Artículo
Estudios en Seguridad y Defensa, 14(28), 307-328.
https://doi.org/10.25062/1900-8325.273
ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL2
Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), Colombia.
EDWIN GONZÁLEZ CELY3
Ejército Nacional de Colombia, Colombia.
2 Psicóloga de la Universidad Mariana, especialista en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derechos Humanos y Derechos Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra y oficial de Coordinación Humanitaria de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD). Correo: elizabethjac837@hotmail.com
3 Profesional en Ciencias Militares y oficial del arma de Inteligencia Militar del Ejército Nacional de Colombia. Correo: 27edragon@gmail.com
Fecha de recepción: 23 de octubre de 2019
Fecha de aceptación: 17 de noviembre de 2019
Este artículo busca analizar la importancia de la memoria histórica militar en la construcción de verdad en Colombia. Por esta razón, se conceptualizan los términos ‘memoria’, ‘historia’ y ‘memoria histórica’ y se hace una breve contextualización de la aplicación de la memoria histórica en otros países, con la finalidad de entender la aplicación de la memoria histórica en Colombia y la construcción de la memoria histórica militar, con el fin de evidenciar su aporte a la verdad en este país.
Palabras clave: Memoria, Historia, Memoria histórica, Memoria histórica militar, Verdad.
This article seeks to analyze the importance of Military Historical Memory in the construction of truth in Colombia. This is why, in the first place, the terms, Memory, History and Historical Memory are conceptualized, likewise a brief contextualization of the application of Historical Memory in other countries is made, in order to understand the application of Memory Historical in Colombia, as well as the construction of the Military Historical Memory and how it contributes to the truth in Colombia.
Keywords: Memory, History, Historical Memory; Military Historical Memory; True.
Este artigo busca analisar a importância da Memória Histórica Militar na construção da verdade na Colômbia. Por isso, em primeiro lugar, se conceituam os termos Memória, História e Memória Histórica, assim como se faz uma breve contextualização da aplicação da Memória Histórica em outros países, a fim de compreender a aplicação da Memória Histórica na Colômbia, como bem como a construção da Memória Histórica Militar e como ela contribui para a verdade na Colômbia.
Palabras-chave: Memória, História, Memória histórica; Memória histórica militar; Verdade.
En Latinoamérica, son varios los países que transitaron hace algunos años hacia experiencias oficiales y gubernamentales de reconciliación y búsqueda de paz, luego de vivir durante muchos años dictaduras militares o guerras civiles. En ellos también se dieron procesos complejos de recuperación y tramitación de sus pasados y huellas de violencia, con miras a restablecer o fortalecer la democratización (Jaramillo, 2010).
Colombia se encuentra atravesando un proceso de reconciliación nacional y reconstrucción de su pasado violento. Para este efecto, a través de su sistema legislativo y ejecutivo, implementó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como el mecanismo principal de justicia transicional en el país; así mismo, esta visibiliza la existencia de la vulneración de graves infracciones al derecho de Ginebra en lo que tiene que ver con los protocolos aplicables para conflictos armados de carácter no internacional. Bajo esa perspectiva, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras parte del modelo de justicia transicional, que se define como una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los Derechos Humanos y que tiene como objetivo reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia (Alzate, 2019).
La construcción de la memoria histórica de las víctimas de la Ley 1448 de 2011 tiene su fundamento en el cumplimiento de una obligación internacional del Estado, denominada ‘deber de memoria’ (Cabrera, 2012). Es decir que esta Ley, contempla el deber de memoria en el derecho nacional colombiano, obligación que está contenida en los estándares o principios internacionales contra la impunidad (ONU, 2005). Tales estándares constituyen pautas de conducta mínimas que obligan a los Estados a investigar, sancionar delitos contra los Derechos Humanos, establecer recursos efectivos de justicia, imponer penas adecuadas a los perpetradores de los crímenes y proteger y reparar a todas las víctimas de abusos contra sus derechos (Valdivieso, 2012).
La construcción de la memoria histórica es una forma de satisfacer el derecho a la verdad, puesto que se deriva del derecho a saber, a recordar y reafirmar la identidad de un grupo social, en cuyo proceso se den cuenta y se visibilicen las atrocidades cometidas en el pasado; a su vez, la memoria histórica que se construya, se debe establecer como una garantía de no repetición. En este orden de ideas, tal obligación es parte de la justicia transicional y, por lo tanto, es una medida de satisfacción y una garantía de no repetición dentro del marco de la terminación del conflicto. La construcción de memoria histórica es una medida de satisfacción, la cual se enmarca en el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad civil en general (Escuela Superior de Guerra, 2017).
De otro lado, la Ley 1448 no es la fuente ni el sustento de la memoria institucional de las Fuerzas Militares, ya que la memoria institucional va incluso más allá de las víctimas y del mismo conflicto armado colombiano. De hecho, es una memoria colectiva que le da identidad y contornos a las Fuerzas Militares, la cual desborda las fuentes de las meras víctimas.
La memoria institucional es una historia que aún se está construyendo, en medio de un conflicto que no ha culminado, a pesar de que las Fuerzas Militares de Colombia hayan logrado la victoria militar sobre las FARC; al contrario, lejos de esto, está mutando constantemente.
