Artículo
PATRICIA BARANDA CARMONA2 Universidad Nacional Autónoma de México
1. Artículo resultado de investigación de tipo artículo de reflexión.
2. Tiene la Maestría en Estudios en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México, en la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Contacto: patriciabarandabac@aragon.unam.mx
La coyuntura internacional de las dos guerras mundiales se convierte en un punto de inflexión para el reconocimiento y la defensa de los Derechos Humanos (DD. HH.), de donde se desprende un consenso global en la búsqueda de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, lo cual se cristaliza, a través del tiempo, mediante diversos movimientos e instrumentos internacionales y regionales orquestados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), los cuales marcan una ruta para la transversalidad de la perspectiva de género, así como para promover el rol de las mujeres en la construcción de la paz y seguridad mundiales. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el movimiento He for She3, entre otros.
Los cambios estructurales internacionales, marcados por el proceso de globalización, y democratización, el avance tecnológico, el surgimiento de actores como las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), las nuevas amenazas y el auge de la fuerza laboral femenina, inciden en la forma como se conciben el ser militar y su misión, cada vez más cercana a la sociedad que a conflictos de carácter interestatal. Estas transformaciones propician la participación de las mujeres en el Ejército, con base en las características históricas, culturales, sociales, políticas y económicas de cada país.
Ahora bien, la participación de las mujeres mexicanas en el ámbito militar subyace a diferentes coyunturas tanto internacionales como nacionales. En ese sentido, destacan hitos históricos como el proceso de independencia del país (1810) y la Revolución mexicana de 1910, cuya herencia sienta las bases ideológicas y estructurales del Estado mexicano tal como se lo conoce en la actualidad, e institucionalizadas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que aglutinará a sectores estratégicos como las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y los sectores obrero y empresarial para la continuidad del régimen y la estabilidad del país. Bajo esas aristas es profesionalizado el Ejército mexicano, cuyas raíces históricas definirán su naturaleza sui generis respecto a otros ejércitos (Moloeznik, 2008; Rodríguez y Solís, 2018).
Con la celebración, en la Ciudad de México, de la Conferencia del Año Internacional de la Mujer, instituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1975, se reforma el marco legal nacional tendiente a eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres. Posteriormente, con base en los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, progresivamente se institucionalizarán de manera transversal los asuntos de género, lo que incidirá en una mayor presencia de mujeres en tareas antes restringidas: por ejemplo, en el ámbito operativo o, incluso, en las Operaciones de Paz de la ONU.
El presente estudio responde a la pregunta ¿Cuáles son los aspectos que propician la participación de las mujeres en el Ejército mexicano? A ella se responde que la incursión de las mujeres en el Ejército se debe a cambios estructurales en el contexto internacional, así como a coyunturas nacionales que han derivado en la adopción de instrumentos internacionales, que inciden en la formulación de políticas y marcos legales con perspectiva de género, lo cual, a su vez, surte efectos en la institucionalización de los temas de género y en la paulatina apertura de las fuerzas castrenses hacia las mujeres ante la complejidad nacional y el acontecer mundial del siglo XXI. Por tanto, el objetivo del presente trabajo es describir los aspectos estructurales globales y nacionales que propiciaron la participación de las mujeres en el Ejército mexicano, de lo que se desprende la identificación de los avances y los desafíos intrínsecos a esta realidad.
Para dar curso a lo planteado, el documento inicia con la fundamentación teórica basada en las relaciones civiles-militares, de donde se desprende la revisión del enfoque institucional y del cultural, la perspectiva latinoamericana y las relaciones civiles-militares en el caso mexicano. Posteriormente, se plantea la participación de las mujeres en el Ejército mexicano, con una perspectiva histórica, donde se consideran aspectos globales y nacionales. Más adelante se estudian las políticas con perspectiva de género implementadas en el Estado mexicano que surten efecto tanto para consolidar la participación de las mujeres en el Ejército como en el compromiso y la labor de México con el exterior, en materia de género. Se finaliza con las conclusiones.
La metodología empleada para la elaboración del presente se basa en el análisis de contenido de fuentes impresas y digitales, bibliográficas y hemerográficas especializadas, así como en leyes, documentos, informes de labores y planes nacionales del Gobierno Federal.
Por otro lado, cabe señalar que durante la Guerra Fría la mayor parte de los Estados mantuvieron la supremacía civil en virtud de que los ejércitos se enfocaban en la amenaza militar externa proveniente de la Unión Soviética (URSS) o de Estados Unidos, según el bloque en cuestión; por tanto, la supremacía civil se definía en la separación entre las autoridades civiles y la milicia, cuyo contacto real se daba en el aspecto presupuestario (Hristoulas, 2002).
Durante la Posguerra Fría, los enemigos estatales tienden a disminuir, debido al reordenamiento del sistema internacional y, por ende, al surgimiento de nuevas amenazas de carácter multidimensional, como a la proliferación de armas de destrucción masiva, el narcotráfico, el lavado de dinero y el calentamiento global, entre otras, por lo cual los Estados tuvieron que redefinir las misiones militares de las FF. AA., lo que incide en la naturaleza de las relaciones cívicomilitares (Hristoulas, 2002).
