Artículo
Estudios en Seguridad y Defensa, 12(23), págs. 81-96.
ANA E. QUINTANA JIMÉNEZ2
2 Doctora en Turismo de la Universidad Antonio de Nebrija, España. Licenciada en Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, Luis Vives CEU, España. Directora del Área de Derecho de la Universidad Antonio de Nebrija, España. Directora del Máster en Acceso a la abogacía de la Universidad Antonio de Nebrija, España. Docente e Investigadora de la Universidad Antonio de Nebrija, España.
Recibido: 26 de enero de 2017
Aprobado: 25 de mayo de 2017
La cuestión de garantizar la seguridad puede entenderse como sinónimo de desarrollo en sentido amplio (personal, económico, social, medioambiental...), gracias a esta característica, se presenta la oportunidad de realizar una aproximación del estado de gobernabilidad de la misma en su doble dimensión interna y externa que siempre resulta pertinente. De lo anterior, se verá que se descubre la necesidad de realizar una acercamiento teórico que permita poner en relación los conceptos de seguridad y gobernanza, esto como una forma alternativa de gobernar dentro del contexto globalizador al que asistimos hoy en día, así como también teniendo en cuenta el rol emergente de actores no estatales en la construcción global de la misma. Surge entonces la idea de una gobernanza global de la seguridad en el siglo XXI, la cual responde a la necesidad de hacer una inclusión en el escenario internacional de actores no estatales en la coproducción de la misma, y por otro lado del reconocimiento de un mayor protagonismo del papel que ejercen también los actores locales en la construcción global. El presente artículo investigativo en su propósito hace una relación entre la seguridad y la gobernanza, no deja de lado el estado del arte existente alrededor de dichos conceptos, para así ofrece una visión extensiva de la interdependencia existente entre los mismos, de igual forma se permite reconocer los factores que han posibilitado los cambios que han dado paso a este nuevo paradigma, para también examinar los nuevos retos que propone esta nueva forma de gobernar.
Palabras clave: globalización, gobernanza, gobierno, gobernabilidad, seguridad.
The question of ensuring security can be understood as synonymous with development in a broad sense (personal, economic, social, environmental...), thanks to this feature, presents the opportunity to make an approximation of the state of governance of the same in its dual dimension internal and external that is always relevant. From the above, it will be seen that the need to carry out a theoretical approach that allows to put in relation the concepts of security and governance, this as an alternative way of governing within the globalizing context that we attend today, as well as having into account the emerging role of non-state actors in the overall construction of the same. The idea of global security governance in the 21st century arises, which responds to the need to include in the international scenario of non-state actors in the co-production of the same, and on the other hand the recognition of a greater role of local actors in global construction. The present article in its purpose to make a relation between security and governance, does not leave aside the existing state of art around these concepts, thus offers an extensive view of the interdependence between them, just as it is allowed Recognize the factors that have made possible the changes that have given way to this new paradigm, to also examine the new challenges proposed by this new way of governing.
Keywords: Globalization, Governance, Security, Government, Governability.
A questão de garantir a segurança pode ser entendida como um sinônimo de desenvolvimento, tanto no sentido amplo como no sentido pessoal, económico, social e ambiental. Graças a essa situação, apresenta-se a oportunidade de realizar-se uma aproximação ao Estado de governabilidade da segurança em sua dupla dimensão, interna e externa, que sempre se mostra pertinente. Neste contexto, percebe-se que há a necessidade de se realizar uma aproximação teórica, que permita relacionar os conceitos de segurança e governança, como uma forma alternativa de governar dentro do contexto globalizado que assistimos hoje em dia, considerando também o papel emergente dos atores não estatais na construção global da mesma. Surge então a ideia de uma governança global e da segurança no século XXI, que responde à necessidade de se fazer uma inclusão do cenário internacional e de atores não estatais na coprodução da mesma e, por outro lado, também o reconhecimento de um maior protagonismo do papel que exercem também os atores locais na construção global. O presente artigo investigativo tem como propósito relacionar a segurança com a governança, sem desprezar o estado da arte existente ao redor destes conceitos, com o fim de oferecer uma visão extensiva da interdependência existente entre os mesmos, bem como reconhecer os fatores que possibilitaram as mudanças que ocorrem neste novo paradigma, para também examinar os novos desafios que propõe essa nova forma de governar.
