Artículo

Estudios en Seguridad y Defensa julio-diciembre, 15(30): 353-371
DOI: https://doi.org/10.25062/1900-8325.287 

Nuevas miradas al rol de las mujeres en el Sistema de Drogas Ilícitas: enfoque de género y participación de mujeres policías1 

New perspectives on the role of women in the Illicit Drug System: gender approach and participation of policewomen

Novas perspectivas sobre o papel da mulher no Sistema de Drogas Ilícitas: abordagem de gênero e participação das mulheres policiais

DIEGO RODRÍGUEZ SAMORA2 Dirección Nacional de Escuelas de Policía

CLARA ISABEL PULIDO BLASI3 Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”

NADIA PERALTA ROMERO4 Fiscalía General de la Nación

CAROL DÍAZ VELÁSQUEZ5 Escuela Antidrogas de la Policía Nacional de Colombia

1 Este artículo es el resultado de investigación del proyecto denomi-nado Sistema de Drogas Ilícitas - Nuevos Paradigmas, de la Escuela de Antidrogas, de la Policía Nacional de Colombia.

2 Administrador de empresas, administrador policial y profesional en Criminalística. Magister en Educación y en Ciencia Política, con especializaciones en Docencia Universitaria, e investigación criminal. Asesor pedagógico e investigador del Observatorio Educativo para el Servicio de Policía. Investigador del Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad (CREES), e investigador vi-sitante en el Centro de Estudios Hemisféricos en Defensa William J. Perry, de Washington D. C. Actualmente es decano de la Facultad de Estudios en Servicio de Policía y líder del grupo de investigación de la Escuela Antidrogas. Contacto: stetid.rodriguez@correo.policia.gov.co

3 Comunicadora socialperiodista de la Universidad de la Sabana. Magíster en Lingüística del Instituto Caro y Cuervo. Editora de publicaciones académicas e institucionales. Tutora de academia en la Escuela de Posgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”. Integrante de los grupos de investigación Centro de Pensamiento Estratégico y Proyección Institucional e INVESPOL-DINAE, de la Policía Nacional. Contacto: clarapulidoblasi@gmail.com

4 Abogada de la Universidad Libre. Magíster y especialista en Derecho Penal, y especialista en Negociación, Conciliación y Arbitraje (MASC) de la Universidad del Rosario. Fiscal delegada ante jueces del circuito, con experiencia investigativa en brigada de homicidios y delincuencia organizada. Experiencia docente en la Escuela de la Fiscalía General de la Nación y en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Contacto: peraltanadia@gmail.com

5 Mayor de la Policía Nacional. Administradora policial de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander” (ECSAN). Piloto de la línea Twin Otter DHC6, Beechraft, Cessna 208 Carava. Diplomado en Integridad y Transparencia Institucional en la Lucha contra la Corrupción; Diplomado en Política Pública y Seguridad; Diplomado Básico Antidrogas; Diplomado Control Producción de Drogas Ilícitas, y Diplomado de Derechos Humanos y Servicio de Policía. Actualmente es la directora de la Escuela Antidrogas. Contacto: carol.diaz@correo.policia.gov.co

 

Recibido: 30 de octubre de 2020 
Aprobado: 1 de diciembre de 2020
 

Resumen

En este artículo se aborda el microtráfico de estupefacientes como uno de los componentes del sistema de drogas ilícitas (SDI), a partir del cual se pueden analizar el servicio de policía y el actor criminal con perspectiva de género asociada a la confrontación institucional de la problemática social en cuestión. El análisis partirá de la descripción del SDI, y a partir de ello se hará una caracterización del microtráfico donde se presenta un rol femenino preponderante; en ocasiones, invisibilizado. Esta problemática social asume dos dimensiones que cobijan a las instituciones de la seguridad, en las cuales existe la participación de la mujer en el fenómeno: una es el rol de esta como agente criminal preponderante, y otra, su rol como servidor público y agente de la ley que lo confronta.
 
Palabras clave: Mujeres, Perspectiva de género, Microtráfico, Actor criminal, Sistema de drogas ilícitas

Abstract

This paper addresses drug microtrafficking as one of the components of the Illicit Drug System, from which the Police Service and the criminal actor with a gender perspective associated with the institutional confrontation of the social problem in question can be analyzed. The analysis will start from the description of the Illicit Drug System “IDS” and based on this, a characterization of the microtrafficking will be made, in which a preponderant female role is presented, sometimes invisible. This social problem assumes two dimensions that cover the security institutions, in which there is the participation of women in the phenomenon, one is the role as a preponderant criminal agent and the other is her role as a public servant and agent of the law that confronts.

