Artículo

Estudios en Seguridad y Defensa, 14(28), 281-305.

https://doi.org/10.25062/1900-8325.286

Colombia y Ecuador: lineamientos estratégicos contemporáneos para la seguridad ambiental fronteriza1

Colombia and Ecuador: Contemporary Strategic Guidelines for Border Environmental Security

Colômbia e Equador: Diretrizes Estratégicas Contemporâneas para Segurança Ambiental nas Fronteiras

FEDERICO PINZÓN ARANA2

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Colombia.

2 Profesional en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores con énfasis en Seguridad de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Correo: federico.pinzona93@gmail.com y federico.pinzon@javeriana.edu.co

Fecha de recepción: 20 de septiembre de 2019

Fecha de Aceptación: 25 de octubre de 2019

Resumen

La expansión del conflicto armado colombiano (CAC) llegó hasta los límites del país y afectó los espacios fronterizos más alejados de los centros urbanos; entre los lugares más perjudicados, se encuentra la frontera entre Colombia y Ecuador (segmento de 586 kilómetros que compromete a los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo y a las provincias ecuatorianas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos). Tanto los ejércitos regulares como los grupos armados organizados han llevado a cabo un sinnúmero de actividades ilegales a lo largo de la línea divisoria. Por este motivo, los tomadores de decisiones colombianos y ecuatorianos deben identificar y analizar las amenazas, con el fin de implementar una lista de estrategias para hacerle frente al crimen organizado transnacional (COT), el cual atenta contra los activos medioambientales estratégicos de ambos Estados.

Palabras clave: Amenazas, Colombia, Ecuador, Frontera, Medioambiente y Seguridad.

Abstract

The expansion of the Colombian armed conflict reached the far borders of the country, thus affecting the border areas furthest from Colombian urban centers. Among the most afflicted limits of the internal conflict is the border between Colombia and Ecuador, a 586-kilometer segment that involves the Colombian departments of Nariño and Putumayo, and the Ecuadorian provinces of Carchi, Esmeraldas and Sucumbíos. Due to the overflow of internal conflict, both regular armies and organized armed groups have carried out countless operations along the dividing line, resulting in a series of almost irreversible damage to the environment. For this reason, decision makers in both Colombia and Ecuador must identify and analyze threats, in order to implement a list of strategies with the aim of dealing with the Transnational Organized Crime (TOC) that threatens strategic environmental assets of both States.

Keywords: Colombia, Ecuador, Borders, Environment, Security and Threats.

Resumo

A expansão do conflito armado colombiano (CAC) atingiu os limites do país, afetando assim as áreas de fronteira mais distantes dos centros urbanos colombianos. Entre os locais mais afetados pelo CAC está a fronteira entre a Colômbia e o Equador, um segmento de 586 quilômetros que envolve os departamentos colombianos de Nariño e Putumayo e as províncias equatorianas de Carchi, Esmeraldas e Sucumbíos. Tanto os exércitos regulares quanto os grupos armados organizados realizaram inúmeras atividades ilegais ao longo da linha divisória. Por isso, os tomadores de decisão da Colômbia e do Equador devem identificar e analisar as ameaças, para implementar uma lista de estratégias com o objetivo de enfrentar o Crime Organizado Transnacional (TOC) que ameaça os ativos ambientais estratégicos de ambos os Estados.

Palabras-chave: Ameaças, Colômbia, Equador, Fronteira, Meio Ambiente e Segurança.

Introducción

En lo que va del siglo XXI, varios de los fenómenos que nacieron en el transcurso de las décadas de los 80 y 90 han evolucionado. Debido a los problemas internos colombianos (en términos de seguridad), surgieron pocos proyectos para mejorar la infraestructura e invertir en avances tecnológicos y hubo una falta de planes que permitieran mitigar los daños producidos por parte de los agentes violentos. Tales actores y dificultades tuvieron una relación directa con el conflicto armado colombiano (CAC) y se dieron por causa de las pocas acciones que ha llevado a cabo el Estado colombiano en buena parte de sus fronteras internacionales con la intención de imponer autoridad (Rosania, 2017). El crecimiento del CAC y las actividades realizadas por los grupos al margen de la ley se han expandido hasta los confines del país y han alcanzado los espacios fronterizos; precisamente, la frontera que separa a Colombia de Ecuador es el lugar en el que hay más aumento diario de actividades ilícitas.

Considerando lo anterior, los tomadores de decisiones de ambos países se han reunido y han intentado establecer proyectos relacionados con la seguridad regional y con el mejoramiento infraestructural. No obstante, la diversidad de intereses de cada uno y la falta de confianza y de esfuerzos a la hora de ejecutar proyectos ha hecho que estos planes no se ejecuten efectivamente y que, como consecuencia, se incremente la capacidad de despliegue y el margen de maniobra de las múltiples asociaciones de naturaleza irregular (Mijares, 2017).

Ahora bien, es imperioso aclarar que, durante el auge del CAC, las diferencias entre Colombia y Ecuador, vistas desde una óptica netamente ideológica y política, comenzaban a crecer, acompañadas por eventos controversiales, como la Operación Ave Fénix (2008) (ver la Figura 1), por medio de la cual las Fuerzas Militares de Colombia neutralizaron a Raúl Reyes, mediante un bombardeo de alta precisión contra los campamentos guerrilleros que estaban levantados en la circunscripción de Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, a 1800 metros de la frontera entre esos dos países (CEET, 2008).

