Laureles
https://doi.org/10.25062/1900-8325.322
Estudios en Seguridad y Defensa, 17(33), 121-143.
MARÍA ARACELI DE HAAS MATAMOROS2
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea México
2 Maestra en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional (Colegio de Defensa Nacional). Maestra en Asuntos Internacionales con Especialidad en Política y Seguridad Internacional (Universidad Anáhuac, México). Candidata a doctora en Administración Pública en la misma universidad. Doctoranda en Desarrollo y Seguridad Nacional (Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Desarrollo Nacionales). Cuenta con los diplomados en Seguridad Nacional (Instituto Tecnológico Autónomo de México), en Relaciones Internacionales y Diplomacia Mexicana (Instituto Matías Romero), con el Programa para Altos Ejecutivos en Seguridad Nacional e Internacional (Centro Kennedy, de la Universidad de Harvard) y con los cursos en Estrategia y Política de Defensa (William J. Perry Center) y Dimensiones Legales del Uso Contemporáneo y Futuro de la Fuerza (Geneva Center for Security Policy, en Ginebra, Suiza). Es autora del Glosario de Términos de Inteligencia Estratégica (Universidad Anáhuac, 2017). Docente desde 2015 en temas de seguridad y defensa. Fungió como secretaria técnica de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Congreso de la Unión. Actualmente es asesora en la Oficina del secretario en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Contacto: contacto@mariadehaas.com
Fecha de recepción: 30 de octubre de 2021
Fecha de aceptación: 18 de marzo de 2022
El presente artículo identifica como argumento central que el virus SARS-CoV-2 (causante del COVID-19) se ha presentado como un desafío a la seguridad y el bienestar de los países de Norteamérica, lo que ha orillado a los tres Estados que componen esta región a tener a la política de salud como el centro de atención de las demás políticas, y a aplicar una reorientación de las demás políticas públicas; principalmente, las políticas de seguridad y defensa. A partir de ello, se tiene como metodología un estudio comparado de las acciones implementadas por México, Estados Unidos y Canadá en sus políticas de seguridad y defensa para mitigar los contagios de COVID-19, a fin de encontrar coincidencias en las lecciones aprendidas y comprender mejor las acciones necesarias de protección a la población ante una pandemia.
Palabras clave: Seguridad, defensa, políticas, fuerzas armadas; salud pública, COVID-19, México, Estados Unidos, Canadá.
The central argument of this article suggests that the SARS-CoV-2 virus (COVID-19) has presented itself as a challenge to the security and well-being of the countries of North America. It has led the three states that compose this region to place health policy at the center of attention for other public policies while reorienting them, mainly security and defense policies. Based on this, the methodology of this article is a comparative study of the actions implemented by Mexico, the United States, and Canada in their security and defense policies to mitigate COVID-19 infections, to find coincidences in the lessons learned and understand better necessary actions to protect the population in the face of a pandemic.
Keywords: Security, defense, policies, armed forces, public health, COVID-19, Mexico, United States of America, Canada.
Este artigo identifica como argumento central que o vírus SARS-CoV-2 (COVID-19) tem se apresentado como um desafio à segurança e bem-estar dos países da América do Norte, o que levou os três estados que compõem este região ter a política de saúde como centro de atenção de outras políticas e considerar uma reorientação de outras políticas públicas, principalmente as políticas de segurança e defesa. Com base nisso, a metodologia é um estudo comparativo das ações implementadas pelo México, Estados Unidos da América e Canadá em suas políticas de segurança e defesa para mitigar infecções por COVID-19, a fim de encontrar coincidências nas lições aprendidas e melhor compreender as ações necessárias para proteger a população diante de uma pandemia.
Palabras-chave: Segurança, defesa, políticas, forças armadas, saúde pública, COVID-19, México, Estados Unidos, Canadá.
El virus SARS-CoV-2 (causante del COVID-19) es el agente viral que ocasionó el brote de un síndrome respiratorio agudo grave, declarado a inicios de 2020, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una emergencia de salud pública, debido a su propagación masiva por los países del mundo (OMS, 2020).
A partir de que la transmisión del virus es de forma directa —de persona a persona o por gotas o núcleos goticulares, que son el vehículo del virus al estornudar o toser a menos de un metro de distancia de otro individuo— o de forma indirecta —a través del contacto con superficies u objetos contaminados con el virus—, la propagación fue acelerada, debido a que el contacto humano es inevitable y las medidas locales para su contención no fueron suficientes para evitar su propagación en otros países del orbe (OMS, 2020). De esta manera, el virus se convirtió en poco tiempo en un antagonismo global, y se mostró como una amenaza que pudo trascender fronteras de los Estados nación.
La pandemia de COVID-19 es una amenaza a la seguridad nacional de la que se debe proteger a las naciones, por la afectación que genera en varios campos de su desarrollo y su poder nacional, y especialmente, al campo social del poder nacional, por vulnerar la colectividad de vidas de millones de personas. De forma aunada, la situación que justifica identificar a las pandemias como desafíos es porque detonan una crítica situación social, económica y política (De Haas, 2021). Sin embargo, hay organizaciones que, además, la suponen una amenaza, como los analistas de la Corporación Research and Development (RAND), quienes consideran que el COVID-19 debe ser tratado como una amenaza, pues cuando la integridad de las naciones está en peligro por un virus, la situación se convierte en una cuestión de seguridad nacional (Klarevas, 2020).
En línea con lo anterior, la consideración de los efectos del virus durante la pandemia elevó preocupaciones sobre el debilitamiento de los Estados nación, como un fenómeno consecuente con el impacto del COVID-19 en todas las esferas de la vida pública y privada. La conclusión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es que, ante la llegada por el COVID-19, la seguridad nacional de los Estados en materia de salud puede considerarse, básicamente, débil en todo el mundo (ONU, 2020a).
En el continente americano, a pesar de que las pandemias han estado presentes como una hipótesis de conflicto en la planeación de riesgos de los Estados con respecto a su propia seguridad nacional, desde antes de la llegada del COVID-19 no había doctrina de seguridad nacional suficiente para analizar de manera teórica el impacto y la magnitud de un fenómeno eventual y su grado de afectación en el poder nacional de los Estados. Y cuando se materializó dicho riesgo, se convirtió en un desafío inmediato a la seguridad regional y colectiva.
