Estudios en Seguridad y Defensa, 18(36), 121-140

https://doi.org/10.25062/1900-8325.347

Relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos durante el siglo XXI

Bilateral relationship between Colombia and the United States during the 21st century

Jorge Eliécer Andrade QuirogaORCID logo

Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España

CITACIÓN APA:

Andrade Quiroga, J. E. (2023). Relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos durante el siglo XXI. Estudios en Seguridad y Defensa, 18 (36), 121-140. https://doi.org/10.25062/1900-8325.347

Artículo de reflexión

Recibido: 3 de mayo de 2022 • Aceptado: 2 de diciembre de 2023

Contacto: Jorge Eliécer Andrade Quiroga jandradeq@alumnos.nebrija.es


Resumen

El presente artículo elabora un estado del arte de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos durante el siglo XXI, tomando en cuenta factores y conceptos que se involucran con el tema, tales como el Plan Colombia, la lucha contra las drogas, el narcotráfico y la injerencia que ha presentado la relación en materia de política exterior en Colombia. Se realizó el trabajo mediante una investigación cualitativa, con diseño de investigación documental y alcance descriptivo-analítico. A través del análisis de la información obtenida, se hallaron posiciones tanto a favor como en contra de la relación y estrategias entre ambos países y, por otro lado, múltiples comentarios y recomendaciones que hacen los autores con la intención de aportar soluciones a través del proceso investigativo. La información recopilada da cuenta del escenario complejo que representa la relación colombo-estadounidense, la cual debe revisarse en aras de que sus resultados futuros puedan alcanzar un carácter más social.

Palabras Clave: Colombia; Estados Unidos; lucha contra las drogas; narcotráfico; Plan Colombia; relaciones bilaterales


Abstract

This article elaborates a state of the art of the bilateral relationship between Colombia and the I United States during the 21st century, considering factors and concepts that are involved with the issue, such as Plan Colombia, the fight against drugs, drug trafficking and interference that has presented the relationship in matters of foreign policy in Colombia. The work was carried out through qualitative research, with documentary research design and descriptive-analytical scope. Through the analysis of the information obtained, positions were found both for and against the relationship and strategies between the two countries and, on the other hand, multiple comments and recommendations made by the authors to provide solutions through the investigative process. The information gathered gives an account of the complex scenario represented by the Colombian-American relationship, which must be revised so that its future results can reach a more social character.

Key words: Colombia; United States; drug control; Plan Colombia; bilateral relations


Introducción

Desde hace ya varias décadas, la lucha contra las drogas y la criminalidad ha llevado a que los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos desplieguen estrategias conjuntas para hacerle frente a dicha problemática. Para ambos gobiernos, la lucha contra las drogas es un flagelo que ha conducido a la pérdida de muchas vidas humanas, de la misma forma como se ha convertido en una situación que atenta sin fin contra la salud pública de ambas naciones; todo ello, sin contar con otros problemas y malestares relacionados con este entorno delictivo, y que apuntan a la configuración de dinámicas violentas que atentan contra la seguridad y la paz social, y contra la institucionalidad del Estado.

Así pues, la cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos ha sido una cuestión presente desde hace mucho, y se ha posicionado como relevante en la agenda de los gobiernos y gobernantes de turno, quienes, de acuerdo con sus particularidades —esto es, de acuerdo con su inclinación política e ideológica—, han determinado —al menos, parcialmente— los términos de la cooperación entre ambos gobiernos. Un claro ejemplo de ello ha sido la estrategia de cooperación denominada Plan Colombia, la cual, además de condicionar algunos aspectos importantes dentro de la estrategia antidrogas colombiana, ha arrojado, también, diversas conclusiones que han sido tema de debate durante los últimos años.