Figura 1. Guía ilustrada de la Operación Fénix

Fuente: CEET (2008)

Tal suceso generó en Suramérica un periodo de tensión entre el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y Rafael Correa; así mismo, las tensiones crecieron por la muerte de un ciudadano ecuatoriano (conocido como Franklin Aisalla) durante esa operación (Jost y Pastrana, 2012). Para ese entonces (2002-2008), la política exterior de Ecuador se encontraba enfocada en satisfacer (junto con Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela) los intereses y demandas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) (Ruiz, 2018). Bloque que, hasta el día de hoy, tiene el objetivo de promover los ideales socialistas respaldados por una doctrina bolivariana cuyo propósito es contrarrestar los movimientos ‘imperialistas’ (estadounidenses) (Mijares, 2017).

Por lo anterior, es válido destacar que Colombia y Ecuador discrepaban constantemente por causa de la orientación de su política exterior y por distintas situaciones que hicieron que se incrementaran los distanciamientos. Lo anterior sirvió como punto de partida para que, durante cierto lapso, ambos Estados perdieran de vista la necesidad que tenían para forjar vínculos fuertes que les permitieran abordar problemáticas comunes, como la seguridad y defensa fronteriza, focalizada en ciertos temas que abarca la seguridad humana, rama que hace énfasis en la seguridad ambiental (Trujillo, 2014).

A posteriori, durante el proceso de despliegue de los grupos armados organizados (GAO), los actores terroristas adoptaron la estrategia de establecer sus campamentos y laboratorios para la producción de estupefacientes en las zonas periféricas del país, de modo que provocaron un desequilibrio social y ambiental sustancial, puesto que estas prácticas delictivas alteraron el equilibrio ecológico en las fronteras, ya que forzaron la conducción de operaciones militares (como los bombardeos y el empleo de glifosato, herbicidas y demás métodos industriales), con el fin de reducir y eliminar las hectáreas con cultivos ilícitos (Rosero, 2013). Suceso que, a su vez, produjo serias consecuencias a nivel ambiental por la contaminación del aire y la polución de ríos y canales, lo cual también afectó directamente a los seres vivos de ese lugar.

Igualmente, la producción en masa de sustancias psicotrópicas, la tala indiscriminada de árboles y la minería ilegal en las zonas selváticas ubicadas en espacios aledaños a las fronteras perjudicaron gravemente la seguridad ambiental de la zona para ambos países (Jost y Pastrana, 2012). Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental resaltar que la elaboración de estupefacientes, la tala no autorizada de árboles y los procesos de obtención de minerales (por medio de la utilización de procedimientos anticuados y no favorables para el medioambiente) afectan el entorno colombo-ecuatoriano de más formas. A saber, la fabricación de cocaína y la minería ilegal hacen que los suelos queden parcialmente estériles (lo cual daña el hábitat de un sinnúmero de especies silvestres) y contaminan el agua y el aire (a causa de químicos tóxicos [especialmente el mercurio] que deja el proceso de producción de agentes psicotrópicos y las operaciones de las dragadoras para licuar cientos de galones de agua a fin de extraer minerales) (Rodríguez, 2017).

En ese orden de ideas, el aumento exponencial de hectáreas cultivables de cocaína ha preocupado mucho a las autoridades de ambos lados, puesto que los departamentos en los que hay menos vigilancia y una infraestructura precaria se han caracterizado por ser espacios predilectos para los criminales; de igual modo, el hecho de que las plantaciones de coca se intervengan químicamente ha ocasionado que los suelos pierdan nutrientes, que la deforestación se expanda más allá de las fronteras y que se perjudique el medioambiente colombiano y ecuatoriano (Flemes, 2012). No es necesario recordar que los recursos naturales son sumamente importantes para ambos países, dado que sus poblaciones, en su mayoría, se sostienen a partir de la producción agrícola; asimismo, la biodiversidad, los recursos hídricos y el aire puro de la Amazonía colombo-ecuatoriana son factores irremplazables y esenciales en las agendas de Colombia y de Ecuador.

Cabe aclarar que los problemas que comprometen la seguridad ambiental fronteriza involucran a dos departamentos colombianos (Nariño y Putumayo) y a tres provincias ecuatorianas (Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos) (Trujillo, 2014). Del mismo modo, de acuerdo con lo planteado por Bustamante y Pacheco, esta zona de integración fronteriza se extiende a lo largo de 586 kilómetros. Lugar en los que ambos Estados comparten “tres cuencas hidrográficas: los ríos Mira y Mataje, río Carchi-Guáitara -ambas ubicadas en la región Pacífica colombiana- y la conformada por los ríos San Miguel y Putumayo, la cual hace parte de la cuenca amazónica” (Bustamante y Pacheco, 2012, p. 146) (ver la figura 2).

Figura 2. Frontera colombo-ecuatoriana

Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia (2002)

Adicionalmente, esta frontera se caracteriza por ser extremadamente porosa, puesto que es un sector colmado de accidentes geográficos: selvas frondosas, un espacio costero, ríos y un sinfín de ecosistemas; de la misma manera, las dinámicas de la frontera colombo-ecuatoriana se ven afectadas por la diversidad de climas y de entornos naturales que la constituyen. A fin de cuentas, según Jesús Eduardo Moreno (2018), “en la frontera entre Ecuador y Colombia se han desarrollado actividades económicas lícitas que han permitido mejorar la integración entre las comunidades; junto con estas actividades con el tiempo han crecido también las actividades ilícitas” (p. 90). No obstante, a pesar de que Colombia y Ecuador tienen problemas en común, no han logrado establecer vínculos fuertes para trabajar, de forma sincronizada, a la hora de enfrentar los desafíos ambientales que se presentan a lo largo de la frontera.

