Artículo

Seguridad y Defensa, 15(29), 95-127.

https://doi.org/10.25062/1900-8325.245

Dinámicas territoriales de seguridad en La Guajira, Amazonas y Vichada (2017-2020) ¹

Territorial security dynamics in La Guajira, the Amazonas and Vichada 2017-2020

Dinâmica da segurança territorial em La Guajira, Amazônia e Vichada 2017-2020

MARÍA ALEJANDRA SANTOS BARÓN ²

Fuerza Aérea Colombiana

² Magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG). Politóloga de la Universidad del Rosario. Investigadora del grupo de investigación Análisis en Contexto. Se desempeña como asesora e investigadora de la Sección Estratégica de Análisis, Contexto y Posconflicto de la Fuerza Aérea Colombiana. Contacto: alesantos91@gmail.com

Fecha de recepción: 21 de enero de 2020

Fecha de aceptación: 1 de abril de 2020

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Resumen

Actualmente, los departamentos de La Guajira, Vichada y Amazonas presentan unas dinámicas territoriales de seguridad que se configuran como amenazas híbridas. Este artículo busca describir y analizar las amenazas híbridas que se presentan en departamentos como La Guajira, Vichada y Amazonas, que por su condición fronteriza representan un valor geoestratégico para los grupos armados organizados (GAO), grupos delincuenciales organizados (GDO) y la delincuencia organizada transnacional (DOT). El enfoque metodológico cualitativo permite analizar y describir las particularidades de las amenazas híbridas, en los departamentos señalados. De esa manera, la investigación arrojó que en dichos departamentos se configuran amenazas hibridas porque los actores armados, mediante la utilización de tácticas convencionales e irregulares, y empleadas simultáneamente, ejercen un control territorial en los mencionados departamentos.

Palabras clave: La Guajira, Amenaza híbrida, Amazonas, Vichada, Seguridad, Fronteras.

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Abstract

Currently, the departments of Guajira, Vichada and Amazonas present territorial security dynamics that are configured as hybrid threats and affect the stability of these territories. This article seeks to describe and analyze the hybrid threats that arise in departments such as Guajira, Vichada and Amazonas, which, because of their border condition, represent a geostrategic value for organized armed groups, organized criminal groups and organized crime, through a qualitative methodology, analyzing the particularities of hybrid threats, in the departments of Guajira, Vichada and Amazonas. In this way, the investigation yielded preliminary results related with the presence of hybrid threats in this departments that deserve the attention of the Colombian State.

Keywords: Guajira, Hybrid threat, Amazonas, Vichada, Security, Borders

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Resumo

Atualmente, os departamentos de La Guajira, Vichada e Amazonas apresentam dinâmicas de segurança territorial que se configuram como ameaças híbridas. Este artigo busca descrever e analisar as ameaças híbridas que ocorrem em departamentos como La Guajira, Vichada e Amazonas, que por sua condição de fronteira representam um valor geoestratégico para grupos armados organizados (GAO), grupos criminosos organizados (GDO) e delinquência. transnacional organizado. A abordagem metodológica qualitativa permite analisar e descrever as particularidades das ameaças híbridas, nos departamentos indicados. Desse modo, a investigação mostrou que nesses departamentos se configuram ameaças híbridas, pois os atores armados, por meio do uso de táticas convencionais e irregulares, e utilizados simultaneamente, exercem o controle territorial nesses departamentos.

Palabras-chave: La Guajira, Ameaça híbrida, Amazonas, Vichada, Segurança, Fronteiras.

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Introducción

El presente artículo tiene como objetivo analizar las dinámicas territoriales de seguridad en los departamentos de La Guajira, Vichada y Amazonas en el periodo 2016-2020. La coyuntura de seguridad en dichas zonas se caracteriza por la presencia de amenazas híbridas, que se potencializan por la condición fronteriza de los departamentos, y que genera unos retos de seguridad para el Estado colombiano.

En ese sentido, el artículo está dividido en las siguientes partes: en primer lugar, un acercamiento teórico al concepto de amenaza híbrida; en segundo lugar, el análisis de las dinámicas territoriales de seguridad en los departamentos de La Guajira, Vichada y Amazonas, en el cual se hará un análisis comparado de las amenazas híbridas en los departamentos estudiados. Por último, se presentan las conclusiones.

El presente documento cuenta con un enfoque metodológico cualitativo. En tal sentido,

[...] la investigación bajo el enfoque cualitativo se sustenta en evidencias que se orientan más hacia la descripción profunda del fenómeno con la finalidad de comprenderlo y explicarlo a través de la aplicación de métodos y técnicas derivadas de sus concepciones y fundamentos epistémicos, como la hermenéutica, la fenomenología y el método inductivo. (Sánchez, 2019, p. 104)

Por otro lado, la presente investigación corresponde a un tipo de investigación descriptiva y analítica, mediante la recolección de información de fuentes primarias y secundarias y su respectivo análisis documental.

Así mismo, el artículo se encuentra vinculado al proyecto de investigación Contexto Social, Político y Económico Región Caribe 1985-2016 y Región Amazonia-Orinoquía, del grupo de investigación Análisis en Contexto, el cual realizó entre 2017 y 2018 un trabajo de campo en los departamentos La Guajira, Vichada y Amazonas, en medio del cual se hicieron entrevistas a funcionarios de entidades y organizaciones sociales, entre otros, y se adelantó un proceso de actualización documental en 2020, tomando en cuenta un factor de coyuntura relevante para las dinámicas de seguridad, como lo son los efectos en la seguridad de la pandemia del COVID-19. De esta manera, se presentan los resultados surgidos de la investigación.

En el presente estudio de caso territorial, se analizarán las amenazas híbridas, definidas como aquel adversario que simultáneamente emplea una mezcla de armas convencionales, tácticas irregulares y terrorismo; así mismo, mantiene un comportamiento criminal para lograr unos objetivos políticos (Hoffman, 2010, p. 3). Para este caso, se analizarán las que se presentan particularmente en los departamentos de La Guajira, Vichada y Amazonas. El alcance de la investigación permite entender las actuales dinámicas de seguridad y las amenazas híbridas que se presentan en estas zonas.

Conceptualización de la amenaza híbrida

La definición más básica de amenaza determina que esta se mide según “la capacidad de imponer un daño junto con la intención (probabilidad) de un golpe. Un actor puede poseer un gran potencial para hacer daño al Estado, pero si no hay unos incentivos, no se plantean una amenaza a ese Estado” (Eikenberry, s.f., p. 10). Por otro lado, “para hacer una amenaza creíble para su receptor, un Estado y/o actor deben tener ambos la intención y la habilidad para hacer daño” (Deibel, 2007, p. 19). En ese sentido, las amenazas requieren una intención y una capacidad para convertirse en tal.

Ahora bien, teniendo en cuenta que actualmente se presentan las guerras de cuarta generación, la guerra es descentralizada, aumentan los teatros de operaciones que ya no están definidos en un tiempo y un espacio, y los actores se multiplican; pueden ser Estados y grupos irregulares, entre otros (Lind, 2005). Dentro de ese contexto surgen las amenazas híbridas.

De esta manera, la amenaza híbrida se define como “aquel adversario que simultáneamente emplea una mezcla de armas convencionales, utiliza tácticas irregulares y usa el terrorismo. Así mismo, tiene un comportamiento criminal para obtener unos objetivos políticos” (Hoffman, 2010, p. 3). En ese sentido, las amenazas híbridas implican, necesariamente, una combinación de formas de combate como las tácticas irregulares y convencionales, los actos terroristas, la criminalidad y el uso indiscriminado de violencia, aspectos que permiten explicar los contextos de inseguridad y amenazas que se presentan actualmente en el mundo.

Por otro lado, las amenazas híbridas implican nuevas formas de combate que suponen la combinación de tácticas convencionales y no convencionales. Al respecto, las amenazas híbridas son una compleja variación de la guerra, en las cuales las decisiones de la guerra no están enfocadas en centros de gravedad netamente militares. Así mismo, se emplean diferentes instrumentos, como la fuerza militar, las actividades terroristas o delincuenciales, el sabotaje y la desinformación en los diferentes espectros de la guerra, ya sea regular o irregular (Thiele, 2016). La participación de los actores no estatales puede involucrar milicias, grupos criminales transnacionales o las redes terroristas (Thiele, 2016). De esta manera, ni las amenazas híbridas ni los centros de gravedad giran ya en torno a lo militar solamente, sino que a través de otros medios se busca afectar centros de gravedad económicos, sociales y políticos.

