Laureles
Estudios en Seguridad y Defensa, 17(33), 262
https://doi.org/10.25062/1900-8325.323
EDGAR ORTIZ-ARELLANO2
Universidad Nacional Autónoma de México
2Doctor en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo (Universidad Anáhuac). Magíster en Administración (Universidad Nacional Autónoma de México). Licenciado en Ciencia Política (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa). Catedrático de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Contacto: eortizare-llano@comunidad.unam.mx
Fecha de recepción: 18 de noviembre de 2021
Fecha de aceptación: 14 de marzo de 2022
El arte de gobernar surge como una serie de técnicas relacionadas con la conducción, de manera racional, del Estado, que trabajan para la realización de los fines y los objetivos planteados por la política, y donde la defensa y la protección de los componentes estatales se resumen en tres grandes rubros: el gobierno, la población y el territorio, que son sus prioridades estratégicas, junto con la expansión de las funciones estatales y de organización de la sociedad. En tal sentido, el ámbito político desarrolló las bases de la razón de Estado, entendida como el cálculo sistemático y razonado para lograr el mejor gobierno que pueda garantizar la sobrevivencia y la permanencia del Estado, que en su génesis construyó su propio aparato de gobierno en torno a la acción de los ejércitos profesionales, así como de los dispositivos vinculados a la seguridad nacional. Bajo esa lógica, el objetivo del presente artículo es explicar la relación que guarda la razón de Estado con la seguridad nacional, en cuanto a que dicho binomio forma parte sustantiva del arte de gobernar. Para ello se realizó un análisis teórico-hermenéutico, el cual llevó a concluir que el arte de gobernar se sigue sustentando en la razón de Estado y en la seguridad nacional para asegurar la existencia de ese mismo Estado.
Palabras clave: Gobierno, guerra, política, razón de Estado, seguridad nacional.
The art of government emerges as a series of techniques related to the rational conduct of the State, which seek to achieve the goals and objectives set forth by politics. The defense and protection of state components can be summarized in three main areas: government, population, and territory, which are its strategic priorities along with the expansion of state functions and the organization of society. In this sense, the political sphere developed the bases of the reason of State, understood as a systematic and reasoned calculation to achieve the best government that can guarantee the survival and permanence of the State, which, in its genesis, built its government apparatus around the action of professional armies and devices linked to national security. Under this logic, this article aims to explain the relationship between the reason of the State and national security insofar as this binomial is a substantive part of the art of government to this end, a theoretical-hermeneutical analysis was carried out, concluding that the art of government is still based on the reason of the State and national security to ensure the existence of the State.
Keywords: Government, war, politics, reason of State, national security.
A arte de governar surge como uma série de técnicas relacionadas à condução do Estado de forma racional que trabalham para atingir as metas e objetivos estabelecidos pela política, sendo a defesa e proteção dos componentes estatais que podem ser resumidas em três principais áreas em que o governo, a população e o territorio são suas prioridades estratégicas juntamente com a ampliação das funções do Estado e a organização da sociedade. Nesse sentido, a esfera política desenvolveu as bases da razão de Estado entendida como o cálculo sistemático e fundamentado para alcançar o melhor governo que possa garantir a sobrevivência e a permanência do Estado, que em sua génese construiu seu aparelho de governo em torno da ação de exércitos profissionais, bem como dispositivos ligados à segurança nacional. Sob essa lógica, o objetivo deste artigo é explicar a relação que a razão de Estado tem com a segurança nacional na medida em que esse binómio é parte substantiva da arte de governar. Para isso, foi realizada uma análise teórico-hermenêutica, concluindo que a arte de governar ainda se baseia na razão de Estado e na segurança nacional para garantir a existência do Estado.
Palabras-chave: Governo, guerra, política, razão de Estado, segurança nacional.
Al revisar las transiciones que surgieron entre los siglos XVI al XVIII, Foucault (2006) detectó que la soberanía hace un cambio sustantivo entre dejar vivir y hacer morir, por la fórmula inversa de dejar morir y hacer vivir. Con ello, empezó la diseminación del arte de gobernar, entendido este como una serie de mecanismos, así como de dispositivos, que se diseminan sobre la población para ejercer gobierno sobre la vida humana. Este arte de gobernar se construyó a partir del precepto de razón de Estado; en tal sentido, es relevante la teorización de dicho concepto como corpus teórico que soporta el arte de gobernar, que, a su vez, se encuentra ligado a la seguridad de una nación a partir de una serie de principios que ponen en el centro la necesidad de clarificar fines y preceptos mínimos para el ejercicio del poder estatal.