Metodología

Este trabajo de investigación tiene la finalidad de responder al siguiente interrogante: ¿Cómo Colombia y Ecuador podrían encarar conjuntamente los múltiples desafíos que se manifiestan en la zona fronteriza para salvaguardar la seguridad ambiental limítrofe en el siglo XXI? Para lograrlo, se plantearon los siguientes objetivos: identificar las diversas amenazas que perjudican la seguridad ambiental en la frontera y determinar cuál es el impacto ambiental que generan las múltiples amenazas a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana entre 2010-2019.

Para llevar a cabo este proyecto, se empleó un método de investigación hermenéutico: un paradigma metodológico que establece como principal acción la ‘interpretación’ de información. Esta metodología cualitativa establece como objetivo “[...] abordar el texto oral o escrito y captar con precisión y plenitud su sentido y las posibilidades del devenir existencial del hombre” (Arráez, Calles y Moreno de Tovar, 2006, p. 171).

El cuerpo del texto está compuesto por una contextualización que le permitirá al lector entender las dinámicas y variables del escenario histórico-geopolítico de la frontera colombo-ecuatoriana. De manera subsiguiente, se expone un marco referencial (teórico-conceptual) en el que se definen las cuatro categorías de análisis que se abordan a lo largo del texto, entre las cuales se encuentran los conceptos de ‘seguridad ambiental’, los proyectos de cooperación (técnica, financiera y mixta), los grupos armados organizados (GAO) y el término de ‘frontera’.

Después de haber mencionado y definido los conceptos a estudiar, se presenta un breve marco teórico, el cual explica y cita una serie de postulados académicos y demás términos pertinentes para analizar el problema que se quiere identificar, analizar y evaluar. En la tercera parte del desarrollo del artículo, se abordan los dos objetivos mencionados al inicio de este apartado; por lo tanto, se identifican los agentes desestabilizadores y amenazas que afectan la seguridad ambiental fronteriza y se estudia el impacto ambiental que generan las múltiples amenazas en la frontera.

Es crucial aclarar que toda la información expuesta y citada en este texto cuenta con el respaldo de fuentes académicas confiables y fidedignas de autores, analistas y expertos en temas directamente vinculados con las áreas de estudio de la geopolítica, el conflicto armado y la seguridad y defensa nacionales. De la misma manera, el documento está acompañado de figuras que le permiten al lector esclarecer ideas y entender el contexto geoestratégico de la situación.

Al final del texto, se presentan las conclusiones sobre el tema y se mencionan algunas recomendaciones que pueden aclarar el panorama de los tomadores de decisiones, quienes se encargan de implementar las estrategias en pro de la seguridad fronteriza. En esta parte se pretende definir las líneas de acción que deben llevar a cabo Colombia y Ecuador para hacerle frente a los problemas ambientales de orden fronterizo que se han manifestado desde los comienzos del milenio.

1. Marco de referencia (teórico y conceptual)

En primer lugar, se hace énfasis en el término de ‘seguridad ambiental’; luego, se expone el concepto de ‘frontera’; por último, se presenta todo lo concerniente a la ‘cooperación internacional’ (enfocándose en la modalidad de ‘cooperación sur-sur’).

La seguridad es un término que se ha transformado en el tiempo, puesto que las amenazas han evolucionado. Después de la Guerra Fría, se detectaron otro tipo de amenazas que afectan a la seguridad estatal, lo que lleva a pensar que existen amenazas de todo tipo que provienen de diferentes sectores, que ya no atentan únicamente contra la seguridad del Estado y que se caracterizan por ser de naturaleza diversa y de alcance multidimensional. De acuerdo con Barry Buzán (pionero en el desarrollo de esta teoría), la seguridad consiste básicamente en enfrentar las amenazas, y ser capaz (tanto los Estados como las sociedades) de mantener su independencia en lo que se refiere a su identidad y a su integración funcional frente a fuerzas de cambio consideradas hostiles (1998).

En este sentido, el Estado no es el único actor que debe preocuparse al respecto de la seguridad ante estas nuevas amenazas, por cuanto también se ven involucrados y afectados los individuos dentro del mismo entorno político e institucional. Siguiendo los lineamientos de Buzán (1998), la seguridad consta de cinco dimensiones esenciales: militar, política, económica, social y medioambiental. Después, en la Declaración de Bridgetown, realizada durante la Asamblea General de la OEA (4 de junio de 2002), se reafirma la definición previa presentada por Buzán, al resaltar que hay una necesidad de ampliar el enfoque tradicional y acoger nuevos aspectos en el contexto de la seguridad. A esto, se añade que “muchas de las nuevas amenazas de naturaleza transnacional requieren una cooperación hemisférica adecuada, siendo así problemas intersectoriales, requiriendo respuestas de aspectos múltiples” (Asamblea General de la OEA, 2002).

Luego de la Declaración de Bridgetown, los miembros de la Organización de Estados Americanos se reúnen en Ciudad de México (octubre 27 y 28 de 2003) en la Conferencia Especial sobre Seguridad, momento en el que representantes y expertos en temas de seguridad firman la Declaración sobre Seguridad en las Américas y aclaran que la seguridad en sí misma se puede interpretar como un sistema complejo en el cual interactúan un sinnúmero de actores estatales y no estatales, a los que se les definió como amenazas. Por ende, en el seno de la OEA, nace el término de ‘seguridad multidimensional’. De acuerdo con Fuentes (2013), “el concepto de seguridad multidimensional se entiende por medio de cuatro pilares representativos (seguridad cooperativa, seguridad nacional, seguridad democrática y seguridad humana), donde cada uno expone un tipo de seguridad diferente, y cada concepción simboliza una responsabilidad especial para cada Estado” (p. 30).