Palavras-chaves: globalização, governança, governo, governabilidade, segurança.
Dado el uso generalizado del término globalización en nuestro lenguaje diario, es habitual relacionarlo con el plano económico, si bien, se utiliza de igual forma para referirse a aspectos sociales, culturales y tecnológicos de alcance planetario, de ahí que sea necesario revisar el estado del arte acerca del concepto. Así, algunos autores entienden que la globalización es solo una de las dimensiones de entre muchas cosas fundamentales que están sucediendo en el mundo en la actualidad (Friedman, 2006), lo que es una palabra que define nuestro tiempo y la forma en que vivimos, nos ofrece una visión extensiva y del sentido vasto que la detalla, en buena medida gracias a la capacidad de trasmisión favorecida por la tecnología y la liberalización de los intercambios de bienes, servicios y capitales (De la Dehesa & Krugman, 2007).
Los factores que han producido los cambios que han dado lugar a este nuevo paradigma han tenido dos dimensiones diferentes, una extensiva (cuantitativa) y otra de cambio estructural (cualitativa). La primera de ellas como transformación de las fuerzas productivas y los modos de vida resultantes, alteraron las condiciones de desenvolvimiento de la economía, la sociedad, la cultura, la geopolítica mundial y la completa unificación del mercado mundial (Dabat, 2000).
Este argumento de la globalización se ha acelerado por la caída de las barreras comerciales, la expansión del libre comercio y la armonización del comercio en la era electrónica (Paliwoda, 2009). La reducción de la burocracia relacionada con el comercio internacional y el aumento de la velocidad y forma en que las comunicaciones transmiten los cambios a cualquier parte del mundo.
Aunque en efecto, se produzcan toda esta serie de circunstancias, existen autores que opinan que conceptualmente se reconoce el hecho que la globalización es un proceso complejo y a largo plazo (De Lombaerde & Iapadre, 2012). Todo esto hace de la globalización un proceso incompleto y asimétrico (Romero & Vera-Colina, 2012, p.49). Cabe destacar que, el efecto interdependencia es el rasgo que más identifica la globalización, y también es comprensible que aquellos autores que creen que todavía se encuentra en una fase embrionaria y además asimétrica responden a que los Estados, sus comunidades, y su grado de desarrollo, social, económico y político es muy dispar. Así, todo parece indicar que sí existe interconexión, aunque asimetría también, prueba de ello serán los resultados de la encuesta global “Mi Mundo” desarrollada por la ONU para un mundo mejor, con el fin de elaborar una agenda global del desarrollo post 2015.3
Existe la percepción que el Estado es cada vez más inoperante en lo global y cada vez menos representativo en lo nacional, para ilustrar esta evolución (Castells, 1999), en donde los principales procesos de transformación contemporánea de la sociedad y el Estado que encontramos son:
[...] la democratización política, redimensionamiento del tamaño y los alcances del gobierno, la liberación de los mercados, la globalización económica y telecomunicativa, el crecimiento de la independencia y la autonomía social, la individualización de los estilos de vida, la formación de estados supranacionales, el establecimiento de redes civiles o ciudadanas transfronterizas y mundiales, el aumento de la influencia de los organismos internacionales. (Aguilar, 2010, p. 210)
En definitiva, el Estado “ya no es esa sociedad perfecta”, pues no se basta a sí mismo para garantizar la seguridad, el bienestar, la justicia, la conservación del medio ambiente, etc. de ahí que necesite delegar para poder hacer frente a un ambiente global complejo (Salgado, 2005). De hecho, la integración y la irrupción en la esfera internacional de actores no estatales, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, empresas transnacionales, han adquirido mayor protagonismo político y económico en el mundo contemporáneo (Sandel, 1996).