La característica hibrida se constituye cuando simultáneamente confluyen estrategias y tácticas convencionales y no convencionales. De esa manera,

Un conflicto armado en el que se utilizan toda clase de medios y procedimientos ya sea la fuerza convencional o cualquier otro medio irregular como la insurgencia, el terrorismo e incluso otros más sofisticados mediante el empleo de las últimas tecnologías y en las que la influencia sobre la población resulta vital. Quizás el único matiz que podría introducir alguna especificidad sería el hecho de que el empleo de todos esos medios se hiciera de forma simultánea. (Sanchez, 2012, p. 20)

Frank Hoffman, uno de los principales teóricos que conceptualizaron las amenazas híbridas, planteó inicialmente, y pensando en la guerra híbrida para Estados Unidos, que se puede lidiar simultáneamente con la caída de un estado fallido, combates con una fuerza paramilitar que tiene motivos étnicos y organizaciones terroristas (Hoffman y Mattis, 2005, p. 1) Por esto, Hoffman (2009) establece que

Las amenazas híbridas incorporan una gama de diferentes modos de guerra incluyendo capacidades convencionales, tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas (incluyendo violencia indiscriminada y coerción) y violencia criminal. Las guerras híbridas pueden ser también llevadas a cabo multimodalmente por ambos estados y por una variedad de actores no estatales. Estas actividades multimodales/multinodales pueden ser conducidas por unidades separadas o incluso por la misma unidad, pero generalmente son operacionales y tácticamente dirigidas y coordinadas dentro del área de batalla principal para lograr efectos sinérgicos en las dimensiones físicas y psicológicas del conflicto. (p. 5)

Así mismo, una característica importante de las amenazas hibridas es el nexo que tienen las organizaciones criminales con las organizaciones terroristas. El surgimiento de estos grupos narcoterroristas y el crimen organizado transnacional, con actividades como el tráfico de drogas o de personas, la extorsión y el contrabando, etc., para socavar la legitimidad del gobierno, local o nacional, es más que evidente (Hoffman, 2009).

Por otra parte, según Torrijos y Balaguera (2017), citando a Gerasimov, “el uso de medios no militares, de naturaleza política, económica, social, humanitaria e informativa, aumenta la efectividad de los actores híbridos para conseguir sus objetivos, tanto estratégicos como políticos” (p. 57).

Conceptualmente hablando, las amenazas híbridas se componen de varios elementos de amenazas que son percibidas de manera convencional (Denng y Schurian, 2016). Estos elementos son netamente medios, si se utiliza la definición de Hoffman respecto al uso de armas convencionales.

El concepto de lo hibrido supone una superposición de la violencia estatal con la no estatal, donde los actores no estatales mezclan técnicas y capacidades para lograr sus objetivos. En el caso de los grupos catalogados como terroristas, estos logran desarrollar capacidades militares, que son típicas de ambientes militares y fuerzas regulares (Payá y Luque, 2018). El desarrollo de esas capacidades militares puede llegar a considerarse el desarrollo de capacidades convencionales, ya que son propias de las fuerzas militares convencionales, y no de fuerzas irregulares. Dada la naturaleza de los GAO en Colombia, vamos a identificar características convencionales, que sirvieron como elementos para categorizar la naturaleza de los GAO, según la Directiva No. 15 de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional:

1. La estructura de mando del grupo armado, donde es necesario tener en cuenta elementos como “la presencia de una estructura de mando a través del establecimiento de un mando responsable o de un alto mando que esté dirigido a dar órdenes, la difusión de regulaciones internas, la organización del armamento, la autorización de llevar a cabo acciones militares, etc.

2. La capacidad de llevar a cabo operaciones, la capacidad de comando y control, de difundir órdenes y de controlar una parte del territorio.

3. La capacidad logística, donde es necesario analizar elementos como el reclutamiento de nuevos integrantes, el proveer cierto tipo de entrenamiento, la organización y el suministro de armamento. (Ministerio de Defensa Nacional, 2016)

Estas capacidades son: la composición organizacional, que responde a una dinámica de mando y control; la utilización de armamentos militares convencionales, que vendrían siendo los medios, y el hecho de en algunos casos, utilizan estrategias y tácticas similares a las utilizadas por las fuerzas regulares, como, por ejemplo, estrategias de control territorial. En ese sentido, “los actores híbridos son capaces de recurrir a tácticas coordinadas propias de los ejércitos regulares, a la vez que desarrollan actividades criminales, atentados terroristas, y emplean los últimos avances tecnológicos en su favor” (Torrijos y Balaguera, 2017, p. 56).

Por otra parte, respecto a lo convencional Baques (2015) afirma “que la única fuerza desarrolla una guerra de guerrillas [...] empleando para ello armas que son propias de fuerzas convencionales” (p. 11). En ese sentido, lo convencional se configura cuando el actor no estatal utiliza tácticas, medios y estrategias que utilizaría un ejército regular.

Finalmente, para identificar las amenazas hibridas, Denng y Schurian (2016) establecen que las amenazas hibridas se caracterizan por el uso de tácticas convencionales e irregulares, una descentralización en la planeación y la ejecución, y la presencia de actores no estatales (p. 37). Así mismo, las amenazas funcionan en torno a una multidimensionalidad, para poder realizar ataques coordinados en diferentes espacios del poder, lo que termina por limitar el margen de toma de decisión de los Estados (Torrijos y Balaguera, 2017).

Igualmente, cabe tener en cuenta que “la combinación de lo irregular con lo convencional genera un factor hibrido que se ve potencializado por la simultaneidad de las acciones” (Santos, 2017, p. 17). Al respecto, y para entender la amenaza híbrida, en la figura 1 se ejemplifica cómo funcionan dichas amenazas, y cómo la simultaneidad es un factor que dinamiza la amenaza híbrida.

Figura 1. Carácter hibrido de la amenaza.

Fuente: tomado de Santos (2017, p.12).

En ese sentido, se puede proponer una fórmula para explicar el carácter híbrido de la amenaza:

Híbrido: I + C + FTSTO

Donde: I = Irregular; C = Convencional, y FTSTO = Factor de tiempo simultáneo en varios teatros de operaciones.

El objetivo de la actividad criminal se dispone para que sostenga la fuerza híbrida o facilite el desorden y la interrupción de los objetivos políticos (Hoffman, 2007). De esa manera, la criminalidad en la amenaza híbrida es la que permite al oponente lograr su objetivo político; ello, teniendo en cuenta los postulados de Hoffman. En tal sentido, a su vez, el componente disruptivo de las guerras híbridas no proviene de tecnología de punta o revolucionaria, sino de la criminalidad (Hoffman, 2007).

Por otro lado, las amenazas híbridas se caracterizan

[...] por la plena integración en tiempo y espacio de procedimientos típicamente convencionales con tácticas propias de la guerra irregular (desde las clásicas emboscadas o acciones de propaganda, agitación e insurgencia hasta actividades de guerra informativa, guerra legal o ciberguerra), mezcladas éstas últimas con actos terroristas y conexiones con el crimen organizado para la obtención de apoyos y asistencia de todo tipo. (Colom, 2012, p. 9)

Esas conexiones con el crimen organizado, como las denomina Colom (2012), le permiten a la amenaza híbrida adquirir todo tipo de capacidades —principalmente, militares, y en últimas, los métodos convencionales—. Por otra parte, el concepto híbrido implica también cierta ambigüedad, que es aprovechada para dificultar la respuesta estatal y potencializar las debilidades del oponente (Torrijos y Balaguera, 2017). Tal condición, va a obstaculizar la identificación de las amenazas, pero también, la acción y las estrategias de los Estados para contenerlas y mitigarlas; Además, dicha condición también permite a las amenazas evolucionar y potencializarse.