Hristoulas (2002) identifica dos tipos de misiones militares. La primera se enfoca en la naturaleza interna o externa de la misión, donde la amenaza externa orienta al Ejército hacia el exterior disminuyendo su participación en la política interna; pero si se enfrentan amenazas internas, la autoridad civil tiende a ser débil, lo que dificulta el control militar por parte de los civiles. La segunda, por su parte, enfatiza en si las misiones son catalogadas como militares o no. Estas han adquirido relevancia en la Posguerra Fría, cuando la expansión de la democracia trajo consigo una nueva realidad para las misiones de los ejércitos, tales como: la mediación entre grupos rivales; tareas policiales para el mantenimiento del orden; trabajos públicos, y apoyo ante desastres naturales. Así, las misiones del Ejército son establecidas con base en los escenarios de seguridad nacional e internacional que el Estado enfrente, lo cual incide en las relaciones civiles-militares.
Uno de los principales autores de esta perspectiva es Brian Loveman, quien señala que las raíces históricas de las relaciones civiles-militares en Hispanoamérica surgen por iniciativa de la Corona española al unir el Ejército con la Iglesia en cuanto a los fueros militares y los títulos nobiliarios. Ello se expandió en los territorios conquistados, a través de los sacerdotes y los soldados, bajo los principios y las tradiciones como el catolicismo, el idioma, las instituciones políticas y la monarquía. Así, la milicia se vuelve una figura política y judicial, legado de la oligarquía y el Vaticano en la relación civilmilitar en América Latina. En este sentido, la subordinación militar al mando civil planteada por Huntington se da a la inversa en las colonias españolas, lo cual ha trascendido, con sus respectivos matices, en cada país a través del tiempo (Rodríguez y Solís, 2018).
Para Loveman, el legado de la alianza entre la oligarquía y la Iglesia entrelazó la institución militar, la autoridad civil y la sociedad en América Latina, hasta convertirse en un aspecto medular de las relaciones civiles-militares, así como en un desafío toral para los gobiernos democráticos. También destaca la influencia de las misiones diplomáticas europeas y estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial en la modernización de las FF. AA. Latinoamericanas, donde cobra relevancia la generación de doctrinas de seguridad nacional basadas en el aspecto geopolítico, el desarrollo interno y la ideología del enemigo tanto interno como externo, lo que, de cierta forma, incita a los militares a asumir el poder político en diversos países del hemisferio (Rodríguez y Solís, 2018).
Dicho lo anterior, las FF. AA. asumen el rol de guardianas de la Patria dentro del marco de una “democracia protegida”, lo que con el tiempo se convertiría en una característica de la cultura regional y de la tradición militar, que redunda en un alto nivel de autonomía, privilegios y roles políticos de la milicia, lo cual es nutrido por autoridades y sociedades civiles endebles y autoritarios (Rodríguez y Solís, 2018).
De acuerdo con Wood (2002), es indispensable adoptar una perspectiva que recupere los cambios estructurales tanto del sistema internacional como del nacional, a fin de entender las relaciones cívico-militares. En tal sentido, este apartado se enfoca en el plano regional, en América Latina, ya que en la siguiente sección se aborda el aspecto nacional con el caso mexicano.
Para Francis Fukuyama, el final de la Guerra Fría significó el fin de la historia, al consumarse la confrontación ideológica entre el bloque capitalista y el comunista, lo que implicó una restructuración en las relaciones de Estados Unidos con América Latina, por sustraerse el aspecto ideológico que patrocinó diversas operaciones militares en contra de movimientos comunistas en la región, a lo cual se agregan cambios estructurales internacionales, como la expansión democrática, la liberalización económica, la globalización y sus efectos, que conminaron a los ejércitos a buscar una raison d’etre. De ahí que se identificaran nuevos enemigos internos, amenazas y misiones de índole social (educativas y salud) y económicas, que resultaron en un replanteamiento de las relaciones cívico-militares en Latinoamericana (Wood, 2002).
La democracia se volvió una plataforma para la transición política —de regímenes autoritarios a democráticos—, económica y social. La liberalización económica se cristalizó con el Consenso de Washington, que promueve reformas estructurales de corte neoliberal donde el Estado adquiere un papel reducido frente al laisse fair del mercado, lo que implica privatizaciones, reducción del gasto gubernamental (incluido el social y militar) y liberalización comercial y de la inversión extranjera directa (IED), entre otros aspectos. Tras la llamada “década perdida”, que se caracterizó por la deuda externa generalizada en la región, estas reformas fueron vistas con esperanza por los gobiernos latinoamericanos; no obstante, uno de sus principales efectos fue el aumento de la desigualdad social (Girón, 2008).
En cuanto a la globalización, esta se distingue por la interconexión transnacional —especialmente, de las actividades económicas—, lo que atañe a las relaciones civiles-militares en tres aspectos: 1) capital internacional; 2) auge de la sociedad civil internacional, y 3) inmediatez comunicacional. El primer punto implica la conservación de una imagen que proyecte estabilidad para la atracción de IED; por tanto, el balance entre la autoridad civil y la milicia es un asunto que los inversionistas vigilan meticulosamente: por ejemplo, la internacionalización del conflicto de Chiapas (1994) en México provocó que los inversionistas retiraran su capital o exigieran intereses más altos para permanecer en el país (Wood, 2002).