Según González et al. (2015), Colombia ha desarrollado una política exterior que ha tenido como uno de sus principales ejes la relación con Estados Unidos. Tal situación ya se presentaba desde inicios de la segunda década del siglo XX, momento en el cual Marco Fidel Suárez planteó la expresión réspice polum (mirar hacia el norte), un concepto cuya naturaleza se hallaba enmarcada en la necesidad de establecer fuertes relaciones —principalmente, comerciales— con Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, el réspice polum se mantuvo como un referente en materia de política exterior colombiana, lo cual llevó a que, a finales del siglo XX y lo que ha corrido del siglo XXI, la relación bilateral se viera afianzada por diferentes motivos, tales como la lucha contra el narcotráfico y el combate global contra el terrorismo (González Arana et al., 2015). De esta manera, la relación bilateral ha servido a Colombia para hacerle frente a un problema que en solitario le sería mucho más complicado abordar. Además, dicha relación le ha permitido al país poner en marcha mecanismos diplomáticos para la solución del conflicto interno, lo que ha derivado en la mejora sustancial de algunos indicadores internacionales que lo catalogaban como un Estado fallido (Narváez Arciniegas & Villamarín Rozo, 2020).

A pesar de que la directriz réspice polum ha definido la tendencia general de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, también es importante mencionar los momentos de fluctuación en la política exterior del país. Como lo señala Tickner (2007), durante el período de gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), la dirección de la política exterior colombiana presentaba una reorientación dirigida hacia los países latinoamericanos. Este giro, asociado a la doctrina réspice similia (mirar a los semejantes), se presentaba a partir de cierta intención de algunos dirigentes colombianos de crear “distancias amigables” entre Washington y Bogotá (Tickner, 2007). Sin embargo, tal movimiento debe entenderse como una reorientación parcial donde, más que cortar o revertir las relaciones con Estados Unidos, lo que produjo fue una disminución en su intensidad. Incluso, podría decirse que las dinámicas en el despliegue de la política exterior colombiana han estado fluctuando entre las doctrinas réspice polum y réspice similia desde la administración de López Michelsen, y que el fenómeno del narcotráfico es el punto de inflexión hacia una relación y una dependencia más fuertes respecto de Estados Unidos (Tickner, 2007). Sin embargo, la relación bilateral con el coloso del norte también ha dejado otro tipo de consecuencias, como el distanciamiento que experimentó Colombia en relación con otros países de la región, y que derivaría en un aislamiento político y comercial del país (Galeano David et al., 2019). Asimismo, se plantea que la relación con Estados Unidos ha condicionado o limitado la actividad internacional de Colombia en relación con aspectos como la seguridad interna, la economía y la política (González Arana et al., 2015).

Con el fin de tener un poco más de claridad sobre los análisis que se han hecho acerca de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos durante el siglo XXI, el presente artículo ofrecerá un estado del arte de dicha relación. La exposición tendrá como principales ejes temáticos el desarrollo y las consecuencias del Plan Colombia y sus derivados, así como la política exterior colombiana. En consecuencia, el desarrollo de este marco temático también contemplará factores relacionados con la injerencia estadounidense y la lucha contra las drogas y el narcotráfico.

Metodología

La metodología del presente artículo corresponde a la de una investigación cualitativa con diseño de investigación documental y alcance descriptivo-analítico. Gracias a ellos, tanto al diseño como al alcance, se informará a la comunidad académica acerca de los resultados y perspectivas que se han presentado sobre el tema de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

La revisión documental se llevó a cabo a través de diferentes portales académicos en la red, haciendo una búsqueda que tuvo en cuenta documentos sobre la relación bilateral, la política exterior de Colombia y la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Los archivos que se exponen corresponden a publicaciones realizadas desde 2006, ya que en ese año el Gobierno colombiano empezó a hacer públicos los primeros balances del Plan Colombia, lo cual permite tener cifras que posibilitan una evaluación analítica basada en datos.