En este mundo interdependiente, la soberanía de iure y la de facto como idea y como praxis, sigue siendo una fuerza poderosa y competente, especialmente respecto a la capacidad del Estado para ejercer su poder coercitivo (Kaplan, 1994). Las restricciones provenientes del sistema internacional y de las tendencias a la transnacionalización y a la globalización no significan hasta ahora el total debilitamiento o la condena a la extinción del Estado-nación ni de su soberanía y autonomía de ejercicio.
La definición más reciente de gobernanza proviene del diccionario de la lengua española, que define el término como el ‘‘arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía’’ (Real Academia Española, s.f), sin embargo, esta conceptualización se ve desbordada por el dinamismo de las interacciones entre actores institucionales y no institucionales, así como por la calidad de las redes que desarrollan políticas públicas. Un buen ejemplo de intento por asir la gobernanza, desde una perspectiva conceptual ya ha sido desarrollado por Naciones Unidas en su documento elaborado por el Comité de Expertos en Administración Pública de la ONU sobre el compendio de terminología básica de gobernanza y administración pública (Romero & Farinós, 2011).
En suma, la gobernanza es una particular manera de gobernar, que se caracteriza por la interdependencia entre actores, los cuales se coordinan y negocian con la intención de lograr los objetivos propuestos, en un contexto que ha pasado del mando y control tradicional al de coordinación. De esto surge el cuestionamiento sobre cuál es la parte que corresponde a la gobernabilidad y a la gobernanza en la construcción de una situación de seguridad ciudadana (Armando & Martín, 2007). Queda claro que, abordar la gobernabilidad de la seguridad no se refiere al conjunto de acciones que de manera clásica se tratan cuando se hace referencia a la seguridad ciudadana (acciones de prevención y de coerción). Esta nueva modalidad de gobernar, crea de modo implícito la necesidad inequívoca de establecer relaciones, y así entender las necesidades, plantear soluciones colectivas, buscar el consenso, etc.
La naturaleza multidimensional de la seguridad y la pluralidad de contextos sobre los que actúa (económica, física, medioambiental, sanitaria, alimentaria, etc.), dificulta la elaboración de una única definición. Si acudimos a la Real Academia Española de la Lengua (RAE), tratando de observar su contenido, esta describe e indica la cualidad de la seguridad, pero no obtenemos explicación acerca de quién se considera beneficiario de la misma, de ahí que recurramos a otra definición más extensa para obtener más información de modo que:
la seguridad se juega no sólo la vida de la persona individual, sino igualmente la de la sociedad, de la ciudad y el desarrollo personal y social de cada individuo o grupo de una sociedad. La seguridad también es un derecho, tanto de los individuos, como de las comunidades, para alcanzar una calidad de vida acorde a la dignidad de ciudadanos (Ruiz, & Vanderschueren, 2007, pp. 11-12)
Así deducimos que la cualidad principal de seguridad es garantizar la libertad del hombre, para que a posteriori, y dentro de un orden democrático, el individuo pueda desarrollar sus capacidades dentro de un orden de paz y tranquilidad.
La inseguridad ciudadana es un fenómeno multicausal y multifacético. Intervienen múltiples actores en el problema y se requiere, en la lógica contemporánea de una seguridad transversal, numerosas interacciones entre actores públicos, privados y sociales. De ahí la importancia de definir bien la problemática y de resaltar las conflictividades y los nudos principales en la toma de decisiones. Obviamente, tratándose de una construcción social, es esperable que cada actor desarrolle una percepción muy diferente del problema (Velásquez, 2006, p. 13)
Si bien, la seguridad se ha definido como un sentimiento de protección frente a carencias y peligros externos que afecten negativamente la calidad de vida; en tanto y en cuanto se hace referencia a un sentimiento, los criterios para determinar los grados de seguridad pecarán de tener algún grado de subjetividad. En general, el término suele utilizarse para hacer referencia al conjunto de medidas y políticas públicas implementadas para guarecer a la población del sufrimiento de delitos, en especial de aquellos que pongan en riesgo la integridad física. De igual modo, el concepto puede ser ampliado tomando en consideración la seguridad nacional y defensa de la nación, a través de las Fuerzas Armadas o el uso de la fuerza para controlar a los ciudadanos de un Estado, implicando en ello a los servidores públicos de la seguridad, las fuerzas de seguridad y los ejércitos (Brooks, 2010).