La amenaza ha venido implementando diversas formas de lucha, siendo cada vez más notorio que están relegado a un segundo plano su esfuerzo armado y han venido creando y fortaleciendo medios de lucha legítimos, como parte de una estrategia dentro de la cual uno de sus principales frentes de ataque es la búsqueda constante de la desacreditación del Estado y de sus Fuerzas Militares.
En tal sentido, se encuentran en medio de un proceso en el que están logrando modificar la historia (escribiéndola y reescribiéndola, mientras la tergiversan a su conveniencia) y cambiar radicalmente la opinión de la sociedad (en especial, de las nuevas generaciones) acerca del actuar de las Fuerzas Militares.
Todo lo anterior evidencia que las Fuerzas Militares de Colombia deben tener como prioridad evolucionar con el conflicto que están enfrentando, dejar de centrar la totalidad de su atención en los resultados operacionales y empezar a evaluar cómo afrontar los nuevos retos y condiciones del actual conflicto, de forma tal que se dejen de invisibilizar elementos fundamentales en la guerra no armada que está teniendo lugar.
En este contexto, el aporte de las Fuerzas Militares en la construcción de memoria histórica es de fundamental importancia, como estrategia para brindar a la sociedad una verdad más objetiva de los hechos ocurridos en el desarrollo del conflicto, no solo del pasado, sino de los que día a día siguen ocurriendo, con la intención de que esto sirva para dignificar la memoria de las víctimas y plasmar (en el imaginario colectivo del futuro) la memoria institucional que fundamenta su actuar desde la legalidad proferida constitucionalmente.
Para comprender un poco mejor el contexto de la memoria histórica militar en el desarrollo de este documento, se busca establecer la importancia de la construcción memoria histórica militar como estrategia y fuente de aporte a la verdad en Colombia. Para poder tener una comprensión de esto, se conceptualizan los términos ‘memoria’, ‘historia’ y ‘memoria histórica’ y se hace una breve contextualización de la aplicación de la memoria histórica en otros países, con la finalidad de entender la aplicación de la memoria histórica en Colombia y la construcción de la memoria histórica militar, con el fin de evidenciar su aporte a la verdad en este país
En la actualidad, es común el empleo del concepto de ‘memoria histórica’, sin embargo, es interesante identificar la relación que existe entre estas dos palabras. Aun cuando la historia y la memoria tienen en común el interés por el pasado, se diferencian de manera absoluta con respecto del enfoque de su estudio y las fuentes de trabajo: la ‘historia’ tiene como fuente principal los documentos escritos; la ‘memoria’, los testimonios. No obstante, ambas disciplinas requieren interactuar para sobrevivir.
Para Paul Ricoeur (2010), la memoria es la presencia de algo que se vivió y que dejó una marca en el cerebro, denominada ‘huella mnémica’4: “esa posibilidad que el recuerdo se evoque implica que se pueda abusar de la memoria, por ejemplo obligando a recordar”. La memoria está vinculada con el recuerdo; a su vez, este genera un proceso de construcción cognitiva que se desarrolla en el cerebro del ser humano con base en percepciones acumuladas a través de los sentidos. Dicho de otra forma, los recuerdos terminan diferenciándose según el sujeto que lleve a cabo el proceso psíquico de rememoración (Márquez, 2016, p. 35).
Pierre Nora define la memoria como el recuerdo de un pasado vivido o imaginado; por este motivo, la memoria siempre es portada por grupos de personas que vivieron los hechos o creen haberlos vividos. La memoria, por naturaleza, es afectiva, emotiva. La memoria siempre será un fenómeno colectivo, a pesar de que, psicológicamente, se viva de forma individual. Así, el autor argumenta que no se puede articular la historia con la memoria y afirma que cuando se presenta una es porque la otra ya agotó sus acciones y su existencia y necesita de la otra para poder permanecer en el tiempo. Dicho de otra forma, cuando la memoria (historia viva) comienza a desvanecerse, ya sea porque quienes vivieron directamente los hechos empiezan a morir, entonces, es fundamental que la historia (historia escrita) realice su papel más importante y plasme, de manera escrita, los recuerdos de los hechos ocurridos en el pasado (Nora, 2008).
Por su parte, Maurice Halbwachs (1995) define que el recuerdo es “una reconstrucción del pasado con la ayuda de datos tomados prestados al presente, además, por otras reconstrucciones hechas en épocas anteriores de donde la imagen de antaño ha salido ya muy alterada” (p. 210). Así mismo, el autor manifiesta que la historia “se construye como una ciencia social fundamentada en un paradigma científico que busca, a través de métodos y técnicas sistematizadas, el estudio del pasado y la recopilación de los hechos” (p. 217). A saber:
[...] La historia busca segmentar y parcelar el estudio de los hechos y su estudio se realiza con distancia entre el investigador y su objeto de estudio, buscando ser objetivo e imparcial. Por otro lado, la memoria abarca un continuum de recuerdos que vienen canalizados a través de los grupos sociales e implica una participación de los agentes de memoria. En resumen, historia solo podría existir una, en cambio, memorias podrían existir tantas como individuos o grupos concurran en la actualidad (Castillo, 2017, p. 41).
