Artículo
Estudios en Seguridad Y Defensa, 16(32), 467-492.
https://doi.org/10.25062/1900-8325.313
Retos de los cuerpos policiales para afrontar los actos criminales durante la protesta social en Chile, Colombia, Ecuador y Perú en tiempos de pandemia1
Police Forces Challenges to Face Criminal Acts in Social Protest in Chile, Colombia, Ecuador and Peru in Pandemic Times
Desafios para as forças policiais no tratamento de actos criminosos de protesto social no Chile, Colômbia, Equador e Peru em tempos de pandemia
Juan David Vásquez Isaza2
Policía Nacional de Colombia
2Magister en Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Con 19 años de trayectoria en la Policía Nacional de Colombia, se ha desempeñado en procesos para la internacionalización de la inteligencia policial como EUROPOL Colombia. Contacto: juan.vasquez4071@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-5338-6515
Fecha de recepción: 23 de julio de 2021
Fecha de aceptación: 14 de octubre de 2021
Resumen
Diversos factores políticos, económicos, sociales y culturales en Sudamérica se han convertido en detonantes fundados y propicios para el uso de la protesta como manifestación de inconformidad comunitaria, pero sus objetivos principales y su sentido como derecho social han sido utilizados por algunos actores sociales como instrumento de criminalización y de distorsión de estos medios de expresión públicos, lo que favorece escenarios de desestabilización democrática y afecta la seguridad y la toma de decisiones de las autoridades gubernamentales.
A través de una revisión bibliográfica y de la interacción con organismos internacionales de cooperación policial, se busca analizar los retos de los cuerpos policiales para afrontar los actos criminales durante la protesta social en Chile, Colombia, Ecuador y Perú entre 2019 y 2021, resaltando los alcances, los medios utilizados, las características y los factores que ponen en riesgo la seguridad regional; por lo tanto, este artículo tiene como orientación las estrategias que, desde la perspectiva académica y de seguridad, deben ser implementadas por los cuerpos de policía, enfatizando en la necesidad de fortalecer la capacidad de cooperación, para, finalmente, definir los retos que las instituciones de seguridad deben adoptar de cara a mitigar el escalonamiento de esta amenaza en Sudamérica.
Palabras clave: Protesta, Policía Nacional, Retos, Criminalización, Vandalismo.
Abstract
Various political, economic, social and cultural factors in South America have become well-founded and propitious triggers for the use of protest as a manifestation of community nonconformity, but its main objectives and its sense as a social right, has been used by some actors as an instrument of criminalization and distortion of these means of public expression, which favors scenarios of democratic destabilization, affecting the security and decision making of government authorities.
Through a literature review and the interaction with international police cooperation agencies, we seek to analyze the challenges of police forces to face criminal acts in Social Protest in Chile, Colombia, Ecuador and Peru between 2019 and 2021, highlighting the scope, the means used, the characteristics and factors that put regional security at risk. Therefore, this article is oriented towards the strategies that, from an academic and security perspective, should be implemented by police forces, emphasizing the need to strengthen the capacity for cooperation, to finally define the challenges that security institutions should adopt in order to mitigate the escalation of this threat in South America.
Keywords: Protest, National Police, Challenges, Criminalization, Vandalism.
Resumo
Vários factores políticos, económicos, sociais e culturais na América do Sul tornaram-se desencadeadores bem fundamentados e favoráveis à utilização do protesto como manifestação de não conformidade comunitária, mas os seus principais objectivos e o seu significado como direito social têm sido utilizados por alguns actores como instrumento de criminalização e distorção destes meios de expressão pública, o que favorece cenários de desestabilização democrática, afectando a segurança e a tomada de decisões das autoridades governamentais.
Através de uma revisão bibliográfica e interacção com organizações internacionais de cooperação policial, procuramos analisar os desafios enfrentados pelas forças policiais no tratamento de actos criminosos de protesto social no Chile, Colômbia, Equador e Peru entre 2019 e 2021, destacando o alcance, os meios utilizados, as características e factores que colocam em risco a segurança regional. Portanto, este artigo centra-se nas estratégias que, de uma perspectiva académica e de segurança, devem ser implementadas pelas forças policiais, enfatizando a necessidade de reforçar a capacidade de cooperação, a fim de finalmente definir os desafios que as instituições de segurança devem adoptar para mitigar a escalada desta ameaça na América do Sul.
Palabras-chave Protesto, Polícia Nacional, Desafios, Criminalização, Vandalismo.
Introducción
Uno de los principales retos en materia social, y que ha escalado considerablemente entre 2019 y 2021 y es calificado como una prioridad por parte de las autoridades en el ámbito internacional, es el inconformismo demostrado por múltiples sectores (activistas sociales y trabajadores públicos, entre otros) frente situaciones que históricamente han socavado la integridad de las naciones, como la falta de oportunidades —que incentiva la pobreza—, la corrupción —que incrementa el margen de desigualdad— y la segregación de diferentes grupos sociales y políticos —que distorsiona el referente de liderazgo en un país— (Spyer & Alvarado, 2021).
En razón de lo anterior, se destaca el fortalecimiento del extractivismo en Chile en las últimas décadas, debido a la privatización de los bienes comunes, lo que generó un gran incremento de la desigualdad. El ejemplo más emblemático de esto es la lucha contra la privatización del agua: dicha problemática es considerada vital por el Cabildo por la Soberanía Socioambiental, que busca combatir la privatización de los bienes comunes naturales y la consecuente destrucción del medio ambiente (MODATIMA, 2020).
Este inconformismo, exacerbado a partir de la afectación medioambiental ya referida previamente, las desigualdades, el autoritarismo, las medidas adoptadas en el marco de la pandemia de la COVID-19 y la actuación de los cuerpos de policía en el desarrollo de procedimientos, y que para el periodo de pandemia se caracterizó por situaciones de control inusitado (autoridad encargada de desplegar las disposiciones de gobierno para reducir la afectación que podría traer un fenómeno desconocido para muchos, como la pandemia), la disminución de actividades de prevención y la aceleración de procesos de desconfianza hacia la policía, conjuraron el escenario propicio para la realización de diversas protestas sociales en Chile, Colombia, Ecuador y Perú entre 2019 y 2021. No obstante lo anterior, la protesta social pasa a convertirse en un factor de interés y de intervención prioritaria cuando en ella se erigen actos delictivos individuales o colectivos.