El Plan Colombia en la relación bilateral

Desde 2006 se han presentado varios informes y trabajos investigativos que han tenido como objetivo principal el análisis del Plan Colombia y sus respectivas secuelas (Plan Patriota, Plan Victoria, Plan de Consolidación Territorial y Plan Paz Colombia), a partir de los cuales ha sido posible conocer diferentes perspectivas analíticas sobre dichas estrategias que, de manera conjunta, desarrollaron los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. En general, puede decirse que el balance realizado da cuenta tanto de aspectos favorables como de otros no tan satisfactorios.

En principio, se trae a colación el informe desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2006), el cual hace un balance del Plan Colombia (PC) entre 1999 y 2005, además de señalar la naturaleza del proyecto. Así, tenemos la siguiente definición:

El PC es una estrategia integral de cooperación bilateral, cuyo objetivo general es combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado, para así contribuir a la reactivación económica y la consecución de la paz en Colombia, al tiempo que se fortalece el control sobre la oferta de drogas ilícitas en las calles norteamericanas. (p. 10)

Añadido a lo anterior, el DNP (2016) señala que el Plan Colombia es un acuerdo que se basa en el principio de responsabilidad compartida, por medio del cual la problemática de las drogas se asume como un flagelo que atañe a toda la comunidad internacional, y que requiere una visión ecuménica para contrarrestar sus efectos. Asimismo, dentro del acuerdo se plantean cuatro componentes estructurales (lucha contra el problema mundial de la droga y el crimen organizado; reactivación económica y social; fortalecimiento institucional; desmovilización desarme y reintegración), que buscan fortalecer al Estado colombiano y a la sociedad en general, y dentro de los cuales se halla comprendida una serie de objetivos específicos que permiten, a su vez, lograr el objetivo general de la estrategia.

El informe del DNP (2006) concluye que los componentes estructurales del Plan Colombia —y por ende, sus objetivos— fueron ejecutados con éxito, pues los resultados arrojan datos que señalan una reducción significativa de cultivos de coca (cercana al 50 %) y el fortalecimiento de la Fuerza Pública, de las instituciones estatales y de la economía del país, razones por las cuales se invita a mantener el proceso de apoyo internacional, pues, a pesar de los logros alcanzados, son varios los desafíos que se deben seguir enfrentando.

Tras este balance, y ante el interés gubernamental en prolongar la estrategia, autores como Rojas (2007) comienzan a debatir los alcances y la naturaleza misma del plan, y señalan que este ha sufrido diferentes mutaciones con el paso del tiempo, y que, debido a los cambios presentados, no existe claridad sobre la manera como pueden evaluarse sus resultados. Además de esto, añade que el Plan significa “una estrategia de ensayo y error en la que Colombia constituye un caso particular de debilidad estatal, que combina formas de institucionalidad estables con disfuncionalidades significativas” (p. 32). Asimismo, Guevara Latorre (2009) elabora una monografía en la que compara el texto inicial del Plan Colombia —que hacía parte del Plan Nacional de Desarrollo de 1998— y el texto que presentaría el Gobierno en 2000. El paralelo hecho le permite encontrar cómo el primer texto se relaciona con una inversión social que apuesta por una negociación exitosa de la paz; en cambio, el documento presentado en 2000 tiene como prioridad recuperar el monopolio de las armas por parte del Estado, y así posicionarlo como una institución más interesada en realizar un despliegue de fuerza, dirigido a librar un combate constante contra el negocio de las drogas ilícitas, que en labrar un camino que acabe con la guerra y permita hallar la reconciliación.

En 2015, el Gobierno de Colombia elaboró un documento conmemorativo, titulado Plan Colombia, una alianza exitosa, y el cual recoge los principales detalles de la cooperación bilateral y vuelve a indicar que la estrategia ha obtenido resultados importantes en materia de seguridad y defensa nacional, así como en materia social y económica. Posteriormente, el DNP (2016) dio a conocer el informe Plan Colombia: balance de los 15 años, donde se vuelve a hacer énfasis en algunos logros, tales como el reforzamiento de la Fuerza Pública, la reducción de los cultivos de coca y los beneficios en materia de importaciones a Estados Unidos, entre otros.