En el ámbito de la seguridad humana, la máxima responsabilidad para el Estado es “proteger a las personas en cualquiera de los ámbitos en donde haya riesgo y es la esquina de la matriz de la seguridad multidimensional que más subdivisiones trata. En donde se encuentran la seguridad económica, alimentaria, personal, política, comunitaria, de la salud y la ambiental” (Pinzón, 2017, p. 30). A partir de lo mencionado, la OEA define a la subdivisión de la seguridad ambiental como aquella que posee la característica de determinar el equilibrio ecológico y la sostenibilidad del desarrollo en algún ecosistema (2003). Paralelamente, expone que, dentro de sus metas está el hecho de catalogar a la degradación ambiental, el agotamiento de recursos, los desastres naturales y la contaminación como amenazas potenciales para el desarrollo medioambiental de una nación (Instituto Interamericano de Derechos Humanos [IIDH], 2012).

De igual manera, Ricardo Soberón (2000) agrega que, a la hora de definir la seguridad ambiental, se pueden encontrar tres aspectos fundamentales que la componen: el primero hace referencia a la consolidación de relaciones internas, bilaterales y multilaterales enfocadas a los componentes ambientales: control y no proliferación de armas y la atención de espacios de seguridad regional. El segundo está relacionado con la seguridad de las instalaciones militares. Y el tercero está enfocado al aseguramiento de los bienes y espacios comunes de la humanidad, como la protección de los bosques tropicales, el cuidado de la capa de ozono, entre otros (Soberón, 2000).

En este sentido, justo después de haber tocado el tema de la seguridad multidimensional y sus subdivisiones, es importante definir el concepto de ‘frontera’. De acuerdo con Urdaneta, desde una acepción clásica, se puede concluir que una frontera es un “límite terrestre, marítimo o aéreo que separa dos o más jurisdicciones políticas, poseedoras de soberanía” (Urdaneta, 1999). Las fronteras no son homogéneas desde ningún punto de vista, sino que se presentan especificidades en partes de las mismas; especificidades que se deben tomar en cuenta a la hora de plantear políticas y acciones (1999). Asimismo, Guhl, señala que “la frontera es el producto de movimiento de poder estatal, en contraste con un límite natural que es a la vez una zona de contacto de una región natural con otra región” (1991, p. 31).

Desde otra perspectiva, Kaldone Nweihed define el concepto de ‘frontera’ como:

Una franja potencialmente habitable por un conglomerado humano perteneciente a dos o más nacionalidades distintas [...], afuera de adyacencia en el espacio compartido, frente a unas realidades objetivas que tienden a la creación de un subsistema común en que, además de conservar cada quién las características de su identidad de origen, agrega otras características híbridas que son el producto inmediato y necesario de la vecindad (1992, p. 12).

Nweihed menciona que existen varios tipos de fronteras: dinámicas y estáticas, activas y pasivas, pobladas o despobladas, activas o vivas e inactivas o muertas. Las fronteras vivas o activas pueden ser entendidas como aquellas en las que se evidencia una ardua actividad económica de lado y lado, es decir, son aquellas donde existe un proceso de integración fronteriza. Las fronteras inactivas son zonas casi despobladas en las cuales no existe interacción o integración entre la población (Nweihed, 1992).

En cuanto a la cooperación internacional, esta puede ser entendida como el “conjunto de acciones y herramientas de carácter internacional orientadas a movilizar recursos e intercambiar experiencias para alcanzar metas comunes, con criterios de solidaridad, equidad, eficacia, sostenibilidad, corresponsabilidad e interés mutuo” (Agencia Peruana de Cooperación Internacional [APCI], 2010). Es relevante destacar que la cooperación internacional se puede desarrollar en tres modalidades: ayuda oficial al desarrollo, cooperación triangular y cooperación sur-sur. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), esta última modalidad es “un marco de colaboración entre países del sur en el ámbito político, económico, social, cultural, ambiental y tecnológico que involucra a dos o más países en desarrollo y que toma la forma de cooperación bilateral, regional, subregional o interregional” (2018, párr. 3).

Así mismo, se tiene que existen tres tipos de proyectos de cooperación: el primero es la cooperación técnica, en la cual se transmiten conocimientos por expertos de un país a los especialistas de otro para resolver una cuestión específica; el segundo hace referencia a la cooperación financiera, que consiste en que un Estado “X” (donante) brinda un auxilio económico para apoyar un programa que se esté realizando en pro del mejoramiento de un sector en el que otro Estado “Y” (receptor) es débil. Finalmente, en el tercero están los ‘proyectos de cooperación técnico-financiera’, los cuales son un acoplamiento de los tipos de cooperación anteriores.

A fin de cuentas, la última categoría de análisis que se tratará será la de las múltiples ‘amenazas’ o ‘factores desestabilizadores’ que atentan contra la seguridad ambiental de la frontera colombo-ecuatoriana. Entre los factores desestabilizadores/amenazas se encuentran dos agentes principales: los GAO (que se entenderán como el factor desestabilizador principal). Según lo investigado por algunos tanques de pensamiento (think tanks), reconocidos a nivel nacional como la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), los GAO “hasta hace poco eran llamados bandas criminales por el gobierno [...] principalmente enfocados a economías ilegales, que van desde la producción, tráfico y comercialización de drogas ilícitas, a la tala ilegal, minería, extorsión, e incluso -posiblemente- tráfico de personas” (BBC, 2017, párr. 15).