En México no hubo una declaración oficial que catalogara a la pandemia de COVID-19 como una amenaza a la seguridad nacional, más allá de la declaratoria de una “emergencia sanitaria de causa mayor” (Secretaría de Gobernación, 2020).
Usualmente, la ausencia de la mención de pandemias en los instrumentos programáticos de seguridad enfocados en la prevención por parte de los gobiernos conllevaba no levantar un innecesario sentido de alarma entre la población; no obstante, como indica Pedro Alejandro Villareal (2019, p. 50), investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), catalogar las pandemias como un tema de seguridad nacional e internacional no debe cohibirse si se vislumbra que la afectación sea de ese nivel, y puede contribuir a convocar un esfuerzo nacional al advertir del carácter apremiante que adquiere este fenómeno, a fin de que toda la sociedad sea capaz de reaccionar en conjunto, y en este contexto habría una aceptación mayor para reorientar las políticas públicas.
A su vez, catalogar el fenómeno de las pandemias como un asunto de seguridad nacional o internacional obliga a la adopción de medidas extraordinarias para hacerle frente a un imprevisto de este tipo, y eso conlleva, inevitablemente, un cuestionamiento con costes políticos. Los asuntos de seguridad nacional implican un manejo de recursos en circunstancias inusitadas que imperan al declararse, ya sea como una emergencia de salud pública de importancia internacional, o bien, como una pandemia a partir del surgimiento de la emergencia de mantener un interés nacional que ahora regirá las operaciones de las autoridades sanitarias (Villareal, 2019, pp. 49, 51).
La finalidad de las políticas de Estado y las políticas de gobierno y las políticas públicas derivadas de las necesidades coyunturales forman, en conjunto, la base para asegurar el bienestar, y obligan a una interdisciplinariedad, para que sean complementarias y coadyuven de esta forma al cumplimiento de los fines del Estado (Martínez González, 2020, p. 21).
En tal sentido, el surgimiento de la pandemia derivada por la proliferación global de contagios por el virus SARS-CoV-2 conllevó que la política más importante fuera la de salud, para garantizar el cumplimiento del fin del Estado en cuanto a otorgar condiciones de salud pública. De esa manera, el resto de las políticas de Estado envolvieron las necesidades de la política de salud, y ello derivó en una necesaria modificación de la agenda pública y gubernamental, donde la política de salud de los ciudadanos se convirtió en el centro de atención de las demás políticas públicas, dentro de las que resaltan la económica, la de política exterior, la de seguridad y la de defensa.
Ahondando sobre el punto de la modificación de las políticas públicas, la ONU emitió recomendaciones desde un inicio de la pandemia de COVID-19 a los gobiernos a escala mundial, para hacer frente a la gestión de la pandemia. Ante ello, la entidad señaló que la respuesta a la crisis y las políticas deben enfocarse en reconstruir capacidades públicas y estar firmemente sustentadas en la igualdad y la democracia, para que el Estado y sus instituciones puedan desempeñar el papel crucial que les corresponde en la respuesta y la recuperación. Para ello, era preciso fortalecer la gobernanza democrática, el Estado de derecho, la rendición de cuentas y la transparencia, sobre la base de un pacto social, para garantizar la legitimidad, la inclusión y la eficacia de las políticas públicas (ONU, 2020b).
En México se buscó, en primera instancia, establecer una política de salud aunada a una comunicación social efectiva que promoviera condiciones sanitarias para la interacción humana en todo ámbito ciudadano. Como indica la investigadora Ángela Martínez González (2020, p. 18), del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el abordaje de las políticas de salud es complejo, en virtud de que las necesidades en salud son de carácter multidimensional e interdependientes, por cuanto impactan, directa o indirectamente, en todos los aspectos de vida de las personas. Por ello, se siguieron las recomendaciones de la OMS para establecer prácticas de distanciamiento social, a fin de evitar la exposición de los grupos vulnerables a conglomerados humanos y reducir el contacto directo, y se promovieron la cancelación de reuniones públicas, el trabajo en casa y el cierre de escuelas públicas y privadas, así como el cierre de establecimientos no esenciales.
De forma agregada, se publicaron acuerdos en el Diario Oficial de la Federación (2020) para reducir la asistencia pública en las oficinas gubernamentales, así como reglas de operación para los establecimientos, donde se instituyó la necesidad de asegurar la disponibilidad de desinfectantes de manos en gel, la entrada a ellos usando cubrebocas y la detección de temperatura del público antes de su entrada. A su vez, se promovieron campañas de comunicación y sensibilización de la población civil, para que aplicaran prácticas de higiene a fin de parar la cadena de transmisión del virus, como el lavado continuo de las manos con agua y jabón, el uso de desinfectante para manos con base en alcohol al 70 %, el uso obligatorio de cubrebocas, evitar el contacto de cara, el estornudo cordial en el codo, la desinfección de objetos de uso continuo y la identificación de síntomas graves para aislamiento, o bien, acudir a un centro de salud. Empero, y pese a la existencia de las intensivas campañas de comunicación social para exponer la sintomatología identificable para detectar correspondientemente los verdaderos casos de contagio, en contraste con los de una gripe común, sucedió una proliferación de noticias falsas, con desinformación sobre la propagación del virus, y ello fue un factor que incrementó la rapidez del contagio entre la población en una fase inicial.
Para revertir este efecto, por parte de los esfuerzos del gobierno federal, el 20 de marzo de 2020 se puso en marcha el Centro Nacional de Contingencia Interinstitucional, destinado a coordinar las acciones para mitigar la amenaza de COVID-19, de lo cual se derivaron, a la fecha, cerca de 315 centros en todo el territorio nacional para apoyar dicho esfuerzo (Junta Interamericana de Defensa [JID], 2020, p. 7).
Igualmente, en los tres órdenes de gobierno se buscó una adaptación de las políticas públicas para el otorgamiento de los servicios públicos; en gran medida, la aplicación de trámites oficiales migró al uso del gobierno digital. Lo anterior, a su vez, le dio al gobierno la oportunidad de aprovechar las ventajas del e-government, avanzar en su agenda digital y aumentar la automatización de los trámites para disminuir la concurrencia ciudadana en las oficinas gubernamentales.3
En una segunda instancia, los principales actores gubernamentales en el ámbito federal en México se movilizaron para activar la prevención sanitaria necesaria por medio de la coordinación interinstitucional con el fin de mitigar el avance epidemiológico. Los primeros casos de COVID-19 en México fueron declarados el 28 de febrero de 2020, y la primera muerte reportada aconteció el 18 de marzo de ese año.