Keywords: Women, Gender Perspective, Micro-Trafficking, Criminal Actor, Illicit Drug System

Resumo

Este artigo aborda o microtráfico de drogas como um dos componentes do Sistema de Drogas Ilícitas, a partir do qual podem ser analisados o Serviço de Polícia e o ator criminoso com uma perspectiva de gênero associada ao enfrentamento institucional da problemática social em questão. A análise partirá da descrição do Sistema de Drogas Ilícitas “SDI” e a partir dela será feita uma caracterização do microtráfico, no qual se apresenta um papel feminino preponderante, por vezes invisíveis. Este problema social assume duas dimensões que abrangem as instituições de segurança, nas quais há a participação das mulheres no fenômeno, uma é o papel de agente criminosa preponderante e a outra é o seu papel de funcionária pública e agente do direito que o confronta.

Palabras-chave: Mulheres, Perspectiva de gênero, Microtráfico, Ator do crime, Sistema de drogas ilícitas

Introducción

Asumir un enfoque de género en el análisis del problema del microtráfico implica la acción de tratar a las mujeres y a los hombres con una visión que abarque su condición de igualdad, diversidad y diferencia (Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, 2011). De igual manera, considerar este enfoque implica una responsabilidad individual para que, en la praxis, como personas y ciudadanos, se contemplen en esta valoración —y con ello, que no se perpetúen— prácticas transgresoras o discriminatorias en la caracterización de las diferentes realidades sociales por conocer.

Por lo anterior, en el caso de esta investigación se toma como referencia contextual el análisis del estudio realizado por Irene López (2016), dentro del marco del programa de Eurosocial para la Seguridad Ciudadana, donde se plantea que las políticas de igualdad de género en América Latina y el Caribe toman dos dimensiones que cobijan a las instituciones de la seguridad (p. 23). La primera, en el ámbito externo, en la prestación del servicio público asociado a su misionalidad; es decir, los actores criminales a los cuales se va a confrontar. En contraste, la segunda aborda la organización institucional en aspectos como su cosmovisión, sus prácticas y sus reglas internas de distribución de cargos, poder, capacitación y subcultura, entre otros.

Teniendo en cuenta lo planteado, se aborda el microtráfico de estupefacientes como uno de los componentes del SDI, a partir del cual se puede analizar el servicio de policía con perspectiva de género asociado a la lucha antidroga. El análisis partirá de la caracterización del fenómeno del SDI puntualizando el microtráfico, y retomando las dimensiones ya esbozadas, de carácter externo e interno, para la caracterización. 

En la primera dimensión (externa) se incluirán algunas cifras de carácter criminológico del fenómeno, así como un estudio de caso, para desmitificar el rol de la mujer como exclusivamente víctima del SDI, y señalando en el proceso que ellas también son agentes participativas del fenómeno. En la segunda dimensión se abordarán de manera analítica una encuesta institucional y dos entrevistas de investigadoras especializadas en el tema de microtráfico, información que permite caracterizar, en cierta medida, percepciones internas con perspectiva de género. Finalmente, se presentarán algunas conclusiones.

El sistema de las drogas ilícitas

La Policía Nacional de Colombia, desde la Dirección de Antinarcóticos, ha adoptado varios enfoques para abordar el problema de las drogas ilícitas. Una primera aproximación se apoyó en representar el fenómeno como un ciclo; sin embargo, más adelante se lo comprendió como la cadena del narcotráfico, concepto con el que se concibió el fenómeno en la época conocida como primera generación del narcotráfico. Pero una vez la denominada política de blancos prioritarios, objetivos de alto valor o confrontación de capos originó el decaimiento de los carteles del narcotráfico, el entendimiento del fenómeno cambió, y se propuso el modelo de sistema criminal del narcotráfico, que, tras un abordaje más técnico y académico, se plantea hoy, de manera más comprehensiva, como el SDI (Sistema de Drogas Ilícitas [SDI], 2020), el cual se detalla en la figura 1.

Figura 1. Esquema del SDI.

Fuente: Sistema de las Drogas Ilícitas (SDI, p. 19).