Complementando lo anterior, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) establece que “los GAO agrupan a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el Clan del Golfo, al Ejército Popular de Liberación (EPL) o ‘Los Pelusos’, al Bloque Meta y al Bloque Libertadores del Vichada”. A estos dos últimos a veces se los agrupa bajo el nombre de “Los Puntilleros” (BBC, 2017, párr. 16).

Según lo expuesto por ambos equipos de investigación, entre los GAO también se deben contemplar al menos 14 grupos disidentes (o residuales), producto de la desintegración y el repliegue de las extintas FARC-EP, los cuales se concentran en diversos puntos geoestratégicos del país (incluyendo a los departamentos que limitan con Ecuador) y se movilizan constantemente para evitar las operaciones conducidas por la Fuerza Pública (BBC, 2017).

2. Identificación de agentes desestabilizadores y amenazas

Los principales actores que operaron en la frontera colombo-ecuatoriana durante el apogeo del conflicto armado colombiano fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). No obstante, después de que se firmó el Acuerdo Final de Paz (2016) entre los cabecillas de las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos, quedaron en la zona algunas disidencias o unidades residuales de ese grupo, las cuales hoy en día continúan delinquiendo de diversas formas junto con la participación permanente del Clan del Golfo, asociación al margen de la ley que opera en todo el occidente colombiano (Moreno, 2018).

Por otro lado, el ELN opera en departamentos del norte del occidente colombiano (como Chocó, Cauca y Valle del Cauca) en los cuales fomenta el narcotráfico y, en ciertas temporadas, la minería ilegal (hecho que, en el corto y mediano plazo, perjudica los ecosistemas de los departamentos del sur colombiano y las provincias del norte de Ecuador). A fin de cuentas, los distintos bloques al margen de la ley o amenazas y desafíos que afectan la seguridad ambiental fronteriza son catalogados por los expertos y analistas en materia de seguridad y defensa como agentes o amenazas de tipo ‘VICA’ (volátiles, inciertas, complejas y ambiguas) (Acosta, Jiménez y Múnera, 2018).

Considerando lo anterior, es menester destacar que múltiples sectores fronterizos se ven afectados por diversas amenazas que se despliegan por estos espacios aprovechando la ausencia de las autoridades. Ejemplos claros de esto se manifiestan cuando las fronteras se encuentran establecidas en latitudes en las cuales predominan los accidentes geográficos (como ríos, zonas montañosas, desérticas, pantanosas y selváticas). O en aquellos lugares en los que se crean ‘espacios vacíos’ o ‘áreas sin ley’, lo que, sin duda alguna, es aprovechado por otros agentes (no estatales), quienes llevan a cabo un sinnúmero de actividades ilegítimas en los puntos críticos de la frontera (Álvarez, 2018) (ver la figura 3).

Figura 3. Puntos críticos de la frontera

Fuente: Fuerzas Militares de Ecuador (s.f.)

Existe otro conglomerado de organizaciones criminales (muchas veces apoyadas y patrocinadas por los GAO) que se encargan de extraer recursos por medio de la minería ilegal, debido a que les permite, por medio de prácticas violentas, extraer metales de los ríos y lagunas que se encuentran en lugares geográficamente aislados y de difícil acceso para luego venderlos en distintos mercados. Tal condición geopolítica es aprovechada, en gran medida, por las organizaciones encargadas de realizar las extracciones ilegales, dado que varias de estas zonas periféricas (como las fronteras) son poco vigiladas por las autoridades, lo que las convierte en espacios vacíos o áreas sin ley que son aprovechadas al máximo por actores al margen de la ley a fin de efectuar sus actividades delictivas (varias de las cuales atentan contra la seguridad y el bienestar ambiental).

Lo anterior sucede cuando el Estado está parcialmente centralizado o cuando las instituciones que lo componen carecen de capacidades suficientes que les permitan hacerles frente a los diversos desafíos que emergen en cada una de sus circunscripciones no adyacentes a los núcleos urbanos (Álvarez, 2018). Adicionalmente, de acuerdo con Rosero (2015), las fronteras que comparten los países suramericanos tienden a convertirse en espacios en donde los límites son porosos, accidentados y tienen un muy bajo nivel de accesibilidad. Puesto que, “los centros urbanos se encuentran separados por largas distancias y las vías de acceso hacia las distintas comunidades están conectadas por vías precarias y rutas fluviales poco exploradas” (Pinzón, 2017, p. 20). Complementando lo dicho, Rosero (2015) catalogó a las ‘áreas sin ley’ y/o ‘áreas marrones’, mejor conocidas en la literatura de la seguridad y la defensa, y en el argot militar, como ‘espacios vacíos’:

Aquellos espacios en que actores no estatales vinculados a prácticas y redes ilegales locales e internacionales acumulan tantos recursos e influencia que sobrepasan a las instituciones del Estado, ya sea por ausencia total del Estado o por su débil presencia. [...] en estas zonas se presenta una “ingobernabilidad hobbesiana”, entendida como una ruptura sostenida del tejido social en el marco de una violencia y criminalidad permanente en el tiempo, en lugares en que la autoridad estatal no cuenta con los recursos para imponerse de manera efectiva, por lo cual, el cuidado del orden público y la seguridad colectiva son inciertos (Rosero, 2015, p. 2).

3. Impacto ambiental fronterizo (2010-2019)

El medioambiente ha sido uno de los activos nacionales más afectados por las múltiples actividades delictivas llevadas a cabo por los GAO. En su afán por conseguir recursos económicos y materiales que les permitan mantener la producción de estupefacientes y extracción de productos naturales como oro, y demás minerales, estos grupos recurren a prácticas ilegales y peligrosas que afectan la fauna y la flora de los departamentos en los que operan. En este apartado, se hará énfasis en el impacto ambiental del conflicto armado colombiano en los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo, espacios donde la contaminación de cuerpos hídricos y del aire, los desbordamientos y la destrucción de la fauna y la flora son habituales, dadas las consecuencias del CAC y las acciones ilícitas que hoy se mantienen (como la minería ilegal y la producción de sustancias psicotrópicas).