La seguridad nacional para los Estados nación es una de las tareas más relevantes que tienen a su cargo, porque ella agrupa una serie de actividades, políticas y decisiones de impacto sobre la manera de gobernar, pero, sobre todo, en la vida de las personas: con estas acciones se intenta garantizar la sobrevivencia, el desarrollo y la defensa de los componentes básicos del Estado; es decir, de su territorio, su población y su gobierno. La organización del poder público se enfocó, a partir del siglo XVI, en cerciorarse de que la seguridad y defensa fueran ejes rectores del arte de gobernar. Para ello, requirió expandir el ejercicio gubernamental hacia otras esferas, como la economía, la salud y la educación, entre otras, para así aprovechar todos los insumos que pudiera generar una sociedad, y aumentar con ello las capacidades estatales (y por ende, las de la clase política); eso sí, siempre tomando como centro el tema de preservar a las poblaciones, las instituciones y el espacio geográfico a salvo de los enemigos externos e internos.
Bajo la lógica descrita, el objetivo del presente artículo es explicar la relación que guarda la razón de Estado con la seguridad nacional, en cuanto a que ese binomio forma parte sustantiva del arte de gobernar. La temática del artículo cobra especial importancia en un momento en que los Estados nación y sus aparatos de seguridad nacional se enfrentan a múltiples amenazas, bajo condiciones de alta incertidumbre. El terrorismo, la guerra, el crimen organizado transnacional y las ciberamenazas, entre otros acontecimientos, son fenómenos actuales que ponen en crisis el desarrollo armónico de las sociedades, los preceptos del arte de gobernar y la razón de Estado en los países democráticos. Se requieren acciones estatales que pueden coadyuvar en la construcción de principios de seguridad nacional que permitan la eficacia del Estado en su misión de proteger su propia integridad.
Para lograr el objetivo del presente artículo, en un primer apartado se abordó el concepto razón de Estado y su importancia en la construcción del Estado. En el segundo bloque se discute sobre el rol que tiene la seguridad nacional en el entramado del arte de gobernar. Por último, en las conclusiones se propone el argumento de cómo la organización estatal requiere que razón de Estado y seguridad mantengan un vínculo permanente para el logro de sus fines de permanencia y desarrollo. Cabe señalar que el enfoque metodológico de este trabajo es de índole cualitativa, y que tiene a la hermenéutica como el principal instrumento para realizar el análisis de los conceptos y teorías aquí presentados.
Al terminar la Edad Media y comenzar el Renacimiento (aproximadamente, en el siglo XV), se gestó una nueva forma de organización política: el Estado absolutista. Esa invención política es, para Perry Anderson (1998), la continuación de la dominación nobiliaria a partir de concentrar el poder político-militar, y así dejar a un lado la organización feudal y la descentralización política; para ello, “las monarquías absolutas introdujeron unos ejércitos y una burocracia permanentes, un sistema nacional de impuestos, un derecho codificado y los comienzos de un mercado codificado” (Anderson, 1998, p. 11). Estos principios fueron la base de una serie de técnicas y dispositivos de gobierno que tenían como lógica la expansión del poder público y su alineamiento a un orden de gobierno; en otras palabras, a un arte de gobernar, lo cual obligó, entre los siglos XVI y XVII, a la organización y la fundación del Estado; para ello, se introdujeron, según Comparato (2016), los principios de racionalidad y de necesidad, los cuales guían la acción del gobernante.
En ese sentido, Sturla (2020) indica que “la razón de Estado articula un conjunto de objetivos que legitiman el obrar del político. Sea para ganar legitimidad, sea para convencer a los gobernados, el Estado debe garantizar de esta manera su existencia y su conservación” (p. 76). Pero estos principios, en realidad, se encaminan no solo a garantizar la continuidad del gobierno, sino a ocuparse de la seguridad de la población en su conjunto y a proteger los territorios de los potenciales enemigos, así como a ubicar en el centro de la sociedad la existencia Estado, que tiene una amplia capacidad de “arbitrio en el dominio de la administración interior y especialmente de la política exterior” (Amezúa, 1999, p. 187). Pero, ¿para qué incidir en dichos aspectos? En primer lugar, para asegurar la permanencia y la existencia de una nación, de la población y de su forma de vida, pues al cumplir con estos preceptos mínimos se asegura también la sobrevivencia del Estado.