Por su parte, la sociedad civil ha ganado terreno a escala mundial, dada su cobertura mediática y educacional, su capacidad de denuncia y su cercanía con las personas y las causas que defienden. Un par de ejemplos de su influencia son Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), que ponen específica atención al respeto de los DD. HH. por parte de los gobiernos y los militares, así como la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, galardonada con el premio Nobel de la Paz en 2017 (Rizzi, 2017; Wood, 2002).
Una característica de la globalización es la capacidad para transmitir información de manera inmediata alrededor del orbe; ello ha impulsado una conciencia y una opinión pública globales que han trascendido al grado de generar movimientos sociales como la Primavera Árabe, en 2010, que resultó en la transición a la democracia en Túnez, pero también, en conflictos como el de Siria. De ahí la relevancia de los medios de comunicación y de las redes sociales (Amnistía Internacional, 2016; Wood, 2002).
Para autores como Diamint, pese a los citados cambios estructurales, la institucionalización de la subordinación de las FF. AA. hacia la autoridad civil ha sido parcial, dado el talante de las relaciones civiles-militares, donde la tensión entre la gobernabilidad y la democracia ha dejado espacios que limitan dicho proceso, lo que conlleva, a su vez, nuevas formas de poder militar; especialmente, en gobiernos populistas carentes de una estructura partidaria o con partidos endebles donde el Ejército se incorpora al poder político como garante del Estado.
Por otro lado, D’Araujo (2013) señala la existencia de diversos patrones en las relaciones civiles-militares en América Latina; a saber, el prestigio y el respeto por parte de la sociedad hacia las FF. AA.; el auge de la institucionalización de la cooperación regional; las nuevas misiones de tipo social del Ejército (salud, educación) e, incluso, misiones policiales; cierto corporativismo del Ejército para conservar algunos privilegios, y la incorporación de las mujeres en las fuerzas castrenses.
Los citados cambios en el contexto internacional evidencian que mientras los conflictos armados entre Estados tienden a disminuir, tienden a emerger nuevas amenazas, tales como la proliferación de armas de destrucción masiva, el terrorismo, el crimen organizado, la inestabilidad política y los desastres naturales, junto con otras de carácter humanitario, cuya naturaleza multifactorial y multidimensional conminan a las FF. AA. a reformular sus misiones y sus valores, de cara a las nuevas realidades, donde un aspecto medular es el acercamiento del militar con la sociedad a la que pertenece, lo cual Moskos denomina civilianización. También plantea el modelo “institucional-ocupacional”, donde al paradigma institucional tradicional (basado en valores) se añade el modelo ocupacional, propio de los civiles, y caracterizado por las motivaciones personales y económicas de los individuos en su ejercicio profesional (Donadio, 2018; Martínez et al., 2013). Dicho esto, el actual perfil militar se ciñe a los siguientes parámetros:
Para D’Araujo (2013), la inclusión del género en las relaciones civiles-militares atiende a la expansión de los derechos ciudadanos de las mujeres. Por su parte, Donadio (2018) sostiene que la inclusión de las mujeres en las FF. AA. se articula con las tareas que realizan, al igual que con lo que la sociedad espera de ellas. En este sentido, enfatiza en la forma como el Ejército difunde, a través de videos y fotografías, la presencia femenina en sus filas, lo cual responde a que los comunicadores perciben el género como un factor que muestra a la institución militar como sensible a la causa de la igualdad de género.
Rial (2013) señala que la incorporación de las mujeres en los cuerpos militares es una justificación de la democratización de dichas instituciones, aunque, en la práctica, todavía se reproduzcan las mismas desigualdades que en la sociedad civil. En este tenor, D’Araujo (2013) menciona que en la carrera militar aún existen limitaciones para las mujeres por cuestiones de fuerza física y aspectos biológicos, así como en la ocupación de puestos de mando.
Tras la consumación de la independencia de México, en 1821, el trayecto hacia la constitución del Estado mexicano se vio lacerado por la pugna entre liberales y conservadores, lo que condujo a una serie de guerras civiles e intervenciones extranjeras. Entre 1876 y 1910 tuvo lugar la dictadura del general Porfirio Díaz, cuyo liderazgo logró el control político. Entre 1910 y 1917 se gesta la Revolución mexicana, cuyo legado fue asumido por la élite castrense —encabezada por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles—, que concentró el poder con la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), en 1929, y posteriormente denominado Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Benítez, 2005; Rodríguez y Solís, 2018).
icho lo anterior, las FF. AA. son herederas de la revolución, lo cual significa que sus misiones se dirijan al interior, su ideología institucionalice este proceso histórico y su composición (campesinos y ciudadanos de clase popular) las distinga del carácter elitista de los cuerpos militares latinoamericanos. De la misma forma, se vuelven la piedra angular de la constitución del Estado, hasta que en1946 asume la presidencia un civil: Miguel Alemán Valdés, quien contaba con el respaldo de la élite militar, empresarial y del exterior; por tanto, la profesionalización y la subordinación de la milicia permitirían a la clase civil garantizar el control del aparato estatal (Benítez, 2005; Moloeznik, 2008).