A partir de esta conceptualización técnica, se logró la caracterización del SDI, sus subsistemas, sus componentes y sus relaciones. Se creó así un esquema analítico que impactó la reformulación de estrategias y la orientación de las acciones para el control del fenómeno (SDI, 2020, p. 21). De esa manera, el SDI se describe a partir de las siguientes siete características:

Enfoques de caracterización tradicional del fenómeno del microtráfico

Se entiende como microtráfico “la comercialización y distribución de pequeñas cantidades de SPA o drogas alucinógenas; su origen se da por el tráfico en sitios públicos, concentrándose principalmente en las ciudades” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015, p. 5). Aparte de este concepto, existe poca literatura que se refiera de forma más cercana al microtráfico de estupefacientes, y la que hay gira en torno a cuatro ejes, que se describen a continuación.

El primer eje agrupa los análisis que dan cuenta del narcomenudeo como subsistema. Dichos estudios analizan la comercialización de drogas ilícitas para identificar los principales agentes criminales y sus relaciones en el proceso (Raffo y Gómez, 2017). Esta línea de investigación científica asume el fenómeno como un ente en continua evolución y que reacciona frente a estímulos; es decir, se trata de una estrategia adaptativa de diversificación del riesgo, cuyo resultado práctico es el aumento de la eficiencia en la cadena productiva (Raffo y Gómez, 2017). De forma similar, Ortiz (2002) presenta el narcomenudeo como una compleja red de interrelaciones estratégicas que evoluciona de forma racional ante los desafíos que impone la lucha de los Estados. En la misma línea, estudios como el de Reyes et al. (2013) evidencian el efecto globo del microtráfico al intervenirlo dando cuenta de la capacidad para desplazarse mediante expendios —las denominadas ollas de drogas ilegales—.

Estos trabajos focalizan los actores criminales desde los cuales se ve el fenómeno, y que suelen ser productores y traficantes, brazos armados o de corrupción, profesionales de diversa índole que juegan un papel técnicoestratégico para el funcionamiento de la cadena y, por último, distribuidores al por menor de las drogas.

El segundo eje se ubica en la literatura que ve el fenómeno en cuestión a través de los ojos del servicio de policía. En esta se encuentran trabajos de inteligencia prospectiva que han trascendido al ámbito académico, y que caracterizan el narcomenudeo como fenómeno derivado del subsistema de la comercialización de estupefacientes como un problema público de origen multicausal, ligado a manifestaciones de conflicto social, violencia y criminalidad. Así, la comercialización de drogas ilegales es descrita como un proceso de afectación en lo político, lo económico y lo territorial y en el control social, con componentes de apropiación simbólicos y culturales de los espacios locales. En el contexto anterior, los actores criminales les disputan el poder a las autoridades subnacionales (policía, alcaldía, gobernaciones, inspecciones, etc.), lo cual obliga a su reacción institucionalizada en política pública (Cortés y Parra, 2011a).

En otra investigación sobre el narcomenudeo, los mismos autores afirman que “los comportamientos de los actores involucrados en la compra, venta y consumo de drogas ilícitas propician alteraciones a la convivencia pacífica de los habitantes de esos sectores, tanto en su ámbito individual como colectivo” (Cortés y Parra, 2011b, p. 37). Los autores suponen que el ordenamiento jurídico, la política criminal y los procedimientos de seguridad y de salubridad públicas, entre otros, no responden adecuadamente a los retos de seguridad que emanan de la comercialización de estupefacientes. Lo anterior, porque el fenómeno no se comprende como una actividad económica “ilegal”, que genera nuevos órdenes sociales en lo local, en cuyo proceso, se convierte en una amenaza a la seguridad ciudadana y pública al desterritorializar el control social estatal.

Por último, Cortés et al. (2012) tratan de superar los análisis institucionales internos que abordan el fenómeno como un compendio de delitos asociados, y tratando de entender la representación social del fenómeno desde quienes participan, quienes son víctimas y quienes lo confrontan. Con una aproximación económica al fenómeno, lo abordan como un negocio (ilegal), para tratar de comprenderlo y generar acciones de política pública y del servicio de policía para enfrentarlo. Más allá de los documentos mencionados, que corresponden a un mismo grupo de investigación científica de la Policía Nacional, no existen trabajos institucionales comprensivos del fenómeno que hayan trascendido a publicaciones; es decir, existen investigaciones científicas y análisis institucionales, pero el objetivo de dichos trabajos es asesorar la toma de decisiones de los comandantes de policía en la planeación y la prestación del servicio, así como en la interacción con las autoridades políticoadministrativas, y no generar líneas de debate académico.