Ahora bien, este tipo de eventos se complejizan en la medida en que se acuden a nuevas vías para garantizar el accionar de sectores criminales de la protesta. Cabe mencionar entre ellas las convocatorias masivas en redes sociales, la financiación de grupos delictivos para incitar el desorden y la deslegitimación de las autoridades.
Considerando este panorama, los cuerpos de policía juegan un papel preponderante en Sudamérica, de cara a estructurar la seguridad, proteger el patrimonio nacional y los bienes individuales y facilitar el desarrollo de las protestas, como un derecho constitucional a escala regional, pero, a su vez, para promover la armonía que debe existir entre la sociedad y la policía y alcanzar los niveles de relacionamiento planteados por Casas et al. (2018), a través de ideas de innovación, empoderamiento de programas comunitarios y la ratificación de la legitimidad social.
Acudiendo a García Luna (2019), y destacando el valor que tienen para los gobiernos la tranquilidad y el orden público durante los escenarios de protesta, el presente artículo busca responder una de las inquietudes que marcan la hoja de ruta en materia de seguridad para autoridades y cuerpos de policía en el mundo. En este sentido, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuáles han sido los retos de los cuerpos policiales para afrontar los actos criminales durante la protesta social en Chile, Colombia, Ecuador y Perú entre 2019 y 2021?
Para dar respuesta a la referida pregunta, en el desarrollo del presente documento se abordan las siguientes temáticas, desde la perspectiva de autores reconocidos en la materia: reflexiones teóricas sobre los actos criminales durante la protesta social (Torrejano Vargas, 2009; Maldonado Ruiz, 2019; Arczak & Hernández, 2021); actos criminales cometidos durante la protesta-una afectación bilateral (Pardo (2019); aproximación a los retos y los desafíos de los cuerpos de policía (Alvarado Alcázar, 2019); repensando la inteligencia policial (Saldaña Cuba & Portocarrero Salcedo, 2017); cohesión de las autoridades a través de los mecanismos de cooperación policial (Lince Betancourt, 2014); confianza, tolerancia y complementariedad (Verduzco Chávez, 2017), y actos criminales durante la protesta en medio de la Cuarta Revolución Industrial: hacia la profesionalización policial (Cakmakci, 2019).
Método
El artículo se desarrolló mediante una revisión bibliográfica, desde un método cualitativo con un enfoque analítico-descriptivo; para ello, se realizaron la búsqueda, la selección y la revisión de artículos científicos en revistas indexadas de sistemas de indexación y resumen, al igual que bases de datos como Scielo y Dialnet, utilizando para la selección de las investigaciones para incluir en el estudio las siguientes palabras clave: protesta social, actos criminales, cuerpos policiales. Adicionalmente, se indagó una serie de documentos legales (constituciones de Colombia, Perú, Chile y Ecuador), e informes de organismos competentes en materia de supervisión de las protestas sociales, como es el caso de la Asamblea de las Naciones Unidas.
Reflexiones teóricas sobre los actos criminales en la protesta social
En el contexto de las protestas sociales se cometen actos criminales o delincuen-ciales, que inducen a la reflexión sobre cómo pueden intervenir las fuerzas de seguridad para garantizar la protección de la población. A fin de comprender el fenómeno desde su estructura y su motivación, es necesario aclarar que la protesta, según Archila Neira, citado por Torrejano Vargas (2009), adquiere diversas vertientes de lucha adoptadas por la acción social, en su búsqueda de modificación de conductas, protección de intereses o presentación de inconformismos. Entre dichas vertientes se encuentran las huelgas, las movilizaciones, las invasiones de predios, los bloqueos, los disturbios, la ocupación, el cabildo abierto, la operación vela y la huelga de silencio, cada una de las cuales se configura de acuerdo con las necesidades, la población, el territorio y el nivel de demanda social.
Durante la última década del siglo XX, algunos autores comprendieron la recurrencia y la connotación que la protesta empezó a adquirir como una acción colectiva que emergía en la medida en que la sociedad percibía la influencia que ejercía sobre actores de poder, motivo por el cual su particularidad estuvo enmarcada en la forma de expresión protegida por el derecho a la libertad y a la posibilidad de exigir óptimas condiciones de vida (Maldonado Ruiz, 2019), y sobre la cual se demandan diferentes necesidades experimentadas por los grupos sociales impactados.
A través de las primeras posiciones académicas latinoamericanas sobre el tema, Scribano (2003) analiza las protestas desde el contexto argentino, y las define como una lucha incesante por el reconocimiento de sentido y de sus características socialmente validas, y que ofrece así una dimensión sociológica que trasciende las esferas políticas, y que, dada la validez de estas solicitudes, cuenta con un amparo legal de corte constitucional (tabla 1).
Tabla 1. Disposición constitucional de la protesta o el derecho a la reunión
Fuente: elaboración propia, con base en: Constitución de la República del Ecuador (Art. 98) de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador (2008), Constitución Política de Colombia 1991 (Art. 37), Constitución Política de la República de Chile (Art. 19) en Senado de Chile (2019) y Constitución Política de Perú (Art. 12) de Presidencia de la República de Perú (1993).
Complementando la línea sociológica, Bassa Mercado y Moncada Garay (2019) advierten sobre la existencia de un sometimiento de la población a un orden o a unas disposiciones gubernamentales que atentan contra los intereses más básicos, y que dan cuenta de la resistencia a la autoridad, situación que se traduce en la protesta social. Autores como Correas (2011) y Maldonado Ruiz (2019) apuntan a la necesidad de la intervención efectiva del derecho penal para conocer los límites de la protesta y reprimir el delito que se aloja en ella, y que, además de permitir el pleno conocimiento de aquellas modalidades que desdibujan estas manifestaciones sociales, evitan su criminalización y castigan los brotes específicos de vandalismo. Es así como la actuación de la Policía Nacional estaría enfocada en acciones que le ayuden a superar esos retos. Algunas de las labores que deben ejecutarse en ese sentido son el bloqueo de vías, y prevenir el daño en bienes ajenos públicos y privados, así como el daño a los ciudadanos y la violencia contra servidor público, entre otras.