Esta subordinación militar hacia el poder civil se dio bajo un pacto civilmilitar no escrito, donde destacan los siguientes aspectos:
Estas acciones redundaron en un sistema político reactivo e inseguro, ya que por décadas se canceló la rendición de cuentas ante el Congreso y la sociedad, además de mantener al margen a las FF. AA. ante la sociedad; solo enfrentaron a los disidentes del presidencialismo. Empero, ante el movimiento estudiantil de 1968, el priismo desarrolló una estrategia de apertura controlada, que dio paso al andamiaje institucional para la constitución de la izquierda mexicana, bajo el Frente Amplio, liderado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tras el muy cuestionado proceso electoral de 1988, que mantuvo al PRI en el poder (Rodríguez y Solís, 2018).
Durante este proceso, se dieron hechos que lo marcaron y pusieron a prueba la subordinación de las FF. AA. hacia el poder civil. Entre ellos destacan el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, cuyos alcances incidieron en la presión de la sociedad y la comunidad internacional, lo que, a su vez, propició el “proceso de paz”; el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, en 1994, lo cual incidió en un arreglo político que reconstruyera la dañada legitimidad del régimen; el deterioro de la seguridad nacional, a causa del narcotráfico y de problemas de seguridad pública, por lo que las FF. AA. incursionan en tareas policiales (Rodríguez y Solís, 2018).
En 2000 se da la alternancia en el poder, con el arribo de Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional (PAN), a la Presidencia de la República, lo que marca un antes y un después para el Estado mexicano, que durante el siglo XX se constituyó bajo la ideología revolucionaria con el liderazgo del PRI, lo cual vira la vida política del país de cara al nuevo milenio. Las fuerzas castrenses se mantuvieron al margen ante este proceso y conservaron la lealtad al poder civil, considerando que la alternancia no modificó su autonomía ni los privilegios del ámbito militar (Rodríguez y Solís, 2018).
Posteriormente, el país es asolado por la criminalidad, lo que incide en el protagonismo de las FF. AA. para el mantenimiento del Estado de derecho, a lo que se agrega una presidencia cuestionada, que puso en entredicho el sistema electoral nacional; de ahí la llamada guerra contra el narcotráfico, cuyo fondo era legitimar el gobierno de Felipe Calderón. El desgaste del PAN en dos sexenios y la ola de violencia generan un hartazgo social y críticas a la actuación militar. Así, en 2012 regresa el PRI a la presidencia, con Enrique Peña Nieto, quien buscó pacificar al país conforme a las demandas de la sociedad; sin embargo, este gobierno se vio empañado por los casos de Tlatlaya y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en 2014, lo cual alude al excesivo uso de la fuerza por parte de los militares y a violaciones de los DD. HH. (Rodríguez y Solís, 2018).
Estos hechos dan cuenta de la compleja relación de las FF. AA. con la sociedad, e ilustran el deterioro de la relación civilmilitar ante la ola de violencia que ha azotado al país desde los auspicios del nuevo milenio, lo que denota el trasfondo estructural de la criminalidad y de la necesidad de restructuración del sistema de seguridad nacional (Moloeznik, 2008; Rodríguez y Solís, 2018).
Este apartado recupera los instrumentos y los momentos coyunturales internacionales y nacionales que, con base en el presente estudio, se considera que incidieron en la incursión de las mujeres en el Ejército mexicano. Cabe precisar que se acota hasta 2000 considerando los cambios estructurales globales y nacionales que ya han sido mencionados
Con las dos guerras mundiales del siglo XX empieza un cambio gradual de paradigma, donde cobra relevancia la participación de la mujer en el ámbito de la seguridad. En este contexto, una primera actuación fue sustituir la mano de obra masculina, porque esta se encontraba en la guerra. Así surgieron grupos de voluntarias que realizaban tareas administrativas, de enfermería, de conducción y mantenimiento de vehículos, de comunicaciones, de vigilancia aérea o defensa pasiva y de enfrentamiento. Ejemplo de ello es el entrenamiento de los pilotos mexicanos que integraron el Escuadrón 201 cuando México incursionó en la II Guerra Mundial, y quienes fueron entrenados por mujeres8 (Frieyro y Robles, 2012).
El legado de la Segunda Guerra Mundial, dada la destrucción material y humana, reconfiguró el sistema internacional, cuya preocupación era evitar otra catástrofe de esa índole; de ahí la creación de un entramado institucional que buscaría velar por la paz y la seguridad internacionales, bajo el cobijo de la ONU, creada en 1945, y cuya carta constitutiva reconoce la igualdad de género al citar en su preámbulo la “fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y valor de la persona, en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres” (Naciones Unidas, 1945).
