expertos y analistas avizoran sobre lo que sucederá con las estructuras y negocios ilícitos que controla actualmente la organización, existe un amplio consenso, incluso en los representantes del Estado, que se producirá un incremento del crimen organizado y un aumento y consolidación de las ya existentes economías ilegales en el país.
Son muchos los actores que se consideran potenciales herederos de las estructuras y negocios ilícitos de las FARC, incluso hasta una parte disidente de la propia organización; sin embargo, e independientemente de ello, el fenómeno transversal que debe esperarse es un proceso de reacomodamiento y expansión de las economías criminales, con nuevos acuerdos entre distintas organizaciones al margen de la ley que generarán un incremento de los cultivos de coca, un aumento de la minería ilegal y otras actividades ilícitas.
Cuarta: el crimen organizado y las estructuras criminales que lo articulan y le dan sustento, gracias a su gran capacidad de adaptación y adecuación al contexto y circunstancias que se les presentan, han mutado y adoptado una organización en forma de red que, a semejanza del terrorismo, resulta muy eficiente para incrementar las ganancias ilegales y expandirse a múltiples ámbitos casi sin impedimentos del Estado.
Este modelo, que se ve claramente representado en las actuales bandas criminales colombianas, personifica una seria amenaza para el Estado, no porque intente remplazarlo, sino por la pérdida de legitimidad frente a los ciudadanos que genera su incapacidad para hacerle frente.
Quinta: el crimen organizado, en su dimensión local o transnacional, se espera que se convierta en la mayor amenaza o reto a la seguridad y defensa nacional de la República de Colombia. La capacidad y eficiencia del Estado y de la Fuerza Pública para contenerlo o neutralizarlo no sólo tendrán serias consecuencias para el país y su población, sino también para la región, fundamentalmente, para aquellos países que reúnen las condiciones necesarias y posibilitadoras para que el fenómeno se expanda en búsqueda de nuevos, mayores y mejores espacios para desarrollarse y obtener beneficios económicos ilícitos superiores.
Sexta: los diferentes Estados de la región, aceptando los heterogéneos matices que los caracterizan, se encuentran con serios problemas para enfrentar al crimen organizado, tanto en su dimensión local como transnacional y poseen, al mismo tiempo, ciertas ventajas comparativas para que el fenómeno busque expandirse sobre sus territorios. Ambos fenómenos, es decir las "posibilidades" o condiciones favorables que ofrecen ciertos países de la región como zona propicia para la expansión y consolidación del crimen organizado transnacional, y la "necesidad" de nuevos espacios y mercados que demandarían las nuevas bandas criminales surgidas de un posacuerdo, de converger generan un alto riesgo y amenaza a la seguridad regional.
Séptima: la complejidad en la lucha contra el crimen organizado internacional que se le presenta a la región radica en el paradigma estatal y sus conceptos de fronteras y soberanía territorial. Este modelo, fortalezca para ciertos aspectos que hacen a la existencia del Estado-nación, resulta una formidable debilidad frente a la globalidad que ha adquirido el crimen organizado.
Álvarez, C. (15 de Diciembre de 2015). ¿Y después de las Farc en Colombia, qué?. Recuperado de Diario El Tiempo: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-y-despues-de-las-farc-en-colombia-que/16459106
Bartolomé, M. C. (2015). Convergencia. Redes ilícitas y seguridad nacional en la era de la globalización. Revista Política y Estrategia (126), 175-180.
Calderón, H. (2014). Narcotráfico en el pasado y el presente argentino. Defensa y Seguridad (76).
Centro de Análisis Político, Universidad EAFIT. (2016). La situación del narcotráfico en Colombia ad portas del posacuerdo. Universidad EAFIT, Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas. Medellín: Pregón S.A.S.
Cívico, A., Ortiz, R. D., Echeverri, D. A., Pardo, R., González, E., Ciurlizza, J., y otros. (2009). Conflicto armado e iniciativas de paz en Colombia. Woodrow Wilson International Center for Scholars. Bogotá, D.C.: Fundación Ideas para la Paz.
Colprensa, E. (12 de Abril de 2016). "La amenaza más grande del posconflicto es el crimen organizado": Ministerio de Defensa. Obtenido de Diario el País: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/amenaza-grande-posconflicto-crimen-organizado-mindefensa.
De la Corte Ibáñez, L. (2015). ¿Por qué crecen los vínculos entre terrorismo y crimen? Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública (50), 6-26.
Devia Garzón, C. A., Ortega Avellaneda, D. A., & Magallanes Montoya, M. J. (2014). Violencia luego de la paz: Escenarios de posconflicto en Centroamérica. Revista Republicana (17), 119-148.
EFE, A. d. (30 de Marzo de 2016). Las diferencias entre las FARC y ELN. Obtenido de Diario El Comercio: http://www.elcomercio.com/actualidad/colombia-guerri-llas-farc-eln.html
Escola de Cultura de Pau, UAB. (2016). Alerta 2016! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Bellaterra, España: Icaria.
Finckenauer, J. O. (2010). Mafia y crimen organizado: Todo lo que interesa saber. Madrid: Ediciones Península.
Fisas, V. (2016). Anuario de procesos de paz 2016. Bellaterra (España): Icaria.