En el tercer eje se agrupan los estudios que analizan el fenómeno de las drogas ilegales a partir de los espacios de la gestión territorial de la seguridad (GTS); sin embargo, esos análisis y estudios son aún más escasos. Aunque algunos trabajos identifican problemas y tensiones en dichos espacios, como las inconsistencias jurídicas (Hernández et al., 2016) que afectan la implementación de política pública en seguridad, no se refieren exactamente a la comercialización de drogas ilegales. Otras investigaciones en Colombia —especialmente, las desarrolladas por Gómez Rojas (2010; 2015a; 2015b)— dan lineamientos sobre GTS, caracterizan los espacios y presentan la labor y la actividad de la policía en estos; sin embargo, no puntualizan el fenómeno de drogas ilegales. 

El cuarto eje sirve de paraguas a los trabajos académicos que, de una u otra forma, abordan el narcotráfico o las políticas antidrogas en ámbitos locales. Aquí se encuentran estudios como los de Raffo y Gómez (2017), quienes identifican y analizan los agentes, las relaciones y los procesos que caracterizan el desenvolvimiento del microtráfico de drogas y el narcomenudeo como fase actual del narcotráfico en Colombia, y enfocándose en las estrategias de corrupción de los traficantes. El principal resultado de esa investigación tiene que ver con el hecho de que una mayor represión puede ser contraproducente, pues pueden existir reacciones estratégicas de los agentes que la inducen, y así generarse una mayor inversión de recursos en corrupción.

Se puede afirmar, entonces, que la revisión de literatura presentada prioriza actores, estrategias, planes y programas que gravitan en torno a la comercialización de drogas ilegales a escala subnacional, lineamientos nacionales, sectoriales, recomendaciones internacionales, intereses y tensiones intra e interinstitucionales, y donde se puede observar el rol policial al respecto. Pese a lo anterior, tales estudios no abordan el rol femenino dentro del fenómeno criminal. Esto es particularmente polémico, pues si bien se toma como punto de partida que el fenómeno criminal está asociado a niveles altos de violencia, no se explican los matices que hay entre la idea de la participación activa masculina y las mujeres solamente en el rol de víctimas. Ahora, las presunciones que surgen sobre la marginalización de la mujer en el análisis del microtráfico implican su nula participación como agente criminal y como agente institucional que confronta la problemática.

Desde el presente artículo se sostiene que la premisa anterior no permite caracterizar integralmente el fenómeno, y por ello las estrategias, los planes y los programas para enfrentarlo resultan insuficientes e inadecuadas. Por el contrario, aquí se afirma que la mujer representa una parte importante del fenómeno; debido a eso, se requiere hacer un análisis fenomenológico criminal e institucional con perspectiva de género, que permita innovar —y, a su vez, visibilizar— la participación tanto de hombres como de mujeres en torno a las discusiones en temas de seguridad y justicia, así como en torno a las estrategias institucionales y estatales para afrontar el crimen organizado, como lo es el caso de la lucha antidrogas. A continuación se presentan cifras y análisis que sostienen lo argumentado.

La mujer y su rol criminal en el microtráfico: dimensión externa

En la actualidad existe un interés cada vez mayor en generar análisis criminal con perspectiva de género. A manera de ejemplo, está la investigación Mujeres y crimen organizado en América Latina: más que víctimas o victimarias, desarrollada en 2019 por el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado de InSight Crime y la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Embajada Británica. La mencionada investigación complejiza los papeles femeninos dentro del crimen organizado y cuestiona la tendencia a representar a las mujeres únicamente como víctimas, lo cual invisibiliza, e incluso, niega en algunos casos, sus roles como victimarias. Dicho fenómeno aún es poco analizado, tanto en la academia como en el mundo político.

Por lo anterior, esta investigación se constituye en una primera aproximación institucional para generar inquietudes, reflexiones y posiciones al respecto, que permitan afianzar una línea investigativa que aborde la situación caracterizada. Las diferentes instituciones comprometidas en la lucha antidrogas (entre ellas, la Policía Nacional de Colombia), requieren este tipo de reflexiones que les permitan proponer, diseñar y desarrollar estrategias de lucha criminal con perspectiva de género. En una línea similar, se debe propender por incorporar la perspectiva de género a los servicios que se prestan para el ciudadano, con atención efectiva frente a la violencia de género, la prevención y la creación de procedimientos específicos, entre otros temas relacionados con la convivencia y la seguridad que afectan a las mujeres, y se ven afectados por las mujeres, en una mirada que supere su tradicional ejecución patriarcal y su victimización criminal.