Sin embargo, Roger Chartier construye una concordancia entre la literatura y la memoria, argumentando que la memoria se vale de la literatura para plasmar y proteger los recuerdos del olvido, dado que, de este modo, se llega a conocer claramente el pasado y, por ende, su interpretación, su comprensión y su posterior explicación.
La historia nunca puede olvidar los derechos de una memoria, que es una insurgencia contra la falsificación o la negación de lo que fue; debe entonces la historia entender semejante pedido y, con su exigencia de verdad, apaciguar, tanto cuanto sea posible, los infinitos dolores que dejó en nuestro presente un pasado a menudo injusto y cruel (Chartier, 2007, p. 99).
Para Enzo Traverso (2010), la memoria tiene un componente social y político, y reconoce que, de esa forma, muchas sociedades del mundo occidental empezaron a explorar la memoria individual para luego materializarla en una ‘memoria colectiva’, con el fin de construir el pasado basado desde los recuerdos de las víctimas. Así, la historia es la práctica escrita que busca el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos que se presentaron en el pasado (Traverso, 2010),
Entonces, se puede decir que la historia y la memoria van encaminadas a evitar el exceso de olvido, partiendo del papel fundamental que ha adquirido la narrativa en el componente histórico buscando la reivindicación a las víctimas como testigos de los hechos históricos.
Las transiciones políticas a finales de los años 70 y durante los 80 en Latinoamérica y Europa y la aparición de las Comisiones de la Verdad, como instancias para “tratar con el pasado”, generaron un cambio en las respuestas de la justicia transicional, del enfoque en la persecución de los perpetradores a un enfoque centrado en las víctimas, la reparación colectiva y la reconciliación (Teitel, 2014).
Muchos académicos, en el siglo XX, comenzaron a hablar sobre el llamado ‘giro hacia el pasado’, el cual fue una reacción al silencio sobre el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, alimentado por el pensamiento posmoderno que cuestionaba las representaciones que el hombre construye acerca del mundo y las teorías que pretendían explicar la realidad (Márquez, 2016).
En esa época, las víctimas del holocausto reclamaron que los libros de historia no recogían el dolor de la tragedia que vivieron, lo cual dio paso a una serie de cuestionamientos sobre las verdades históricas a fin de rescatar las versiones directas de quienes vivieron esas atrocidades. El giro hacia el pasado fue motivado por el compromiso con el rescate del pasado oculto y silenciado por parte de la historia y con la reivindicación de la memoria de las víctimas que reclamaban perdones públicos (Huyssen, 2002).
La intensidad con la que se dio este fenómeno en Europa abrió una puerta para que los pensadores se refirieran a la compulsión de recordar el pasado como mecanismo único de no olvido, puesto que, de esta manera, se recuerda a las víctimas y se da paso a prevenir graves violaciones a los Derechos Humanos.
De igual manera, este mismo fenómeno se desarrolló en Latinoamérica (en los años 80), debido a la transición a la democracia, pues los militares se habían tomado el poder mediante dictaduras durante la década pasada. Cuando esto finalizó, hicieron un pacto con la población civil de dejación del poder; este es el caso de Perú (1978), Argentina (en 1982), Uruguay (en 1984) y Chile (1989). La verdad de los hechos ocurridos durante las dictaduras fue un tema de mucha importancia que dio pie a la creación de las Comisiones de la Memoria en varios países (Jaramillo y Delgado, 2011).
En el siglo XXI, en especial en la primera década, en Latinoamérica se dio la llegada al poder de los Gobiernos de izquierda; en muchos de estos casos, estos gobernantes habían sido víctimas de tortura y persecución en la época del autoritarismo (como fue el caso de Michelle Bachelet, Dilma Rousseff y Pepe Mujica). En esta época, se profundizó la era memorial; por ejemplo, Tabaré Vásquez (en 2005) propuso reinterpretar la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado (en Uruguay), la cual asignaba la responsabilidad a los presidentes para decidir sobre las amnistías de los violadores de los Derechos Humanos; además, planteó la necesidad de que todo el país supiera lo que había ocurrido durante la dictadura, con el propósito de que nunca volvieran a ocurrir dichos hechos (Faroppa, 2009).
En Argentina sucedió algo muy parecido en el Gobierno de Néstor Kirchner, puesto que, después de la transición democrática, funcionó una Comisión Investigadora Presidencial, la cual emitió un informe sobre las desapariciones a ciudadanos que permitió condenar a los jefes de la primera junta militar.
Por su parte, Colombia ha sido algo atípica frente a las similitudes que se vivieron en el resto del continente. Aunque es innegable la influencia socialista en sus guerrillas y el extenso conflicto que ha padecido, el desarrollo de los eventos fue influenciado por diversos factores que evitaron que se dieran los procesos en los mismos tiempos que las demás naciones latinoamericanas. Además del hecho que no existió una dictadura militar, pero sí un conflicto continuado entre el Estado y los diferentes grupos armados que han venido surgiendo y desapareciendo a través de los años (Bergquist, 2017).
Para poder comprender el desarrollo en la construcción de Memoria Histórica en Colombia, es fundamental conocer cuál es el origen del conflicto armado en el país, puesto que la evolución de este abre el espacio a la construcción de la memoria histórica.