Como se ha podido observar, los balances de los gobiernos colombianos han dado cuenta de resultados positivos, y eso ha llevado a que se plantee como una necesidad que continúe el apoyo bilateral con Estados Unidos. Todo ello, además, considerando que, de manera independiente, Colombia sería incapaz de asumir los costos y de enfrentar un problema que se extiende más allá de sus fronteras. Esta percepción se mantiene actualmente, lo que refuerza la conclusión de que la estrategia bilateral debe ser mantenida. Empero, a diferencia de los balances señalados, hay opiniones que hacen contrapeso a dicha visión favorable del plan, y cuestionan tanto las intenciones de Estados Unidos como los resultados de la estrategia.

En ese orden de ideas, Vergara Barrios (2018) hizo un artículo de reflexión en el cual evalúa los dos programas principales de la relación bilateral, denominados Plan Colombia y Paz Colombia. A través del análisis, el autor destaca la sólida relación que hay entre ambas naciones, debido a la puesta en marcha de las estrategias conjuntas, de las cuales rescata varios aspectos favorables. Sin embargo, también señala la necesidad de hacer una reflexión profunda sobre la efectividad de la alianza; esencialmente, en la lucha contra la erradicación de cultivos ilícitos y el narcotráfico, pues, a pesar del descenso de algunas cifras, la raíz de la problemática parece no haber sido atacada, lo que sigue perjudicando a colombianos que deben afrontar su día a día en zonas de cultivo establecidas en la olvidada periferia del país.

De igual manera, Ramírez Montañez (2017) hace un análisis de los 15 años del Plan Colombia, y por medio del cual ofrece una serie de conclusiones tanto positivas como negativas. Dentro de los aspectos positivos, el autor plantea la mejora en el sistema jurídico y político, las mejoras económicas y sociales, la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la capitulación de grupos narcoterroristas y el comienzo de un proceso de paz. Por otro lado, entre las consecuencias negativas, señala el fracaso en la reducción de cultivos de coca, por cuanto las cifras que, según el Gobierno colombiano, estaban decreciendo, volvieron a presentar un alza. Asimismo, habla del auge de la minería ilegal como fuente de recursos para grupos al margen de la ley, a lo que se añade la aparición de nuevas bandas criminales (Bacrim).

Independientemente de las cuestiones negativas, Ramírez Montañez (2017) indica que la relación con Estados Unidos le permitió a Colombia mejorar o superar su calidad de Estado débil a nivel mundial, y en su análisis expone varios argumentos que niegan una posible calidad de Estado fallido que muchos le atribuían. Al respecto, cabe señalar que las denominaciones de Estado fuerte, Estado débil y Estado fallido parten de las premisas hechas por Rotberg (2014, citado por Ramírez Montañez, 2017), quien las propone como conceptos que emergen en el escenario internacional tras los sucesos presentados el 11 de septiembre de 2001. Igualmente, Ramírez Montañez plantea que es en ese nuevo escenario global donde la relación entre Estados Unidos y Colombia logra afianzarse; principalmente, por la “guerra contra el terror” que asumió el Gobierno estadounidense, y la cual lo llevó a prestar atención a diferentes conflictos en curso alrededor del mundo.

Enfocado en un ámbito más monetario, Gómez et al. (2018) elaboraron el documento titulado Transformación económica del Plan Colombia (1999-2017), mediante el cual exponen los cambios que experimentó el plan en materia de inversión, a través de los distintos gobiernos que lo ejecutaron. En líneas generales, el análisis de los autores concluye que durante el mandato de Andrés Pastrana el financiamiento fue destinado, en su mayoría, a la lucha antinarcóticos. Posteriormente, durante el mandato de álvaro Uribe, mandato de dos períodos presidenciales (2002-2006 y 2006-2010), los recursos se dirigieron, en mayor medida, hacia el fortalecimiento de la Fuerza Pública y el armamento, implantando y fundamentando con ello una estrategia de Seguridad Democrática que se basaba en los combates directos.