La producción de estupefacientes y la siembra de plantaciones de coca en zonas aledañas a la frontera generan un gran problema medioambiental, por cuanto comprometen las dinámicas naturales normales, desde la instalación de laboratorios hasta la fase final de producción, debido a que tanto estos como los campamentos necesitan cierto espacio que es obtenido mediante una tala masiva de árboles y destrucción de la vegetación casi obligatoria. Desde otro punto de vista, los residuos desechados en la fase final del proceso productivo (ácidos, gasolina y demás químicos) suelen ser diluidos en cuerpos hídricos aledaños, lo cual afecta toda la cuenca amazónica, ya que todos los ríos se interconectan formando un sistema que vincula las aguas del océano con los cuerpos de agua que van desde la costa hasta el centro de la región Amazónica.

De hecho, la parte del proceso durante la que más sufre el ambiente es en la siembra de coca, debido a que, como se mencionó, la instalación de los laboratorios requiere del despeje de una gran cantidad de vegetación mediante el uso de maquinaria y de artefactos explosivos. Igualmente, con el exceso de cultivos, se deteriora el suelo y el subsuelo, lo cual daña el ecosistema y, sobre todo, reduce la fertilidad de la tierra. El inciso anterior se puede complementar con un análisis por parte de Bustamante y Pacheco sobre la influencia del CAC en el que exponen que:

El estrés ambiental que vive la región va en aumento por la presencia de grupos armados ilegales, con la consecuente plantación de cultivos ilícitos, la instalación de laboratorios de procesamiento de drogas ilegales y la voladura de oleoductos y gasoductos (Burgos et al., 2007), como estrategia insurgente. Todo ello hace dramática la situación ambiental en la zona de frontera. El ecosistema se afecta con la intervención humana [...] (2012, pp. 146-147).

Con respecto de la siembra y cultivo de coca, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitas (SIMCI) de las Naciones Unidas, se identificó que en Nariño hubo una disminución sustancial de la cantidad de cultivos, motivo por el cual el departamento de Norte de Santander, ubicado sobre la frontera con Venezuela, pasó a ser el primero.

Según la Oficina de la ONU Contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés): “la zona rural de Tumaco, Nariño, fue considerada como la región cocalera más grande del mundo, llegando a una producción anual de 350 a 380 toneladas métricas de cocaína. [.] Nariño siempre estuvo en el primer lugar como el departamento con más cultivos ilícitos” (p. 2). Sin embargo, otros expertos manifiestan que la leve reducción que se ha venido dando en Nariño se debe a las numerosas operaciones que ha conducido la Fuerza Pública y al lanzamiento de programas de erradicación forzada. Empero, las actividades de siembra en Nariño siguen en pie y las externalidades negativas afectan constantemente la seguridad ambiental fronteriza.

Así mismo, Putumayo, el otro departamento que comparte frontera con Ecuador, también se encuentra entre los cuatro departamentos colombianos en donde más hay cultivos de coca. Según lo planteado por la UNODC y el SIMCI, la producción en el Putumayo también se ha reducido entre inicios y finales de 2019 (de 26 408 a 24 937 hectáreas). Considerando lo expuesto por Pierre Lapaque, representante de la UNODC en Colombia, a pesar de la reducción en la cantidad de hectáreas cultivadas, solo en los departamentos de Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo se concentra el 78 % de hectáreas sembradas en todo el país, lo cual da un acumulado de 121 040 de las 154 747 hectáreas detectadas en Colombia (El Tiempo, 2019).

Luego de haber ahondado en el tema de los cultivos ilícitos y su incidencia en el área fronteriza, se hará hincapié en el fenómeno de la minería ilegal y cómo este ha afectado al medioambiente en la frontera con Ecuador. Para comenzar el análisis de lo que ha acontecido en la frontera, es fundamental definir qué es exactamente la minería ilegal. Según el Ministerio de Ambiente del Perú, esta se define como “la actividad que se realiza en espacios prohibidos como las riberas de los ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. Pero también se considera minería ilegal a los que usan equipo y maquinaria pesada, que no corresponde a la categoría de pequeña minería o minería artesanal” (2019, párr. 2).

En el caso estrictamente nariñense, Burgos (2018) aclara que el 90 % de la minería que se lleva a cabo en ese departamento es de tipo ilegal. De la misma manera, aclara que, para finales de 2018, la minería ilegal era una práctica ejercida en Nariño por al menos 5500 trabajadores, específicamente en un perímetro conocido como ‘El Triángulo de Telembí’, circunscripción que hace referencia a la zona geográfica ubicada entre los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán (Burgos, 2018).

Desde otro punto de vista, el comandante de la brigada contra la minería ilegal del Ejército Nacional, coronel Carlos A. Montenegro, declaró en 2018 que, a lo largo de ese año, se habían identificado, al menos, 75 minas cercanas a la frontera con Ecuador y a la costa pacífica, lugares en los que ya se habían efectuado numerosos operativos que dejaron como saldo cinco piezas de maquinaria inhabilitadas. Montenegro concluyó afirmando que “en Nariño es compleja la situación, tenemos el reporte de 10 municipios que trabajan en esta actividad y que generan daños al medioambiente irreversibles, en los ríos hacen perder el cauce de los mismos y las pérdidas de hectáreas de bosque son incalculables” (2018, p. 8).