Por las razones planteadas, este documento analiza el microtráfico y su confrontación en sus dos dimensiones del servicio de policía —el interno y el externo—, con base en una perspectiva de género. Es decir, no se focaliza en las causas del fenómeno en sí; en contraste, se observan las percepciones institucionales sobre la implementación de políticas de género en el plano institucional y el servicio de policía de cara a la problemática social, para así entender cómo el rol de la mujer en el desarrollo fenomenológico del microtráfico juega un papel importante en ambas caras, en el desarrollo criminal y en la lucha institucional por confrontarlo.

Cifras del fenómeno con perspectiva de género

Usualmente, las cifras de capturas por delitos asociados al SDI suelen darse de manera global, diferenciadas por modalidades delictivas o ubicación geográfica. En dicho contexto se hace difícil observar, o se invisibiliza, la dinámica femenina como agente criminal. Por ello, la perspectiva de género se constituye en un lente analítico apropiado para

[...] evidenciar los distintos papeles que ejercen las mujeres en los grupos de crimen organizado. Especialmente cuando se consideran los significados y comportamientos construidos socialmente, que se imponen a hombres y mujeres por igual, que se utilizan para dividir sus posiciones sociales y establecer una jerarquía basada en el dominio masculino y la inferioridad y sumisión femenina. (Alonso et al., 2020, p. 6)

A continuación, se presentan como ejemplo algunas cifras del fenómeno con perspectiva de género.

El Reporte de Drogas de Colombia, elaborado por el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), registra que en 2019 fueron capturadas en Colombia 25 707 mujeres por diferentes delitos; el 24,8 % de estos delitos corresponden a 6406 conductas relacionadas con el tráfico, la fabricación y porte de sustancias estupefacientes. Otras cifras, como las presentadas por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional indican que durante el periodo 20152020, tan solo en el aeropuerto internacional El Dorado fueron capturadas 293 mujeres que intentaban pasar drogas ilegales hacia el exterior; de ellas, 294 son extranjeras, y 69, colombianas. Las anteriores cifras dan cuenta de una participación importante de la mujer en el fenómeno, pero no indican ni analizan el rol femenino dentro de la problemática analizada; más allá de las frías cifras, estas no caracterizan en género el fenómeno. 

Siguiendo la tendencia anterior, y de manera específica para esta investigación, las cifras que se presentan en la tabla 1 toman como variable el género, y permiten conocer la cifra registrada sobre la participación femenina en el microtráfico de estupefacientes en Colombia.

Tabla 1. Capturas por tráfico y fabricación de estupefacientes (20152019)

Fuente: elaboración propia, con base en datos obtenidos de la Dirección de Investigación Criminal, y de INTERPOLDIJIN.

A partir de las cifras mostradas en la tabla 1, se puede observar una participación femenina en el fenómeno criminal, en promedio de la población, de aproximadamente el 10,25 %. Estas cifras desmitifican el rol histórico que ubica al género femenino como víctima exclusiva del fenómeno criminal analizado; adicionalmente, se puede afirmar que es una situación sostenida en el tiempo, y aunque parezca mínima en relación con la de los hombres, se deben plantear algunas preguntas, tales como: ¿esta cifra podría aumentar si existieran más mujeres en los procedimientos operativos de registro a personas que aumentan las capturas en flagrancia? Y ¿Es posible que, al subestimar el rol femenino en el fenómeno, se prefiera no investigar a las mujeres en una organización criminal?

Estas preguntas se plantean en el ámbito de la reflexión, e invitan a que en las labores investigativas y de procedimientos de policía de vigilancia se incorpore la perspectiva de género como un factor que podría coadyuvar a combatir la persistencia del fenómeno criminal aquí analizado. Ahora, las cifras mencionadas no nos permiten analizar el rol ni la posición de la mujer dentro de las organizaciones criminales asociadas a la fenomenología analizada; bien podría argumentarse que ese 10,25 % obedece a roles pasivos o sin importancia en dichas organizaciones. A continuación se presenta un caso de estudio que permite establecer que tal tipo de estereotipos en la investigación de lo criminal no son correctos. En contraste, permiten afirmar que esta subvaloración criminal de la mujer puede ayudar a que el fenómeno persista al margen del conocimiento y las estrategias de las autoridades competentes para confrontarlo.