Finalmente, el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018) buscó la reforma del brazo armado institucional, en aras de obtener resultados más efectivos en relación con el control del territorio. Durante su primer periodo de gobierno (2010-2014), si bien dicha administración se posicionaba como una con la promesa de continuidad de la estrategia de la Seguridad Democrática propuesta por álvaro Uribe Vélez, su predecesor, con el tiempo fue rechazando tal estrategia, a partir del reconocimiento del conflicto armado interno en el país y a través del otorgamiento de un carácter político a organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Adicionalmente, estableció una jurisdicción especial con lo cual se negó el sometimiento de los criminales a la ley y constitución colombiana, con la adopción de un nuevo marco estructural” (Gómez et al., 2018, p. 18).

Como colofón del documento, Gómez et al. (2018) afirman que el Plan Colombia no logró cumplir las expectativas que se había planteado en un principio, por cuanto la erradicación total de los cultivos ilícitos nunca se alcanzó, y señaló, además, que el espectro de los grupos de narcotraficantes se amplió, y dio continuidad al problema y “configurando un escenario en el que disminuye el financiamiento estadounidense en la lucha antinarcóticos, en contraste con el aumento del volumen del tráfico de drogas” (p. 32).

A modo de cierre de esta exposición de documentos que han tenido como principal objeto de estudio el Plan Colombia o sus efectos en el país, se reseña la investigación elaborada por Ayala (2019), en la cual se evidencia cómo, mediante las presiones sociales, se pudo dar fin a la estrategia de las aspersiones aéreas con glifosato en Colombia. Dicho mecanismo o estrategia de erradicación que se venía llevando a cabo fue objetado por la Corte Constitucional a favor de los derechos de afrodescendientes e indígenas, quienes acudieron a los órganos institucionales y lograron, con ello, hacerle frente y contrarrestar una decisión de índole presidencial. Es útil resaltar que el autor añade que esta decisión no afectó en ninguna medida la relación bilateral con los Estados Unidos, y a ello se suma que la administración Obama no reconoció los efectos negativos del glifosato y, antes bien, ejerció presión, debido al aumento de los cultivos.

El Plan Colombia desde otras perspectivas

Con el objetivo de recoger otras opiniones acerca de la ejecución del Plan Colombia, se presentan, a continuación, documentos que fueron elaborados en otros lugares de América, y dentro de los cuales se compara la iniciativa del Plan Colombia con la Iniciativa Mérida; esta última, desarrollada en México y desplegada a partir de la cooperación intergubernamental con el Gobierno de Estados Unidos.

En primer lugar, se reseña el trabajo hecho en Ecuador por Veintimilla (2011), en el cual se analiza la ejecución del Plan Colombia a la luz del panorama suramericano; particularmente, tras la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El análisis permite al autor concluir que la alianza colombo-estadounidense constituye una amenaza para afianzar las relaciones en Suramérica, pues no es un secreto que el apoyo del Gobierno de Estados Unidos tiene pretensiones geopolíticas y se halla enmarcado bajo dinámicas de poder político. De igual manera, Veintimilla cuestiona el hecho de que dentro del plan no se le dé relevancia a la idea del posconflicto, y que, en cambio, la mayoría de los esfuerzos se focalicen en aspectos militares y de combate, y desatiendan por completo los efectos sociales que tienen tanto el conflicto como el plan.