Al respecto, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) sesionó desde antes de que llegara el virus al país, y generó acciones de coordinación con los órganos del sector salud pertenecientes a las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como el Sistema Nacional (DIF), los órganos de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex). Desde el 21 de enero de 2020, el Sinave emitió avisos mediante el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Conave) para enterar a todas la Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) de primero, segundo y tercer nivel del país, así como para los miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y personal del Sistema Nacional de Salud (Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica [Conave], 2020).
De forma agregada, a partir del 23 de marzo de 2020 se informó la extensión del periodo vacacional estudiantil y la Jornada Nacional de Sana Distancia, y se estableció la campaña Quédate en Casa, con el aislamiento de los casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Al día siguiente se decretó la fase 2, que incluye la suspensión de actividades no esenciales, y posteriormente, el 30 de marzo, en reunión del Consejo de Salubridad General, se declaró la llegada de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor (Aburto Morales, et al., 2020, p. 8).
El esfuerzo primordial fue vertido en una política de salud por parte del gobierno federal, que buscó alentar que los estados homologaran en el sector salud estatal dentro de sus territorios; principalmente, para seguir las buenas prácticas recomendadas por la OMS. El acto inicial de dicha política federal fue convocar a una Jornada Nacional de Sana Distancia, que inició el 25 de marzo de 2020.
No obstante lo anterior, las entidades locales aplicaron, de forma propia y distinta, las estrategias de confinamiento y distanciamiento social. En esta falta de acuerdo en los municipios y los estados, cobró importancia el acato ciudadano, que fue clave para evitar la propagación de los contagios, al igual que otros factores, como la confianza ciudadana en las instituciones, los factores socioculturales de comportamiento en la población mexicana y la inevitable politización de la información sobre el uso de cubrebocas, y del creciente número de las muertes por la pandemia, todo lo cual llevó a que se elevaran los contagios ciudadanos por COVID-19.
En una tercera instancia, ocurrió la modificación progresiva de las principales políticas públicas. Con respecto a la política exterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anticipó el impacto del COVID-19 en la economía fronteriza, y asesoró a Andrés Manuel López Obrador, jefe de Estado, sobre no cerrar la frontera norte con Estados Unidos, ni los aeropuertos, ni los caminos ni los medios de transporte, lo cual hizo que la política de comunicaciones y transportes siguiera funcional durante la etapa de confinamiento nacional. A su vez, el esfuerzo del canciller de México y del cuerpo diplomático en el exterior se vio patente en el impulso de acciones que permitieron conseguir el abastecimiento de insumos médicos y de vacunas mediante el fomento de la diplomacia y la cooperación internacional.
De forma agregada, en México hubo cambios en la política económica a partir de la crisis derivada por la suspensión de actividades que orilló a una recesión. Al respecto, el investigador Enrique Provencio (2020) comenta, en su estudio “Política económica y COVID-19 en México en 2020”, que la crisis económica exigió respuestas heterodoxas de política económica y social para circunstancias inesperadas, que demandaban capacidad de adaptación y de cambios en las estrategias y los programas previstos para 2020, que debían adoptarse en un entorno de muy alta volatilidad e incertidumbre (Provencio, 2020, p. 265). Es así como la política económica y la política de salud tuvieron un vínculo intrínseco de afectación una con respecto a la otra.
Una de las principales consecuencias de la propagación mundial del virus SARS-CoV-2 (causante de la COVID-19) es que pasó de ser un problema de salud pública a un factor adverso que desestabilizó la seguridad pública. La cuarentena ahondó los retos en materia de seguridad para los Estados del hemisferio, y en muchos casos socavó las capacidades de las autoridades estatales y federales, cuyos esfuerzos fueron vertidos en la contención del contagio a partir de la convocatoria de los gobiernos a aplicar un confinamiento nacional que pudiera proteger a los ciudadanos y evitar la proliferación rápida del contagio, lo cual, a su vez, generó una serie de efectos socioeconómicos al reducirse la producción económica, que derivó en graves consecuencias sociales. Ante ello, el panorama del COVID-19 en la gestión pública de los Estados del hemisferio expuso la necesidad de un rediseño de las políticas de seguridad pública para mitigar los nuevos giros delictivos.
Por lo anterior, se observa que el panorama de afectación del COVID-19 en la sociedad se identifica como el fenómeno que modificará el comportamiento delincuencial en el mundo por los próximos años. De acuerdo con el documento emitido por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Transnacional (Global Initiative Against Transnational Crime [GIATC], 2020, p. 1), así como las redes criminales sufrieron modificaciones al explorar nuevas vulnerabilidades de la sociedad y el Estado, también será necesario que las instituciones policiales puedan enfrentar nuevos cambios en sus propias estructuras organizacionales y en el diseño de sus políticas de seguridad pública para enfrentar al hampa durante la pandemia de COVID-19.
A su vez, el mismo estudio alertó sobre el oportunismo criminal y sobre la creciente necesidad de desplegar los cuerpos policiales y militares en apoyo de las labores de seguridad pública, lo cual orilló a que esas fueran las instituciones más expuestas de respuesta esperada al manejo de la pandemia por la ciudadanía. En tal sentido, se vislumbró que las fuerzas de seguridad, la Policía y el Ejército iban encaminadas a apoyar a las autoridades civiles para mantener la estabilidad del orden público, y por lo tanto, se han convertido rápidamente en la cara pública de la respuesta de los estados al virus (GIATC, 2020, p. 3).
El documento que identifica actualmente a la política de seguridad nacional en México en la administración 2018-2024 es la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP)4, que permaneció sin cambios en lo que respecta a su disposición inicial, surgida por su publicación en 2020. No obstante, hubo una intensa actividad interinstitucional entre los miembros del Consejo de Seguridad Nacional y los del Gabinete de Seguridad Nacional, con la emisión de acuerdos y programas de apoyo de tipo intersecretarial.