Desde entonces se marca la ruta para la adopción de diversos instrumentos internacionales, declarativos y vinculantes sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, a la par con un consenso casi global respecto a los compromisos políticos y las estrategias multilaterales para la consecución de la igualdad y el empoderamiento de la mujer. También ha habido avances en la implementación de políticas promovidas por la ONU, cuya trascendencia se cristaliza, por ejemplo, en la institucionalización de la igualdad de género dentro del marco legal y las políticas públicas de México. Entre los mecanismos más significativos en los planos global y regional, se encuentran:
Carreiras (2018) sostiene que son dos los factores que propician la participación femenina en las fuerzas castrenses: 1) factores políticoculturales y 2) la transformación en la organización militar. En el primero de estos factores, se empieza a reconocer el papel de la mujer, dada su presencia en el mercado laboral, así como las presiones de las democracias por la igualdad y la ampliación de derechos y de oportunidades ciudadanas. Un caso ilustrativo es el mitin llevado a cabo en San Francisco, California, en 1970, con motivo del quincuagésimo aniversario del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en Estados Unidos, y donde se denunció que, pese a la igualdad jurídica, de facto prevalecía la desigualdad entre hombres y mujeres, en la moral sexual y en la labor doméstica. El segundo factor corresponde a los cambios estructurales en los planos global y nacional.
Es así como, paulatinamente, se ha admitido a las mujeres en las academias militares; también se han implementado políticas inclusivas que les dan acceso a cargos y funciones operacionales en las áreas de infantería, caballería blindada, artillería, pilotaje de combate, submarinismo y operaciones especiales. Un caso ilustrativo de la guerra de Estados Unidos en Afganistán (desde 2002) lo plantea el director del Colegio Interamericano de Defensa, mayor general James E. Taylor, al subrayar la importancia de las mujeres militares en ese conflicto, donde hay una parte de la población con la que no se puede interactuar si se es hombre. He ahí un ejemplo de la importancia del rol de las mujeres en determinadas situaciones para el cumplimiento de una misión (Colegio Interamericano de Defensa [CID] y Junta Interamericana de Defensa [JID], 2019).
En el nuevo milenio, dichos procesos se acompañaron por una ola de empoderamiento femenino. En el caso de América Latina, varias mujeres asumieron la presidencia en sus países: por ejemplo, Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil y Michelle Bachelet en Chile, por mencionar algunas; otras encabezaron los ministerios de Defensa, como Michelle Bachelet (2002-2004) y Vivianne Blanlot (2006-2007), en Chile; Martha Lucía Ramírez (2002-2003), en Colombia; Nilda Garré (2005-2010), en Argentina, y María Cecilia Chacón (2011), en Bolivia, entre otras. Cabe precisar que el arribo de estas mujeres a los ministerios de Defensa atiende a las características de estos, en su mayoría civiles o civiles-militares, así como a la asignación de dichos cargos por parte del presidente; es decir, no se trata de mujeres con carrera militar que hayan encabezado tales ministerios (Lucero, 2018).
En el plano global, la pujanza por la igualdad de género se hace patente en los ODM en 2000, donde se enfatizan las necesidades humanas más apremiantes y los derechos de los individuos bajo un enfoque de sostenibilidad. Pese a los alcances de los ODM, permanecen desafíos que dieron paso a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en 2015, donde se aprueba la Agenda para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), que integra 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) (Naciones Unidas México, s.f.).
Estos aspectos han llevado a una oleada de concienciación sobre discrimi-nación, abuso y acoso sexual y violencia de género, prevalecientes en distintas partes del orbe. Un caso ilustrativo son las convocatorias #Niunamenos y #MeToo (Lucero, 2018). Asimismo, se impulsó la agenda Mujeres, Paz y Seguridad (en inglés, WPS, por las iniciales de Women, Peace and Security), de la ONU, donde se aprobó, por unanimidad, en el Consejo de Seguridad, la Resolución 1325 (2000), como un marco de referencia para las políticas de integración de género en las FF. AA. y en las operaciones militares internacionales, lo que se ha traducido en la importancia de dicha agenda para el logro de los ODS; el caso de Alaa Salah, conocida como La Dama de la Libertad, y cuyo activismo logró que en la Declaración Constitucional del nuevo gobierno de Sudán se hiciera referencia de la Resolución 1325 (2000) (Carreiras, 2018; ONU Mujeres, 2020).
La participación de las mujeres en el ámbito militar ha cobrado vigencia en distintos hitos históricos del Estado mexicano. Uno fue la lucha de independencia (1810-1821), cuya función fue de mensajeras, contrabandistas y espías. El gobierno español las consideró su peor enemigo, otros las calificaron como un arma persuasiva para el reclutamiento de soldados. Entre las personalidades que destacaron en tal sentido se encuentran Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Manuela Medina ‘La Capitana’, entre otras (Colegio de Defensa Nacional y Centro de Estudios Superiores Navales, 2015).
Otro hito histórico corresponde a la Revolución mexicana (1910-1921), donde las mujeres desarrollaron actividades políticas y militares, pero también realizaron servicios de alimentación, enfermería y vigilancia como Eulalia Jiménez Méndez, quien fue encarcelada en 1910. Entre las causas que explican la partici-pación de las mujeres en este proceso se encuentran seguir a un soldado por el vínculo familiar o sentimental, o bien, haber quedado sin hogar; por tanto, su participación también era un medio de supervivencia (Ibarra y Méndez, 2013).