En este orden de ideas, no debe confundirse un acto criminal o delictivo con la criminalización de la protesta: Castro Díaz (2018) analiza esta última como uno de los aspectos más negativos para el actual sistema de control neoliberal, un flagelo social, político y jurídico que demanda mayor observación estatal y de sus instituciones. Así mismo, Rodríguez Arias y Arciniegas Santos (2012) establecen que la criminalización de la protesta social afecta los principios básicos que fundamentan el Estado social de derecho; sin embargo, hace énfasis en la significación que adquiere una política criminal adecuada para la preservación de la seguridad ciudadana.
En lo relativo al rol de los cuerpos de policía, y el de las agencias de seguridad respecto al tratamiento de la protesta, el análisis de Pickard (2019) ratifica que la evolución de sus métodos, la tecnología, la utilización de bases de datos, la modificación de la legislación y la vigilancia de los protestantes ha conllevado que en el siglo XXI dichos métodos resulten en el distanciamiento del consentimiento y la fuerza razonable, y transiten hacia la coerción y la fuerza excesiva. En contraste con lo anterior, Blay (2013) asegura que existe un esfuerzo considerable por parte de teóricos e instituciones policiales por mejorar y replicar las formas de control de las protestas sociales, situación que debe estar en permanente evaluación y actualización, para que estas propuestas no se conviertan en simples referentes de consulta o medidas inocuas.
Entre 2019 y 2021, diversos eventos acaecidos en países como Ecuador, Chile, Perú y Colombia motivan el cuestionamiento que debe surgir en torno a la atención de los actos delictivos, la criminalización de la protesta y la misión que cumplen los entes de control. En el caso específico de Chile, en 2019 ocurrió un estallido social, el cual, según Spyer y Alvarado (2021), tuvo sus orígenes en las duras críticas al modelo económico neoliberal existente. Esas movilizaciones denunciaron la ilegitimidad de la Constitución vigente, producto de la dictadura civil-militar. Una de las demandas de mayor consenso fue la exigencia de una nueva Constitución, por medio de una Asamblea Constituyente, así como el reclamo por el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago. En lo que respecta a Colombia, se destaca que
Las protestas, que comenzaron el 28 de abril de 2021, se desencadenaron por un proyecto de ley de reforma tributaria propuesto por el gobierno para estabilizar la deuda pública y el déficit fiscal. A pesar de que el proyecto de ley fue retirado el 2 de mayo de 2021, las protestas continuaron y se expandieron, convirtiéndose en un amplio reclamo de mejoras en otras áreas. (Arczak & Hernández, 2021, p. 2)
Factores como el acercamiento físico que se da entre protestantes y policías, la incidencia del terrorismo a través de organizaciones criminales y células urbanas en las manifestaciones y la necesidad de generar regulaciones sobre aquellos que pretenden desvirtuar este derecho mediante el boicoteo o el vandalismo en manifestaciones sociales (Benjamin, 1955) hacen que los debates académicos y pragmáticos deban reconfigurarse en beneficio de aquellos que no participan de la protesta y se ven afectados por acciones incluso de terrorismo. En relación con esto último, investigaciones previas han demostrado que “detrás de las manifestaciones violentas existen una serie de células o grupos barriales dedicados a generar caos y que responderían a orientación del ELN y las disidencias de las Farc” (RCN, 2020, párr. 1).
Actos criminales cometidos en la protesta: una afectación bilateral
En el contexto de la protesta social —especialmente, cuando existen grandes cantidades de personas concentradas en espacios públicos— suelen ocurrir actos criminales, cometidos tanto por grupos delincuenciales como por miembros de los cuerpos policiales (Alvarado, 2019). En relación con estos últimos, y en la medida en que se ejerce la fuerza entre sociedad y autoridad, el crimen más común es incurrir en la represión hacia los manifestantes. A este respecto, Alvarado (2019) señala:
En el caso de la represión, esta típicamente relacionada con la acción de los cuerpos policiales y militares, o bien, de cuerpos parapoliciales y paramilitares, de mucha “tradición” en el ámbito latinoamericano. En este sentido, se podría plantear que la represión consiste, fundamentalmente, en el ejercicio de la violencia, sobre todo física, mediante la acción de cuerpos armados, sean estos legales/formales/regulares o ilegales/informales/irregulares, dirigida contra organizaciones y movimientos sociales que en cierto grado desafían el orden social al recurrir a mecanismos no-institucionales. (p. 31)
En relación con lo anterior, durante los últimos tres años, situaciones como las medidas restrictivas y el tratamiento económico ofrecido por gobiernos en Latinoamérica durante la pandemia de la COVID-19, aunadas a las repercusiones de la desigualdad, la corrupción y la ausencia estatal en regiones y poblaciones vulnerables, han sido detonantes de alto impacto para las protestas sociales, que a diario se incrementan, gracias a la efectividad que suscita esta forma estructural y cohesionada de enfrentar el poder, y así se convierten en una condición habitual y cada vez más especializada en países de la región. En este sentido, en la figura 1 se presenta una correlación de eventos y patrones comunes en el ámbito regional, en el marco de la protesta.
Figura 1. Correlación de eventos-patrones comunes a escala regional, en el marco de la protesta.
Fuente: elaboración propia, con base en un análisis realizado desde la Unidad Nacional de Ameripol Colombia, a partir de los eventos de violencia en las acciones colectivas de la región.