Cabe agregar que México no declaró oficialmente a la pandemia generada por COVID-19 como una amenaza a la seguridad nacional, sino como una “emergencia sanitaria de causa mayor” (Diario Oficial de la Federación, 2020). De esa manera, se dispuso una movilización de los recursos del poder nacional mediante una adaptación de las principales políticas de Estado; entre ellas, la de política exterior y la de defensa para atención de la pandemia.
Sobre la política de seguridad, pudo observarse que el delito no estuvo en ningún momento en cuarentena, y por ello hubo que redoblar los esfuerzos institucionales para mitigar la perpetración de delitos dolosos. La pandemia por el COVID-19 generó, como efecto colateral, una serie de repercusiones de impacto en la seguridad ciudadana, debido a una adaptación de las actividades delictivas de los grupos del crimen organizado. A su vez, las políticas de seguridad no fueron modificadas en su redacción, pero sí lo fueron en su aplicación (De Haas, 2021).
Asimismo, surgió la necesidad de diseñar protocolos sistemáticos de operación en el ámbito de la seguridad pública, para asegurar que en el transporte público y en las calles hubiera la sana distancia necesaria para impedir la cercanía corporal entre los ciudadanos, y con ello, disminuir la proliferación del virus. Al respecto, las áreas de transporte público fueron un reto mayor, dado que los contagios masivos proliferaban, en su mayor parte, en los traslados de la ciudadanía, y no en los ámbitos domésticos o laborales.
En este tenor, cabe señalar que en México no hubo la aplicación de “toques de queda” u horas límite de salida a los ciudadanos, por respeto gubernamental a las libertades públicas y a los derechos humanos (DD. HH.); entre ellos, el de libre tránsito. No obstante, sí se tomaron medidas de poder suave, mediante diálogos de las autoridades gubernamentales con los sectores empresariales y comerciales, al establecer nuevos horarios de servicio laboral y de compras en establecimientos, con el fin de desincentivar la salida de los ciudadanos de sus hogares.
De igual manera, en cada uno de los 32 estados de la República, en los órdenes locales existió la publicación de acuerdos gubernamentales e interinstitucionales para el manejo de la pandemia. De acuerdo con ello, el estado Ciudad de México (CDMX) —sede de los poderes de la Federación— publicó en su Gaceta Oficial una serie de normativas, acuerdos, avisos y subsidios, así como lineamientos y reglas de operación con respecto a los horarios de establecimientos con fines comerciales, eclesiásticos o de reunión.
Es así como durante la cuarentena por el COVID-19 se generó una serie de retos en materia de seguridad ciudadana a partir del confinamiento nacional, pues se abrió un espacio de vulnerabilidad para el cumplimiento del Estado de derecho por parte de las autoridades ante la perpetración de delitos federales y del orden común, así como nuevos giros delictivos que han afectado tanto al ciudadano como al Estado en su conjunto.
Por todo lo anterior, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se enfrentó a una verdadera prueba de fuego: para el Gabinete de Seguridad se han multiplicado las tareas en materia sanitaria, además de la de mantener las acciones para disminuir los índices delictivos. Por lo anterior, se ha requerido aumentar la coordinación institucional y la generación de acuerdos con los estados, así como aumentar la proximidad policial, a fin de que la autoridad local se presente como cercana y accesible ante las necesidades de seguridad del ciudadano y evitar el crecimiento de los índices delictivos.
A escala mundial, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) enfrentan constantemente desafíos de origen natural, lo que las posiciona en una asistencia necesaria para sus propios Estados, a fin de otorgar el apoyo necesario y evitar una crisis. La pandemia por el virus SARS-CoV-2 se ha convertido en un desafío más dentro de la experiencia de asistencia en las fuerzas militares (FF. MM.).
Cabe mencionar que recurrir a las FF. AA. como parte de la reorientación de las políticas de seguridad y defensa para mitigar el avance de la pandemia de COVID-19 ha sido un fenómeno global, y sucede en operaciones que, al mismo tiempo, se empalman con aquellas enfocadas en mitigar amenazas a la seguridad nacional o la seguridad colectiva, como el terrorismo, la subversión y la delincuencia organizada, entre otras. Ejemplo de lo anterior son los casos de países dentro de la Unión Europea (UE), como Francia, que aplicó la Opération Résilience, que constó de una movilización de todas las ramas de la fuerza militar para mitigar el COVID-19, y ejecutada a la par con la Opération Sentinel enfocada en el terrorismo militarizado (Ministere Des Armees, 2021).
Al respecto, la mayor parte de las acciones de las FF. MM. respecto a las autoridades civiles en los países europeos consistieron en: la producción, por parte de la industria de defensa, de equipo de protección biosanitaria esencial (guantes, mascarillas médicas, caretas, respiradores, gafas de seguridad, pantallas faciales, batas y delantales, por mencionar algunos), debido a la escasez mundial por el súbito aumento de la demanda; la distribución de agua y alimentos; el transporte de insumos esenciales y médicos; la construcción de hospitales; la reconversión de espacios a hospitales COVID; el establecimiento de perímetros de seguridad en los hospitales, para protección del personal médico; el apoyo en mantenimiento del orden público y de la seguridad pública; el transporte de pacientes en unidades de ala rotativa y la repatriación de ciudadanos en unidades de ala fija, así como la repatriación de cenizas de connacionales fallecidos en el exterior; el fortalecimiento de la seguridad fronteriza; la desinfección de espacios públicos, e incluso, de establecimientos de bancos de alimentos, y el soporte a lugares de asistencia social como refugios para personas en situación de calle (European Parliament, 2020, pp. 2, 3).
Con lo anterior se observa que la adaptación de los ejércitos a las necesidades gubernamentales ante la emergencia suscitada por el COVID-19 es un fenómeno global, y que las actividades de asistencia han sido similares en las FF. AA. de distintas partes del mundo; sin embargo, en el presente artículo solo se estudiarán los modelos de participación castrense en los tres países de la región de Norteamérica: México, Estados Unidos y Canadá.
Derivado de ello, se observa que las FF. AA. en los países de Norteamérica recibieron una encomienda doble: asistir al gobierno en mitigar la emergencia sanitaria por la proliferación de contagios por COVID-19, así como otorgar la planificación y la asistencia logística en el traslado de insumos sanitarios, y continuar apoyando a las autoridades civiles y policiales en tareas de seguridad pública y mantenimiento del Estado de derecho.