Para finales de 2019, la Policía Nacional declaró que en el mes de agosto las autoridades, junto con el apoyo del Ejército Nacional, lograron destruir 9 retroexcavadoras y 2 motores en el área conocida como ‘Triángulo de Telembí’. De la misma manera, las autoridades responsables hicieron énfasis en que en 2019 se habían intervenido, al menos, 9 canteras o núcleos de minería ilegal, los cuales habían generado un daño medioambiental de cerca de 120 000 metros cuadrados, lo que habría perjudicado gravemente los cuerpos hídricos que llegan hasta Ecuador, puesto que las sustancias químicas utilizadas durante el proceso de extracción hacen que el mercurio se expanda y diluya rápidamente en el agua y que intoxique y contamine gravemente los ríos y la vegetación (Policía Nacional, 2019).

En el caso del departamento del Putumayo, la minería ilegal se concentra esencialmente en la zona del Alto Putumayo, la cual limita con Cauca y Nariño, pero atenta contra todos los ecosistemas de la frontera y parte de la cuenca amazónica que Colombia comparte con Ecuador y Perú. El Alto Putumayo consta de cuatro poblaciones: Mocoa, Villa Garzón, San Francisco y Yungillo. De acuerdo con Corpoamazonia, en todos los municipios mencionados y en zonas adyacentes a ellos, metales como el oro, el cobalto, el cadmio y cobre son abundantes, al igual que recursos no metálicos, como la arcilla, la caliza y el petróleo. Sin embargo, según medios nacionales, desde 2011, las actividades mineras y disputas entre empresas privadas y GAO por apoderarse y explotar los recursos naturales ha afectado cerca de 25 000 hectáreas de bosque tropical, lo cual ha perjudicado gravemente a la fauna, a la flora y a las poblaciones campesinas que habitan en Putumayo, por causa de los materiales tóxicos que se producen en las excavaciones y explotaciones (El Espectador, 2018).

En su misión de darle un seguimiento estricto a las causas y consecuencias de la minería ilegal en la región amazónica colombiana, Corpoamazonia aclaró que, en Putumayo, “la sobreexplotación de recursos ha generado conflictos en los territorios intervenidos, evidenciándose en muchos casos impactos generales como la deforestación de ecosistemas estratégicos, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), erosión, contaminación hídrica y de suelos, riesgos en comunidades aledañas, y degradación de los ecosistemas y sus servicios eco sistémicos” (2018, p. 40).

Además, señala que el impacto que produce la minería ilegal es tan complejo que incluso logra deteriorar las aguas subterráneas y áreas supremamente alejadas de la zona en donde se llevan a cabo las excavaciones y demás operaciones extractivas en sí. “La minería ilegal es un cáncer que afecta las aguas superficiales, las aguas subterráneas o freáticas, afecta los subsuelos y genera cambios en los microclimas y en los paisajes” (Corpoamazonia, 2018).

Para cerrar el tema de la minería ilegal en Putumayo, es válido destacar que la Fuerza Pública ha hecho esfuerzos mancomunados para neutralizar esta amenaza que utilizan empresas y GAO para lucrarse. De hecho, uno de los golpes más representativos que se ha dado en los últimos años en la región suroccidental colombiana se efectuó en el corregimiento de Puerto Umbría (Putumayo); lugar en donde una de las brigadas del Ejército Nacional alcanzó con éxito el objetivo de destruir 2 motores y 16 motobombas e incautar 7 dragas —activos de grupos criminales que habrían dejado un saldo de “más de 30 hectáreas afectadas, la desaparición de una quebrada y la contaminación de varias fuentes hídricas” (Revista Semana, 2019, párr. 2)—.

Abordando otro inconveniente, es necesario aclarar que el caso de los desbordamientos es muy particular, pues no hay evidencia clara de que este fenómeno natural se produzca debido a la actividad ilegal; no obstante, de acuerdo con Granados (2017), las plantaciones de coca, junto con todas las variantes genéticas que se llevan a cabo por medio de químicos y demás sustancias para acelerar el desarrollo y aumentar la producción de arbustos, hace que los suelos pierdan consistencia. Lo anterior genera una descomposición rápida del subsuelo y lo convierte en una masa de tierra estéril y blanda que pierde toda su firmeza frente a cualquier desplazamiento violento de agua, lo cual hace que la tierra mezclada con agua se torne en una amenaza potencial para cualquier persona, estructura, animal o ecosistema que se atraviese o esté en su camino.

Contemplando lo dicho, Granados deduce que la amplia producción de coca incrementa el impacto de los desbordamientos, ya que el suelo se vuelve una amalgama o un compuesto muy sensible a ser arrastrado por la avalancha y a incrementar la fuerza del derrumbe o desmoronamiento. Uno de los desbordamientos más representativos en la historia de uno de los departamentos que limita con Ecuador fue el que ocurrió en Mocoa (Putumayo), entre el 31 de marzo y 1 de abril de 2017. Momento en el que “la furia de una sorpresiva y amenazante avalancha, producto del desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, a causa de las lluvias que no dieron tregua ese día, acabó con la vida de más de 320 personas” (Redacción Nacional, 2017, párr. 3).