Según lo anterior, se puede evidenciar que las amenazas híbridas involucran a

[...] un adversario que simultáneamente y de manera adaptativa emplea cierta combinación de (1) medios políticos, militares, económicos, sociales y de información, y (2) métodos convencionales, irregulares, catastróficos, terroristas y de guerra criminal / disruptiva. Puede incluir una combinación de actores estatales y no estatales. (Glenn, 2009, p. 2)

El contexto colombiano. Dinámicas territoriales de seguridad en las fronteras de los departamentos de La Guajira, Vichada y Amazonas

Para el caso colombiano, el contexto después de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera sirve como un elemento coyuntural para analizar las amenazas híbridas. En ese sentido, se siguen presentando factores de violencia e inestabilidad por la disputa de territorios que son estratégicos para los GAO y los GDO; principalmente, por la presencia de economías ilegales como los cultivos ilícitos. Estos factores de violencia e inestabilidad configuran amenazas híbridas en departamentos como La Guajira, Vichada y Amazonas.

Según el Comando General de las Fuerzas Militares, la coyuntura política del posacuerdo, frente a las Fuerzas Armadas, se sabe que no estamos en un escenario de prosperidad, sino de desaceleración económica y, en consecuencia, el gobierno debe presentar propuestas encaminadas a atender las diferentes áreas del sector defensa, enfrentando amenazas híbridas como los delitos transnacionales, las secuelas del paramilitarismo (sic) y la desmovilización no acatada por miembros de las FARC, la minería ilegal, la corrupción, el clientelismo y los delitos contra el medio ambiente, entre otros. (Centro de Estudios Históricos Ejército Nacional, 2016, p. 155)

De esta manera, los planes de guerra Victoria y Victoria Plus identificaron factores de inestabilidad y factores de incidencia en la focalización y la priorización de municipios. Entre dichos factores se encuentran: áreas de antigua influencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); presencia de GAO y del Ejército de Liberación Nacional (ELN); cultivos ilícitos, extracción minera, contrabando, extorsión y secuestro, y migración, entre otros (Comando General de Fuerzas Militares, 2016 citado por Mejía y Werdan). En ese sentido, en el Plan de Guerra Victoria se identifican diferentes actividades ilegales, actores y medios que se interrelacionan entre sí, para configurar las amenazas híbridas. El ambiente de criminalidad es uno con “múltiples actores, modos, formas e intereses se muestra tangiblemente con gran volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, haciendo que la naturaleza del posacuerdo se constituya en un reto para el Estado” (López, 2017, p. 101).

Así pues, se identificó como actores a los GAO³, los GDO⁴, la DOT⁵ y sistemas de amenaza permanente (SAT). Como medios, se identificó a economías ilícitas como los cultivos ilícitos y la minería ilegal; como modos, la territorialidad, la transnacionalidad y los sistemas en red utilizados por los actores mencionados, y como ambiente, uno del tipo volátil, incierto, complejo y ambiguo (VICA).

Para la presente investigación, se entiende como dinámica de seguridad la situación de orden público que implica la disputa y la presencia de GAO, GDO y DOT en un territorio particular, y que pueden ser potencializadas por actividades económicas ilegales como cultivos ilícitos, minería ilegal y contrabando, entre otros.

La Guajira

El departamento de La Guajira, ubicado al norte de Colombia y con una extensión de 20 848 km², cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, ya que tiene acceso al mar Caribe y limita por el occidente con Venezuela, y por el sur, con los departamentos de Cesar y Magdalena.

El departamento está conformado por la península de La Guajira y parte de las estribaciones orientales de la Sierra Nevada de Santa Marta; en la zona peninsular, se encuentran unas pequeñas serranías, cuyas alturas no pasan los 650 metros sobre el nivel del mar. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, s.f.a, p. 1)

En la coyuntura actual de La Guajira, los fenómenos de seguridad se acentúan por su ubicación geoestratégica. En ese sentido, se evidencian dinámicas territoriales de seguridad diferentes en la Alta Guajira y la Media Guajira. Por ejemplo, existen factores de riesgo por la presencia de organizaciones ilegales en municipios como Dibulla. Según la Defensoría del Pueblo, son GAO, con un carácter residual, de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a los que se conoce como Los Pachengas. Este GAO recurre a diferentes actividades criminales, como delitos de alto impacto que están relacionados con la extorsión y el microtráfico. Lo anterior supuso un cambio en la modalidad delictiva (Defensoría del Pueblo, comunicación personal, 2018)⁶.

Según el informe de la Alerta Temprana No. 026 de 2018 de la Defensoría, se identificó en la Costa Atlántica que Los Pachenga tienen influencia en Santa Marta y la Sierra Nevada. Dicho grupo mantiene alianzas con otros grupos ilegales en algunas regiones del país (Los Paisas, Las Águilas Negras, Los Rastrojos), y ejercen control territorial en los corredores de narcotráfico y, principalmente, en la frontera con Venezuela, en el norte de La Guajira (Defensoría del Pueblo, 2018).

De esta manera, el carácter geográfico de la Costa Atlántica, y en particular de la Guajira, favorece la influencia de estos grupos armados, que buscan a través de actividades ilícitas mantener un control territorial. El fenómeno evaluado se caracteriza por la convergencia y la hibridez de las amenazas.

En La Guajira convergen diferentes amenazas híbridas que por las condiciones geográficas, económicas, sociales, culturales y políticas propias se generan dinámicas de inestabilidad, ingobernabilidad, violencia y criminalidad. Así mismo por la condición geográfica del departamento, este se convierte en una zona estratégica para el control por parte de los actores armados. (Santos, 2017, p. 19)

En La Guajira, algunos municipios del oriente del departamento, como Maicao, adquieren importancia porque se convierten en zonas estratégicas, por ser limítrofes con Venezuela. En ese sentido, para los GAO, los GDO y la DOT, la disputa y la convergencia en municipios como Maicao es fundamental para obtener beneficios económicos y para captar recursos por medio de actividades criminales como la extorsión, los secuestros, el contrabando y el tráfico de armas y estupefacientes. Por tal razón, La Guajira se convierte en una zona de disputa estratégica (Santos, 2017). Al respecto, en 2019, la Defensoria del Pueblo alertó sobre el escenario de riesgo en Maicao y la afectación a la población civil:

El riesgo proviene de la amenaza generada por la presencia de grupos armados ilegales que se encuentran adelantando acciones violentas con el propósito de ejercer control social y territorial, tanto en el área urbana como en el área rural del municipio. En ese sentido, se identifica la presencia del grupo armado ilegal posdesmovilización A.G.C., hacia el sur de Maicao, en límites con el municipio de Albania. A este se suma el del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, principalmente hacia la zona de frontera y, finalmente, estructuras de delincuencia organizada de alcance transnacional. (Defensoría del Pueblo, 2019a, p. 4)

Estos GAO tienen caracteristicas convencionales como su estructura organizacional; es decir, existe una estructura con un mando, así como un control, que utiliza armamento militar convencional y realiza operaciones sostenidas, con el fin de ejercer control territorial. Dichas caracteristicas se consideran convencionales, pues, como ya se mencionó, son propias de un ejército regular.

Ahora bien, tomando en cuenta la definición de amenaza híbrida, este uso de formas convencionales se hace simultaneamente con tácticas irregurales y criminales, como actividades de narcotráfico, homicidios, extorsión, secuestros, hurtos y enfrentamientos con la Fuerza Pública evitando una confrontacion directa, entre otros.

En ese sentido, en La Guajira convergen varios actores que con la utilización de actividades criminales buscan aumentar su rentabilidad económica. La Guajira tiene, principalmente, dos amenazas híbridas: el crimen organizado transnacional y los GAO. En cuanto a las actividades económicas ilegales, el contrabando es una práctica recurrente, dada su larga tradición histórica con esta actividad. Desde el siglo XVIII, La Guajira se ha caracterizado por ser una zona común dedicada al comercio ilegal; en esa época, además, tuvo un valor simbólico para los indígenas wayuu como mecanismo de resistencia frente a los españoles. Dicha práctica fue evolucionando con el tiempo, y empezó a involucrar otro tipo de productos como gasolina, víveres y otros (Fundación Ideas para la Paz, 2013).

Por otro lado, ante la situación política de Venezuela, la migración irregular en el departamento aumentó, y con ello generó inseguridad. Lo anterior está generando problemas de orden público, al incrementar la tasa de hurto y homicidios (Policía Nacional, comunicación personal, 2018). Para agosto de 2018, estaban ingresando en La Guajira 15 000 migrantes venezolanos por Paraguachón (El Heraldo, 2018).