En este contexto, “el control policial de las protestas es un tema sistemáticamente trabajado en relación con cómo los cuerpos policiales y, en situaciones excepcionales, los cuerpos militares “contienen” las protestas y cuáles mecanismos usan para ello” (Alvarado, 2019, p. 32). A este respecto, Blay (2013) indica que el modelo de control policial de las protestas muestra cambios en relación con los “tiempos, espacios y modos de protesta” (p. 25). La referida autora señala que en el caso de las protestas que presentan un tono acentuadamente contencioso (no-institucional), el modelo de control tiende hacia formas de control más duras, típicas de la incapacitación estratégica, lo que deriva en abusos de autoridad hacia los manifestantes.
Para Moisés Naím, retomado por Pardo (2019), este fenómeno merece un análisis general desde las causas, debido a la interconexión que puede existir entre cada país y el escepticismo que se promulga contra los gobiernos, situación que añade ambiciosos retos para las autoridades y una inmejorable oportunidad para las organizaciones criminales, que se infiltran en las protestas, y que, según Pardo (2019), a lo largo del siglo XXI, han aprovechado la protección internacional y nacional ofrecida mediante diversas herramientas legales, desde donde incrementan el caos e impulsan el desorden, incluso en una amalgama de escenarios que incluyen las redes sociales.
A propósito de la utilización de medios coercitivos y de la afectación de derechos como los de libre expresión y reunión, las situaciones criminales que han tenido lugar en países de Sudamérica, como los graves daños al Metro de Santiago durante las propuestas de 2019 en Chile, demuestran un inusitado comportamiento por parte de sectores específicos en el núcleo de las protestas, y que progresa de forma cada vez más sistemática, a la luz de la influencia de células terroristas, la interconexión regional derivada de la innovación tecnológica que permite la convocatoria generalizada y la socialización de experiencias, que, en palabras de Marisa von Bülow (2016), facilita la creación de lazos; incluso, entre los actores más fragmentados. Aunado a esto, se deben considerar posiciones en las cuales se advierte la tergiversación de la policía:
En ocasiones funcionarios policiales infiltran las manifestaciones violentas de los grupos que operan desde la anomia (del mismo modo que lo hacen también delincuentes que actúan desde el oportunismo frente al caos social), con la finalidad de producir destrucciones y daños que son repudiados por la ciudadanía, sentimientos de rechazo que son manipulados por las instituciones disciplinantes para justificar la represión [en los muros: ‘Basta de montajes. Los estamos mirando’. (Madariaga, 2019, p. 149)
En 2019 y 2020, con motivo del “estallido social” y su posterior aniversario, Chile fue testigo de una serie de protestas que paulatinamente se convirtieron en el eje de atención de autoridades como Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Durante los eventos, generados como consecuencia de una serie de medidas económicas y educativas establecidas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y que enardecería el descontento con el alza del precio del pasaje del metro, se produjeron daños materiales en edificios, entidades bancarias, iglesias y estaciones de policía, que dejó como resultado la muerte de más de 30 personas (BBC News, 2020, párr. 7).
De manera casi paralela, en Ecuador las protestas sociales tuvieron su auge inicial en 2019, cuando el presidente Lenin Moreno decidió eliminar los subsidios, situación que trajo consigo el aumento en el precio de la gasolina y configuraba un nuevo estado de afectación a la seguridad, producto de la muerte de once personas y el vandalismo en vías públicas utilizando bombas molotov y explosivos artesanales (Human Rights Watch, 2020).
Cuando en Ecuador y Chile se desencadenaba esta serie de hechos, en Perú se llevaba a cabo un ciclo de protestas, denominadas marchas nacionales, surgidas a partir de la destitución del presidente Martín Vizcarra, y que además de dejar como saldo dos muertos, trajo consigo la renuncia de al menos seis ministros. Como característica en el caso peruano, una de las instituciones más criticadas frente a la intervención de la protesta social fue la Policía Nacional, debido al uso de la fuerza y la utilización de medios coercitivos. Hechos similares ocurrieron en las protestas y los disturbios presentados en Colombia y, de forma general, en toda la región a lo largo de 2019 y 2020, cuando el descontento trascendía de las disposiciones gubernamentales hacia la actuación policial y el control ejercido por la institución era cuestionado, en medio de hechos que empeñaban su imagen y daban lugar a la zozobra generalizada.
La relación de estos eventos y los patrones conductuales que se experimentan a su alrededor, y que en algunos casos cuentan con evidente producción delictiva de los ciudadanos con antecedentes criminales, han sido objeto de estudio e investigación por parte de autoridades de inteligencia en el ámbito regional. Es así como terroristas, a través de organizaciones criminales colombianas y conexiones internacionales, promueven estrategias de adoctrinamiento, reclutamiento y acceso a movimientos de izquierda en países de la región, y así instrumentalizan la protesta para lograr la afectación de democracias y desestabilizar el orden y el equilibrio que deben existir entre autoridades y sociedad en estos contextos de conflictividad social3.
Como continuidad de las dinámicas delictivas y de las formas especializadas que han adoptado algunos de los actores conflictivos (criminales, protestantes, ciertos grupos políticos o sociales, entre otros) en los movimientos sociales, se han prolongado los patrones de actuación efectiva contra los cuerpos de policía y las autoridades adoptando iniciativas de referenciación e implementando modelos que han marcado el éxito del vandalismo en otras naciones, lo cual intensifica el debate que existe acerca de la criminalización de la protesta social, desde la que algunos intervinientes deslegitimizan la labor de los gobiernos de turno. En relación con ello, es importante profundizar en la problemática que constituye la oportunidad que han encontrado algunos terroristas y grupos al margen de la ley en el seno de la protesta, y que, además de brindar clandestinidad en medio del alto número de participantes, los involucra en un evento que cuenta con la legalidad ofrecida en el plano constitucional.