Estudio de caso con perspectiva de género

Entre 2017 y 2018, en la ciudad de Barranquilla se judicializó una organización criminal conocida como Los del Boulevard, bajo el radicado de la noticia criminal 080016001055201605046, e integrada por 5 ciudadanos: 4 hombres y una mujer. Dicha organización criminal se lucraba de la conducta delictiva de expendio de alucinógenos, situación que había llevado a los miembros de la banda a ser conocidos por la ciudadanía como un factor de inseguridad, violencia y degradación social en el lugar donde delinquían. Los elementos que se dejaron en conocimiento para la administración de justicia permitieron establecer, sin ninguna duda, que los capturados y condenados fueron autores o participes de las conductas de concierto para delinquir con fines de tráfico, y fabricación o porte de sustancias estupefacientes. En dicho contexto, el análisis de los elementos materiales probatorios y la información legalmente recolectada dentro de la investigación se guardaron los protocolos, los procedimientos y los principios del andamiaje jurídico penal y constitucional de Colombia aplicable a estos casos.

La organización criminal del caso, como ya se mencionó, tenía entre sus integrantes a una mujer, conocida con el alias de La Rata, como figura documentada en el proceso investigativo. Esta mujer integrante del grupo delincuencial se posicionaba dentro de este en el rol de líder. Ahora bien, en cualquier organización criminal que hace uso de la violencia como recurso de legitimación y sobrevivencia, como ya lo ha identificado la criminología, resulta de especial interés para el presente trabajo la figura de una líder mujer. 

En esta investigación se hicieron entrevistas, seguimientos, entregas vigiladas y agentes encubiertos, para establecer los roles, las responsabilidades y los autores de los delitos imputados. A manera de ejemplo, una de las entrevistas iniciales que dan cuenta del liderazgo femenino informa que

[...] Voy a comentarle algo que usted debería saber y que es muy importante, en este grupo de personas que siempre y que por mucho tiempo ha estado en estas labores, tiene una líder que hace ratico viene colocando el frente en todo, a pesar de siempre estar ahí, se ve muy poco involucrada en las actividades del grupo porque se expone más bien poco, pero que a la final da cuenta es quien tiene el monopolio de lo que pueden llamar la plaza, lidera a todas las personas que venden y trabajan con vicio en el boulevard, le hablo de alias la ‘rata’ que su nombre es ‘...’, ella es la que coordina y mueve todo eso, ella es quien autoriza hagan esto o es quien avala quien puede vender [...].6

Análisis institucional sobre implementación de la perspectiva de género en la dirección antinarcóticos: dimensión interna

La Dirección de Antinarcóticos desarrolla las directrices de la política sectorial y policial en cuanto a la transversalización del enfoque de género. De igual manera, incorpora en su misionalidad las directrices del Programa Interamericano para Fortalecer la Igualdad de Género en los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (en inglés, GENLEA, por las iniciales de Gender Equality in Counterdrug Law Enforcement Agencies), de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana Para el control del Abuso de Drogas (CICAD). A continuación se caracteriza el rol femenino en esta unidad policial.

Mujeres en la Dirección de Antinarcóticos

La incorporación femenina en la Dirección de Antinarcóticos comienza a partir de la década de 1980, y para 202 había llegado a 460 mujeres policías adscritas a sus diferentes dependencias, como son: investigación y operaciones, prevención, erradicación, control portuario y aeroportuario, aviación, y área administrativa y financiera.

La primera mujer en esta especialidad que inició su labor en el Grupo de Policía Judicial, en 1991, fue Ana María Hoyos, quien se desempeñó como investigadora apoyando los diferentes procesos. En 1999 llegó la primera mujer al Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos: la señora Martha Galindo, no uniformada, y quien se desempeñó como cartógrafa haciendo reconocimientos aéreos para la detección de cultivos ilícitos. En 2001, durante una actividad de detección en el departamento de Tolima, sobre zona montañosa del nevado del Ruiz, junto al señor mayor Lisandro Vargas, esta heroína sufrió un accidente aéreo, en el cual ambos perdieron la vida.

En 2000, se incorporan al Grupo de Geomántica: la señora intendente Luz Marina Castillo, primera mujer en recibir, en Francia, capacitación sobre imágenes satelitales; la señora sargento segundo Jazmín Hoyos, y la señora intendente jefe Shirley Castro, quienes cumplieron misiones de detección de cultivos ilícitos mediante reconocimientos aéreos, los cuales eran el insumo para el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).

Para 2016 llegan al Área de Erradicación dos mujeres patrulleras: Liseth Nataly Isidro y Dayana Martínez, las primeras mujeres en realizar el Curso Antinarcóticos Operativo (COR), para su participación en operaciones. En 2018 se lleva a cabo el curso de Operaciones Tácticas Rurales vinculando a ocho mujeres, con el fin de que hicieran parte de las compañías antinarcóticos de seguridad de la erradicación en las diferentes coordinaciones, y con ello, brindasen apoyo administrativo.