Según datos del Banco Mundial, hasta junio de 2018, la migración irregular en Colombia se concentra, sobre todo, en Arauca, La Guajira y Norte de Santander. Para el caso de La Guajira, el departamento ha recibido 39.000 familias provenientes de Venezuela (Banco Mundial, 2018). Para 2019, Migración Colombia registró en Colombia 1.488.373 venezolanos radicados, 39 % comparados que el año anterior, de los cuales 750.918 son migrantes regulares —es decir, cuentan con el permiso transitorio temporal— y 737.455 son migrantes irregulares (Migración Colombia, 2019a).

Por otra parte, además de la inseguridad generada por los hurtos, algunas venezolanas que ingresan al departamento están cometiendo actividades ilegales como la prostitución, pues optan por dicha actividad para paliar su propia crisis económica y social (Policía Nacional, comunicación personal, 2018)⁷. Así mismo, ante la llegada de venezolanos a La Guajira, los barrios de invasión han aumentado, lo que genera tensiones sociales con los habitantes y las autoridades colombianos (El Tiempo, 2018). En Maicao, por ejemplo, según el informe periodístico del diario El Tiempo, por las noches los venezolanos se refugian en los andenes y los parques del municipio (El Tiempo, 2018). Respecto a la crisis migratoria, los migrantes ilegales⁸ que han llegado al departamento de La Guajira, como no tienen medios de subsistencia, están generando problemas de violencia y criminalidad en el territorio (Paola Forero, comunicación personal, 2020). En Riohacha, capital de La Guajira, un sector empresarial afirma que los altos niveles de delincuencia en los sectores comerciales se explican por el aumento de los migrantes venezolanos (Cámara de Comercio de La Guajira, 2017, citada por la Fundación Ideas para la Paz, 2018).

Hoy en día, la migración ilegal es considerada un problema de seguridad, “porque es la que regularmente se asocia a problemas y riesgos de seguridad” (Bravo, 2015, s. p.). Por otra parte, la migración ilegal “tiene el potencial de provocar conflictos dentro del país anfitrión o, en el transcurso del tiempo, generar condiciones para que surjan amenazas de orden interno, las que de uno u otro modo se podrían vincular a fenómenos de seguridad que hoy están activo” (Salas, s.f., s.p). Tal situación ya se está evidenciando en La Guajira y en otros departamentos del país, como Norte de Santander. De esta manera, la migración ilegal es un factor que potencializa las amenazas híbridas, dado que pueden contribuir a generar inseguridad.

Por otro lado, la ubicación geográfica de La Guajira es aprovechada por los grupos ilegales para actividades como el narcotráfico. Por ejemplo, en El Pájaro⁹ se utilizan pistas clandestinas e ilegales. Los GAO y los GDO reciben recursos del narcotráfico, el contrabando, las extorsiones y el tráfico de armas. Por su ubicación geoestratégica, esta zona fronteriza ofrece rutas de salida terrestre (Valledupar-Maicao-Uribía-Alta Guajira y La Paz-Villanueva) y marítimas (Alta Guajira-islas del Caribe). Esta zona también se utiliza como plataforma de salida para el tráfico de personas (Fundación Ideas para la Paz, 2018, p. 10).

Ahora bien, desde 2017, el tráfico ilícito de drogas en el departamento ha aumentado con la salida de embarcaciones desde la Media y la Alta Guajira; según cifras del Ministerio de Defensa Nacional, entre 2016 y 2019 salieron 43 embarcaciones con drogas, como se puede apreciar en la tabla 1.

Tabla 1. Número de embarcaciones por narcotráfico que fueron detectadas por la Fuerza Pública

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Ministerio de Defensa Nacional (2020).

Por otra parte, la crisis alimentaria que viven las comunidades wayuu genera problemas de inseguridad, ya que estas comunidades para poder subsistir recurren a prácticas como el hurto ( Paola Forero, comunicación personal, 2020)¹⁰. Por ejemplo, en agosto de 2020, la Policía Nacional

[...] capturó a alias ‘La Chiqui, mujer perteneciente a la etnia Wayuú, que se especializó en el hurto de motocicletas y que aparece comprometida en el robo de por lo menos once vehículos, donde las víctimas siempre fueron intimidadas con arma de fuego. (El Heraldo, 2020)

Esta práctica de hurtos de vehículos y autopartes se está constituyendo en una práctica recurrente en La Guajira (Paola Forero, comunicación personal, 2020).

Por otra parte, en los primeros seis meses de 2020, la situación mundial y nacional se caracterizó por la pandemia del virus COVID-19, que para el caso colombiano supuso una afectación más profunda para las comunidades indígenas; en especial, acentuada para las comunidades nativas de La Guajira, como la etnia wayuu, y principalmente, por la deficiencia estatal en cuanto a facilitar el acceso a servicios públicos como la salud, el agua potable y la seguridad alimentaria. Según el último estudio de Human Rights Watch (HRW) y la Universidad Johns Hopkins,

[...] el Covid-19 introduce un nuevo desafío para los Wayuú y para los limitados programas y servicios públicos en el departamento. Al 10 de agosto, las autoridades colombianas habían confirmado más de 2.700 casos de Covid-19 en La Guajira, incluidos 65 casos entre indígenas Wayuú. En el contexto de acceso limitado a alimentos y agua, los efectos económicos y sanitarios de la pandemia de Covid-19 podrían ser devastadores para los Wayuú si el virus alcanza una mayor expansión en la región. (Universidad Johns Hopkins, Human Rights Watch, 2020)

Ahora bien, la pandemia del COVID- 19 puede tener también efectos en la seguridad, en la medida en que pueden aumentar los flujos de migración irregular en las zonas fronterizas de La Guajira y Vichada con Venezuela. Así mismo, esta dinámica migratoria puede aumentar las condiciones de pobreza y desempleo, entre otras, en las zonas fronterizas, y así generar a mediano y largo plazo problemas de inseguridad ciudadana.

Por otra parte, en su Alerta Temprana No. 018 de 2020, la Defensoría del Pueblo denunció los riesgos para la población civil dentro del marco de las medidas sanitarias decretada en abril por el Gobierno nacional; según el documento, los GAO estaban ejerciendo controles ilegales para contener la propagación del virus. En ese sentido, señaló la entidad que se han identificado procesos de estigmatización a presuntos portadores del virus que están generando situaciones de desplazamiento forzado a la población migrante originaria de Venezuela. Así mismo, se ha declarado objetivo de prácticas de “limpieza social” a contagiados y distanciamiento social por parte de las comunidades de Fonseca (La Guajira), a las personas en proceso de reincorporación mediante los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETRC) de Pondores, tras señalárselas como infectadas (Defensoría del Pueblo, 2020). De esta manera, es posible evidenciar algunos efectos en la seguridad por el COVID-19, como el aumento del desplazamiento forzado y prácticas como la limpieza social, entre otras ejecutadas por actores ilegales.

Departamento de Amazonas

El departamento de Amazonas se encuentra ubicado al sureste de Colombia. Cuenta con una inmensa extensión de selva y es una región compartida (en términos de biodiversidad) con Perú y Brasil, países con los que limita. Está conformado por 2 municipios: Leticia (la capital) y Puerto Nariño, y 9 corregimientos departamentales: El Encanto, La Chorrera, La Pedrera, La Victoria, Mirití-Paraná, Puerto Alegría, Puerto Arica, Puerto Santander y Tarapacá. En Amazonas hay, así mismo, 28 resguardos indígenas. El departamento

[...] presenta condiciones geográficas complejas, incluyendo lo apartado con respecto a los principales departamentos, y una precaria institucionalidad, ha despertado históricamente el interés de los grupos armados ilegales, precisamente por estas características, que lo convierten en ideal para el negocio del tráfico de narcóticos. (MOE, s.f.a, p. 3)

La desconexión entre el centro del país y las fronteras del Amazonas genera fallas de articulación y efectos en la seguridad de la zona. Esta desunión trae como consecuencia que la región se convierta en un escenario propicio para las economías ilegales, y que sea aprovechada por los actores ilegales, que en la mayoría de los casos han generado procesos de suplantación y reemplazo del poder y la capacidad del Estado central (Zárate, 2015).