Con respecto al esfuerzo de Estados Unidos, dicho país dio atención de forma inmediata en 2020, y para ello incurrió en el cierre parcial de las fronteras, para evitar la entrada del virus; especialmente, la entrada de personas desde China. Sin embargo, con la transmisión comunitaria ya en curso en el mundo, fue sumamente difícil impedir la propagación del contagio en Estados Unidos (Kates et al., 2020).
La respuesta federal se vio reforzada con el arribo de la administración del presidente Joseph Biden a inicios de 2021, a partir de visualizar en la pandemia un centro de atención de las políticas de Estado para los próximos años. Con ello surgió la oportunidad gubernamental de rediseñar su enfoque de seguridad en las políticas públicas, a partir de la coyuntura que representa la pandemia de COVID-19. Lo anterior se ve reflejado en el documento emitido en marzo de 2021, titulado Guía Provisional de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América (Interim National Security Strategic Guidance), el cual expone que mientras se busca mantener el control de la proliferación de contagios por el coronavirus, se trabajará para asegurar la fuerza de trabajo necesaria para garantizar la seguridad nacional, a fin de que el Estado pueda seguir operando de forma segura y efectiva (Biden, 2021, p. 21).
En tal sentido, Estados Unidos buscó objetivamente formular un nuevo curso de su política interna en materia de atención de salud, así como su política de seguridad nacional (Biden, 2021, p. 7), a partir de que el COVID-19 ha sido un antagonista que ha afectado de forma multidimensional todos los niveles de gobierno y todos los sectores de la población estadounidense. Ese nuevo curso de la política de seguridad nacional involucró de forma colateral a la política de defensa, lo que reorientó algunas de tareas de las Fuerzas Armadas en Operaciones Militares Diferentes a la Guerra (en inglés, MOOTW, por las iniciales de Military Operations Other than War).
En este tenor, la Junta Interamericana de Defensa (JID) y la Fundación Interamericana de Defensa (FID), en la reunión virtual titulada Desafíos Militares en Tiempos de Crisis, en la que convergieron 120 participantes de los ministerios de Defensa del continente, así como representantes de la academia y de los sectores público y privado, se señaló, por parte del Departamento de Defensa, que la pandemia por el COVID-19 ha resaltado la importancia de compartir información y del sistema interamericano como una totalidad, y que ha brindado la oportunidad de aumentar las interacciones y la cooperación entre los aliados a través de plataformas virtuales de comunicación (JID, 2020, p. 2). Ello señala que la pandemia ha vuelto más cercanas las relaciones militares entre ejércitos, para poder converger en aprendizajes compartidos y en soluciones comunes con respecto al empleo de las FF. AA. para la gestión de la pandemia.
A su vez, el Ejército norteamericano aplicó principios del mando tipo misión (en inglés, Mission Command) en las MOOTW para adaptar el liderazgo a las necesidades de las misiones por el COVID-19. En esencia, el mando tipo misión (MTM) consiste en empoderar a los oficiales para que busquen actuar de acuerdo con el máximo nivel de adaptabilidad y flexibilidad, y priorizando la intención tras la orden. La aplicación de este tipo de liderazgo militar se aplica cuando se sabe que hay estructuras flexibles, intenciones bien definidas y confianza organizacional. Lidiar con la pandemia de COVID-19 no es como librar una guerra: el enemigo es un virus, lo cual equivale a no tener la misma perspectiva bélica que contra combatientes armados, sino incentivar una consciencia de asistencia, donde se reconozca que todos los países del mundo están luchando juntos contra el mismo antagonista (Chewning et al., 2020). Esto orilla a desarrollar un sentido solidario de las misiones castrenses durante la pandemia, abandonando momentáneamente un punto de vista bélico y enfocándolo en una óptica de seguridad humanitaria.
No obstante lo descrito, la atención de las FF. AA. estadounidenses en la seguridad humanitaria durante el coronavirus generó un debate público sobre la política de defensa, en la cual hubo posiciones que sostenían que la era COVID-19 orillaría a Estados Unidos a reducir sus involucramientos militares en el orbe (Bowman, 2020, p. 12), y con ello, tener una mejor oportunidad de atender desafíos como la pandemia por COVID-19 o el cambio climático, que afligen a ese país y han impactado su desarrollo democrático y a la humanidad en conjunto, y requieren una acción conjunta para resolverlos (Wertheim, 2020).
En línea con lo anterior, Jim Golby, del Centro de Estudios de los Estados Unidos (en inglés, USSC, por las iniciales de United States Studies Centre), coincide en que las FF. AA. estadounidenses fueron las instituciones idóneas para atender a la sociedad durante una pandemia, al haber asistido al sistema de salud pública sin desplazar a las autoridades civiles; en tal sentido, si bien las agencias civiles nacionales son, en última instancia, las más adecuadas para liderar la respuesta a la pandemia, era probable que la capacidad del sistema de salud pública estadounidense requiriera eventualmente apoyo, y ante eso hay mucho que los militares pueden hacer en tiempos de crisis nacional. En palabras del autor, a medida que la crisis se intensifica, las FF. AA. asumen un papel más importante, pero la eficacia de la respuesta a la pandemia, la seguridad nacional de Estados Unidos y la democracia estadounidense estarán mejor atendidas si las FF. AA. mantienen claramente un papel de apoyo (Golby, 2020).
En contraste, en el Ejército canadiense, el Departamento de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas Canadienses (en inglés, CAF, por las iniciales de Canadian Armed Forces) también fueron desplegadas para prevenir la propagación de la enfermedad y, de esa forma, hacer una contribución a la respuesta nacional a la pandemia.
De la manera descrita, durante los primeros meses de la pandemia, el personal castrense aplicó la Operación LASER, que incluyó aplicar las medidas de salud pública y medidas adicionales de mitigación de riesgos con el personal desplegado en centros de cuidados a largo plazo en Quebec y Ontario. Dicha operación buscó apoyar a las comunidades del norte y remotas, y apoyó a la Agencia de Salud Pública de Canadá en la gestión y el apoyo en la distribución de equipos de protección personal. Lo anterior fue realizado de forma simultánea con operaciones usuales de atención a desastres naturales, de capacitación o de reclutamiento (Gobierno de Canadá, 2020a y 2020b).