La primera mujer en el Área de Prevención fue la subteniente (hoy coronel) Dalila Faisuly Patiño Mahecha, quien fue asignada como jefe de Sección de Prevención de la Drogadicción. Allí se encargó de liderar la implementación del programa de prevención de la drogadicción (DARE) en las instituciones educativas del territorio nacional, fortalecer la imagen institucional frente a la ciudadanía vinculando a las instituciones educativas al programa DARE, y crear el grupo de policía juvenil DARE, con los estudiantes de los diferentes centros educativos.

Actualmente, las mujeres en la Dirección de Antinarcóticos participan en actividades de riesgo que, gracias a una correcta capacitación, aunado ello a su capacidad y su compromiso, permiten desarrollar destrezas que las hacen merecedoras de ocupar cargos de altísima responsabilidad: pilotos, artilleras, técnicos en el área de aviación, planeación de operaciones de interdicción, inteligencia y expertas en químicos, entre otras. Según consultas hechas en el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano (SIATH) analizadas en el libro Sistema de las Drogas Ilícitas (SDI, 2020), el personal femenino que ha integrado la Dirección de Antinarcóticos entre 2000 y 2020 muestra una tendencia, creciente año tras año, a posicionarse en cargos operativos y de responsabilidad estratégica.

En esta investigación, inicialmente se planteó que implementar una perspectiva de género en una institución policial es un proceso que lleva al cambio de mentalidad para abordar todas las cuestiones institucionales (operativas y En esta investigación, inicialmente se planteó que implementar una perspectiva de género en una institución policial es un proceso que lleva al cambio de mentalidad para abordar todas las cuestiones institucionales (operativas y administrativas) procurando respetar los derechos humanos (DD. HH.) en equidad (hombres y mujeres), mantener la igualdad en trato y oportunidades, evaluar el impacto de cada decisión para involucrar el enfoque de género en las normas, los procesos y los procedimientos que se implementen, y no generar brechas discriminatorias. Lo anterior implica hacer diagnósticos y evaluaciones internas para determinar las brechas y su magnitud en cuanto a la implementación de la perspectiva de género en el ámbito institucional.

En el contexto anterior, a comienzos de 2020 la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), en su propósito de incorporar la perspectiva de género a la dinámica institucional interna, elaboró y aplicó en la Policía Nacional de Colombia una encuesta diagnóstica de percepción, con 113 preguntas sobre perspectiva de género. Para los análisis de este documento, se filtró de todas las unidades policiales a la Dirección de Antinarcóticos y 13 preguntas del cuestionario general. Esto llevó a tomar para el análisis a 4963 personas encuestadas adscritas a esta dirección policial, con un promedio de edad de 32,7 años, y de las cuales 4508 son hombres y 449 son mujeres. En términos generales, los datos reportados por los encuestados fueron los siguientes:

  1. ¿Cuál es su identidad de género? Respondieron como hombres 4455 de los encuestados; como mujeres, 464, y como otra, 20. Además, 22 no respondieron, y en 2 casos los datos se consideraron perdidos.
  2. ¿Cuál es su nivel educativo actual? Respondieron que en la dirección hay 2916 técnicos, 1134 tecnólogos y 913 profesionales, de los cuales 529 tienen especializaciones y 32 reportan maestrías; ninguno declara tener un doctorado.
  3. ¿Se proporciona en su unidad capacitación específica en cuestiones de género? Los encuestados respondieron así: 1793 de ellos dicen no, y 1809 dicen que sí; otros 1361 no responden.
  4. ¿La institución ha implementado capacitaciones (cursos, diplomados o seminarios, u otros) para que el personal tenga conocimiento sobre DD. HH.? Los encuestados respondieron así: 366 dicen que no, y 3838 dicen que sí; 759 no saben o no responden.
  5. ¿La institución ha implementado capacitaciones (cursos, diplomados o seminarios u otras) para que el personal tenga conocimiento sobre los DD. HH. de las mujeres? Los encuestados respondieron así: 501 dicen que no, y 3367 dicen que sí; 1095 no saben o no responden.
  6. ¿La institución ha implementado capacitaciones (cursos, diplomados o seminarios u otras) para que el personal tenga conocimiento sobre leyes nacionales de género y políticas de género? Los encuestados respondieron así: 747 dicen que no, y 2261 dicen que sí; 1555 no saben o no responden. En esta pregunta existen 400 datos perdidos (no contestados).
  7. ¿La institución ha implementado capacitaciones (cursos, diplomados o seminarios u otras) para que el personal tenga conocimiento sobre políticas o planes institucionales de género? Los encuestados respondieron así: 781 dicen que no, y 2397 dicen que sí; 1785 no saben o no responden.
  8. ¿Usted cree que la institución cuenta con los recursos suficientes y adecuados para atender las denuncias por los delitos de género? Los encuestados respondieron así: 1273 dicen que no, y 1881 dicen que sí; 1809 no saben o no responden.
  9. ¿Usted cree que es importante que la institución aborde los temas de género? Las respuestas son: 132 encuestados dicen que no, y 4226 dicen que sí; 605 no saben o no responden.
  10. ¿Usted cree que hay diferencias en la forma en que las mujeres y los hombres perciben los problemas de género dentro de la institución? Los encuestados respondieron así: 911 dicen que no, y 2458 dicen que sí; 1594 no saben o no responden.
  11. ¿Los estereotipos y la discriminación de género son comunes en la institución? Los encuestados respondieron así: 2146 dicen que no, y 1199 dicen que sí; 1618 no saben o no responden. En esta pregunta se identificaron 80 datos perdidos.