Así mismo, es pertinente señalar que

[...] los bajos niveles de gobernabilidad en la región están asociados al estado de marginalidad económica y desarticulación de su territorio con el país más desarrollado y a los conflictos derivados de procesos de descentralización regional y local en zonas con evidentes desventajas. (Franco, 2013, p. 6)

En ese sentido, las problemáticas políticas enunciadas terminan por afectar y dificultar la concepción geoestratégica y geopolítica del departamento de Amazonas y potencializan la presencia de amenazas híbridas en la zona (Grupo de Investigación Análisis en Contexto, 2018a)¹¹.

Por la condición geográfica del departamento y la porosidad de sus fronteras, dichos factores geográficos son aprovechados por los GAO-GAO-R, los GDO y la DOT para actividades ilícitas como el tráfico de cultivos ilícitos, la trata de personas y la minería criminal, entre otros, lo que, se suma a las formas convencionales de delincuencia, como el control territorial que ejercen en dicho departamento, además de la composición estructural de mando y control de los GAO y los GAO-R. Así mismo, y como ya se dijo, un aspecto atractivo para los actores ilegales es la porosidad de las fronteras amazónicas entre tres países (Colombia, Perú y Brasil), lo que ha generado, además, una difícil articulación internacional para enfrentar estas amenazas.

La dinámica actual de seguridad en el departamento de Amazonas se configura por la existencia de varias amenazas híbridas con un carácter transnacional, y en las que las actividades criminales principales son el tráfico de cultivos ilícitos, la extracción ilícita de minerales y la trata de personas, todas las cuales generan un impacto negativo en la población civil, según lo señalado por la Personería Municipal de Puerto Nariño (2018)¹².

Ahora bien, desde 2017 en el departamento hay presencia de GAO-R. Según el informe de Riesgo No. 020-17A.I. de la Defensoría del Pueblo,

Los pobladores del eje Caquetá, del área no municipalizada de La Victoria (Amazonas), y del eje Apaporis, se encuentran en situación de riesgo por la presencia cada vez más frecuente del llamado frente 1° de las FARC en la subregión del eje Apaporis (subregión que comprende el área no municipalizada de La Victoria) y en las áreas no municipalizadas de La Pedrera y Mirití-Paraná (pertenecientes a la subregión del eje Caquetá (conformada por las áreas no municipalizadas de Puerto Santander, Mirití-Paraná y La Pedrera). Además, se ha evidenciado la presencia del frente 63 de las FARC en el área no municipalizada de Puerto Santander, frente del cual han surgido denuncias de algunas conductas, pero del cual no se tiene certeza sobre combatientes disidentes (Defensoría del Pueblo, 2017, p. 4).

Así mismo, el flujo de economías ilegales en el eje de la triple frontera del trapecio amazónico (Colombia, Brasil, Perú) se constituye en un punto estratégico del narcotráfico y la extracción ilícita de minerales (Grupo de Investigación Análisis en Contexto, 2017)¹³. En Perú se establecen laboratorios de drogas, que después son transportadas por el río Amazonas hasta llegar a Manaos (Personería Municipal Puerto Nariño, comunicación personal, 2018). Dicha dinámica corresponde a lo que menciona Hoffman (2010) como utilización de actividades criminales incluyendo el tráfico de drogas, con un objetivo económico claro, pero que no pierde su finalidad política e irregular.

Además de lo anterior, el área de frontera colombo-brasilera del Estado Amazonas es influenciada por la organización criminal Familia del Norte (FDN), quienes transportan cargamentos de drogas, principal bien ilícito tranzado en la región, a través del río Amazonas y sus afluentes hasta Manaos, y de allí, a los mercados de Europa y Norteamérica. Estos cargamentos son comprados por la FDN a la banda criminal Los Caqueteños, quienes también controlan los cultivos de coca, los laboratorios y los centros de acopio que se ubican entre el Amazonas peruano (área de Loreto) y el colombiano. De esa manera, se puede destacar una alianza de tipo comercial entre la FDN y Los Caqueteños (Grupo de Investigación Análisis en Contexto, 2017).

En el mencionado territorio en la frontera entre Brasil y Perú se ha consolidado una red de tráfico llamada Triángulo de droga, armas y violencia. En el cruce de Leticia y Tabatinga hace presencia la estructura criminal Familia do Norte que, como ya se mencionó, con las alianzas criminales, aprovecha para realizar varias actividades ilícitas (Fundación Ideas para la Paz, 2018, p. 32). En este ejemplo, evidenciamos la naturaleza de lo hibrido, donde los actores no estatales utilizan actividades criminales simultáneamente con tácticas convencionales, como el ejercicio de control territorial en el límite fronterizo.

Un actor que se puede caracterizar por la combinación de tácticas no convencionales y alianzas con la criminalidad es la banda de Los Caqueteños, que se encuentra en el departamento, en la zona de la triple frontera. Dicho grupo cumple con una función de articulación entre las estructuras que controlan el cultivo y el procesamiento de pasta de base, que antes eran controlados por las FARC, y las redes transnacionales en Brasil y Perú, encargadas de comercializarla en Estados Unidos y Europa (Cajiao et al., 2018).

Dichas organizaciones buscan generar controles de movilidad por el río Amazonas, para transportar la droga. La presencia de GAO-R dedicados al narcotráfico (Frente 1) y la alianza entre estos grupos y DOT como la FDN evidencian cómo en el departamento de Amazonas se presenta una amenaza híbrida.

Por otra parte, el crecimiento de las economías ilegales en las fronteras genera un fenómeno de transnacionalización de la criminalidad; en parte, por la porosidad fronteriza, determinada por las características geográficas y naturales de la región, que permiten los pasos no controlados. De esa manera, se configuran corredores estratégicos de logística y financiamiento de los GAO (Grupo de Investigación Análisis en Contexto, 2018 a).

Ahora bien, durante 2020, con la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el departamento de Amazonas llegó a registrar 90 de cada 10.000 habitantes del departamento diagnosticados con COVID-19 en su pico epidémico más alto, en mayo de 2020 (El Tiempo, 2020). En términos de seguridad, las pandemias, según lo contemplado en la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, del Gobierno nacional del presidente Iván Duque Márquez, se configuran como amenazas a la seguridad (Ministerio de Defensa Nacional, 2019). De esa manera, la pandemia del COVID-19, en departamentos como Amazonas, genera mayores riesgos para la población civil y efectos a largo plazo en la seguridad.

En consecuencia con lo anterior, en la llamada triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, por las condiciones geográficas, se produjo un aumento de los casos de contagio por el COVID-19. Tal situación se debe a varios factores, como la porosidad en los límites estatales dominados por entornos naturales, y que permiten una multiplicidad de pasos no controlados, así como la deficiente arquitectura institucional de salud. Así mismo, con la pandemia del COVID-19 se profundiza la precaria y débil presencia del Estado en la zona; sobre todo, en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios públicos.

Por otra parte, el aspecto político-administrativo del departamento de Amazonas genera mayores impactos para los gobiernos locales en la atención de esta emergencia. Al respecto, dada su configuración gubernamental, los municipios amazónicos de Leticia y Puerto Nariño, al estar catalogados como municipios de categoría 6, reciben menos recursos para poder generar una oferta de servicios públicos eficiente en el departamento (Alcaldía de Leticia, comunicación personal, 2018)¹⁴. Lo anterior, según la Ley 617 de 2000 debido a que los municipios de sexta categoría tienen dos particularidades: 1) su población es igual o inferior a 10.000 habitantes; y 2) obtienen ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a 15.000 salarios mínimos legales mensuales (Congreso de la República, 2000). Además, teniendo en cuenta la composición política de Amazonas: el hecho de que en el departamento solo hay 2 municipios y 8 corregimientos; al no ser estos últimos catalogados como municipios, no reciben inversión pública (Grupo de Investigación Análisis en Contexto, 2018 a).

Al respecto, Puerto Nariño ha tenido varias dificultades para atender a su población en materia de salud a lo largo de los últimos años. De esa manera, el hospital de Puerto Nariño ha sido intervenido varias veces por la Superintendencia de Salud (Alcaldía de Puerto Nariño, comunicación personal, 2018)¹⁵.