Desarrollado también en el territorio ecuatoriano, se encuentra el artículo “Plan Colombia y dinámicas de seguridad Ecuador-Colombia”, el cual fue elaborado por Juan Pablo Cadena Gómez (2011), quien analiza la inestabilidad en las relaciones entre los dos países, situación en la que también se vio involucrada Venezuela. En el documento se manifiesta que el auge del socialismo del siglo XXI y la intervención de Estados Unidos en Colombia constituyeron la base de un nuevo patrón de seguridad en la región, el cual ha tenido características particulares en cada país. A lo anterior se añade que el conflicto colombiano es un problema que afecta a los vecinos, aspecto que obliga a que países como Ecuador, el cual comparte frontera con Colombia, deban sentar una posición al respecto. En este punto, Cadena (2011) sugiere un posible escenario en el que el Gobierno ecuatoriano une sus esfuerzos con el colombiano para manejar de manera conjunta el conflicto interno de Colombia. Sin embargo, también enuncia que es inviable una colaboración mientras el Gobierno de Colombia y sus Fuerzas Armadas (FF. AA.) no aclaren los sucesos relacionados con el fomento y el desarrollo de grupos paramilitares en el país.

Debido a que en México el asunto del narcotráfico también es una problemática susceptible y necesitada de análisis riguroso, en dicho país se han llevado a cabo estudios que tienen como objeto de estudio el Plan Colombia, comparándolo con la estrategia local, conocida como Iniciativa Mérida. En este sentido, se encuentra el documento “Plan Colombia e Iniciativa Mérida: negocio y seguridad interna”, desarrollado por Delgado y Romano (2011), quienes estudian ambos casos de cooperación bilateral y los señalan como parte de una estrategia de política exterior de Estados Unidos. El documento plantea que la intervención estadounidense en los dos países tiene intereses geoeconómicos y geopolíticos, y que busca constituir un escenario de dependencia para ellos favorables. Escenario que difícilmente puede evitarse, por cuanto la intervención es vista como un obstáculo ante un posible esfuerzo de construcción de alternativas autónomas e integradoras de Latinoamérica.

Prosiguiendo con esta línea comparativa, en Colombia fue publicado el libro Cooperación y seguridad en la guerra contra las drogas: el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, en el cual, a lo largo de sus cinco capítulos, se exponen las características principales de ambos procesos, y haciendo una contextualización detallada de cada escenario y de lo que ha significado para los países involucrados la lucha contra las drogas ilícitas. El análisis permite hallar diferencias en ambos casos, como, por ejemplo, que la relación entre Estados Unidos y Colombia ha sido más cercana que entre México y Estados Unidos, debido a que los mexicanos siempre han desconfiado de los estadounidenses y han buscado mecanismos para poder hallar cierto espacio de autonomía en relación con ellos (García Pinzón, 2015). Asimismo, se señala que el análisis comparativo permite destacar múltiples intereses que se relacionan con la política antidrogas. Además, se hace hincapié sobre el hecho de que en Latinoamérica no se libra una única batalla contra las drogas, sino que existen varias guerras a las cuales se les debe hacer frente.

En conclusión, se puede evidenciar que las iniciativas como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida han traído consecuencias para todo el territorio: tanto a los países involucrados directamente con ellas como para la región latinoamericana en general, lo que ha creado un panorama de incertidumbre en lo que tiene que ver con las relaciones y la política exterior de tales países. En tal sentido, el Gobierno de Colombia ha tenido que aprender a saber desenvolverse en la región, para que la cooperación bilateral con Estados Unidos no afecte de manera demasiado negativa su relación con los países vecinos, situación que debe revisar constantemente, a fin de no tener inconvenientes ni percances graves en la región.

Lucha contra las drogas, injerencia y política exterior

Tras el fuerte vínculo que han creado a través del tiempo Colombia y Estados Unidos, se han planteado varias investigaciones que analizan la relación entre los dos países más allá del Plan Colombia, estableciendo como materia de análisis factores tales como la injerencia estadounidense en la política exterior colombiana y la influencia que acarrea la lucha contra las drogas ilícitas y la criminalidad.

En ese orden de ideas, se exponen a continuación varios de estos trabajos, los cuales amplían el panorama investigativo y permiten recoger más ideas respecto de la cooperación bilateral y sus efectos para ambas naciones.