La participación femenina en este contexto resultó en el preludio de los movimientos feministas en México en pro de sus derechos —igualdad salarial, seguridad en el empleo, protección a la maternidad, obtención del voto— y su participación política. En este aspecto, la periodista Hermila Galindo, fue una de las principales exponentes del feminismo y la primera mujer en contender en una elección popular, lo que sentó las bases para la participación de la mujer en la vida política del país (Ibarra y Méndez, 2013).
Ante esta oleada feminista, en la década de 1930 se da cabida a la participación de la mujer en espacio militar, donde causa alta la primera mujer en el servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: María González de Carter.
También se crea la Escuela para Enfermeras del Ejército, que se convierte en el símbolo de las mujeres militares (Secretaría de la Defensa Nacional [SEDENA], 2019).
En 1953 las mujeres obtienen el derecho a votar, lo cual no es producto de la pugna feminista, sino una “concesión” del gobierno con fines electorales, lo que se volvió un símbolo de la modernidad política a la que aspiraba el priismo. En el aspecto militar, ingresan al Ejército mujeres como mecanógrafas, dibujantes y fotogrametristas (Rodríguez, 2015; SEDENA, 2019).
El movimiento estudiantil de 1968, la pujanza de los movimientos feministas en Estados Unidos en los años setenta del siglo XX y la celebración en la Ciudad de México de la Conferencia del Año Internacional de la Mujer, auspiciada por la ONU en 1975, propician una segunda ola de feminismo que se tradujo en debates sobre sexualidad, anticonceptivos y reproducción —temas tabú para los grupos conservadores—, así como en reformas legales tendientes a eliminar la desigual-dad entre hombres y mujeres. Por otra parte, se da apertura al ingreso de mujeres en la Escuela Médico-Militar, la Escuela Militar de Clases de Transmisiones y la Escuela Militar de Odontología (Rodríguez, 2015; SEDENA, 2019).
Los años ochenta del siglo XX se caracterizaron por una serie de movimientos feministas para reivindicar sus derechos. También tiene lugar la impugnación de las elecciones presidenciales de 1988, por parte del Frente Democrático Nacional, lo que posibilitó una agenda feminista con un enfoque de DD. HH., y centrada en el sector laboral y el educativo, así como en la violencia. En ese contexto, el hostigamiento sexual se tipificó como delito (Rodríguez, 2015).
En lo que respecta a las mujeres en la milicia en los ochenta, se resaltan hechos como: la primera mujer en el Curso Básico de Paracaidismo, la integración de mujeres en el Coro y la Orquesta del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la conformación de un grupo femenino para participar en el desfile militar (SEDENA, 2019). Los cambios estructurales globales de la década de 1990 y los auspicios del nuevo milenio incidieron en una mayor participación política de las mujeres, así como en el establecimiento de políticas con perspectiva de género y leyes e instituciones afines a ello, el auge de las ONG, en vínculos con organismos internacionales y la gradual apertura del Ejército en áreas antes restringidas para las mujeres. A raíz de la Conferencia de Beijing, de 1995, se instituyeron programas gubernamentales para las mujeres como el Programa Nacional de la Mujer (PRONAM), y más adelante se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), cuyo propósito es promover la igualdad entre hombres y mujeres, al igual que garantizar la participación equitativa de estas en la vida política, cultural, económica y social del país. Paralelamente, en las entidades federativas se conformaron institutos de las mujeres locales. Es menester mencionar que en algunos estados el proceso fue paulatino, dada la oposición o el perfil conservador y machista de las autoridades, lo que refleja estereotipos culturales estructurales aún vigentes; ello, sin menoscabo de los avances en igualdad de género, que a la fecha se han hecho patentes (Rodríguez, 2015).
Durante la década de 1990, la participación de las mujeres en el Ejército se centró en actividades administrativas y en la fabricación de armamento y municiones, al incorporarse en la Dirección General de Fábricas; las que contaban con Licenciatura en Derecho ingresaron a los organismos de justicia del Ejército; también, como ingenieras, en el Servicio Cartográfico; en 1994, por primera vez, se otorgó el grado de general brigadier a una mujer (SEDENA, 2019). Asimismo, los partidos políticos adoptaron la perspectiva de género como símbolo de la democracia, considerando que las mujeres representaban, ya para entonces, más de la mitad del electorado, lo que implicaba un capital político para futuros comicios (Rodríguez, 2015).
Durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) una propuesta de género significativa fue la implementación de la perspectiva de género en todos los programas del Gobierno Federal, lo cual quedó expreso en el PND 2013-2018; particularmente, en la meta México en Paz, donde se insta a erradicar la violencia de género (Rodríguez, 2015).