Todas estas condiciones históricas y políticas se acentuaron en el departamento durante la crisis por el COVID-19, pues Amazonas no cuenta con una infraestructura en salud suficiente para atender a las personas contagiadas. Así mismo, para el Estado colombiano es difícil hacer un control efectivo en las fronteras amazónicas, debido a su porosidad. Por ejemplo, el río Amazonas, por su afluencia y su conectividad, “es el principal medio de comunicación para las poblaciones que habitan la cuenca del Amazonas y, por tanto, el canal por el que ha llegado la enfermedad a otras comunidades en la región” (BBC, 2020).

Departamento de Vichada

El departamento se ubica en el extremo noreste del territorio colombiano, y tiene cuatro municipios: Puerto Carreño, Santa Rosalía, Cumaribo y La Primavera (MOE, s.f.b). El departamento de Vichada, al igual que Amazonas y La Guajira, tiene una ubicación geográfica estratégica por su condición de frontera.

Para 2016, según la Defensoría del Pueblo, el escenario de riesgo para los municipios de Santa Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño estaba determinado por la existencia de grupos armados posdesmovlización de las AUC, denominados Libertadores del Vichada, Bloque Meta, Autodefensas Campesinas de Colombia (ACG), y por el Frente de Guerra Oriental del ELN estructura Rafael Blanco Flórez. Dichos grupos eran responsables de desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, homicidios, amenazas y extorsiones a comerciantes, ganaderos, agricultores y contratistas, así como de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), violencia sexual y despojo de tierra (Defensoría del Pueblo, 2016a).

Ahora bien, en el departamento de Vichada actualmente hacen presencia GAO como el ELN, en el Bajo Vichada, y GAO-R (disidencias de las FARC-EP como el Frente Acacio Medina), en el Alto Vichada. Estos grupos buscan mantener un control territorial de los corredores de movilidad del narcotráfico en el departamento. En el Bajo Vichada, “el triángulo de la coca” está conformado por Puerto Príncipe, Chupave y Guerima, en la cual convergen varias amenazas como los cultivos ilícitos y la presencia de GAO; además, dada su ubicación geográfica, dicha zona ha sido disputada históricamente por esos mismos GAO (Fuerza de Tarea Ares, 2018)¹⁶.

Lo anterior coincide con lo señalado por la Fundación Ideas para la Paz, la cual menciona que en Vichada cooperan y coexisten GAO-R (disidencias de las FARC y el Frente Rafael Blanco Flórez, del ELN). Por su parte, desde 2013 el ELN se ha movilizado hacia la frontera con Venezuela, en límites entre Vichada y el estado venezolano de Apure creando campamentos, en los cuales hacen presencia los altos jefes del GAO. Los frentes 16 y Acacio Medina se dividen las tareas para la transformación y la comercialización de cocaína y el control de las rutas hacia Venezuela (Fundación Ideas para la Paz, 2018). Al respecto, las alianzas y la coexistencia entre los GAO generan una dinámica de inseguridad alarmante en el departamento. Así mismo, dichas alianzas demuestran que los objetivos políticos ideológicos no son fundamentales, sino que los pactos se basan en coexistencias para mantener una presencia y una convergencia en los territorios. Estas alianzas o pactos también funcionan en torno a la diversificación y la focalización de tareas relacionadas con el narcotráfico y el control del territorio.

Por otra parte, dada la cercanía del departamento de Vichada a la frontera de Venezuela y la convergencia de estos grupos con la utilización de actividades ilegales, se genera una amenaza híbrida. Teniendo en cuenta la definición de amenaza híbrida, la cual supone la combinación de tácticas convencionales con irregulares y criminales, se puede afirmar que en Vichada se presentan amenazas híbridas enfocadas en la presencia de GAO y de economías ilegales. En ese sentido, una condición geográfica esencial que favorece la presencia de dichas amenazas es que en Vichada la comunicación es fluvial, lo que dinamiza y potencializa las economías ilegales.

Principalmente a lo largo de los últimos años, los ríos en el departamento de Vichada se han convertido en corredores de movilidad para transportar economías ilegales. Un ejemplo de ello fue el Frente Primero del GAO-R, que se “encontraba establecido en Guaviare, con influencia en Vichada y Guainía, ubicados en medio de miles de hectáreas de cultivos de coca y dos corredores principales de narcotráfico en Venezuela y Brasil” (Insight Crime, s.f., p. 12).

En la actualidad, las diferentes amenazas dirigen su actuar hacia el control y el dominio de los corredores del narcotráfico que el departamento ofrece, con sus particularidades de extensión y grandes distancias, sus innumerables afluentes hídricos, la presencia de resguardos indígenas (26 en todo el departamento), su precaria infraestructura vial y su ubicación fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela, entre otros (Grupo de Investigación Análisis en Contexto, 2018 b).

En ese sentido, en Vichada confluyen GAO (ELN y Puntilleros), GAO- R (Frente Acacio Medina —históricamente, fuente económica para el extinto Bloque Oriental de las FARC, con presencia en Vichada, pero mayoritariamente en Guainía—). Así mismo, están los GDO que convergen en el amplio territorio vichadense; especialmente, en sectores estratégicos otrora controlados por los GAO, y ocupados progresivamente por grupos antes mencionados (sobre todo, el ELN), pese a los acciones de la Fuerza Pública por consolidarlos, con el despliegue operacional del Grupo Aéreo del Oriente (GAORI) y la Fuerza de Tarea Ares, específicamente en sectores como el municipio de Cumaribo (municipio más grande de Colombia), en la zona comúnmente conocida como ‘El Triángulo de Drogas’, y comprendida por las inspecciones de Chupave, Guerima y Puerto Príncipe (Grupo de Investigación Análisis en Contexto, 2018 b)¹⁷.

Se deduce, además, que la dinámica de los cultivos ilícitos ha ido cambiando; especialmente, en territorios de resguardos indígenas, toda vez que los actores involucrados en el ciclo de drogas ilícitas han trasladado sus bases de cultivos y sus laboratorios de procesamiento a los mencionados espacios geográficos, sin olvidar a aquellas comunidades marginadas que ven en dicha práctica el único medio de subsistencia ante las pocas oportunidades, previendo la dificultad, ya mencionada, que esta situación presenta a la Fuerza Pública al momento de ejecutar operaciones militares dentro de estos territorios, por las innumerables prerrogativas legales que los regulan, situación, a su vez, confirmada y obtenida de una entrevista hecha a funcionarios de la Secretaría de Asuntos Indígenas en Puerto Carreño, de la Alcaldía de Puerto Carreño (Grupo de Investigación Análisis en Contexto, 2018 b).

Así mismo, en Vichada continúa el modus operandi de los GAO en esta región del país, como puntos de retaguardia en el vecino país, que controlan las actividades delictivas en las áreas fronterizas mediante cobros de cuotas pecuniarias por actividades como el contrabando de combustible, la trata de personas, el porte ilegal de armas y el tráfico ilegal de armas, entre otras (Grupo de Investigación Análisis en Contexto, 2018 a). Todas ellas, actividades criminales que, sumadas a las convencionales, como el control territorial, la constitución de estructuras de mando y control y el uso de armamentos militares, y el sostenimiento de enfrentamientos con la Fuerza Pública, terminan por configurar la amenaza híbrida en el departamento.

Ahora bien, en Vichada, la FAC ha mantenido una presencia y una intervención con el GAORI y la Fuerza de Tarea Conjunta Ares, a raíz de lo cual se han demostrado, respecto al orden público, estadísticas bajas en cuanto al control y la vigilancia del espacio aéreo, con 0 trazas territoriales, para 2018. Dicha presencia se ha articulado y fortalecido con los esfuerzos no armados y con proyectos de acción integral de la Fuerza de Tarea Ares, como el programa de sustitución de cultivos ilícitos (Coca por Cacao) en ‘El Triángulo de las Drogas’. Este proyecto fue desarrollado desde 2012, y tuvo como objetivo la sustitución, para 2016, de 10.000 ha de coca, con una extensión de 40.000 ha para 2017.