En esta línea argumental, dentro del sistema hobbesiano, “la esencia de la seguridad se encuentra en la mutua relación entre protección y obediencia y en ella se encuentra la esencia del pacto social y la esencia del poder político” (Arbeláez-Herrera, 2009, p. 34). Por su parte, Emmanuel Kant, se apropia de la seguridad y se la atribuye al Estado como competencia para garantizar a sus ciudadanos los derechos que les son inalienables, ideas compartidas con Hobbes. No obstante, Kant crea además la idea de crear lazos entre Estados como medio para lograr un orden no sólo interno, sino además de carácter internacional, donde se demuestra que la seguridad tiene gran importancia en nuestra calidad de vida, en el desarrollo económico y social en la sociedad de hoy, y de la libertad misma, sin condiciones de seguridad no queda garantizado el ejercicio de las libertades públicas ni las individuales (Hobbes, 1940).
La gobernanza como hemos observado, puede ser aplicada en diferentes contextos, y al ser objeto central de estudio la seguridad se ha ligado ambos conceptos, aunque como se ha venido afirmando son términos relativamente polémicos en su significado. Al no existir una pacífica interpretación en el desarrollo teórico de ambos por su carácter multidimensional, difícil conceptualización y aplicación, y en buena medida por ser ejercidos en muchos ámbitos y con actores heterogéneos.
La gobernanza de la seguridad implica a diferentes actores en el espacio de interacción de los mismos, y es en este proceso que, al compartir normas, valores e identidad, entre un grupo de Estados, hay menos probabilidad de la guerra o la violencia mutua, y posteriormente se abre el camino hacia una comunidad de seguridad (Kirchner, 2006). Esta comunidad está centrada en el Estado, más que en la orientación de gobernanza de la seguridad, se extiende a un actor de múltiples niveles estatales, no estatales, públicos y privados, y en donde actualmente preocupan a las grandes potencias, la actividad de grupos armados que representan intereses políticos, religiosos o culturales, armas de destrucción masiva y terroristas internacionales.
De la misma forma, se ha mencionado que la gobernanza de la seguridad es como un gobierno en red, de redes interorganizacionales y auto-organizadas, integradas por actores públicos y privados como gobierno relacional. Y ante un escenario de riesgos dispersos dentro de esa red, se exige establecer un rol a los encargados de garantizar la seguridad dentro de la misma. Incluso la propia sociedad ha abierto un nuevo espacio político donde articular estrategias para afrontar los desafíos del gobierno urbano, debates sobre delincuencia e inseguridad, para que pasen de ser tratados desde el ámbito público al privado (Virta, 2002).
La formulación de políticas públicas caracterizada por la cooperación entre diferentes actores interdependientes, es un campo dominado por una serie vasta de redes e instituciones entrelazadas que transcienden la clásica división público/ privada y que generan mezclas híbridas compuestas por una pluralidad de agencias, profesiones y líderes de la sociedad civil (De Maillard, 2005). La seguridad no puede ser sólo asunto de la policía, el sentimiento de inseguridad no depende sólo en la entrega de servicios por estos actores, sino también de otros factores: cohesión social, conocimiento cívico, calidad urbana de vida, etc.
Estos factores son en parte el resultado de la actividad de ayuntamientos y de iniciativas que vienen de la sociedad en sí misma. Es por eso que es necesario organizar una sociedad activa y permanente con todo quien, en el nivel local, es capaz de contribuir a la seguridad, sobre todo los alcaldes y más ampliamente la ciudadanía.