En principio, se reseña el trabajo de González y Godoy (2007), quienes evalúan el estado de la relación entre Colombia y Estados Unidos y las características de la Seguridad Democrática, política desarrollada durante el primer período de gobierno de álvaro Uribe Vélez. Las conclusiones del análisis realizado señalan que Colombia difícilmente se integrará a la comunidad andina mientras persista la idea de enfrentar el conflicto a través de la vía armada, a lo cual se añade el malestar que genera en los vecinos del país su cercana relación con el Gobierno estadounidense. Respecto a dicha relación, González y Godoy indican que tal malestar se da por diversos temas, como las políticas energéticas, las migraciones, los regímenes políticos y, por obvias razones, el tema que siempre mantienen sobre la mesa ambos gobiernos: el narcotráfico.

Retomando el concepto de Estado fallido, Juan Gabriel Tokatlián (2008) elabora un artículo en el cual trata de demostrar que dicho concepto, así como el papel central que se le otorga en la relación entre Colombia y Estados Unidos, han sido política y socialmente construidos. Este desarrollo analítico les asigna a las ideas un lugar de privilegio tal que se reconoce cómo, a partir de ellas, es posible constituir —y de hecho, se constituyen— las identidades de actores, se fijan intereses y se despliegan políticas. Según Tokatlián (2008), la idea de Estado fallido se concibe “como un asunto interno que provenía de una serie de defectos domésticos: ineptitud, impericia, impotencia, incapacidad, indolencia; todo lo cual apuntaba a la ingobernabilidad” (p. 103). Lo anterior conducía, inevitablemente, a que los mecanismos para enfrentar dicha ingobernabilidad se generaran desde afuera, situación de la cual Colombia fue un claro ejemplo, pues la ejecución e intervención implementando el Plan Colombia fue aceptada de manera acelerada, en aras de evitar la caracterización de Estado fallido. En ese sentido, Tokatlian señala que Washington intenta mostrar a Colombia como un ejemplo de éxito, en el cual un Estado dejó de ser fallido para constituirse en un Estado efectivo; algo que, según el autor, carece de argumentos, por el hecho de que el Estado colombiano continúa presentando brechas evidentes en materia de capacidad, legitimidad y soberanía.

Posteriormente, en 2009, se publicó el artículo “Un recorrido por las relaciones Colombia-Estados Unidos: del pragmatismo a la subordinación”, en el cual se analizan la relación entre los dos países recalcando que, en dicha relación, Colombia ha mantenido sus intereses y no ha quedado del todo subordinada: antes bien, ha trabajado por fortalecer la alianza, debido a consideraciones pragmáticas (Garay Vargas, 2009). No obstante, y gracias a la mezcla entre los distintos inconvenientes que subsisten en el país y los nuevos retos que trajo la cooperación en la lucha contra las drogas, el autor señala que Colombia pasó de un nivel de conveniencia y pragmatismo a uno de mayor subordinación, el cual no se considera una situación natural, sino una desviación de la relación existente.

En relación con investigaciones que analizan esa relación bilateral teniendo como eje la política exterior estadounidense, se encuentra la investigación hecha por Sandra Borda (2010), quien señala que tanto la crisis económica como la preferencia que dio la administración Obama a una agenda de componentes domésticos llevaron a que Estados Unidos redujeran su presencia en el mundo. Tal situación podría beneficiar a Colombia, en la medida en que se vería obligada a diseñar e implementar una política exterior “basada en un alineamiento menos dogmático y excluyente” (p. 110). Además, la autora invita a que las universidades y centros de pensamiento en Colombia desarrollen más y mejores estudios acerca de la política estadounidense, pues, debido a la relación entre ambas naciones, resulta de carácter primordial que se promueva la reflexión y la investigación sobre esta materia.