A su vez, también se desarrolló la Operación VECTOR, a cargo del Comando Canadiense de Operaciones Conjuntas (en inglés, CJOC, por las iniciales de Canadian Joint Operations Command) en apoyo a la distribución de vacunas contra el COVID-19 en todo el territorio canadiense, mediante acciones de apoyo logístico y de planificación, asistencia de personal militar bien capacitado, transporte de equipos y suministros médicos a comunidades remotas, aunque no participó en ninguna actividad relacionada con pruebas, cuarentena o aplicación de la ley en la frontera. Cabe mencionar que dicha operación contó con el despliegue de seis Fuerzas de Tarea Conjuntas regionales permanentes, para brindar comando y control operativo para los grupos de trabajo en sus respectivas regiones o desplegados en ellas (Gobierno de Canadá, 2020c).
De esta manera, las FF. AA. canadienses se distinguieron por la adaptación de la política de defensa de dicho país en tareas de planificación, formación y logística. Con respecto a la planificación, se garantizó contar con las personas y los equipos disponibles para apoyar la entrega de la vacuna y, con ello, brindar apoyo a las instituciones civiles aprovechando la experiencia y las capacidades humanitarias del personal castrense.
Sobre la capacitación, se aseguró que el personal que participe en la lucha contra el COVID-19 esté adecuadamente preparado para superar los desafíos que pueda enfrentar. También en materia de logística, se proporcionó transporte internacional para llevar a Canadá vacunas contra el COVID-19 de fabricantes en el extranjero; además, se transportaron congeladores, suministros médicos y profesionales de la salud a comunidades remotas, del norte y costeras, así como a instalaciones de almacenamiento, centros de distribución y clínicas de inmunización. De forma agregada, se asignaron oficiales de enlace militar para cada provincia y cada territorio, que actuaron como enlace para la logística del despliegue de la vacuna, y asegurar con ello una coordinación y una cohesión adecuadas de esfuerzos (Gobierno de Canadá, 2020c).
En el caso de México, la característica particular que distingue a la política de defensa es que está al servicio del bienestar social y del bien común, y busca garantizar no solo la seguridad del Estado, sino la seguridad y la integridad de los mexicanos. Ello se distingue por la cuarta misión del Ejército y de la Fuerza Aérea mexicanos, dispuesta en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en su artículo primero, fracción cuarta, la cual dispone “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”. Esta peculiaridad ha permitido que las FF. AA. pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional puedan aplicarse de forma versátil a cualquier contexto que conlleve atender las necesidades del país en materia de protección civil y seguridad interior, además de las tradicionales de seguridad nacional y defensa exterior, sin generar una reconversión de la política de defensa para cumplir con tales fines.
Sobre esto, en 2014 el General Luis Cresencio Sandoval González —hoy, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional— abordó en un seminario de análisis de las misiones de las FF. AA. en la Universidad Anáhuac, México, que el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos reconocen que para enfrentar de mejor forma los efectos de los desastres, es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario, no solo cubriendo los aspectos científicos y tecnológicos relativos al conocimiento de los fenómenos y al desarrollo de las medidas para reducir sus efectos, sino previendo procedimientos operativos para apoyar a la población con medidas organizativas y funcionales, para que, de esa forma, los distintos organismos estén preparados y respondan de manera apropiada al embate de diversos fenómenos perturbadores (Sandoval, 2014, p. 213).
De esta manera, la asistencia al sistema de salud ha sido la principal actividad llevada a cabo por las FF. AA. mexicanas durante la pandemia de COVID-19, debido a su capacidad logística para traslado de vacunas e insumos sanitarios, planeación estratégica en asuntos administrativos y operativos, capacidad organizacional y disponibilidad de personal especializado médico, de enfermería y de sanidad militar para aplicación de vacunas, y para consultas médicas especializadas, que, en conjunto, hacen que estén habilitadas para responder a la fase de crisis de la pandemia, para la distribución de medicamentos y equipo estratégico o biosanitario, así como apoyo a hospitales estatales y federales y protección a personal médico, hospitales y depósitos de material médico, al tornarse dichos recursos estratégicos del Estado y de la seguridad nacional.
De la misma forma, se habilitaron las 116 instalaciones sanitarias (tanto militares como unidades operativas reconvertidas y hospitales del sector salud) para utilizarse en la atención de enfermos por la pandemia de COVID-19, y también participaron en la desinfección de lugares de alta concentración de personas, difusión de medidas de prevención contra el COVID-19, armado de carpas de emergencia y distribución de alimentos, o en actividades de orden público, como seguridad pública y trabajos de apoyo humanitario, como entrega de despensas y de agua potable (Institute for Global Health Sciences, 2021, p. 78; Nájar, 2020; Secretaría de la Defensa Nacional, 2020).
Por otra parte, se puso en marcha la fabricación de protección médica, por medio de la fábrica de vestuario y equipo del Ejército (FAVE), para satisfacer las necesidades de equipo de protección médica, y que incluía batas, cubrebocas, gorros desechables para cirujano, y zapatos y uniformes quirúrgicos, gracias a lo cual se pudieron confeccionar más de 2.906.000 artículos, distribuidos en los organismos hospitalarios que brindan atención a pacientes COVID (Secretaría de la Defensa Nacional, 2020). Estas acciones pudieron paliar la escasez del mencionado material, por la saturación de los mercados a partir de la demanda incrementada de consumo durante las etapas más críticas de la pandemia.
Asimismo, la Fuerza Aérea Mexicana realizó durante 2020, cuando menos, 52 operaciones aéreas en cinco aeronaves, para el traslado humanitario de personas civiles varadas en diferentes países, y así transportó a un total de 3.286 de ellas (Secretaría de la Defensa Nacional, 2020) y participó en la repatriación de ciudadanos en el extranjero, al igual que el traslado de urnas con cenizas de nacionales mexicanos fallecidos a causa del COVID-19 en Estados Unidos (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2020).