En cuanto al ámbito internacional, más allá de las fronteras de los Estados donde la amplitud de la autoridad gubernamental se encuentra mermada por los límites que le impone el principio de territorialidad y el ejercicio de soberanía, parece intuir que una situación de anarquía domina la esfera internacional. Sin embargo, Webber afirma que existe “un mínimo orden que sustenta la vida global”, él mismo, cita a Bob Jessop introduciendo el concepto de heterarquía, la cual supone la existencia de múltiples centros de poder y multiplicidad de acciones combinadas y coordinadas adoptadas en respuesta a los desafíos cada vez más complejos de gobernar en un mundo globalizado.
Entiende Webber et. al. (Webber, Croft, Howorth, Terriff, & Krahmann, 2004), que la gobernanza de la seguridad se compone de cinco características: a) Heterarquía, redes interconectadas; b) La interacción de un gran número de actores, tanto públicos como privados; c) Institucionalización tanto de carácter formal como informal; d) Las relaciones entre los actores caracterizados por sus ideales estructurados por normas e interpretaciones, además de regulaciones formales; e) El propósito colectivo, los intereses comunes.
Así, para entender la gobernanza de la seguridad, habría que diferenciar entre estructura y proceso. Como estructura hay que admitir la existencia de la multiplicidad de instituciones relacionadas, y como proceso, la necesidad de una regulación en los procesos de coordinación, al objeto de adecuarlos para lograr una resolución eficiente de los objetivos acordados por los diferentes actores en acción. Al mismo tiempo, los órganos responsables que formulan, aplican y supervisan la política de seguridad con el fin de garantizar el bienestar y la seguridad de los individuos de modo aislado y en sociedad, deben garantizar su gobernabilidad a través del buen gobierno
Actualmente la gobernabilidad como hemos justificado, no depende únicamente de la actuación del gobierno, sino de la interacción que se da entre este y los nuevos actores que se presentan en la escena estatal. Partiendo de este contexto, es necesario ahora determinar hasta qué punto la seguridad influye en la gobernabilidad. Para ello es preciso mencionar cuáles son los factores relacionados con el tema de seguridad que disminuyen la confianza en el gobierno (Garay-Maldonado, 2015, p. 311).
La percepción de inseguridad se da por la interacción entre varios factores relacionados con las actividades de los delincuentes, el trabajo de los cuerpos de seguridad, las políticas públicas en la materia y la distribución de los recursos por parte de las autoridades para atacar este problema. Ahora bien, la comisión de hechos delictivos no es ajena a la aplicación de esquemas económicos inviables o al surgimiento de movimientos sociales violentos o armados; tampoco a la falta de aplicación de la ley que provoca impunidad y genera tensiones; a que la delincuencia común y organizada haya rebasado en algunos casos la capacidad de respuesta del Estado (Bauman, 2003).
Es por estos motivos que se considera que la inseguridad pública y la violencia generan un cierto grado de ingobernabilidad y esta, a su vez, con protesta civil o sin ella, propicia condiciones adecuadas para el fenómeno de actividades delictivas o, como ya se ha dicho, para estigmatizar a ciertos grupos de la población que al verse excluidos, se colocan en una situación más propicia para ser víctimas de la delincuencia, que bien puede atacarlos o ver en ellos una rica veta de elementos, a los cuales orillan a través de la violencia u otros tipos de coacción, e incluso obligándolos a formar parte de grupos criminales; esto indica la existencia de una relación bidireccional entre los altos índices de delincuencia y la ingobernabilidad .
Como se ha venido reiterando, para conseguir gobernabilidad se precisa de gobernanza dado que los gobiernos tienen mermadas sus capacidades para hacer frente a los desafíos que van surgiendo en un mundo en constante cambio, un buen ejemplo son las crisis de legitimidad generadas en la ciudadanía al poner en entredicho si el Estado es capaz de garantizar la seguridad. Esta situación forja la necesidad de un cambio, el cual se produce desde una transición de gobierno a gobernanza para afrontar los nuevos retos sociales provocados por la emergente era de la información, así como de la interdependencia mundial entre mercados, sociedades y culturas.