Los orígenes de este conflicto se enmarcan especialmente en la denominada ‘guerra política’: “fundamentados en las rivalidades preexistentes de los movimientos políticos tradicionales que estuvieron enfrentados desde finales del siglo XIX hasta la creación del Frente Nacional en 1958” (Vallejo, Cubides y Díaz, 2017, p. 32). Existió una exclusión política, una distribución inequitativa de las tierras y una injusticia social, que trajeron como consecuencia el surgimiento de grupos guerrilleros durante la década de los sesenta (Vallejo, Cubides y Díaz, 2017).
Sin embargo, las guerrillas no solo han sido el problema central del conflicto. En 1980, y con el objetivo de protegerse de las violaciones que ejercían los grupos guerrilleros, emergieron los grupos paramilitares; situación que ocasionó fuertes enfrentamientos que sometieron al país a mayor intimidación, violencia y destrucción y época en que la población se vio más expuesta a secuestros con fines extorsivos (Plazas, 2017).
Sumado a lo anterior, el fenómeno del narcotráfico empezó a crecer exponencialmente y se robó la atención de la nación durante esa década. Mientras el aparato estatal encaminaba todos sus esfuerzos a luchar contra los grandes narcotraficantes, las guerrillas se fortalecían, mantenían un bajo perfil e incursionaban en el negocio de tráfico de estupefacientes, como fuente de ingresos para su sostenimiento, fortalecimiento y expansión (Valcárcel, 2007).
En 1990, con unas guerrillas fortalecidas con el músculo financiero del narcotráfico, y con la premisa de tomar el poder por las armas (en el caso de las FARC), Colombia comenzó a enfrentar episodios de violencia manifestados en tomas guerrilleras a poblaciones completas (ataques guerrilleros que no afectaron únicamente a la población civil, sino que fueron un ataque directo para desestabilizar el actuar de las Fuerzas Militares). Estos actos dejaron un sinnúmero de víctimas de desplazamiento forzado, debido a que pueblos enteros se desplazaron huyendo de esa ola de violencia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).
Ante esta realidad, el Estado buscó mantener la integridad del territorio, por lo cual desde el sector defensa se construyeron políticas como la de Seguridad Democrática, que se materializa en las FF. MM. por medio del Plan de Guerra ‘Patriota’ entre los años 2002 y 2006, sucedido por la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática a través del Plan de Guerra ‘Consolidación’ entre los años 2006 y 2010, que se complementó con la ‘Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad’, conformada por el Plan de Guerra ‘Bicentenario’ entre los años 2010 y 2012, y el Plan de Guerra ‘Espada de Honor I, II, III, IV y V’ del 2012 al año 2016. El Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación ‘Victoria’ es la política más reciente para mantener el control institucional del territorio (Vallejo, Cubides y Díaz, 2017, p. 33).
El fortalecimiento de las Fuerzas Militares no solo sirvió para disminuir los grupos guerrilleros y minimizar el impacto y los daños a la población civil, sino que también le proveyó herramientas al Estado para llevar a cabo un proceso de desarme y desmovilización con las AUC y dio paso al debilitamiento de la estructura militar de las FARC, lo cual las llevó a instalar una mesa de conversaciones en La Habana (en el 2012), cuyo resultado es el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera logrado en 2016 y que actualmente se encuentra en fase de implementación” (Vallejo, Cubides y Díaz, 2017, p. 33).
El conflicto armado interno de Colombia ha experimentado numerosas mutaciones, tanto en su configuración territorial (o en las alianzas entre actores) como en el empleo de diversos medios y formas de uso de la violencia. De hecho, todos los estudios coinciden en destacar que esta capacidad de adaptación de los actores a circunstancias muy cambiantes explicaría, junto con otras variables, su larga duración y su ‘anomalía’, con respecto de otros conflictos en la región latinoamericana y en el mundo (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015).
A pesar de que el país tiene un conflicto de larga data, las ‘víctimas’, como concepto y como grupo social reconocido, son de aceptación muy reciente. Esto se puede observar haciendo una breve revisión por las Comisiones de Investigación que se desarrollaron en Colombia.
En 1958, en el informe entregado por la Comisión nombrada por decreto gubernamental para investigar las causas y situaciones de la violencia comprendida entre 1946-1958 solo se hizo énfasis en el contexto de la violencia bipartidista y se le dio mayor relevancia a los victimarios, por cuanto solo se nombró, de manera superficial, las miles de víctimas que dejó esa época. Así mismo, con la Comisión de 1987, se desarrolló una investigación financiada por Colciencias que arrojó como resultado una explicación de cómo la violencia se había diversificado con la irrupción del narcotráfico y de nuevos actores sociales, pero, una vez más, se pasó por alto la importancia de las víctimas (Guzmán, Fals y Umaña, 2005).
Ahora bien, es fundamental reconocer que, aproximadamente, hace más de 20 años Colombia, ha venido profundizando un discurso encaminado en superar el conflicto armado interno, este discurso va ligado con un nuevo modelo de justicia, en este sentido se da apertura a una serie de iniciativas oficiales y no oficiales por la construcción de memoria, en la que las víctimas cobran un lugar fundamental.