Ahora bien, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se identifica el impulso de la igualdad de género de manera transversal, lo que se hace patente en la paridad de mujeres en su gabinete y en el Congreso; en la continuidad de la participación femenina en las OMP; en la emisión de documentos y acciones en ese tenor, lo que se proyecta en el Acuerdo por la igualdad entre mujeres y hombres, que rechaza la desigualdad y el machismo; en el establecimiento de una política exterior feminista, que convierte a México en el primer país de América Latina con una política de esa índole, caracterizada por promover acciones gubernamentales que reduzcan las diferencias estructurales, desigualdades de género y respeten los derechos humanos; y dentro del marco de la participación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2021-2022, cuando se impulsa la Resolución 1325, que en el ámbito nacional se institucionaliza con la creación del primer Plan Nacional de Acción para el seguimiento de la Resolución 1325 (2000), lo que da cuenta de la continuidad del Estado mexicano en la institucionalización de los asuntos de género (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2019; Secretaría de Relaciones Exteriores [SRE], 2020 y 2021).
Las tareas de las mujeres en el Ejército se han orientado a las áreas de sanidad y administrativas; sin embargo, con base en las tendencias internacionales en materia de género y su institucionalización en las fuerzas castrenses, donde se ha demostrado el papel relevante de las mujeres en tareas operativas ante determinadas condiciones —por ejemplo, en el citado caso de la guerra de Estados Unidos en Afganistán, así como en la propia coyuntura política del país—, se ha propiciado que el Ejército mexicano amplíe paulatinamente los espacios para el desempeño de las mujeres militares en el ámbito operativo, tal como se ejemplifica enseguida:
En 2018 la directora de la Escuela Militar de Enfermería, coronel enfermera Maricela Macedo Flores, fue condecorada por sus 40 años de carrera militar. La coronel Macedo es un caso ilustrativo sobre las implicaciones de enfilarse en el Ejército, así como de la evolución de este en su apertura al género femenino. Su inquietud por la milicia surge porque su tío fue general, y su hermano, mayor; no obstante, enfrentó la resistencia de su padre en sus aspiraciones de estudiar e integrarse a las FF. AA., toda vez que en México, antes de la vorágine que ha buscado institucionalizar la igualdad de género, se tenía la idea de que las mujeres estaban destinadas al hogar, y los hombres, al trabajo, como proveedores de la familia, lo cual persiste, en menor medida, en algunos sectores sociales y regiones del país. Pese a ello, la coronel Macedo causó alta en el Ejército en el área de enfermería. Señala que en ese entonces se tenía prohibido hablar con el sexo opuesto, pues hacerlo implicaba un arresto; sin embargo, dada la paulatina apertura de la institución armada hacia la igualdad de género, dicha situación ha cambiado, ya que ahora tanto hombres como mujeres se encuentran en igualdad de circunstancias para el desarrollo de su carrera militar, además de que pueden interactuar con normalidad (Revista Armas, 2018).
Lo anterior se hace patente en la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), donde se estipula que tanto mujeres como hombres pueden desempañarse en el rubro de armas, cuyo máximo grado al que pueden aspirar es a general de división, por lo que tienen la posibilidad de encabezar la Secretaría de la Defensa Nacional considerando su trayectoria militar, según lo establecido por la mencionada Ley. Por su parte, en el área de servicio pueden alcanzar el grado de general de brigada (SEDENA, 2019).
En 2019 el número total de efectivos en el Ejército mexicano era de 214 157 efectivos, de los cuales 188 758 lo comprenden hombres, y 25 399, mujeres (es decir, alrededor del 11,90 % del total). En cuanto a los grados de acuerdo con la escala jerárquica, el máximo que ha alcanzado una mujer es el de general de brigada, seguido de general brigadier y coronel, si bien la presencia femenina aún es exigua en dicho escalafón. Por su parte, los mandos de teniente coronel a capitán 2º ocupan un segundo lugar con presencia de mujeres, mientras que los grados de teniente a soldado concentran el mayor número de ellas. En comparación con el número de hombres, la diferencia es de cerca de 7,5 veces (SEDENA, 2019). Una de las explicaciones en relación con los cargos de mando es por la época y la cantidad de mujeres que ingresaron al Ejército, así como la progresiva apertura de este, de tal suerte que las primeras egresadas de las escuelas de formación son oficiales subalternos y, conforme la normativa de la institución, deben cumplir con una trayectoria robusta, al igual que sus contemporáneos masculinos (Colegio de Defensa Nacional y CESNAV, 2015).
Tal como se muestra en la tabla 1, el número de mujeres todavía es reducido; más aún, en los cargos de mando, por lo que un desafío pendiente es el emparejamiento de estas cifras en términos no solo cuantitativos, sino cualitativos. Un hito histórico sería que en un futuro cercano una mujer liderara la Secretaría de la Defensa Nacional, tal como ha sucedido en algunos ministerios de defensa latinoamericanos, como los de Chile o Argentina.
En la SEDENA se han llevado a cabo medidas para instituir la corresponsabilidad laboral, familiar y personal, incluidos el equipamiento y el adiestramiento adecuado para las mujeres. De igual modo, se ha implementado el protocolo para prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual, de lo que destaca la constante capacitación a todo el personal militar en materia de género (CID y JID, 2019). Entre las citadas acciones se encuentran las siguientes:
Todas estas medidas evidencian el empeño del Ejército mexicano en materia de género con base en las tendencias internacionales y en los compromisos del Estado mexicano en el exterior y en el interior, pero, sobre todo, en su compromiso con la sociedad, a la que se deben y en la que han concentrado su labor ante coyunturas políticas y de seguridad, catástrofes naturales y sanitarias como hoy en día el COVID-19.