En su proceso formativo, los Estado nación organizaron, de manera consistente, estructuras y acuerdos institucionales que garantizaran, de manera sistemática, gobernar sobre las poblaciones, la integridad territorial y la defensa de sus intereses en el exterior; para ello, se delimitaron dos grandes entidades gubernamentales, que provocaron la expansión de todo el aparato del Estado en el marco del absolutismo, como respuesta a la hora de reducir la dispersión política que producía el sistema feudal. Dichas entidades fueron, según Berucio (2010), el ejército permanente y la burocracia (profesional), y que, junto a la consolidación del Estado de derecho, darían paso al establecimiento pleno del Estado moderno. Pero también se abrió la posibilidad de entronizar como prioridad estatal la búsqueda sistemática del interés común, y su primer frente fue la seguridad. Para ello, era necesario contar con la coerción legal, a fin de imponer lo público sobre lo privado.
Para Sadurski (2014), la razón de Estado es el punto donde la filosofía política intenta diferenciar racionalmente qué es mejor para la colectividad y qué no lo es, pero también es el momento cuando el Estado asume una posición institucionalizada de crear mecanismos para imponer sus prioridades sobre la multiplicidad de particulares.
El Estado que surgió en la Modernidad se convirtió en una máquina compleja, con el objetivo, como lo señala Hobbes (2017), de garantizar la vida y la propiedad de las personas; para ello, según Foucault (2009), en primera instancia se organizó y se implemento el poder disciplinario, el cual es un dispositivo que profesionaliza y organiza los ejércitos y disciplina a los posibles combatientes. El poder estatal se conformó en torno a los ejércitos profesionales que él mismo creó, ya que con ellos soporta su autoridad y su defensa de enemigos externos e internos, además de que su estructura y su diseño sirven como modelo para otras entidades burocráticas; entonces, la acción castrense es de suma importancia para la consolidación del Estado, y se integra como parte de las lógicas de la actividad política o, mejor dicho, como un instrumento de la política (Clausewitz, 2014).
Lo anterior, teniendo en cuenta que los ejércitos son una fuerza real de coerción que se sustenta en una serie de técnicas calculadas y pensadas racionalmente; de hecho, para Max Weber (2002), una de las características esenciales del poder estatal es el monopolio de la violencia física legítima, ya que con ello se aseguran el orden social y la preeminencia del Estado sobre otros actores que podrían disputar el poder político. Por lo tanto, la guerra, la defensa de un país y los asuntos militares son una serie de estrategias subordinadas a los intereses políticos: “Es la estrategia la que permite comprender la guerra como una manera de conducir la política entre los Estados; es la táctica la que permite comprender el ejército como un principio para mantener la guerra ausente de la sociedad civil” (Foucault, 2009, p. 196).
De ahí que las fuerzas militares (FF. MM.) tienen, hasta la fecha, impacto en la defensa de los intereses vitales del Estado en dos vías: en la dimensión exterior, como lo son otros agentes estatales, así también los no estatales (internacionales); por otra parte, hacia el interior, como un eje que aleja la violencia (o por lo menos, esa es la pretensión) de la población. En tal sentido, para Spieker (2011), Foucault (2006) detectó cómo la guerra y la seguridad son el fundamento ordenador de la política moderna que constituye el poder soberano:
En efecto, puede decirse, esquemática y un poco groseramente, que con el crecimiento, el desarrollo de los Estados, a lo largo de toda la Edad Media y en el umbral de la época moderna, las prácticas y las instituciones de guerra sufrieron una evolución muy marcada, muy visible, que podemos caracterizar así: en principio, unas y otras se concentraron cada vez más en las manos de un poder central; poco a poco el rumbo de las cosas llevó a que de hecho y de derecho, sólo los poderes estatales estuvieran en condiciones de librar las guerras y manipular los instrumentos bélicos: estatización de la guerra por consiguiente, (p. 53)
Las nociones de seguridad y guerra fueron necesarias para constituir la soberanía que ejerce el Estado sobre la población, pero también, de cómo se la hace valer frente a otros Estados o entidades internacionales. Pero, ¿qué implica la soberanía?
A saber, aquel elemento del poder que designa la función de representar la unidad política en la creación del orden y la paz (mediante la fuerza y la ley) y, para ser eficaz así como efectivamente obedecido (de otra manera ¿qué poder político sería?) [...]. (Attili, 2007, p. 53)
La teleología de la entidad estatal es, a fin de cuentas, generar condiciones para el desarrollo económico, la expansión de la vida humana y social, y eso conlleva que el aparato de Estado genere dispositivos de seguridad que garanticen su desarrollo y su expansión; y para ello es imprescindible que ese aparato, ese leviatán, sea soberano, a fin de que pueda implementar los dispositivos de seguridad necesarios que protejan la integridad de su propia soberanía y de los componentes del Estado (territorio, gobierno y población).