Aproximación a los retos y los desafíos de los cuerpos de Policía
Como antesala al planteamiento de retos de los cuerpos de Policía, es necesario acudir a autores como Maldonado Ruiz (2019) y Alvarado Alcázar (2020), quienes confirman que los Estados/gobiernos recurren a los instrumentos legales y dan un trato policial a los movimientos para propiciar mecanismos de control que apacigüen los inconformismos sociales marcados por las decisiones políticas, situación que trae consigo la securitización y la criminalización de facto de los requerimientos ciudadanos. Es así como los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se convierten en los primeros respondientes de las demandas generalizadas, y la sociedad encuentra en la autoridad el principal obstáculo —al no canalizar eficazmente las necesidades de la sociedad—, fórmula que da lugar a una inevitable confrontación entre manifestantes y agentes del orden.
Cuando esto se produce, la criminalización de la protesta se configura como el intento coartador por parte de autoridades gubernamentales para regular este derecho constitucional, que, a su vez, muestra cómo en ocasiones dichas manifestaciones sociales se caracterizan por dinámicas vandálicas, conductas de afectación generalizada y sensación de anarquismo, entre otros, gracias al aprovechamiento de organizaciones criminales para identificar espacios apropiados de debilitamiento de aquellas fuerzas del orden que salvaguardan la labor de las democracias. Es así como este ambiente de dualidad y extrapolación reafirma la postura de Tarrow (1994), quien advierte que en la región se acentúa el “efecto contagio”, en el que se vinculan paulatinamente toda clase de ciudadanos saliendo a las calles; sin embargo, este efecto incluye los comportamientos y las formas vandálicas que se aplican en algunos países.
Toda la configuración social a escala regional y la disposición que deben adquirir los cuerpos de policía para afrontar de manera diferencial los retos y los desafíos de la protesta social, constituye una de las prioridades para la agenda de seguridad en América del Sur. En consecuencia, y como esencia del artículo, a continuación se presentan algunas propuestas sobre las cuales los cuerpos de policía deben centrar sus esfuerzos para atenuar la criminalización de la protesta desde su accionar haciendo una revisión académica que contribuya a la modernización de la seguridad, de acuerdo con los nuevos estándares sociales, y posteriormente, asegurar la corresponsabilidad del binomio sociedad-Policía.
Repensando la inteligencia policial
Según Saldaña Cuba y Portocarrero Salcedo (2017), existen diversos medios alternativos de represión, sobre lo cual se introducen en el imaginario colectivo elementos adicionales que perturban su normal desarrollo, como los organismos de inteligencia, servicios que tradicionalmente se han insertado en este tipo de eventos, y que desdibujan la petición colectiva, ya que generaliza a todos los actores participantes a la protesta como medios de promoción de violencia o afectación a la seguridad. Para autores como Saldaña Cuba & Portocarrero Salcedo (2017), la inteligencia se presenta como uno de los baluartes de criminalización de la protesta, al ser esta desde donde se incentivan los señalamientos a un derecho ineludible.
No obstante lo anterior, dadas las condiciones actuales de infiltración de actores criminales, y teniendo en cuenta los resultados en capacidad de prevención, las agencias de inteligencia de los cuerpos de policía son los organismos llamados a generar una intervención responsable para posibilitar el cumplimiento de los derechos fundamentales de quienes participan de las manifestaciones sociales y los ajenos a ellas.
Por su parte, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (2016) declara de forma general, a través del artículo 77 del Informe conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, que la utilización de agentes secretos depende de la necesidad y los motivos fundados que existan sobre la comisión de un delito grave, considerando la pertinencia de la utilización de los servicios de inteligencia y la importancia de la información que se obtendrá, observando permanentemente la preservación de los derechos. Es así como los fines de vinculación de los organismos de inteligencia estarían orientados a la mitigación de intenciones delictivas que se presenten antes, durante y después de la protesta, sin afectar la manifestación social, pero garantizando que esta se lleva a cabo procurando la convivencia y la seguridad ciudadanas.
En palabras de Camps Calvert y García Berrío (2015), la labor de inteligencia permite realizar una verificación sobre los actores vandálicos, las publicaciones con fines criminales y el desarrollo de futuras investigaciones coordinadas con las unidades policiales encargadas de velar por el acompañamiento durante la protesta.
Es así como, conforme a las dinámicas delictivas y el alcance criminal que tienen algunos de los incitadores de actos criminales durante la protesta, la Policía Nacional debe promover la actuación responsable de un binomio como la inteligencia y la policía judicial definiendo roles específicos, que para la inteligencia van desde la recolección de información hasta la creación de escenarios prospectivos, de cara a la anticipación y la toma de decisiones, mientras que para la policía judicial recorren los ámbitos de la investigación penal asociados a actividades criminales previamente establecidas por el ordenamiento jurídico de cada Estado; ello, con el fin de robustecer las estructuras de inteligencia e investigación en escenarios sociales de vanguardia, y para proteger la protesta de agentes externos que la utilicen o la manipulen para el logro de objetivos políticos extremistas o como medio de acciones criminales, vandálicas y de terrorismo que menoscaban las democracias e incrementan las posiciones anárquicas.
Como consideración final de la participación de unidades de inteligencia, es necesario aclarar que el desarrollo de esta actividad, que facilita el reconocimiento de aquellos incitadores de violencia, puede ser considerado una función ejecutada, incluso, por parte de las unidades de reacción antidisturbios de los cuerpos de policía, que se encargan de propiciar una respuesta inicial a los acontecimientos delictivos en la materialización de este derecho constitucional, para permitir así una actuación más transparente, inequívoca y alineada al trabajo que existe de la policía frente a la sociedad.
Cohesión de las autoridades a través de los mecanismos de cooperación policial
A pesar de las dificultades de integración y las divergentes prioridades de cooperación que pueden surgir en la región, Latinoamérica se caracteriza por el establecimiento de alianzas a través de mecanismos específicos en materia de seguridad. Para Lince Betancourt (2014), una vía para enfrentar las múltiples amenazas que surgen a escala internacional es la integración policial, motivo por el que esta coordinación, basada en los principios de corresponsabilidad y oportunidad, es la mejor forma de prevenir situaciones de afectación a la seguridad en el contexto sudamericano.