En 2014 se anunció la reanudación de la participación gradual de México en las OMP, dentro del marco del 69º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así, desde 2015 hasta mayo de 2019 se han efectuado 83 despliegues de personal militar y policial mexicano en Haití, Sahara Occidental, Líbano, República Centroafricana, Malí y Colombia. Las actividades desempeñadas son de observación militar y como oficiales de estado mayor, planeamiento, comunicacióninformática y operacionales en los cuarteles generales de operaciones de la ONU (Senado de la República, 7 de julio de 2019).
Desde 2016 han tenido presencia las mujeres mexicanas en las OMP, como parte del compromiso del Estado mexicano con Naciones Unidas, al igual que para avanzar en la instrumentación de la agenda de WPS (Instituto Nacional de las Mujeres [INMUJERES], 2019). En febrero de 2020, la SEDENA envió una mayor enfermera a la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) como observadora militar (SEDENA, 2020).
El 8 de enero de 2020 se inauguraron las instalaciones permanentes del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México (CECOPAM), cuya ceremonia fue presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del subsecretario general de Operaciones de Paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, y otros altos funcionarios civiles y militares (SEDENA, 2020).
La vocación pacifista del Estado mexicano ha llevado a su participación en el Grupo de Amigos de Mujer, Paz y Seguridad y en la Red Global de Puntos Focales sobre Mujer, Paz y Seguridad, los cuales son iniciativas intergubernamentales donde se comparten experiencias y buenas prácticas que impulsan los esfuerzos internacionales para el cumplimiento de la agenda propuesta por la Resolución 1325. De ahí se desprende que en enero de 2021 haya presentado su primer Plan Nacional de Acción para el seguimiento de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad (PNA-1325), cuyo objetivo es ejecutar acciones que incorporen la igualdad de género en todos los esfuerzos de prevención, mantenimiento y consolidación de la paz, en los que contribuye México en las OMP (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [SSPC], 2021).
La estructura del PNA-1325 se basa en los ámbitos recomendados por el secretario general de las Naciones Unidas sobre la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad; a saber: 1) prevención; 2) participación; 3) protección, y 4) socorro y recuperación. También comprende 10 objetivos estratégicos, 16 líneas de acción y 23 indicadores específicos. Incluye también un mecanismo de monitoreo y evaluación, y promueve la coordinación interinstitucional para el logro de sus propósitos. Asimismo, integra el modelo de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), que coordina la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y el INMUJERES (SSPC, 2021).
Entre las instituciones que trabajarán conjuntamente para el desarrollo del PNA-1325 se encuentran la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de las Mujeres. De esta forma, México se suma a los 86 países en el mundo que cuentan con un Plan Nacional de Acción para la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (SRE, 2021).
4. En este documento, el término milicia(s) se refiere a la tropa, el Ejército, los cuerpos militares, las fuerzas castrenses o las FF. AA. Asimismo, se precisa que estos términos se usan en alusión a la profesión militar.
5 A efectos del presente documento, por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas a mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado que conlleven: la protección de la nación; la preser-vación de la soberanía y la independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, y la legítima defensa del Estado respecto a otros actores estatales, sujetos del Derecho Internacional y no gubernamentales (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 18 de diciembre de 2020).
6. En este documento se utiliza indistintamente Latinoamérica o América Latina para hacer referencia a la región que comprende desde México, Centroamérica y el Caribe hasta el Cono Sur.
7. A efectos de este documento, por género se entenderán los roles, los comportamientos, las actividades y los atributos de una sociedad y una época determinadas, construidos socialmente; por tanto, la igualdad de género se define como una situación donde mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, el control y el beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural (Secretaría de Marina Armada de México, 2020, pp. 5 y 6).
8. Tras el hundimiento de dos buques petroleros mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro, en el Golfo de México, por parte de submarinos alemanes, el Gobierno mexicano declara la guerra a los Países del Eje en mayo de 1942. Así surge la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana (FAEM), conocida como Escuadrón 201, entrenada y aliada de Estados Unidos (Campos, 7 de mayo de 2015).
Amnistía Internacional. (2016). La “Primavera Árabe” cinco años después. https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/
Banco Mundial (BM). (2019). Gasto militar (% del PIB) Colombia, Brazil. https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=CO-BR
Benítez, R. (2005). México: doctrina, historia y relaciones cívico-militares a inicios del siglo XXI. En Azis A. y Alonso J. (coords.), Globalización, poderes y seguridad nacional (pp. 309-352). Porrúa.
Carreiras, H. (2018). La integración de género en las Fuerzas Armadas Condicionamientos y perspectivas. Nueva Sociedad (278). https://nuso.org/articulo/la-integracion-de-genero-en-las-fuerzas-armadas/