Para Foucault (2012), a partir del siglo XVII el Estado muestra interés en la creación de dispositivos de seguridad y, sobre todo, en poner límites a su propio actuar, en función de la razón de Estado, ya que, de otra forma, en vez de generar prosperidad, se podría crear caos y destrucción en la sociedad; pero para ello tiene gobernar, administrar desde la racionalidad:
Y la razón de Estado es justamente una práctica o, mejor, la racionalización de una práctica que va a situarse entre un Estado presentado como dato y un Estado presentado como algo por construir y levantar. El arte de gobernar debe fijar entonces sus reglas y racionalizar su manera de obrar, proponiéndose en cierto modo como objetivo transformar en ser el deber ser del Estado, (p. 19)
La razón de Estado cimentó la supremacía estatal como entidad que concentra el poder político, como un eje que protege y organiza; de ahí que el uso de la fuerza militar y de una serie de dispositivos de seguridad hacen que esa actividad sea llamada gobierno. Al definir a los procesos gubernamentales, Foucault (2013) señala: “Por gobierno entiendo el conjunto de las instituciones y prácticas por medio de las cuales se guía a los hombres desde la administración hasta la educación” (p. 96). Pero estas técnicas también se utilizan para protegerse de otros Estados que están constituyendo su propia racionalidad a fin de garantizar su sobrevivencia. Bajo esa lógica, la razón de Estado surge bifurcada:
Por un lado, colocar al Estado como principio único de inteligibilidad de la política y convertirlo en punto arquimédico de todas las relaciones internas de poder. Principio pues, de estatalización de las fuerzas internas de la sociedad. Pero por otro lado aparece el problema de la conservación de la relación de fuerzas entre Estados, el mantenimiento de equilibrios de las relaciones externas de poder. (Castro-Gómez, 2010, p. 123)
Giovani Botero (2016), uno de los principales teóricos de la razón de Estado a finales del siglo XVI, la definió como “una noticia de los medios convenientes para fundar, conservar y engrandecer un señorío” (p. 984); es decir, la creación y el sostenimiento del Estado, así como su desarrollo, fundamentados en una serie de reglas que consideran tanto las condiciones internas como externas del Estado, y en la capacidad que tiene para sortear los riesgos que se presentan o, en su defecto, aprovechar las oportunidades que las circunstancias otorgan al aparato estatal. Cabe resaltar que, para Botero (2016), la defensa de enemigos externos se encuentra vinculada a la seguridad y sus fines:
Prosupongamos [sic] que la razón de la seguridad consiste en tener lejos de nuestra casa al enemigo y al peligro, porque la vecindad es gran parte del mal, y con acomodarse de manera que cuando todavía se acerque no pueda ofender (p. 1055).
Las amenazas que se ciernen sobre una sociedad y hacia el Estado se encuentran, según Botero (2016), en el hecho de que existen otros Estados que pueden amenazar sus intereses; de ahí que la seguridad (nacional) sea una de las principales tareas racionales e ineludibles que debe realizar, y la razón de Estado da los sustentos para su actuar.
La razón de Estado no se encuentra codificada, ni están reguladas las condiciones en las cuales debe usarse (Armitage, 2000); de ahí que su uso esté determinado por el cálculo político que se hace ante una situación de emergencia para el Estado: es decir, cada élite gobernante, según señala Yigzaw (2017), tiene sus propias consideraciones y razones sobre las que construye su sobrevivencia, y se podría añadir que crea una teleología que se sustenta por la acción racional y estratégica que protege los puntos vitales de su sociedad y sus instituciones. Otra ventaja que tiene la razón de Estado es que, según Bandieri (2009), libra al poder público de justificaciones de carácter metafísico: ya no es necesaria la explicación proveniente de la teología, y cabría agregar que deja de serlo porque su acción es sobre los vivos y pretende establecer un reino basado en el orden y la seguridad que puede brindarse a sí misma.
La razón de Estado es la organización sistemática del Estado y de su acción, en aras de la seguridad y del bienestar general; ya no es la voluntad del príncipe el eje rector de la actividad política para conquistar y mantener sus señoríos feudales, como lo presenta Maquiavelo (2010) en su libro El Príncipe: si bien sus argumentos ayudan a explicar el realismo político, el maquiavelismo se encuentra limitado por la búsqueda del poder por sí mismo (Negro, 1989); en cambio, para buscar los fines superiores de trascendencia —es decir, objetivos colectivos que garanticen el bien de la población y el engrandecimiento del Estado— hace uso de la racionalidad, que es el eje rector del ejercicio del poder público, para, con ello, eliminar —o al menos, ponerles límites— los riesgos a lo que se enfrenta la entidad estatal.