Algunas iniciativas instituyen memorias funcionales al proyecto económico y social imperante, por cuanto buscan mantener o conceder privilegios y producir versiones del pasado eficaces para preservar el orden instituido. Otras, sin embargo, desde el lado subordinado de las relaciones de poder, desde las lecturas y posturas de los movimientos sociales, batallan por los sentidos del pasado en articulación con el presente y el futuro, expresando rupturas, resistencias, memorias disidentes y alternativas de sociedad (Aguilar, 2018, p. 114).
En el 2002, se emprendió un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, como parte de la Política de Seguridad Democrática del Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, el cual hizo un llamado literal y permanente a ‘recordar’, en un contexto de polarización especial (enmarcado en el ascenso de la doctrina antiterrorista global, impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos, posterior al 11 de septiembre de 2001), desde donde se configuró una respuesta particular de incorporación del discurso de los Derechos Humanos.
Como resultado de ese proceso de desmovilización, se expidió la Ley 975 de Justicia y Paz (en el 2005), con el objeto de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Adicionalmente, esta Ley dio inicio al proceso de justicia transicional en Colombia, ya que conjugaba las tensiones entre un discurso local de guerra antiterrorista, acompañada por una creciente necesidad de memoria, y un discurso global sobre el perdón y la reconciliación (Castillejo, 2010).
En el marco de esta Ley, se fortaleció el interés por la construcción de memoria y, bajo esa finalidad, se creó el Grupo de Memoria Histórica (GMH), integrado por académicos reconocidos y con una importante trayectoria investigativa sobre la violencia en Colombia, que estaba adscrito a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia (CNRR). Para este efecto, el artículo 52,2 de la Ley 975, delegó al GMH la función de “presentar un informe público sobre las razones, para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales” (Congreso de la República de Colombia, 2005).
Además, en función de la construcción de la memoria, esta Ley estableció el ‘derecho a la verdad’, como derecho de las víctimas y de la sociedad, y determinó el “deber de preservación de la memoria histórica como un deber del Estado” (Congreso de la República de Colombia, 2005); en la dimensión colectiva de la verdad, la conservación de archivos para garantizar el derecho a la memoria y las medidas de acceso a los mismos.
Por un lado, el GMH surgió en un escenario complejo que combinaba una situación de conflicto abierto con las FARC y de negociación o diálogo en marcha con la guerrilla del ELN; por otro lado, se presentaba una situación de posconflicto relativo con otros grupos guerrilleros ya desmovilizados. Pese a esto, desde el 2008, el GMH ha elaborado diversos informes públicos de memoria histórica, en medio del conflicto armado interno colombiano, con cierto énfasis en las voces de las víctimas y sus comunidades.
El trabajo del GMH abrió un espacio a nuevas narrativas sobre la guerra en Colombia, a fin de que las perspectivas y las voces de las víctimas tuvieran un lugar central; así mismo, en su momento, fue un agente productor de conocimiento respecto de un pasado violento por medio de la articulación de narrativas comprensivas y plurales sobre la violencia en Colombia (Jaramillo, 2014).
A partir del trabajo desarrollado, permitió definir e implementar ‘políticas de la memoria’, políticas que se aterrizaron y formalizaron con la promulgación de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de víctimas y restitución de tierras, la cual propuso medidas de reparación a las víctimas relativas a la restitución de tierras, la indemnización administrativa, la rehabilitación y la no repetición; estableció unas medidas concretas de satisfacción, que estuvieran encaminadas a la búsqueda, la recopilación y publicación de la memoria histórica; e implementó medidas de reparación no material, entre las que se incluyen “conmemoraciones, reconocimientos, homenajes públicos y mecanismos de reparación simbólica como la exención de prestar el servicio militar, la creación del Día Nacional de las Víctimas, entre otras” (artículo 139).
Así mismo, mediante esa Ley se dispuso la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), como establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), mediante el Decreto 4158 de 2011.
Tiene por objeto la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano, a través de la realización de investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas y otras relacionadas, que contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, conocer la verdad y contribuir a evitar en el futuro la repetición de los hechos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, p. 4).
En la Ley 1448 de 2011, se establecieron las siguientes funciones para la entidad:
Administrar el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, con el fin de acopiar, preservar y custodiar todos los materiales que documenten los temas relacionados con las violaciones a los derechos humanos.
Este Programa debe:
Desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas que conduzcan al esclarecimiento de la memoria y la verdad histórica del conflicto armado, así como a la dignificación de las víctimas, promoviendo la participación de estas y la inclusión del enfoque diferencial, de conformidad con los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011;
Promover estrategias pedagógicas para el desarrollo de capacidades locales en materia de memoria histórica, para la apropiación social y la participación de las víctimas en los procesos de memoria, desde el enfoque diferencial;
Formular e implementar lineamientos generales para la recuperación, el manejo y preservación de archivos de Derechos Humanos en el país y la consolidación de centros de documentación en articulación con el Archivo General de la Nación (AGN);
Realizar el desarrollo funcional, temático e informático del archivo y Centro de Documentación del Centro Nacional de Memoria Histórica en los temas de acopio, conservación, preservación y custodia para ponerlo al servicio de consulta;
Vincular los resultados de la labor del CNMH al proceso de diseño, formulación e implementación de políticas públicas por los actores competentes.