En la actualidad, bajo modelos de cooperación como la Comunidad de Policías de América (Ameripol) y la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP), por más de quince años han sido posibles el intercambio de información, la capacitación de funcionarios de policía, el desarrollo de procesos operacionales contra el crimen organizado trasnacional y la realización de encuentros para determinar prioridades de trabajo. Lo anterior reitera lo mencionado por Johan Galtung entrevistado por DW (2010), quien formulaba la paz negativa como “la ausencia de un enfrentamiento violento y el mecanismo para alcanzar esa meta es la solución de los conflictos existentes” (párr. 5), pero que, a su vez, resaltaba la paz positiva como “una relación armoniosa que se consigue cuando dos o más entidades emprenden proyectos y sus beneficios son repartidos equitativamente” (párr. 5), situación que se hace realidad cuando se es testigo de la integración en este tipo de organismos internacionales.
En su trayectoria, estos mecanismos han volcado los esfuerzos para mitigar formas delictivas y fenómenos como el tráfico de cocaína, la migración irregular, el cibercrimen y, actualmente, aquellas amenazas asociadas a la pandemia de la COVID-19. A propósito de los retos de dimensión social que enfrenta Latinoamérica, es necesario que se procuren esfuerzos conjuntos y de corresponsabilidad policial para adoptar estrategias de trabajo contra el vandalismo, las formas ilegales de financiamiento y el terrorismo que se ciernen alrededor de la protesta social.
Es así como la accionabilidad de estos instrumentos policiales debería concentrarse en estrategias de vanguardia para la cooperación, entre las cuales se destacan los modelos de gestión del conocimiento, y que, de acuerdo con la necesidad, la capacidad dinámica de absorción propuesta por Cohen y Levinthal (1989), definida como la facultad de una empresa o una entidad para adquirir conocimiento de su entorno, a partir de variables como la innovación y el desarrollo, para ser replicadas en beneficio propio, encajaría como un revulsivo de corte académico. Este tipo de conceptos contemporáneos, asociados a la investigación y la actualización, facilitaría el rendimiento de los cuerpos de policía motivando la adopción de lecciones aprendidas y experiencias exitosas.
No obstante lo anterior, para permitir la correcta aplicación de estos modelos de gestión del conocimiento, es imprescindible identificar las formas a través de las cuales se hace posible el adecuado intercambio de información y la construcción de un soporte académico y pragmático que materialice las estrategias de trabajo que se gestan independientemente desde cada cuerpo de Policía, y que podrían hacer parte de un modelo multidimensional asociado a la región latinoamericana.
Desde la concepción de Hobday (2005), el Modelo de Integración de Sistemas y Establecimiento de Redes (Systems Integration and Networking), que se caracteriza por la interacción de empresas y organizaciones para la adquisición de aprendizajes y el fomento de la innovación desde un proceso de distribución en red, daría lugar al fortalecimiento de los canales existentes de cooperación dentro de los cuerpos de policía, gracias a ejes de integración como Ameripol y CLACIP, si desde ambos organismos se propende por la innovación, el acercamiento permanente y el desarrollo de cada una de las actividades desde un ámbito académico/ investigativo.
El networking en ejecución incentiva la socialización de lecciones aprendidas y experiencias exitosas y dilucida los patrones delictivos que utilizan los grupos criminales en el marco de las manifestaciones públicas, pero, primordialmente, permite garantizar el accionar de las autoridades para evitar la criminalización de la protesta y el correcto abordaje de la Policía ante la sociedad.
Confianza, tolerancia y complementariedad
Debido a las expresiones del crimen organizado y a la escalada delictiva en la región, que se remonta, principalmente, a finales del siglo XX, con el auge del narcotráfico y el surgimiento de importantes carteles. Los hitos y los baluartes que tienen los cuerpos de policía en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile son su capacidad de despliegue y la ejecución de operativos contra estas organizaciones. A pesar de que los resultados dan cuenta de su contundencia, existe una necesidad, que se erige como la punta de lanza de la relación Estado-Policía-sociedad, en la cual se evidencian facetas de autoritarismo que soslayan la confianza, y que, generalmente, trae consigo la estrategia de soberanía graduada, un concepto aplicado por Ong (2008), quien advierte sobre la configuración estatal para responder a los retos y las necesidades del mercado a través de estrategias de ajuste militar y policial buscando, de esta forma, crear entornos competitivos y ambientes de seguridad.
Esta reconfiguración se concibe a través de la priorización para el control en puntos de mayor demanda y alineación del desarrollo económico del Estado; sin embargo, no responde efectivamente a las necesidades sociales ni borra aquellos vestigios de autoritarismo (Verduzco Chávez, 2017); un ítem que para países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile es de primera necesidad, en virtud de las demandas sociales acaecidas, principalmente, entre 2019 y 2021.
A pesar de que las situaciones de conflictividad son una constante en la historia de la humanidad, y a pesar de que se agudizan en la medida en que existen objetivos (Galtung, citado por Calderón Concha, 2009) en nombre de cuyo logro media el control de las autoridades para procurar que el logro de estos no afecte los intereses de otros, durante la protesta emergen todos los síntomas de deslegitimación construida4, por lo que es primordial establecer una línea de apaciguamiento, desde donde se presente una atribución de control y autoridad por parte de entes institucionales como la Policía, pero en los que, a su vez, se reflejen valores como la confianza, la tolerancia y la complementariedad; sin embargo, este postulado no tendría fundamento sin el desarrollo de estudios para el abordaje de colectividades y masas, fundamento de la sociología, y el abordaje de reuniones que incentiven la comprensión profunda, por parte de los gobiernos y de los cuerpos de Policía acerca de la importancia de la protesta social y de la incidencia, cada vez más acentuada, de factores desequilibrantes conexos, los cuales aprovechan la conmoción entre sociedad y autoridad para generar caos y vandalismo.