Por lo anterior, Curzio (2004) identifica que “El primero de los fines de todo Estado consiste en la garantía de su propia existencia y su conservación. Para conseguir este primordial doble objetivo es necesario neutralizar a todas las fuerzas internas o externas que intenten obstruir su consecución” (p. 31). Dichas condiciones son primordiales para que los Estados existan, y son la justificación principal para que estos desarrollen una serie de instituciones y mecanismos que ayuden a su conservación y puedan contrarrestar a los enemigos que se les presenten; entre tales instituciones se incluyen las Fuerzas Armadas (FF. AA.) (Ejército, Marina y Fuerza Aérea, entre otras), así como las instancias de seguridad pública e interior (Guardia Nacional, Policía, etc.) y los respectivos órganos de inteligencia militar y civil.
Nuevamente, Foucault (2014) considera que la razón de Estado es el primer intento por determinar con precisión los procesos que el Gobierno debe llevar de manera sistemática para lograr sus objetivos:
En otras palabras, me parece que la idea de una razón de Estado fue en la Europa moderna la primera manera de reflexionar y de dar un estatus preciso, asignable, manejable, utilizable, a la relación entre el ejercicio de poder y la manifestación de la verdad. En suma, sería la idea de que la racionalidad de la acción gubernamental es la razón de Estado, y que la verdad que es necesario manifestar es la verdad del Estado como objeto de la acción gubernamental, (pp. 32-33)
La razón de Estado como argumento de justificación de los actos que realiza el Gobierno, según Quirk (1986), puede legitimar, entre muchos otros temas, el principio de guerra justa, que puede generarse en el marco de una guerra de autodefensa contra un agresor, o para reclamar algún daño supuestamente infligido al Estado (Kunz, 1951). En cualquier caso, la bellum justum, necesariamente, debe ser legitimada desde la esfera de la política, por cuanto es un instrumento propio de las estrategias del poder público a fin de sostener al Estado y tener justificación para movilizar los recursos de la sociedad y, con ello, sostener los esfuerzos de guerra, de seguridad nacional, interior y de defensa, así como la concentración de poder y de la capacidad de coerción. En esa lógica, la soberanía tendrá que intervenir, sí, sobre la población, pero también, en el medio en el cual esta vive: es necesario que las condiciones de existencia se garanticen a partir de políticas en seguridad; de ahí que Foucault (2018) afirmó que “los dispositivos de seguridad trabajan, fabrican, organizan, acondicionan un medio aun antes de que la noción se haya constituido y aislado” (p. 41).
En ese sentido, la seguridad nacional, la razón de Estado y el poder político soberano (representado por la clase política) son una triada que es la base de la sobrevivencia del Estado, y donde es la política la que determina los fines y los alcances de la seguridad y de sus aparatos operativos; por otra parte, el pensamiento basado en la razón de Estado construye el corpus de principios de acción gubernamental a partir del máximo provecho para la nación.
Foucault (2018) considera que la seguridad como política del gobierno (y sus dispositivos), además de intervenir sobre el medio, también actúa como entidad reguladora sobre una realidad dada: la interviene, la cambia e, incluso, una situación amenazante puede neutralizarla (por ejemplo, a los enemigos del orden social):
En otras palabras, la ley prohíbe, la disciplina prescribe y la seguridad, sin prohibir ni prescribir, y aunque eventualmente se dé algunos instrumentos vinculados con la interdicción y la prescripción, tiene la función esencial de responder a una realidad de tal manera que la respuesta la anule: la anule, la limite, la frene o la regule. Esta regulación en el elemento de la realidad es, creo, fundamental en los dispositivos de seguridad. (p. 69)
La regulación y la intervención sobre la realidad son la esencia de los dispositivos de seguridad; de ahí su estatus de condición estratégica para el Estado, y en esa lógica entran la seguridad nacional y su teleología:
La seguridad nacional es mantener a salvo a la nación en su conjunto. Su mandato más importante es la protección de la nación y su gente contra ataques y otros peligros externos manteniendo las fuerzas armadas y guardando secretos de Estado. (Holmes, 2014, párr. 55. Traducción propia)
Pero para conseguir niveles mínimos de seguridad es necesario que el Estado intervenga en el medio (Foucault, 2018); también, que prevea el futuro, lo proyecte con métodos racionales, y por lo tanto, “[la] seguridad nacional se logra como consecuencia de acciones previas desarrolladas por el Estado para garantizar la soberanía, su independencia y alcanzar sus objetivos nacionales” (Queirolo, 2021, p. 4). El Estado, como ente soberano, debe asegurarse en todo momento de no perder ni un instante sus capacidades para imponerse a cualquier otro agente que quiera desafiarlo en poder e influencia; de ahí que sus instrumentos de seguridad deban ser los más estructurados, capacitados, profesionalizados, proactivos y cercanos a las decisiones políticas.