Cuestión distinta, es si en el conjunto del sistema internacional y de las redes que lo conforma necesitan de un órgano/s supranacional que moderen/pongan orden en dichas interacciones, de alguna u otra forma y dejando al margen ciertos Estados que han estado y ejercen una especial vigilancia más allá de sus fronteras. Se han creado organizaciones internacionales que ejercen presión sobre los Estados y por ende de los distintos líderes de la red, y que como se ha dicho, a medida que adquieren mayor protagonismo erosionan la soberanía de los Estados (Callejas, 2014).
Asumiendo por tanto que el gobierno no es el único actor que debe operar en la nueva dinámica social necesaria para lograr aumentar los índices de seguridad, es imprescindible, como se ha mencionado, concebir mecanismos de negociación y cooperación entre los diversos actores públicos y privados para reducir la conflictividad, y, con ello, la violencia (Garay-Maldonado, 2015,). Para lograrlo, es fundamental conseguir una mayor participación ciudadana, pues se ha demostrado que, la política de seguridad en buena medida operará en función tanto de la configuración social y cultural del espacio en el que desee aplicarse, como de la relación que tenga con la ciudadanía. Una relación en la que esta aparezca como un ente pasivo, es decir, como simple usuaria o cliente de servicios públicos, entre ellos, por supuesto, los servicios de protección, y que reclamará en buena medida seguridad represiva o de exclusión social.
La seguridad como ámbito discrecional del Estado, y la tradicional tríada policía-justicia-sistema penitenciario, ha comenzado a abrir paso a nuevas formas de intervención de nuevos actores en la lucha contra el delito y en la construcción de la seguridad ciudadana. Se hace necesario abordar la cuestión de la seguridad desde una perspectiva más horizontal y a través de la incorporación de nuevos mecanismos de negociación e interacción entre los actores tradicionales de la seguridad y los nuevos actores (públicos, privados y sociales). Podría plantearse que, en contravía al tradicional esquema vertical y discrecional, se viene abriendo paso un esquema transversal de la política pública de seguridad ciudadana. Se podría hablar hoy de la seguridad transversal, por ello, una visión de la seguridad ciudadana es necesaria desde la perspectiva de la gobernabilidad y la gobernanza (Armando & Martín, 2007).
Una relación entre gobernabilidad y seguridad aparece como necesaria. Autores como Krahmann (2003) y Fuentes & Fuentes (2006), se han ocupado de los aspectos globales de la gobernabilidad y la seguridad, principalmente en una perspectiva internacional e incluyendo aspectos más tradicionales de la defensa y la seguridad nacional.
Esta dinámica también puede aplicarse en un sentido inverso, si se considera que los gobiernos autoritarios y represivos favorecen la pasividad ciudadana para obtener el control autoritario del espacio público, pues los miedos demasiado explícitos o las demandas de orden muy urgentes hacen desaparecer las libertades. Además, una ciudadanía socialmente activa reclama una seguridad construida de manera compartida entre los distintos actores y sectores que la componen, lo que se torna indispensable dada la situación global (Pascual-Esteve, 2010, p. 38), donde la gobernabilidad en el ámbito de las relaciones internacionales se ha focalizado en la construcción de sistemas de reglas para resolver problemas entre Estados sin contar con la autoridad de un Estado.
El fortalecimiento de las instituciones, y de las fuerzas y cuerpos de seguridad y ejércitos, así como el reforzamiento del sistema de procuración e impartición de justicia, la adecuación del marco jurídico a los nuevos escenarios que se han creado en esta materia, la búsqueda de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, así como el combate a conductas que debilitan el Estado de derecho, como la corrupción y la impunidad, son también algunos de los ingredientes necesarios para avanzar en materia de seguridad.
La naturaleza multidimensional de la globalización y la pluralidad de contextos sobre los que recae su marco teórico, complica la descripción y concreción del repertorio de factores que se producen como consecuencia de los distintos ámbitos relacionados en este artículo, si bien, resultó oportuno ponerla en relación con el binomio Estado-sociedad, figuras preponderantes en el mundo de hoy, convino ilustrar el cambio sufrido del modelo de Estado-nación, el cual se encuentra en fase de transformación profunda para adaptarse a un modelo más horizontal y moldeable.