iii. Desarrollar e implementar las acciones en materia de memoria histórica de que trata el artículo 145 de la misma Ley:
Integrar un archivo con documentos originales o copias fidedignas de los hechos victimizantes ocurridos con ocasión del conflicto armado;
Recopilar los testimonios orales correspondientes a las víctimas y sus familiares;
Poner a disposición de los interesados los documentos y testimonios de los que tratan los dos numerales anteriores;
Fomentar la investigación histórica sobre el conflicto armado en Colombia y contribuir a la difusión de sus resultados;
Promover actividades participativas y formativas sobre temas relacionados con el conflicto armado interno, con enfoque diferencial; y
Realizar exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización sobre el valor de los Derechos Humanos (artículo 144).
Con relación al Programa Nacional de DD. HH., el CNMH avanzó en ocho líneas de acción, en concordancia con las áreas de efectividad y los objetivos estratégicos de la entidad: desarrollo de investigaciones de esclarecimiento histórico y memoria, apoyo a iniciativas de memoria, observatorio nacional de memoria y conflicto, acciones de pedagogía, enfoques diferenciales, estrategia de participación de víctimas, archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica, acciones de comunicación y difusión de Memoria Histórica (Centro Nacional de Memoria Historica, 2017).
Lo anterior, es la descripción oficial del trabajo de construcción de memoria histórica en Colombia. Y es supremamente importante comprender que, como mencionó, también se ha llevado a cabo un trabajo de construcción de memoria desde las instituciones no oficiales (como ha sido el caso de los Gobiernos de izquierda de la Alcaldía de Bogotá). Durante estos Gobiernos, se creó y promovió el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el cual inició sus actividades en 2013 y se ha erigido como homenaje viviente a las víctimas del conflicto armado (evidenciado desde su obra arquitectónica). Además, se ha hecho un trabajo constante de búsqueda de la paz, un espacio de reconciliación de la capital colombiana desde el cual se han realizado diversas actividades conmemorativas, abriendo múltiples espacios de encuentro y discusión que aportaran a la construcción de la paz desde distintas formas de expresión política, artística y cultural (Aguilar, 2018).
De igual forma, desde muchos otros lugares y experiencias se promueven políticas de la memoria contrahegemónicas que han luchado por comunicar la propia versión de los hechos, por detener la impunidad, por esclarecer lo sucedido, por dignificar a las víctimas junto con sus comunidades y proyectos, por reclamar verdad, justicia y reparación, y por transformar de fondo las estructuras económicas y socioculturales que sostienen y perpetúan las diferentes modalidades de violencia. En efecto, a través de múltiples ejercicios de memoria, las comunidades y organizaciones sociales han desarrollado todo un abanico de prácticas, tácticas y estrategias de resistencia (Aguilar, 2018, p. 118).
Los ejercicios de construcción de memoria son innumerables, sin embargo, entre estos se destacan las producciones culturales y documentales; las prácticas artísticas, como murales, esculturas, pinturas, canciones y obras de teatro; los actos socioculturales y de tradición oral, como los versos y las ceremonias; la construcción de lugares de memoria, como monumentos, museos y galerías de la memoria; y las diferentes acciones performativas, como marchas, plantones, celebraciones religiosas y rituales conmemorativos (Centro de Memoria Histórica, 2013).
Así mismo, es importante mencionar los trabajos de memoria y en contra de la impunidad desarrollados por organizaciones de investigación y derechos humanos, como:
El CINEP, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Fundación Nydia Erika Bautista, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Corporación Reiniciar, entre muchas otras (Aguilar, 2018, p. 119).
El trabajo que se ha desarrollado en Colombia en cuanto a la construcción de memoria histórica ha estado enfocado en la verdad de las víctimas; no obstante, se debe reconocer que este conflicto ha tenido diferentes actores. Así mismo, la construcción de la memoria histórica ha estado influenciada por esa pluralidad de verdades, lo que hace que sea fundamental describir cuál ha sido el aporte del sector defensa en la construcción de memoria histórica del país.
Teniendo en cuenta que las Fuerzas Militares hicieron parte activa en el desarrollo del conflicto armado en Colombia, y partiendo de la premisa de la importancia de plasmar en el recuerdo colectivo todas aquellas acciones de defensa y protección de la nación que fueron llevadas a cabo por ellas (siguiendo los principios y lineamientos que constituyen la identidad de la institución), con la finalidad de hacer un aporte a que se escriba, de una manera objetiva, la historia del país, el sector defensa asumió el reto de escribir memoria histórica.
Entonces, en el año 2015, el Comando General de las Fuerzas Militares, con el ánimo de construir la historia, la memoria histórica y el contexto de la Fuerza Pública, emitió la Directiva Permanente 097, en la que se dieron instrucciones a cada una de las Fuerzas5 para ese trabajo, teniendo en cuenta las dimensiones sociales, geográficas, políticas, económicas y operacionales, con el propósito de “aportar en la construcción de la verdad, constituyendo un relato particular que permita la comprensión de la perspectiva de la Fuerza Pública en Colombia” (Comando General de las Fuerzas Militares, 2015).