Para garantizar el orden y la organización social, el poder político requiere racionalizar sus procedimientos, pues de esa manera podrá cumplir sus fines superiores, que son el provocar el desarrollo exitoso de la sociedad y garantizar la vida en todos sus aspectos; en consecuencia, Jarmoszko (2020) considera que la seguridad (o por lo menos, su sensación) es una necesidad humana, ya que “como organismos biológicos y fenómenos psicoespirituales, los humanos no pueden prescindir de la seguridad” (p. 62. Traducción propia). Para cubrir esa necesidad, Feindouno y Wagner (2020) mencionan que el poder político pone como su principal interés prevenir los conflictos armados y la violencia: de esa manera se reducen las posibilidades de tener un Estado frágil; para estos autores, el trabajo económico y estadístico ayuda a determinar la naturaleza de las amenazas que se ciernen sobre la sociedad.
Para Foucault, este discurso de poder está asociado a la idea de una guerra interna, librado en defensa contra el enemigo interior. De manera crucial, este discurso habla a favor del poder soberano: despliega la lógica de lucha/guerra para producir/reproducir la soberanía política. (Spieker, 2011, p. 190. Traducción propia)
Es importante mencionar el apunte que hace Miceli (2011) sobre la razón de Estado; especialmente, la teorizada por Giovanni Botero, la cual se inscribe en las luchas de religión que se vivieron a fines del siglo XVI y durante la primera mitad del siglo XVII, y que se caracterizó por la identificación tanto de enemigos internos (guerras civiles), como de enemigos externos, provenientes de fuera de Europa (en particular, el Imperio turco); por lo tanto, los campos de actuación de la razón de Estado y de la seguridad nacional son de índole compleja, debido a las esferas superpuestas de lo exterior-interior.
A partir de las nociones de seguridad nacional y de razón de Estado, el poder político crea una serie de andamiajes institucionales, para asegurarse de que las poblaciones estén protegidas; es, según Evans (2010), una empresa (acción) de carácter creativo, y por lo tanto, positiva para la sociedad. Y debido a que este puede asumir diversas reglas, dependiendo del contexto de cada Estado, es un arte de gobierno que se modifica y se reinventa en función de las capacidades que pueden desarrollar los encargados del Estado dentro del marco de la racionalidad institucionalizada, lo cual no es otra cosa que el aparato administrativo gubernamental.
También es cierto que dicha racionalidad, en su afán instrumentalista, puede apartar sus medios de acción de la esfera ética y, en los tiempos actuales, de los principios democráticos, como lo son la legalidad, el Estado de derecho, la rendición de cuentas, la transparencia, las libertades ciudadanas, los derechos humanos (DD. HH.), etc. De ahí que pueda considerarse que “la razón de Estado, hoy como entonces, conlleva la suposición implícita de que el Estado defiende intereses y persigue objetivos propios y exclusivos de su ámbito y que éstos prevalecen aunque pudieran entrar en colisión con preceptos morales o éticos” (Fernández-Ramos, 2011, p. 212).
Aún con la perspectiva negativa descrita, cabe tener en cuenta que la razón de Estado que sustenta el arte de gobernar es, para Guerrero (1993), un conocimiento que garantiza la dominación y la perpetuación de ella a partir de una serie de mecanismos (cuyo funcionamiento solo conocen los gobernantes) que van encaminados a cuestiones vitales para la expansión y el cuidado del Estado; de ahí su diferencia con la administración pública.
Cabe señalar, además, que la razón de Estado puede articularse en una especie de conocimiento secreto que solo unos cuantos decisores de las políticas gubernamentales conocen: en el caso de la seguridad y defensa nacional, las posibles acciones y los procedimientos en la toma de decisiones son los que con más celo se guardan; la secrecía es indispensable para evitar que los enemigos del Estado puedan tener una ventaja, pues la información y el conocimiento acumulados son
[...] la clave que permite que el Estado como centro de poder con autodeterminación y autonomía, transite por los caminos que amplían sus fuerzas y capacidades. Le señala asimismo, como proceder frente a los adversarios y como gobernar para acrecentar su poder. (Uvalle, 1993, p. 32)
En esta lógica, para que la seguridad nacional funcione correctamente necesita amplias capacidades para obtener información y procesarla oportunamente —o al menos, con antelación a los adversarios—, y con ello, tener la ventaja de iniciativa en la acción defensiva que realicen los órganos estatales que se encuentran bajo la égida de la razón de Estado.