Aunado a lo anterior, la salud de los Altos Mandos se vio comprometida en su actividad diaria de la atención a la emergencia sanitaria, lo cual dio como resultado que el Almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, diera positivo para COVID-19 dos veces (el 18 de octubre de 2020 y el 23 de febrero de 2021), y que Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional General, también resultara positivo dos veces (el 17 de febrero de 2021 y el 2 de marzo de 2021). Ambos sanaron tras un periodo de recuperación.
De esta forma, se observa que la pandemia de COVID-19 incrementó la oportunidad para que la política de defensa en México orientara sus acciones a demostrar una planeación estratégica preventiva que la distingue, y para activar el despliegue de las capacidades militares, aéreas y navales desde un punto de vista reactivo, en atención a una emergencia por causa de fuerza mayor, como lo ha sido la pandemia de COVID-19. Especial mención merece el talante solidario de la Secretaría de la Defensa Nacional a la hora de atender las necesidades de protección civil ante un antagonismo o un factor adverso que pueda perturbar la salud o el orden públicos. Cabe mencionar, además, que la institución perdió a 215 elementos por la pandemia (Murillo, 2021).
Por ello, sucedió la activación del Plan de Defensa Nacional III-E (DN-III-E), en sus tres fases: prevención, ayuda y recuperación para la atención a la emergencia por el COVID-19. Este plan se ha aplicado por 55 años en México para mitigar las amenazas a la defensa nacional, y ante el surgimiento de la pandemia, a finales de 2019, se activó la planeación estratégica de dicho plan para la contención del antagonismo, identificado como de tipo factor adverso, y definido por el Colegio de Defensa Nacional como el riesgo cuya presencia afecta negativamente al desarrollo nacional y exige previsiones por parte del Poder Nacional, para evitar aplicaciones futuras más costosas (Colegio de Defensa Nacional, 2018, p. 9).
Entre las acciones logradas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México apoyaron desde 2020 las Unidades de Vigilancia Epidemiológica/Hospitalaria (UVEH) de primero, segundo y tercer nivel del país; garantizaron la seguridad de los miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y del personal del Sistema Nacional de Salud, y apoyaron en la reconversión de hospitales para atención de los casos de infección respiratoria asociados al virus SARS-CoV-2.
A su vez, la Secretaría de la Defensa Nacional ha estado involucrada en todo momento de la pandemia con la Secretaría de Salud para mantener el sustento logístico del plan de la vacunación en todo el país. De esta manera, fue el principal actor de la Operación Correcaminos, cuyo objetivo ha sido lograr, de manera eficaz y efectiva, la cobertura de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para toda la población mexicana, de acuerdo con las diferentes etapas y los ejes de priorización definidos en el documento rector Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México (Gobierno de México, 2021).
Dentro de esta operación se incluye que el personal militar mexicano entregó en 2020 cerca de 907 millones de artículos médicos y 107 toneladas de suministros sanitarios, a través de 32 operaciones aéreas, y participó en la reconversión de 37 hospitales militares y 49 unidades operativas en centros de apoyo de COVID-19. De forma agregada, 20.444 integrantes han sido desplegados para apoyar la emergencia suscitada de la pandemia, y el personal de sanidad de las FF. AA. apoya en 32 hospitales civiles y en otros 118 centros de salud (JID, 2020, p. 8).
De esta manera, dentro de las actividades de las FF. AA. mexicanas se otorgó seguridad en el traslado de los bióticos, así como en la atención de proximidad ciudadana en las jornadas de inoculación para grupos etarios de edad avanzada, como acción de apoyo en materia de salubridad general; al mismo tiempo, los elementos otorgaron protección a la infraestructura estratégica del sector salud, como hospitales de primer y segundo nivel, y seguridad al personal médico.
Así pues, la política de defensa en México encontró la necesidad de adaptar sus esfuerzos a las necesidades del interés nacional más prioritario, que ahora residían en la salud de la población. Anteriormente, en los ejércitos contemporáneos no se tenía experiencia de trato con pandemias, exceptuando la amenaza del virus A(H1N1), de 2009, aunque tal microorganismo no proliferó con mayor impacto y magnitud que el virus causante del COVID-19, surgido diez años después. A pesar de la recurrente inclusión de las pandemias en el rubro de asuntos de seguridad, cabe señalar que esta visualización polemiza los debates en el plano del análisis de la seguridad internacional (Villareal, 2019, p. 52).
En síntesis, se observaron las lecciones aprendidas de los ejércitos de la región de Norteamérica —tanto de México como en Estados Unidos y Canadá—, los cuales demostraron que cuentan con la versatilidad institucional para atender amenazas de seguridad nacional, así como crisis de salud pública en la atención por la pandemia de COVID-19.
La pandemia por el COVID-19 se presentó como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados por la afectación a sus campos del poder nacional; en específico, al campo social. Los tres países de Norteamérica presentaron afectaciones, lo que orilló a que los gobiernos reforzaran su política de salud y reorientaran el resto de sus políticas públicas; en particular, las de seguridad y defensa.
Aunque en el caso mexicano la pandemia no fue identificada como una amenaza a la seguridad nacional, sino como una emergencia sanitaria de fuerza mayor, puede identificarse que la COVID-19 es una amenaza, al haber detonado una situación social, económica y política de forma crítica, dentro de la cual se incluye una serie de retos en materia de seguridad pública.
De igual manera, se abordó cómo, a partir del hecho de que la política de salud fue la política con mayor prioridad de atención ante el impacto surgido por el COVID-19, esta se volvió un centro de atención de las demás políticas de Estado ante la emergencia suscitada por el COVID-19.
A su vez, se identificó que las FF. AA. de la región de Norteamérica tuvieron coincidencias con respecto a su labor en apoyo a la mitigación de la pandemia DE COVID-19. Las FF. AA. estadounidenses aplicaron principios del MTM, o Mission Command, para adaptar el liderazgo a las necesidades de las misiones por el COVID-19. Mientras, las FF. AA. canadienses realizaron acciones en consecuencia con las operaciones LASER y VECTOR, lo cual los ratificó, una vez más, como aptas para ejercer tareas no tradicionales de seguridad nacional o defensa exterior, por su experiencia humanitaria. Por último, en México, las FF. AA. coadyuvaron para aplicar sus capacidades institucionales en el Plan DN-III-E y en la Operación Correcaminos, para asistir al Gobierno federal; especialmente, con las capacidades logísticas para el traslado aéreo de material médico, o de la instalación y de seguridad a hospitales y al personal profesional del sector salud.