Por otra parte, en zonas urbanas como Puerto Carreño también se percibe otro tipo de riesgos y amenazas, más allá de las asociadas al narcotráfico. Es así como el incremento de la prostitución, el trabajo ilegal, los hurtos y las extorsiones han subido sus índices, no solo por la presencia de los diferentes actores armados, sino también, por coyunturas sociales como la migración irregular de venezolanos hacia el país (Grupo de Investigación Análisis en Contexto, 2018 b)¹⁸.

Respecto a la migración irregular, ya existen reportes de reclutamiento de migrantes por parte de los GAO en departamentos como Arauca, Vichada y Norte de Santander, y quienes son vinculados con tareas ilegales como informantes, combatientes o parte de las redes de economía ilegal (microtráfico y venta de estupefacientes, transporte de droga hacia Venezuela, contrabando de combustibles hacia Colombia y en zonas rurales). De esa manera, esta población se ha ido vinculando a las ofertas de trabajo de la producción de cocaína como raspachines¹⁹. Particularmente en Vichada, han sido reclutados para la explotación de minas ilegales controladas por los GAO-R y el GAO ELN, según el trabajo de campo realizado por la Fundación Ideas para la Paz (Fundación Ideas para la Paz, 2018).

Lo anterior evidencia cómo la situación de la migración ilegal es aprovechada por los GAO para vincular a los migrantes a actividades ilegales. Al respecto, tal dinámica genera para el Estado colombiano un reto enorme, relacionado con la política pública de migración y el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las zonas fronterizas, para combatir este tipo de situaciones.

Con corte a 2019, ingresaron a Colombia 1.260.594 venezolanos, de los cuales 770.975 ingresaron de manera regular al país y cuentan con los permisos exigidos por Migración, mientras que 489.619 venezolanos ingresaron de manera irregular²⁰ al país. En el departamento de Vichada, ingresaron 1875 de manera regular (Migración Colombia, 2019 b). Al respecto, no fue posible determinar cualitativamente cuántos venezolanos ingresan de manera irregular por Vichada.

A diferencia de los otros dos departamentos estudiados, Vichada ha mantenido un nivel bajo en cuanto al número de contagiados por el COVID-19, con corte al 22 de agosto de 2020: según datos del Instituto Nacional de Salud, Vichada tiene 21 contagiados por el COVID-19; tan baja cifra corresponde, en parte, a las condiciones geográficas y sociodemográficas del departamento. Así mismo, la migración irregular puede aumentar en el departamento debido a las frágiles condiciones de salubridad en Venezuela por la crisis social propia de dicho país, condiciones que han sido agravadas por la pandemia del COVID-19, lo cual, a su vez, tendría un efecto a largo plazo en las condiciones de seguridad en Puerto Carreño.

Los departamentos estudiados se caracterizan por tener una ubicación geográfica relevante, dada su condición de frontera, lo que se convierte en un factor atrayente para los GAO, los GAO-R y los GDO y, por tanto, para la configuración de las amenazas híbridas. Por ejemplo, al compartir frontera con Venezuela, los departamentos de La Guajira y Vichada tienen una configuración relevante, por la presencia de los corredores de movilidad que son necesarios para las actividades ilícitas y altamente utilizados por los GAO. Por otra parte, Vichada y Amazonas son departamentos cuyas condiciones geográficas son, en esencia, fluviales, lo que genera una concepción estratégica a los ríos, principales fuentes de movilidad.

Por otro lado, en Amazonas y Vichada, las alianzas entre los GAO (disidencias, ELN) con grupos delincuenciales y el crimen organizado transnacional hacen evidente cómo las amenazas híbridas, a través de la utilización de tácticas irregulares, con tácticas convencionales y la criminalidad, buscan obtener unos beneficios económicos.

La tabla 2 muestra las amenazas híbridas en cada departamento analizando las economías ilegales y los actores involucrados, teniendo en cuenta la fórmula planteada de las amenazas híbridas, y que vale la pena recalcar cómo el factor de simultaneidad es vital para que se presenten dichas amenazas.

Tabla 2. Amenazas híbridas en cada departamento estudiado

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, el mapa de la figura 2 muestra las zonas de influencia y presencia de los GAO y los GDO, y evidencia la condición geoestratégica de las zonas fronterizas de los departamentos de La Guajira, Vichada y Amazonas. En ese sentido, por ejemplo, en el Alto Vichada se da la presencia del GAO (Los Puntilleros), y el corredor estratégico se configura por su cercanía con la frontera con Venezuela.

Figura 2. Zonas de influencia de las estructuras del crimen organizado y la cadena de narcotráfico.

Fuente: Cajiao et al. (2018).

Por otro lado, los tres departamentos estudiados presentan problemáticas sociales (violencia), económicas (desempleo, pobreza) y políticas (corrupción), que los hacen vulnerables ante la presencia de amenazas híbridas. Al respecto, las comunidades que habitan dichos territorios están sometidas a condiciones de vulnerabilidades que las hacen proclives a los GAO y a los GDO. Tal situación se presenta, en parte, por el contexto social, económico, político y cultural que propicia y favorece las actividades criminales (Molano et al., 2016).

Así mismo, por sus condiciones geográficas, La Guajira, Amazonas y Vichada presentan un deficiente desarrollo de su infraestructura vial, lo que dificulta la conectividad y el desarrollo socioeconómico de las regiones. La mezcla de las problemáticas sociales, económicas y políticas genera en estos departamentos mayor vulnerabilidad a la presencia de actores, medios y modos que generan inseguridad y, por tanto, unas amenazas híbridas.

Ahora bien, La Guajira y Vichada comparten frontera con Venezuela, lo que ha generado una mayor recepción de migrantes ilegales. Al respecto, el Banco Mundial señala que municipios como Maicao y Puerto Carreño son zonas fronterizas rezagadas, a través de la identificación metodológica del Índice de Rezago Territorial (IRT) y el análisis de clústeres:

[...] un clúster alto (Vichada) señala una aglomeración de municipios con altos niveles de pobreza y pocas oportunidades económicas (rezagados), rodeado de municipios vecinos también rezagados. Este tipo de clúster presenta los retos más importantes de política pública, pues las brechas en términos de oportunidades económicas y acceso a servicios y necesidades básicas de la población son mayúsculas. Estas son las regiones más rezagadas del país y la llegada de nuevos migrantes, especialmente aquellos en condiciones de pobreza, puede sumar a los ya importantes desafíos para reducir estas brechas de desarrollo (Banco Mundial, 2018, p. 155).

Con la pandemia del COVID-19, la situación socioeconómica de las comunidades indígenas en La Guajira y Amazonas se agrava por la falta de acceso a servicios públicos tan importantes como la salud y el agua potable. Así mismo, con la situación macroeconómica del país, caracterizada por el aumento del desempleo y una posible recesión, a largo plazo las inversiones para políticas públicas sociales pueden verse afectadas para las comunidades más vulnerables. También se pueden generar riesgos para la seguridad, por la falta de oportunidades económicas, y como hemos visto, muy seguramente la criminalidad se aprovechará de la situación social y económica para vincular a más personas en sus actividades ilegales.

Conclusiones

Al analizar los tres departamentos estudiados, se evidencia que en todos y cada uno de ellos se presentan amenazas híbridas, pues actores como los GAO, los GAO-R, los GDO y el crimen organizado transnacional utilizan métodos y medios convencionales empleado, de una forma simultánea, tácticas irregulares y actividades criminales, todo lo cual hace que se configure la amenaza hibrida.

Al respecto, las amenazas híbridas son una compleja variación de la guerra, en la cual las decisiones de la guerra no están enfocadas en centros de gravedad netamente militares. Así mismo, se emplean en ellas diversos instrumentos, como las actividades terroristas y delincuenciales, el sabotaje y la desinformación en los diferentes espectros de la guerra, ya sea regular o irregular (Thiele, 2016). De esta manera, ni las amenazas híbridas ni los centros de gravedad giran ya solo en torno a lo militar, sino que a través de otros medios se busca afectar centros de gravedad económicos, sociales y políticos. Así mismo, las amenazas funcionan en torno a una multidimensionalidad para poder perpetrar ataques coordinados en diferentes espacios del poder.