Font, C. B. (8 de Agosto de 2013). Los desafíos del crimen organizado transnacional. Recuperado el 17 de Abril de 2016, de Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales: http://www.cari.org.ar/recursos/cronicas/crimen8-08-13.html
Garzón, J. C., Llorente, M. V., Álvarez Vanegas, E., & Preciado, A. (2016). Economías criminales en clave de postconflicto. Bogotá, D.C.: Fundación Ideas para la Paz.
Gilman, N., Goldhammer, J., & Weber, S. (2011). Deviant Globalization. Black Market Economy in the 21st Century. Londres: A&C Black.
Granada, S., Restrepo, J. A., & Tobón García, A. (2009). Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado colombiano. En J. A. Restrepo, & D. Aponte, Guerra y violencias en Colombia. Herramientas e interpretaciones. (págs. 467-499). Bogotá, D.C.: Pontificia Universidad Javeriana.
Grasa, R. (Abril de 2016). Los retos de la gestión de la violencia directa en el posacuerdo. Obtenido de Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) - Seguridad: www.fes-seguridadregio-nal.org
InSight Crime. (2016). Perfil de las FARC-EP. Obtenido de InSight Crime: http://es.insi-ghtcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia/farc-perfil
Jiménez Serrano, J. (2015). Crimen organizado: Una aproximación al fenómeno. (U. d.-E. General, Ed.) Gaceta internacional de ciencias forenses (14), 8.
Loaiza, A. G. (2012). Negociaciones de paz en Colombia, 1982-2009. Un estado del arte. Estudios Políticos (40), 175-200.
McDermott, J. (Mayo de 2015). ¿Cómo se verá el panorama criminal tras un acuerdo de paz con las Farc? Recuperado el 16 de Abril de 2016, de Digital Library of the Friedrich Ebert Foundation: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/11651.pdf
McDermott, J. (Septiembre de 2014). El rostro cambiante del crimen organizado colombiano. Obtenido de Programa de Cooperación en Seguridad Regional Frie-drich-Ebert-Stiftung: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/11053.pdf
McDermott, J. (Mayo de 2013). Las FARC, el Proceso de Paz y la Posible Criminalización de la Guerrilla. Obtenido de InSightCrime: es.insightcrime.org/investigaciones/farc-paz-y-posible-criminalizacion
Miguel, J., González, L. A., Romano, L. E., & Sisti, E. (1998). La Violencia en El Salvador en los años Noventa. Magnitud, costos y factores posibilitadores. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Red de Centros de Investigación. San Salvador: Instituto Universitario de Opinión Pública. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Nussio, E. (2009). ¿Reincidir o no? Pensamiento Jurídico (26), 213-235.
Pérez, B., & Montoya Cely, C. (16 de Diciembre de 2013). Las BACRIM después de 2013: ¿pronóstico reservado? Obtenido de Fundación Paz y Reconciliación: www.parescom.co/wp-content/uploads/2013/12/Informe-2013-Bacrim1.pdf.
Prieto, C. A. (2012). Bandas criminales en Colombia: ¿amenaza a la seguridad regional? Opera (12), 181-204.
Resa Nestares, C. (2014). Crimen organizado transnacional: definición, causas y consecuencias. Obtenido de Universidad Autúnoma de Madrid: https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/text11.html
Rico, D. M. (2013). Las Dimensiones Internacionales del Crimen Organizado en Colombia: Las Bacrim, sus Rutas y Refugios. Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Rivera Clavería, J. (Enero de 2013). El Crimen Orgenizado. Obtenido de Universidad Galileo - Instituto de Estudios en Seguridad: http://www.galileo.edu/ies/files/2011/04/EL_CRIMEN_ORGANIZADO-IES.pdf
Salgado, M. (2012). Factores clave para entender la violencia en El Salvador. En C. L. (CLACSO), El prisma de las seguridades en América Latina. Escenarios regionales y locales (págs. 81-94). Buenos Aires: CLACSO.
Suárez Vanegas, J. (2013). BACRIM - Bandas Criminales. Obtenido de Observatorio de D.I.H. SV. Francisco Aldemar Franco Zamora: www.observatoriodih.org/_pdf/bacrim.pdf
Tarazona Herrera, J. (18 de Diciembre de 2014). Desafíos de las Fuerzas Militares colombianas ante un eventual escenario de posconflicto. (U. M. Granada, Ed.) Obtenido de Repositorio Institucional UMNG: http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/13477
Velásquez Monroy, C. A. (2010). Crimen organizado: orden divergente y vecindarios urbanos vulnerables. EURE-Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales , 36 (108), 49-74 .
1 Artículo de reflexión vinculado al proyecto de investigación "Escenarios y Desafíos de la Seguridad Multidimensional en Colombia en el contexto nacional, regional y hemisférico en el Decenio 2015 - 2025", del grupo de investigación "Centro de Gravedad" de la Escuela Superior de Guerra.
2 Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Colombia. Docente Invitado del Ejército de Argentina en la Escuela Superior de Guerra, Colombia. Realizó el curso de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra, Colombia. Estudió en el Colegio Militar de la Nación, oficial instructor del curso de tercer Año de infantería y Escuela de Suboficiales del Ejército. Estado Mayor del Cuerpo de Aspirantes.
3 Estado que no sólo procura evitar el combate integral contra el crimen organizado, sino que poco o nada hace, por múltiples razones, para contener y detener sus más ominosas consecuencias.