Específicamente, la memoria histórica militar tiene como objetivo consignar su voz y vivencias, de manera permanente, en la memoria histórica nacional, dentro del contexto legal de sus funciones (ratificadas en el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que encomienda a las Fuerzas Militares el establecimiento de la seguridad pública y la defensa del orden constitucional). Así mismo, el objetivo estratégico consiste en mantener la integridad institucional a partir de la reconstrucción de la memoria colectiva por medio de la interpretación, desde un enfoque polemológico, de los hechos ocurridos en el conflicto, sin opacar, claro está, otras memorias emergentes (Ejército Nacional, 2016).
Así las cosas, la memoria histórica militar pretende construir, preservar y difundir las acciones de los grupos al margen de la ley, con la intención de dar a conocer las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las violaciones manifiestas a las normas internacionales de los Derechos Humanos dentro del conflicto armado interno. Esto, partiendo de la memoria viva de los militares que fueron víctimas y reafirmando la condición de humanidad de los miembros de la Fuerza Pública. Tal como quedó consignado en la sentencia de la Corte Constitucional (1997), Sentencia de Constitucionalidad 456: “los miembros de la Fuerza Pública no anulan su dimensión existencial por lo que no se puede negar su personalidad y su vida por ser servidores públicos en contraposición con la visión deshumanizadora y contraria a la dignidad de la persona humana” (Consideración n.° 12).
En ese sentido, el recorrido que han realizado las Fuerzas Militares en temas de memoria histórica, se comienza a ejecutar en el 2016, en cabeza de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, con representantes de las jefaturas de Memoria Histórica de cada una de las Fuerzas y de la Policía Nacional, quienes adelantaron un acercamiento con el Centro Nacional de Memoria Histórica, con la intención elaborar documentos que ayudaran a la visibilización y dignificación de los militares que fueron víctimas del conflicto. Como resultado de ese acercamiento, se publicaron los siguientes productos:
Esa mina llevaba mi nombre. Libro publicado en septiembre de 2016, en el que se exponen los desafíos y el tamaño de las tragedias de un grupo de militares víctimas de minas antipersonal (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016).
Recuerdos de selva. Especial periodístico publicado en julio de 2018 por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual recoge (por medio de textos, audios, videos e ilustraciones) las memorias de un grupo de soldados y policías que sobrevivieron al cautiverio, a manos de la guerrilla, en las selvas de Colombia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018).
Detrás del uniforme. Informe publicado en noviembre de 2019 que se centra en las narrativas y memorias de aquellos soldados que compartieron sus experiencias de gratitud hacia el Ejército y de aquellos momentos difíciles (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2019).
En la articulación interinstitucional se realizó un trabajo enfocado en brindar capacitaciones por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica al personal militar con el propósito de brindar herramientas que dirijan el trabajo de construcción en memoria histórica. De acuerdo con lo establecido por la Ley 1448 de 2011, estas capacitaciones se desarrollaron en los periodos 2017 y 2018 con los alumnos del Curso de Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra (Andrade, 2018).
En concordancia con lo anterior, por medio de las jefaturas de Memoria Histórica de las diferentes Fuerzas y el Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar de la Escuela Superior de Guerra, el sector defensa ha venido creando un sinnúmero de productos de carácter académico y la construcción de relatos de experiencias de las militares víctimas. La mayoría de las publicaciones está encaminadas hacia la dignificación de la Militar víctima.
Con base en lo anterior, se puede analizar un recorrido aproximado de un poco más de cuatro años en el que las Fuerzas Militares han hecho sus aportes en la construcción de memoria histórica.
La memoria histórica debe ser entendida como un “patrimonio público”, tal como lo establece el artículo 186 del Decreto 4800 del 2011. Por esta razón, se hace importante que, como institución del Estado, las Fuerzas Militares reconozcan la necesidad de realizar el proceso de construcción de la memoria histórica, como fundamento para la construcción de la verdad y para evitar que sean incluidas en las narrativas de los hechos de actores externos y que las puedan alejar de los marcos contextuales y referenciales propios de la institución.
La Organización de Naciones Unidas (2005) define el derecho a la verdad como “el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los Derechos Humanos en el marco del sistema jurídico interno de cada Estado, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias relacionados con las violaciones” (p. 2).
Ahora bien, las sociedades modernas también reconocen una dimensión colectiva del derecho a la verdad. En el informe del relator especial Louis Joinet se señala que “el derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan”. Claramente, este no se reduce al derecho individual que tiene la víctima a saber lo que ocurrió, sino que también es un derecho de la sociedad para conocer su historia y, desde esa colectividad, comprender ‘el deber de recordar’ o ‘deber de memoria’ que incumbe al Estado, a fin de evitar que en el futuro se vuelvan a cometer esas violaciones (ONU, 1996, p. 1).
En el sentido de lo establecido en la Ley 1448 de 2011, la memoria histórica será, en principio, una memoria individual y, pese a que esta Ley ordena a diferentes instituciones6 hacer memoria histórica o ayudar en la construcción de esta, en efecto, no es mandato para la construcción de memoria institucional o memoria histórica militar.