Desde esta conceptualización, la propuesta debe ir encaminada a establecer iniciativas de asociación y convivencia, que se vean reflejadas en el fortalecimiento de los modelos de vigilancia comunitaria, acompañamiento a la infancia y la adolescencia, pedagogía desde los cuerpos de policía a sectores específicos de la sociedad y priorización de las necesidades del ciudadano, para lograr así un equilibrio con unidades operativas encargadas de la lucha frontal contra el crimen organizado e incrementando la compenetración social, de modo que minimice los niveles de arbitrariedad, pero mantenga la autoridad diversificando las campañas de control que debe existir desde las fuerzas del orden y mejorando los niveles de gobernabilidad por parte del Estado (figura 2).
Figura 2. Crisis policiales en la región, y connotación de las reformas.
Fuente: elaboración propia, con base en información obtenida de Maitre y Carballo Blanco (2008), Frühling (2009), Gorgal (2015), Arias et al. (2016) y Dammert (2020).
Por lo planteado, retomar posturas como las de Aparicio Barrera (2019), quien expone las características de la transición institucional de la seguridad nacional hacia la seguridad ciudadana, y que deberían marcar pautas diferenciales en las reformas policiales propuestas en Latinoamérica, es conveniente, en la medida en que su correcta aplicabilidad se proyectará como un marco de actuación en el cual la policía se vinculará con mayor énfasis en las necesidades sociales, comprenderá las demandas de cada ciudadano y empoderará a sus servidores públicos como los garantes de protección en las jurisdicciones para impulsar la construcción de confianza.
Actos criminales en la protesta en medio de la Cuarta Revolución Industrial: hacia la profesionalización policial
El inicio del siglo XXI ha traído consigo el surgimiento de lo que algunos expertos y académicos denominan la Industria 4.0, o la Cuarta Revolución Industrial, que, en palabras de Cakmakci (2019), significa la maduración de las innovaciones de la tecnología digital y la aceleración de desarrollos e inteligencia artificiales, de la robótica, de la transferencia de datos, de la interconectividad y de herramientas autónomas al servicio de la cadena de valor global, que puede ser compartida de acuerdo con el nivel de vanguardia de los actores que hacen parte de esta revolución.
En lo que respecta a transferencia de datos e interconectividad, la sociedad ha encontrado un inmejorable impulso para facilitar sus comunicaciones y permitir que en tiempo real se acceda a información nacional e internacional. Esta facilidad informativa para la sociedad ha creado uno de los principales retos para las autoridades en cuanto al tratamiento de las intenciones delictivas en el marco de las movilizaciones, que se traducen, entre otros, en campañas de desinformación y propagación del odio; por lo tanto, las operaciones de información que se desplieguen por parte de las autoridades, además de garantizar la afectación a los procesos decisorios criminales, deben propender por establecer líneas de articulación e interrumpir las asociaciones delictivas que empañen el buen desarrollo de la protesta.
La prolijidad de la concepción de movilizaciones en masa está marcada por patrones conductuales que se entretejen en una red cada vez más indescifrable, que se fortalece por el uso de las plataformas y las posibilidades de comunicación a través del ciberespacio, donde el común denominador recae sobre apelativos a la autoridad que demuestran su inconformismo y, como afirma Chul Han (2012), es una sociedad cansada, víctima de un cansancio que conduce a la violencia, a la irracionalidad, la indolencia y la depresión.
De acuerdo con el panorama descrito, es imprescindible que las autoridades comprendan la jerarquización social de las redes como un entorno donde se determinan los niveles de relacionamiento que crean canales de interacción y empoderan las múltiples instancias de convivencia, para entender los fenómenos que desde allí se gestan, y que van desde simples convocatorias hasta la solicitud expresa de afectar los intereses democráticos de una nación a través de la deslegitimación de sus instituciones y la destrucción de los bienes patrimoniales del Estado.
Es así como la optimización del quehacer policial y de las autoridades gubernamentales deben ir en concordancia con los avances sociales que apuntan a la Cuarta Revolución Industrial, donde es primordial alinear los cuerpos de policía a una política de innovación constante, cercanas a los frenéticos cambios de la sociedad, que permitan una más rápida identificación de presencias criminales que incitan a la violencia, y cuyos alcances desvirtúan las movilizaciones pacíficas que configuran un derecho colectivo para transitar hacia formas de terrorismo de baja intensidad materializadas por grupos violentos antisistema (Moreno, 2017).
Por lo planteado, es necesario que, para contrarrestar los propósitos delictivos que emergen en la protesta, las autoridades fortalezcan el actuar de los equipos especializados cibernéticos con alcance trasnacional, y que la ya mencionada cohesión de las autoridades a través de los mecanismos de cooperación policial ratifique como eje de articulación la evolución del cibercrimen y la incursión de las organizaciones en el ciberespacio, y así dé lugar a la ejecución de ciberoperaciones que resultan en patrullajes online, bloqueos de sitios web que incentivan la apología del delito, la denuncia de sitios que hacen alusión al odio y al anarquismo, y el control responsable, conjunto y auditado de estos equipos especializados.
Finalmente, la incursión preventiva por parte de las autoridades en redes sociales, plataformas y demás medios de comunicación, inicialmente, debe contemplar la supervisión y la autorización de órganos judiciales de control, que garanticen la transparencia y eviten el desarrollo de un nuevo capítulo en la criminalización de la protesta. Y en segundo lugar, la correcta asesoría para la toma de decisiones por parte de los organismos de inteligencia y los grupos especializados contra el cibercrimen, a aquellas instancias gubernamentales que procuran el mantenimiento del orden y la gobernabilidad en la escena trasnacional.
Conclusiones
La actual configuración social da cuenta del entendimiento que existe por parte de cada individuo, como miembro de esa compleja red organizacional, sobre los resultados que pueden obtener a través de un derecho como la protesta (concebido así, para países de Sudamérica como Colombia, Chile, Ecuador y Perú), en cuya esencia se exigen mejores condiciones de vida o se solicita el cumplimiento de compromisos pactados por los gobiernos, pero que, finalmente, ha mutado en una forma de desfogar el descontento y avivar el sentido vandálico de los desadaptados, lo que lleva a su criminalización, debido a la inserción de nuevos conceptos y dimensiones que incrementan los retos y los desafíos de los cuerpos de policía.