En México, la política de seguridad tuvo adaptaciones, y la política de defensa del Estado mexicano fue activada para complementar las capacidades del Sistema Nacional de Salud y aplicarse con fines sociales, ante la versatilidad que caracteriza a su principal plan (DN-III-E). De esa forma, el papel de las FF. AA. con respecto a la seguridad y defensa en tiempos de COVID-19 fue dicotómico en países como México, donde fue una primera encomienda asistir logísticamente al gobierno en mitigar la emergencia sanitaria por la proliferación de contagios por COVID-19 y en el traslado de insumos sanitarios, y al mismo tiempo, continuar apoyando a las policías locales en tareas de seguridad pública. Lo anterior reforzó el sentido de las misiones castrenses durante la pandemia con una perspectiva de seguridad humanitaria y fortaleció las relaciones civiles-militares en los tres países.
Al respecto, la atención de las FF. AA. mexicanas en la logística de distribución de la vacuna con la Operación Correcaminos, así como en la aplicación de la vacuna, acercó aún más los institutos armados a las necesidades nacionales de bienestar; en especial, entre los grupos vulnerables de la población. Ello dio la oportunidad de humanizar todavía más al personal castrense, aéreo y naval; es decir, de aplicarse como una fuerza de Estado con un paradigma humanista que protege a la población ante un enemigo epidemiológico o un antagonismo multidimensional.
Desde una perspectiva general, el presente artículo ofrece, mediante un ejercicio comparativo, la experiencia de tres casos de ministerios de Defensa en el hemisferio que demuestran que los ejércitos fueron las instituciones estatales más expuestas a la respuesta esperada del manejo de la pandemia. Sus modelos de acción sirven de ejemplo sobre cómo se adaptaron las políticas de defensa en el hemisferio en asuntos de seguridad y defensa en tiempos de la pandemia por el virus SARS-CoV-2; se descubrió, principalmente, que este tema de coyuntura fue una oportunidad para fortalecer la versatilidad de la aplicación de las capacidades de las FF. AA. en Estados Unidos, Canadá y México, específicamente, con fines sociales y humanitarios.
De forma agregada, se puede corroborar cómo el enfoque social que asumieron las FF. AA. de la región las fortaleció como instituciones, al incrementar el contacto solidario con la población —el cual es el bien tutelar para proteger por parte del Estado—, y con su apoyo se encontró un vínculo entre la seguridad y el desarrollo. Por lo anterior, se concluye que la adaptación de las políticas de defensa en el hemisferio ha incrementado la humanización de los ejércitos al desarrollar los lazos de la interacción civil-militar.
En México, las FF. AA. pertenecientes a la Sedena y la Semar se mostraron adaptadas a los cambios que requieren su asistencia ante la sociedad para mitigar los efectos de la pandemia; de esta forma, se observó que la política de defensa en México fue adaptada desde un enfoque multidimensional, con un fin social, para afrontar la pandemia de COVID-19 como un antagonismo de la seguridad nacional.
A su vez, la participación de las FF. AA. en la asistencia nacional requerida durante la pandemia en las actividades de complemento a las capacidades del sistema nacional de salud tuvo como resultado que aumentaran su proximidad a los actores sociales de los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, para asistir con sus capacidades institucionales a la hora de solucionar el problema del contagio por el virus SARS-CoV-2.
Su participación fue valorada debido a su capacidad logística para traslado de vacunas e insumos sanitarios, planeación estratégica en asuntos administrativos y operativos y capacidad organizacional, y al proveer insumos médicos y personal médico, de enfermería y de sanidad, al volverse escasos para la aplicación de vacunas y para consultas médicas especializadas, todo lo cual, en conjunto, hace que las FF. AA. estén habilitadas para responder a la fase de crisis de la pandemia, para la fabricación o la distribución de medicamentos y de equipo estratégico o biosanitario, al tornarse dichos recursos en estratégicos del Estado y de la seguridad nacional.
Por todo lo anterior, en tiempos de la pandemia se tienen como principales lecciones aprendidas que: a) fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones del sector defensa es un asunto necesario e imprescindible para afrontar antagonismos emergentes, tales como las pandemias; b) las políticas de seguridad y defensa en la región lograron aplicarse efectiva y versátilmente para fines de asistencia social; c) la asistencia de las FF. AA. a las autoridades civiles durante una pandemia será un asunto necesario, lo que derivará en la reorientación de las políticas de seguridad y defensa; d) las capacidades militares requieren fortalecerse para que la aplicación de las MOOTW con fines sociales y de asistencia humanitaria cuente con la infraestructura y los medios presupuestales necesarios.
De esta manera, mientras el coronavirus SARS-CoV-2 siga declarado como un virus activo por la OMS, y se mantenga la proliferación de sus variantes, se vislumbra que la reorientación de las políticas de seguridad y defensa para mitigar su avance será una necesidad permanente hasta la mitigación del COVID-19, lo que abre un nuevo paradigma para los ejércitos de la región, al consolidarse este tipo de Operaciones Diferentes a la Guerra (MOOTW) como un eje fundamental de la actuación de las FF. AA. Ello generará un nuevo balance en las relaciones civiles-militares, y reforzará la naturaleza castrense de solidaridad y apoyo, así como una integración de los militares como agentes necesarios de asistencia en las políticas de desarrollo.
1 Artículo de reflexión resultado de investigación, vinculado a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de México.
3 Es particular el caso brasileño de la modificación de las políticas públicas con respecto al gobierno digital durante la pandemia de COVID-19. Brasil es un ejemplo, en el ámbito de la digitalización, de países que requieren el tipo de reformas gubernamentales que necesitan fuerza política y visión a largo plazo. La información es poder: se ha vuelto omnipresente, y los datos que gobiernan, un desafío crítico. Al respecto, véase Banco de Desarrollo de América Latina (2020).
4 Usualmente, la política de seguridad nacional se vislumbra en el Programa para la Seguridad Nacional; no obstante, dicho programa no ha sido publicado a la fecha de cierre del presente artículo, y se toma a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública como el documento que engloba la política de todos los niveles de seguridad del Estado mexicano.
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