La razón de Estado se materializa en la práctica gubernamental; muy especialmente, en el discurso y la acción de la seguridad nacional, por cuanto ella se ocupa de la protección del Estado: es decir, la integridad del territorio, la protección de la ciudadanía vista como población (e identidad cultural) y la permanencia del gobierno. Los problemas de seguridad que vive de manera cotidiana la ciudadanía ya no le corresponden a la seguridad nacional (pero sigue siendo una preocupación y una ocupación para otros instrumentos gubernamentales, como la seguridad ciudadana, las policías locales, etc.).
Por su amplitud temática, la seguridad nacional puede ser esgrimida para cualquier tema de gobierno donde exista una amenaza para el Estado; en ese sentido, Sussex et al. (2017) señalan que puede ser usada de manera ambigua para determinar acciones en contra de una política en particular, o incluso, para legitimar acciones sumamente politizadas o populistas. Por otra parte, y de manera muy general, “la seguridad nacional ha sido descrita como la capacidad de un estado para atender la protección y defensa de su ciudadanía” (Osisanya, 2021, párr. 5. Traducción propia), la seguridad nacional también se encuentra vinculada a la defensa de la soberanía y del territorio (Smith & Brooks, 2013), pero dichos temas no son limitativos; de hecho, sus funciones de defensa del Estado se expanden con el tiempo. Puede afirmarse que la seguridad nacional de los Estados se halla en proceso de constante incorporación de nuevas temáticas, como son, por ejemplo, la ciberseguridad, los problemas climáticos ambientales, el envejecimiento poblacional y el surgimiento de nuevas enfermedades y pandemias, entre otros muchos temas.
La seguridad nacional, como instrumento de la razón de Estado, ha tenido desde el fin de la Guerra Fría, del siglo XX, la necesidad de abordar una serie de problemas de índole no militar. En esta lógica, Ronis (2011) menciona que “la seguridad nacional es una fortaleza social, política y económica” (p. ix). Ello implica aspectos como la economía, la suficiencia energética y alimentaria, la preservación de la democracia, el liderazgo tecnológico y la educación de calidad (Ronis, 2011), entre otros aspectos que pueden encuadrarse en el arte de gobernar; o sea, incidir sobre la vida de los ciudadanos, a fin de preservar y desarrollar su existencia, la cual debe ser productiva para ellos mismos y para la sociedad, aunque, según Larsen (2021), la expresión seguridad nacional todavía sigue designando a los aparatos diplomáticos, militares y de inteligencia del Estado.
Es importante señalar que los esfuerzos por proteger a las instituciones gubernamentales, a la población y al territorio donde se asientan a dos primeras no son a voluntad del gobernante de turno: son regidos por la razón del Estado, que es arte de gobierno. Entonces, no pueden realizarse acciones que socaven el bienestar de la nación, pues con ello se romperían la propia racionalidad y la lógica gubernamental, lo cual provocaría inestabilidad en el sistema político, y con ello, problemáticas en la gobernabilidad, así como en el desarrollo económico, pues bajo el argumento de la seguridad puede atentarse contra la democracia y las libertades ciudadanas; cabría afirmar que “[...] la infraestructura está en su lugar para que un líder menos benévolo viole la ley y los derechos de la gente, lo cual nos pone en el camino de la tiranía” (Etzioni, 2014, p. 134).
El arte de gobernar, como ya se comentó, se basa en las condiciones particulares de cada Estado y en las habilidades que la clase gobernante tiene para dirigir una nación en el marco de la racionalidad. En ese sentido, es necesario apuntar que Foucault (2012) lo define como “la manera meditada de hacer el mejor gobierno” (p. 17). Esa forma ordenada y racional de hacer gobierno tiene su fundamento en estructuras jerárquicas, especializadas y con procedimientos —más o menos— racionales; de hecho, las estructuras militares son el arquetipo en su organización del arte de gobernar:
Una autoridad estatal burocrática funciona a través de una red de regulaciones y formalidades, y las relaciones son, en el ideal, impersonales. Las organizaciones militares del mundo occidental se caracterizan por reglas específicas, estructura, previsibilidad, racionalidad, estabilidad, distribución de responsabilidades, mandato y esfera de autoridad. Este tipo de organización determina lo que hace el ejército en términos de actividades en tiempo de paz o de guerra. (Holmberg & Alvinius 2019, p. 134. Traducción propia)
Para Grizold (1994), la seguridad nacional, por su diversidad temática, prácticamente desarrolló una estructura donde la defensa del país es encabezada por las FF. AA., al igual que por los órganos encargados de la seguridad interior, tales como las policías nacionales y estatales, la Guardia Civil y los sistemas de protección civil, de inteligencia y de recopilación de información, y que, junto con las políticas en materia de energía, salud, educación, asuntos exteriores y desarrollo social, componen un sistema que garantiza la permanencia y la sobrevivencia del Estado nación. En ese sentido, el sistema racional que crea el arte de gobernar en torno a los asuntos de seguridad nacional “brinda a los ciudadanos del estado no solo seguridad física y protección contra amenazas, sino también una sensación de seguridad, por lo que se sienten cómodos sabiendo que existe un sistema para su seguridad” (Rothery, 2019, p. 13).