Halbwachs desarrolló la teoría social de la memoria colectiva del individuo, en la cual se determina que la memoria se construye a través de una relación bidireccional entre individuo y grupo; es decir que siempre se genera por la experiencia interna del sujeto y su interacción con el grupo (como experiencia externa). En consecuencia, el individuo necesita tener un marco social en el que se estructura la pertenencia a un grupo determinado, lo cual es mediado por la conexión que se produce al compartir un idioma común (Halbwachs, 1968).
En tal sentido, a través de la acción comunicativa entre los miembros de un grupo se genera la posibilidad de identificar en el individuo los rasgos de recuerdos con los que podrá desarrollar una imagen completa de un recuerdo; de tal forma que la acción de comunicar es la que presupone el lenguaje como una herramienta para comprender lo que el comunicador y el receptor se refieren, interpretado en sus propios conceptos y lo que en su mundo representa (Habermas, 1987).
Dicho de otra forma, los seres humanos construyen su memoria mediante la participación e interacción del lenguaje individual con la comunicación social. Entonces, se puede comprender que lo que conserva el carácter individual son las emociones, no el recuerdo, puesto que estas siempre estarán ligadas con el interior; sin embargo, los recuerdos se originan en los pensamientos que se comparten con otros, quienes, a su vez, pertenecen a un grupo social del cual también es parte el individuo comunicador.
El concepto de memoria institucional o militar se refiere a todo el conocimiento y a la memoria compartida por un grupo de personas que sirve para conservar el conocimiento específico de la institución durante un periodo: “esta memoria se conserva por medio de declaraciones orales, intercambios de experiencias, anotaciones escritas, archivos, bases de datos y similares”. Es decir, la memoria institucional se construye desde la colectividad, usando como herramientas dibujos, símbolos históricos, textos, fotografías, ritos, prácticas, valores compartidos, lugares y monumentos.
La memoria histórica institucional contempla a sus víctimas para ampliar la comprensión del rol legítimo de la institución en la sociedad colombiana; sin embargo, también tiene en cuenta los actos que generan identidad en el proceso de las dinámicas institucionales. Mostrando el verdadero y legítimo papel que las Fuerzas Militares desempeñaron en el marco del conflicto armado. En tal sentido, se puede demostrar cómo ha sido un pilar fundamental para la construcción de la nación y el Estado colombiano. Es la oportunidad de escribir y visibilizar lo positivo que ha hecho la institución para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la integración territorial, política y social del país (Escuela Superior de Guerra, 2017, p. 13).
Así mismo, es esencial que la memoria histórica institucional sea la garante estratégica para que la sociedad en general conozca que su labor parte fundamentalmente del respeto de los Derechos Humanos, visibilizando las acciones a través de las cuales han venido ayudando a construir la estatalidad e institucionalidad del Estado colombiano, constituyéndose como el máximo garante de la defensa y consolidación de la soberanía nacional. No obstante, esta no tiene momentos imparciales o involuntarios, debido a que está construida de manera simbólica. Es una memoria de la voluntad que exalta su gloria, victorias e, incluso, equivocaciones y aprendizajes.
Colombia cuenta con un trabajo extenso en construcción de memoria histórica, en función de dignificar a las víctimas. Particularmente, las Fuerzas Militares también han hecho sus aportes a ese proceso, con la finalidad de visibilizar a los miembros de la institución que han sido víctimas, enmarcada en la Ley 1448 de 2011, la cual solo se enfoca en la memoria individual (perdiendo la objetividad de algunos hechos ocurridos en desarrollo del conflicto).
La memoria histórica militar en Colombia se fundamentará en el nivel individual (del soldado como víctima) y en el nivel colectivo (o institucional); por esta razón, se debe documentar y difundir todo aquello que genera y consolida la identidad institucional con el propósito de darle visibilidad social y proyectarla públicamente. Además, la institución, y el Estado en general, no tienen que ceder espacios, lo cual implica dar a conocer su perspectiva de verdad, máxime cuando son el actor principal plenipotenciario del Estado que está inmerso en las hostilidades.
La construcción de verdad no debe ser entendida solo como un proceso social aislado para las Fuerzas, sino que debe ser una estrategia de fortalecimiento de las relaciones civiles y militares, debido a que se han ido deteriorando en los últimos 20 años por causa de los discursos políticos e imposiciones de verdades descalificativas hacia la Fuerza Pública en general. Por consiguiente, se debe concebir como estrategia, dadas las condiciones del momento, más si el fin principal es la construcción de verdad. Una realidad que debe ser visibilizada y defendida frente a un sistema social polarizado, fragmentado, poco conocedor de los problemas sociales de fondo y con una memoria colectiva muy débil.
1 Artículo de reflexión ligado al proyecto “Apoyo y Protección a Víctimas de Desplazamiento y Confinamiento en la Costa Pacífica Colombiana” de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD).
4 Es el registro corporal de las vivencias. Modifica nuestro cerebro continuamente sumándose a la red y conectándose con las huellas preexistentes. Es el término psicoanalítico utilizado para designar la forma en que se inscriben los acontecimientos en la memoria. Para ampliar la información, consulte la siguiente página web: https://es.scribd.com/doc/119729577/Huella-mnemica-Psicoanalisis
5 Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Armada Nacional.
6 Artículo 143 de la Ley 1448 de 2011.
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