En el marco de la protesta en los países sudamericanos bajo estudio, debido a acciones como la suspensión de acuerdos ministeriales relacionados con el uso progresivo de la fuerza, se ha posibilitado una actuación más autónoma por parte de los cuerpos policiales, lo que en ocasiones deriva en represión y otros crímenes hacia los manifestantes. En este sentido, uno de los princípiales retos de los organismos de seguridad encargados de ejercer control policial en las protestas es ser capaces de organizarse estratégica y colectivamente para identificar a los grupos que de una forma visible evidencien acciones delictivas durante las protestas, contenerlos y no permitir que los sucesos escalen en eventos de mayor gravedad, donde civiles inocentes y manifestantes pacíficos resulten heridos o se generen daños a la propiedad pública y privada.
Específicamente en el caso de Colombia, se considera necesario crear vías o políticas públicas que permitan canalizar los reclamos de los manifestantes (activistas sociales, miembros de partidos políticos u otros) en materia de la ley de reforma tributaria propuesta por el gobierno, y la cual dio inicio a las protestas en abril de 2021. Esto, de forma más efectiva en aspectos de tiempos de respuesta oportuna y atención de mandas que han dado origen a las protestas donde, en ocasiones, se crea el escenario de los actos delictivos que han derivado en la detención de ciudadanos (tanto manifestantes como criminales), excesos de aplicación de la fuerza por parte de los organismos policiales, daños a la propiedad privada e, incluso, muertes en el marco de las manifestaciones.
Con respecto a Chile, dada la magnitud de las protestas registradas, donde hubo más de 30 personas muertas, las autoridades como los Carabineros y la PDI deben incrementar esfuerzos en materia de inteligencia policial, que permitan un mejor manejo de las manifestaciones, sin incurrir en la represión. Para ello, es vital la promoción de capacitaciones en el manejo de este tipo de situaciones, para ser capaces de desarrollar estrategias de control policial efectivas. Estas iniciativas pueden contribuir a afrontar los actos criminales en la protesta social.
En Ecuador, por su parte, se ha evidenciado que los motivos de las protestas sociales surgidas en 2019 fue la decisión de eliminar los subsidios, lo que condujo al aumento en el precio de la gasolina. Estos hechos desencadenaron en manifestaciones donde hubo escaladas de violencia y que causaron la muerte de once personas, así como vandalismo en vías las públicas utilizando bombas molotov y explosivos artesanales. En el caso de Perú, y en concordancia con el tema bajo estudio, se destaca que una de las instituciones más criticadas frente a la intervención de la protesta social fue la Policía Nacional, debido al uso excesivo de la fuerza hacia los manifestantes y la utilización de medios represivos.
A pesar de ser amplio el entendimiento sobre los resultados que se pueden obtener a través de la protesta, es mínimo el conocimiento gubernamental y social que existe frente al uso de los cuerpos policiales y, en consecuencia, su inadecuado despliegue, que, desde la perspectiva de Monjardet (2011), debería priorizar sobre los modelos de proximidad, fundamentados en acciones preventivas, que fomentan los lazos de conectividad entre policías y vecinos, y permite que funcionarios de la Policía con menor jerarquía actúen como gerentes en sus áreas geográficas, para así ratificar la confianza y evitar que el fin último de acercamiento entre las masas y la autoridad sean las situaciones de abuso policial o de agresiones a servidores públicos.
En relación con lo anterior, para determinar cuáles pueden ser algunas de dichas acciones preventivas, es necesario considerar una serie de factores, usualmente variables, en función del tiempo y el espacio donde suceden los hechos. Por ejemplo, que los cuerpos policiales realicen visitas constantes a los ciudadanos para informarse sobre temas de seguridad puede ser una iniciativa recibida positivamente en zonas donde la policía es percibida como un apoyo para la comunidad; sin embargo, en aquellas regiones donde exista un contexto de desconfianza hacia los cuerpos de seguridad este tipo de acciones puede ser considerado molesto o agresivo (Guillén, 2015).
En consecuencia, a lo largo del presente artículo se abordan de forma general los contextos que en la actualidad marcan el desarrollo de las protestas, entendiendo que, debido a su impacto social y a la capacidad de convocatoria, se configuran dos elementos fundamentales para la distorsión de este derecho fundamental; a saber:
- Se criminaliza en la medida en que se desborda el control de la autoridad, y donde el exceso en el uso de la fuerza desvirtúa las exigencias sociales.
- Dada esta criminalización, se presenta una delgada línea entre la ejecución per se del derecho y la comisión de actos de vandalismo, aprovechados por organizaciones criminales, y cuyo alcance trasciende fronteras regionales.
Es así como la labor de los cuerpos de policía debe repensarse a favor de los nuevos retos y los nuevos desafíos para la seguridad ciudadana, comprendiendo vertientes como la capacidad de prevención (desde la participación responsable de la inteligencia policial), el aprovechamiento de sus mecanismos de cooperación internacional, la solidificación de la confianza ciudadana y la optimización de las herramientas de control, en un mundo marcado por la revolución digital y donde son las tecnologías las encargadas de planificar un evento en el cual convergen la movilización pacífica de un pueblo que reclama por sus intereses y la infiltración del crimen organizado que pretende boicotear la estabilidad democrática de una nación.
1Aquellas acciones implementadas de forma irregular por los cuerpos de policía donde prevalecen el abuso de autoridad y el uso excesivo de la fuerza para generar control, y que son reprochadas por parte de la sociedad, lo que se manifiesta posteriormente en muestras de descontento durante la protesta social, y que son capitalizadas por organizaciones criminales para desvirtuar la labor de estas instituciones.
4Aquellas acciones implementadas de forma irregular por los cuerpos de policía donde prevalecen el abuso de autoridad y el uso excesivo de la fuerza para generar control, y que son reprochadas por parte de la sociedad, lo que se manifesta posteriormente en muestras de descontento durante la protesta social, y que son capitalizadas por organizaciones criminales para desvirtuar la labor de estas instituciones.
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