Este hecho provoca que la estructura mono céntrica de poder de los Estados nacionales rivales vaya sustituyéndose por un reparto de poder poli céntrico que hace que un gran número de actores transnacionales y nacionales-estatales compitan o cooperen entre sí. De este hecho, subyacen dos factores claves para entender esta necesaria conversión, el primero de ellos ha sido la “caída del muro de Berlín” en 1989, principal acontecimiento que ha marcado un punto de inflexión en la evolución sociopolítica del Estado posmoderno, provocando a su vez la transformación geopolítica originada durante la Guerra Fría, que dio paso al comienzo del fin del mundo bipolar y al inicio de un mundo multipolar para favorecer la consolidación de grandes bloques económicos en el marco de una economía globalizada (Perales, 2008).
El segundo factor clave ocurre dos años después, el anuncio público de la World Wide Web, conocida popularmente como Internet, provoca una revolución informática que puede explicar los cambios esenciales de su evolución y grado de desarrollo. Así, el mapa político actual es difícil de describir y analizar, dado que es reflejo de tendencias e impulsos complejos y contradictorios entrelazados. De nuevo “es la unidad de fuerzas centrífugas y centrípetas, que en su accionar profundizan los nexos de interdependencia entre las economías y los países, sin que desaparezcan las desigualdades a escala global ni las particularidades de cada nación” (Romero, 2011), y son precisamente estas desigualdades y diversidad de Estados independientes el principal inconveniente para una mayor interrelación y cooperación, aún a pesar de una mayor integración económica internacional, y la mencionada coordinación.
Empero, y ante la falta de regulación internacional que permita solucionar los problemas de aplicación estatal, provocada por los propios límites que le impone el principio de legalidad al que se encuentran sometidos los sistemas penales tradicionales, derivados la concepción clásica de soberanía de Estado-nación, se generan crisis de legitimidad institucional ante la falta de acción estatal por hechos de esta relevancia, y de la que se hacen eco los medios de comunicación.
Por consiguiente, conviene decir que los acontecimientos mencionados, y su incidencia sobre los Estados posmodernos, replantean la ya mencionada necesidad de apoyo y coordinación de actores, así como reforzar su función de liderazgo y dirección, y la armonización de las fuerzas internas para impedir el surgimiento de conflictos que amenacen su pacífica convivencia, a la vez que se afirman en el poder de influencia exterior. Todo esto para establecer reglas y alianzas que permitan mantener la viabilidad del propio Estado en su interacción con los demás, así como garantizar un equilibrio entre todos ellos. De hecho, los cambios sociopolíticos acaecidos durante el transcurso del Estado moderno y posmoderno, se han caracterizado por ser rápidos y profundos, además de constantes (Buelvas, 2005).
Así, pues, en el marco de nuevas entidades espaciales y territoriales, surgen otras formas de poder y de ejercicio de poder donde organizaciones tales como el Consejo Europa (CE), Naciones Unidas (UN), tribunales internacionales, organismos intergubernamentales, organismos no gubernamentales, etc., se han convertido en actores imprescindibles en la gestión de lo público, formando parte de la nueva forma de gobernar, la gobernanza.
1 Artículo de reflexión producto de investigación del Máster en Acceso a la abogacía de la Universidad Antonio de Nebrija, España.
3 Organizaciones de Naciones Unidas (2015). Tomo la palabra. En la que se elabora una lista de los aspectos más importantes para la población, los cuales dando su opinión sobre: a) una alimentación adecuada y a un precio accesible; b) mejor atención médica; c) Igualdad entre hombres y mujeres; d) Libertades políticas; e) Una buena educación; f) Medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar; g) Acceso a energía fiable en los hogares; h) Acceso a agua potable y saneamiento; i) Medidas para combatir el cambio climático; j) acceso a la telefonía e internet; k) Protección de bosques, ríos y océanos; l)protección contra la discriminación y la persecución; m) protección contra el crimen y la violencia; n) mejores carreteras y servicios de transporte; o) Un gobierno honesto y receptivo; p) Mejores oportunidades de trabajo.
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