Los intereses del Estado se encuentran en diversas dimensiones (como la económica, la social, la cultural, etc.), pero, dentro de ellos, los asuntos de seguridad, tanto exterior como interior, son el ámbito más relevante: son razón de Estado, la cual se encuentra en el centro y en el ethos del leviatán; de ahí que Foucault (2018) afirmó que la “razón de Estado es la esencia misma del Estado y también el conocimiento que en cierto modo permite seguir su trama y obedecerla. Es, por lo tanto, un arte, con su aspecto de práctica y su aspecto de conocimiento” (p. 297); de hecho, la noción de seguridad multidimensional, que apareció a principios de los años noventa del siglo XX, es congruente con los preceptos de razón de Estado y del arte de gobernar, pues reconoce, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), tanto las amenazas tradicionales como la necesidad de “abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales” (2002, p. 1); es decir, una serie de dimensiones necesarias para garantizar la estabilidad del Estado y el desarrollo armónico de las poblaciones, pero sin abandonar la defensa ni la protección del país ante agentes hostiles.
La seguridad de los componentes de las configuraciones estatales es un problema de índole política para crear de manera efectiva un gobierno que se sustenta a sí mismo, no obstante cumplir también su función de incidir en la preservación del gobierno, la población y el territorio donde se asientan, y el acto de “definir esta nueva racionalidad política será la tarea de la razón de Estado” (Castro, 2011, p. 350). Dichos temas se empatan con la razón de Estado, debido a que la “seguridad estatal, la estabilidad del gobierno, el interés económico, la conveniencia del gobernante son, por lo general, las principales razones de Estado” (Borja, 2018, párr. 1). La condición de la permanencia y la continuidad del Estado y su funcionamiento se encuentra ligada a la razón de Estado y su operacionalización en la seguridad nacional.
La razón de Estado instauró a la racionalidad como el basamento fundamental del actuar del Estado; en ese sentido, aquel busca satisfacer sus intereses con respecto a la oposición de amenazas, riesgos, enemigos internos y externos que puedan existir. Por sus funciones de protección exterior e interior de las instituciones gubernamentales, de la población y del territorio del Estado, la seguridad nacional se inserta y se entrelaza con las decisiones políticas, las cuales son calculadas tomando en cuenta el mejor resultado; en ese sentido, conforme las sociedades crecen y se desarrollan, las políticas estatales abarcan cada vez más ámbitos, los cuales son también relevantes para garantizar la sobrevivencia, la permanencia y desarrollo, por lo cual es necesario que muchas de estas actividades sean consideradas de seguridad nacional y vitales para la existencia de una nación.
El arte de gobernar, como técnica que aglutina la administración y gobierno del Estado, tuvo su génesis en la construcción y el diseño de los aparatos de seguridad; específicamente, las FF. AA. permanentes, y luego, en el desarrollo de burocracias profesionales, así como de otros dispositivos e instituciones que aseguran la tranquilidad, la protección y el bienestar de la población en sus aspectos más prioritarios y estratégicos; de ahí que la seguridad nacional juegue un papel preponderante en la acción gubernamental, porque a esta le conciernen los asuntos vitales del Estado y todo aquello que pueda obstaculizar sus objetivos, los cuales fueron definidos por la razón de Estado.
Se puede concluir que existe un diálogo permanente entre la racionalidad preponderante en las decisiones gubernamentales con la seguridad nacional, para que, de esa manera, puedan actuar con eficacia ante los retos que se le presenten; ello implica que los decisores políticos constantemente se encuentren evaluando y calculando cómo obtener el mejor bien para el Estado.
1 Artículo de reflexión vinculado a la Universidad Nacional Autónoma de México, México.
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