A partir de los datos recolectados se puede concluir que el 9,34 % del personal adscrito a esta unidad operativa manifestaron como identidad de género ser mujeres, el 36,12 % afirman no haber recibido formación en género, el 7,3 7% afirman no haber recibido formación en DD. HH. y el 15,73 % afirman no haber conocido las políticas o los planes institucionales de género existentes. A pesar de que la institución sí cuenta con una capacitación institucional en enfoque de género, DD. HH. y estrategias institucionales en perspectiva de género, dichas cifras permiten concluir que aún existe la necesidad de llegar con estos programas a un nicho institucional que oscila entre el 7 % y el 37 % para dar cobertura total.

Frente a los estereotipos analizados, se puede afirmar que el 43,23 % de los encuestados piensan que existen diferencias en la forma como las mujeres y los hombres perciben los problemas de género dentro de la institución, y que el 24,15 % creen que los estereotipos y la discriminación de género son comunes en la institución. En los datos observados existe una diferencia significativa entre la capacitación y las prácticas o los estereotipos existentes que implican una reflexión más profunda; ello, con el fin de permitir que la perspectiva de género trascienda a la praxis y se incorpore en la cotidianidad institucional. También se puede afirmar que, si bien se percibe como lenta, la transformación específica de la institución policial en Colombia en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en aspectos administrativos como operativos está en evolución.

Vale resaltar que los documentos (ya existentes), los ejercicios de encuesta como la percepción aquí utilizada y este documento en sí mismo son algunos de los esfuerzos que está implementando la institución para lograr la transversalización de la perspectiva de género siguiendo las recomendaciones del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y las directrices del Programa Interamericano para Fortalecer la Igualdad de Género en los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas.

Conclusiones

Por lo planteado, se sugiere, sobre la dimensión externa del servicio de policía, y a partir de los análisis realizados, que las labores investigativas y de procedimientos de policía de vigilancia deben incorporar la perspectiva de género como un factor que podría coadyuvar a combatir la persistencia del fenómeno criminal del microtráfico. No es solamente ubicar a más mujeres en la línea operativa de la lucha criminal de la problemática, lo que, al mirarse con la perspectiva de género, implica generar estrategias de política pública para la delación, el cambio de actividad y el abandono de la conducta criminal del microtráfico, entre muchas otras. Implica también considerar a la mujer en un rol con capacidad para sostener y dinamizar el fenómeno criminal.

En relación con la dimensión interna del servicio de policía, se puede concluir que sí existe capacitación institucional en enfoque de género, DD. HH. y políticas institucionales en perspectiva de género; sin embargo, esto por sí solo no genera su implementación ni su praxis, y por tal motivo existe la necesidad de llegar con estos programas a una cobertura total de los funcionarios. Pero, más que eso, implica operacionalizar la perspectiva de género llevándola a la práctica e interiorizándola como un valor institucional fundamental en la confrontación de las conductas criminales asociadas al SDI.

Notas

6. Fragmento de entrevista existente en el Radicado No. 080016001055201605046, con el cual se judicializó a la organización criminal Los del Boulevard, de 5 integrantes. Dicho radicado está ejecutoriado para todos los capturados en el proceso. Por consideraciones éticas, este documento no relaciona fechas, direcciones o nombres específicos de los implicados y considerados partes del proceso.

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