Por consiguiente, se debe concluir esta sección haciendo hincapié en que, a pesar de las numerosas diferencias ideológicas entre Colombia y Ecuador, sí se han firmado acuerdos multilaterales y bilaterales para abordar las amenazas y mitigar el daño de los impactos ya citados. Empero, tales iniciativas no han sido del todo suficientes para encarar los problemas y externalidades negativas a nivel ambiental que han generado las actividades de los agentes desestabilizadores, dado que aún las poblaciones fronterizas y el medioambiente sufren terribles deterioros a causa del CAC. Desde 2010, cancilleres y expertos colombianos y ecuatorianos se han reunido en el marco de las asambleas y cumbres anuales de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), escenario multilateral en el que se estudian y debaten diferentes propuestas para salvaguardar la biodiversidad y ecosistemas de la región Amazónica.

Al estar incluidos en la asociación sudamericana, los países participantes están a cargo de ejecutar seis programas/proyectos: manejo de los bosques; administración de los recursos hídricos; gestión, monitoreo y control de especies de fauna y flora silvestre amenazadas; áreas protegidas; uso sostenible de la biodiversidad y promoción del biocomercio; e investigación, tecnología e innovación en diversidad amazónica. En el seno de la OTCA, Ecuador y Perú se destacan como líderes emergentes promocionando la fundación de entidades académicas e investigativas como la Universidad Regional Amazónica (URA), junto con los comités técnicos multinacionales para asuntos ambientales que se llevan a cabo en Lima (Bustamante y Pacheco, 2012).

Conclusiones

Es crucial destacar que la mayoría de fronteras latinoamericanas se destacan por ser callejones o atajos, cuya naturaleza es aprovechada por los conglomerados encargados de delinquir para transportar armas, producir y vender sustancias psicotrópicas y todo tipo de materiales, debido a que su venta representa un negocio lucrativo. En efecto, una de las fronteras más perjudicadas en Colombia, debido a la sangrienta guerra que se ha librado en el país, ha sido la colombo-ecuatoriana (Moreno, 2018).

Por consiguiente, para hacerle frente a las amenazas tradicionales y a las nuevas que atentan contra la seguridad ambiental, es necesario implementar medidas que permitan mitigar el impacto ambiental (generado por los actores irregulares que han operado en la frontera colombo-ecuatoriana durante el siglo XXI), lo cual debe hacerse por medio de las siguientes líneas de acción: 1) El mejoramiento infraestructural, respaldado por entidades privadas y públicas de ambas naciones para generar empleo, incrementar el desarrollo y que las autoridades cuenten con vías de acceso que les permitan ampliar su margen de maniobra frente a los desafíos que emergen en la frontera.

2) El desarrollo de proyectos sociales en ambas partes de la frontera, que cuenten con la supervisión de ambos gobiernos y tengan como fin último promover espacios sociales en los cuales se enseñe la importancia del medioambiente por medio de una guía ambientalista que especifique cuál es la mejor forma para cuidar el agua, como economizar energía, como pensar de forma sostenible, como reciclar y cómo cuidar la fauna y la flora.

Además, 3) Los Gobiernos se tienen que replantear la manera en la que se deben eliminar los cultivos ilícitos, haciendo énfasis en evitar el uso del glifosato y demás sustancias tóxicas para la fauna y la flora. 4) Colombia y Ecuador deben cumplir y continuar con todos los proyectos establecidos en el marco de las Comisiones Binacionales Fronterizas (Combifron), las cuales son “[...] el mecanismo donde convergen las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia y los países fronterizos, con el fin de fortalecer las relaciones y la cooperación en temas relacionados con la seguridad fronteriza” (Cancillería de Colombia, 2019).

5 ) Estas comisiones binacionales entre Colombia y Ecuador se han llevado a cabo desde el 2010, cuyo tema central ha sido la seguridad y la defensa, seguido por la intención de ambos países para poder ejecutar proyectos que permitan fomentar las acciones conjuntas (como la interoperabilidad institucional), con el fin de abordar temas relacionados con el crimen organizado y la cooperación internacional para compartir conocimientos (información) y servir como donantes y/o receptores en distintas instancias.

Desde la óptica colombiana, se puede mencionar que las relaciones entre los Gobiernos de ambos Estados han mejorado, debido a los grandes esfuerzos que se han realizado para hacerle frente a amenazas comunes, que, en este caso, se caracterizan por ser los grupos armados que operan en las fronteras y los diversos retos y desafíos que están directamente vinculados con la seguridad ambiental. Una evidencia de lo anterior son las 12 reuniones (desde 2010 hasta 2018) que se han realizado entre ministros y cancilleres para abordar temas de seguridad y defensa, al igual que las operaciones conducidas por el Ejército colombiano para neutralizar a alias ‘Guacho’ y a otros actores ilegítimos que han operado en la frontera atentando contra la población civil y las instituciones colombo-ecuatorianas.

Hoy, Colombia y Ecuador no solo cooperan en el marco de los proyectos que ha propuesto la OTCA desde 2010, sino que también se desenvuelven con éxito en el seno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Organismo del que se espera que, a principios de 2020, firme la Carta Ambiental Andina (CAA), junto con aliados estratégicos como Bolivia y Perú, documento en el que se presentarán una serie de objetivos esenciales enfocados en “la gestión integral de los recursos hídricos, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, la prevención y atención de desastres, lucha contra la minería ilegal, la promoción de la economía circular, la lucha contra los delitos ambientales y el fortalecimiento de la gestión ambientalmente racional de sustancias químicas y desechos durante todo su ciclo de vida” (Revista Semana, 2019, párr. 5).

De acuerdo con reuniones previas, las metas de Colombia y Ecuador, en el contexto medioambiental para el mediano y largo plazo, consisten en alinear sus estrategias hacia las recomendaciones y puntos expuestos en los Acuerdos de París (AP) sobre el medioambiente y cambio climático.

Recomendaciones

1 Artículo de reflexión.

Referencias

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