Según lo anterior, la criminalidad en la amenaza híbrida es la que permite al oponente lograr su objetivo político; ello, teniendo en cuenta los postulados de Hoffman. En tal sentido, el componente disruptivo de las guerras híbridas no proviene de tecnología de punta o revolucionaria, sino de la criminalidad. Al respecto, la conceptualización de lo “híbrido” permite entender cómo funcionan dichas amenazas, en las cuales la combinación de tácticas irregulares con tácticas convencionales y criminales es la esencia de las amenazas. Así mismo, para financiarse, los actores armados utilizan las economías ilegales como el narcotráfico, el contrabando, la extracción ilícita de minerales y la trata de personas, entre otras actividades criminales que generan una disrupción.

El surgimiento de amenazas hibridas se configura, entre otras, por la reacomodación de estructuras criminales en espacios que antes controlaban las FARC-EP —y que actualmente se disputan los GAO y los GAO-R—, al igual que por el modo de utilizar tácticas irregulares con actividades criminales como el tráfico de droga, la extorsión y el secuestro, entre otros.

Los departamentos estudiados presentan condiciones de violencia estructurales que se ven potencializadas por el contexto socioeconómico y político, caracterizado por las brechas políticas, económicas y sociales existentes, expresadas en la precariedad y la fragilidad estatales, el poco desarrollo socioeconómico de las regiones reflejado en la falta de conectividad vial y problemas institucionales como la corrupción, que generan riesgos y vulnerabilidades para la población civil. De esta manera, se genera un ciclo de violencia que es aprovechado por los GAO, los GAO-R y los GDO, y genera un impacto humanitario y socioeconómico en las comunidades que habitan estos territorios.

Dadas las condiciones geográficas de los departamentos estudiados, se presentan dinámicas territoriales de seguridad diferenciadoras, y ante lo cual las amenazas híbridas se potencializan. Por ejemplo, ante la condición geográfica de La Guajira, la economía ilegal que sobresale es el contrabando, y en los últimos años se ha evidenciado un aumento de embarcaciones que salen con droga hacia el mar Caribe. En los departamentos de Amazonas y Vichada, por su condición geográfica, esencialmente fluvial, los ríos son utilizados para transportar drogas ilícitas, y así el narcotráfico se configura como la actividad principal ilícita utilizada por los GAO. Así mismo, en departamentos como La Guajira y Vichada la migración irregular ha aumentado, y eso ha generado problemas de inseguridad; en parte, también, por el rezago en indicadores socioeconómicos como el empleo, la salud, la vivienda y la educación, tal cual fue señalado por el estudio del Banco Mundial.

En segundo lugar, estos tres departamentos tienen una característica común: su condición fronteriza. Esta condición es, quizá, la más importante para las amenazas híbridas, pues la porosidad limítrofe es aprovechada y explotada para cometer actividades ilegales. El campo estratégico lo genera la condición de frontera y lo que ello representa para los actores ilegales: menor control estatal, mayor vulnerabilidad de la población y mayores rentabilidades económicas. De esa manera, la actual coyuntura del país exige la intervención del Estado en materia de seguridad en los departamentos estudiados, para mejorar las condiciones de seguridad. Al respecto, es importante señalar que la Fuerza Pública ejerce presencia y control en las fronteras, con la presencia y el control a cargo de las unidades militares y policiales.

En ese sentido, la acción estatal en las zonas de frontera es de suma importancia para minimizar los riesgos y las amenazas; sin embargo, se requieren políticas públicas integrales que involucren no solo la presencia estatal reflejada en la Fuerza Pública, sino el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y políticas de los territorios.

En tercer lugar, en los mencionados departamentos se evidenció, durante las salidas de campo, una presencia del Estado diferenciada; es decir, los grados de articulación política, económica y social con el centro del país son por completo diferentes. Al respecto, el contexto sociopolítico y económico influye en las condiciones de seguridad de los departamentos: cuando la población no tiene ingresos, tiende a recurrir a prácticas ilegales como el narcotráfico, entre otros, como mecanismos para subsistir. En ese sentido, la falta de oportunidades económicas y sociales termina generando condiciones de pobreza, y a mediano y largo plazo, problemas de seguridad.

Ahora bien, con la pandemia del COVID-19 se pueden crear mayores vulnerabilidades para la población civil que reside en los territorios y, sobre todo, para las comunidades indígenas que viven allí. Dicha situación, en parte, se agrava por la falta de acceso a servicios públicos como el agua potable y la salud en estos territorios, donde los indicadores socioeconómicos son bajos, comparados con otras regiones del país. Esta crisis sanitaria a largo plazo puede aumentar la pobreza, el desempleo y otros indicadores socioeconómicos, que, eventualmente, se convertirán en riesgos para la seguridad de toda Colombia, si el Estado no logra intervenir.

1 Este artículo se encuentra vinculado al proyecto de investigación de 2017-2018 denominado “Contexto Social, Político y Económico Región Caribe 1985-2016 y Región Amazonia-Orinoquía”, del grupo de investigación Análisis en Contexto, financiado por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

³ Según la Directiva 15 de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional, se definen como GAO los grupos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Así mismo, se requiere que el grupo utilice la violencia armada contra el Estado y la población civil, a un cierto nivel que supere los simples disturbios, y que tengan un mando y una organización definidos (Ministerio de Defensa Nacional, 2016).

⁴ El término GDO recoge la definición de grupo delictivo organizado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo de 2000): “[...] se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material” (p. 5).

⁵ Este término recoge la definición de la Convención de Palermo sobre grupo delictivo organizado, con una diferencia fundamental, relacionada con el alcance geográfico trasnacional de las actividades criminales y delictivas, y el cual implica que estas sean cometidas en varios países.

⁶ Entrevista hecha por el grupo de investigación Análisis en Contexto, en 2018, en Riohacha, La Guajira.

⁷ Entrevista hecha por el grupo de investigación Análisis en Contexto, en 2018, en Riohacha, La Guajira.

⁸ Se entiende como migración ilegal o irregular “la situación de las personas que están en un país y cuyo estatus no está en conformidad con los requisitos nacionales” (ONU, 2018, s. p.).

⁹ Corregimiento del municipio de Manaure, que cuenta con una ubicación geográfica relevante para la actividad del narcotráfico.

¹⁰ Entrevista hecha por la autora, vía zoom, en 2020.

¹¹ Dicha dinámica fue evidenciada en un trabajo de campo realizado por el grupo de investigación Análisis en Contexto, durante 2017 y 2018, en el departamento de Amazonas.

¹² Entrevista hecha por el grupo de investigación Análisis en Contexto, en Puerto Nariño, Amazonas, en 2018, a funcionarios de la Personería Municipal.

¹³ Dinámica que fue corroborada por el grupo de investigación Análisis en Contexto, por las entrevistas hechas a diferentes funcionarios de la Fuerza Pública, así como a autoridades locales del departamento de Amazonas, como la Gobernación, la Alcaldía de Leticia y la Defensoría del Pueblo, entre otros, así como el trabajo de campo hecho en la triple frontera.

¹⁴ Entrevista hecha por el grupo de investigación Análisis en Contexto a funcionarios de la Alcaldía de Leticia, Amazonas, en 2018.

¹⁵ Entrevista hecha por el grupo de investigación Análisis en Contexto a funcionarios de la Alcaldía de Puerto Nariño, Amazonas, en 2018.

¹⁶ Entrevista hecha a la Fuerza de Tarea Ares, en el Grupo Aéreo del Oriente, en Marandúa, Vichada, en 2018.

¹⁷ Dinámica que se evidenció en la realización de entrevistas a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública, la Gobernación de Vichada, la Alcaldía de Puerto Carreño, Migración Colombia y organizaciones de la sociedad civil, durante una visita de campo en el departamento de Vichada, en 2018.

¹⁸ Fenómeno que se evidenció con la realización de entrevistas a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública, la Gobernación de Vichada, la Alcaldía de Puerto Carreño, Migración Colombia y organizaciones de la sociedad civil, así como mediante el trabajo etnográfico realizado en Puerto Carreño.

¹⁹ El término raspachín se refiere a un jornalero que subsiste con la recolección de un producto ilegal.

²⁰ Migración Colombia entiende “la migración irregular cuando Ingresan por trocha, No hacen Control Migratorio, sobrepasan el tiempo de permanencia otorgado” (Migración Colombia, 2019b).

Referencias

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