Recopilando un trabajo extenso y que recoge diferentes aspectos de la política exterior colombiana, se publicó en 2011 el libro Colombia: una política exterior en transición, dentro del cual se destacan los apartados “Colombia y Estados Unidos: una relación por revisar” y “El acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos: ¿disuasión por soberanía?”. En el primer caso, Juan Fernando Londoño (2011) revisa los lazos políticos, económicos e históricos que se presentan en la relación colombo-estadounidense. Dichos lazos, señala el autor, fueron estrechados por medio de la ayuda ofrecida con el Plan Colombia. Asimismo, Londoño plantea diversas conclusiones sobre temas que incumben a ambos gobiernos, como la cooperación militar y el conflicto interno, la política de lucha contra las drogas y el Tratado de Libre Comercio (TLC). Por otro lado, Leonardo Carvajal (2011), quien elabora el segundo capítulo señalado, se centra en analizar aspectos relacionados con el acuerdo para la cooperación y la asistencia técnica en seguridad y defensa que Estados Unidos brinda a sus aliados militares, como Colombia. El análisis le permitió identificar algunos motivos que llevaron a la firma de dicho acuerdo, como el panorama armamentista que se vivía en la región y el rezago que se experimentaba en la estrategia militar de las Fuerzas Militares (FF. MM.) de Colombia.

Dentro del libro Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, cabe destacar el capítulo titulado “Las drogas ilícitas en la relación Colombia-Estados Unidos: balance y perspectivas”, desarrollado por Arlene Tickner y Carolina Cepeda (2011). Para las autoras, desde la década de 1980 la articulación entre Colombia y Estados Unidos ha sido una relación narcotizada, debido a que tal alianza se ha afianzado gracias a la lucha que ambas naciones han librado contra los narcotraficantes y el consumo de drogas ilícitas. En ese sentido, se presenta un balance general para cada país en relación con la “guerra contra las drogas”, lo cual deriva en una serie de recomendaciones dirigidas a posibilitar la materialización de mejores resultados. En lo que respecta al caso colombiano, se destaca la recomendación hecha en el sentido de que el Gobierno nacional debe ampliar su estrategia diplomática con Estados Unidos, por cuanto ella se centra en la comunicación entre Washington y Bogotá, y deja al margen otros Estados con los que se puede entablar conversación directa para conocer, de primera mano, políticas contra las drogas diferentes de la prohibición y la penalización.

A través del artículo “Las relaciones Colombia-Estados Unidos en el gobierno Santos: ¿llego la hora del post conflicto?”, Diana Rojas (2013) participa, también, del análisis de las relaciones entre ambos gobiernos. La autora, a través del estudio de los puntos neurálgicos del mandato del presidente Santos, trata de establecer un hilo explicativo que responda a la pregunta acerca de en qué medida las relaciones apuntaron hacia un escenario de posconflicto. Así, el trabajo de Rojas (2013) permite determinar que la política de Washington hacia Bogotá sí está encauzada dentro del ideal de cimentar las bases para un eventual posconflicto; no obstante, la configuración de dicho escenario resulta demasiado compleja, debido a “las contradicciones presentes, los males heredados y la esquizofrenia institucional que persisten en el país” (p. 136). Adicionalmente, la autora recalca que la sociedad colombiana debe prepararse, pues, como lo han demostrado otros procesos alrededor del planeta, la reconstrucción social que implica el fin de un conflicto tan amplio es un proceso para el cual se debe tener una voluntad de hierro, además de una buena cantidad de recursos, años de dedicación y mucha perseverancia.

En lo que se refiere a aspectos como la seguridad, Tickner y Morales (2015) señalan que la interacción entre Colombia y Estados Unidos es una especie de cooperación dependiente asociada, la cual es resultado de una redistribución de tareas relacionadas con el tema. De acuerdo con Kaplan (2005), citado por Tickner y Morales (2015), la estrategia se basa en mejorar la seguridad del territorio y las capacidades de sus miembros, para, posteriormente, “utilizar esas capacidades mejoradas a fin de atender los objetivos de seguridad de Estados Unidos en el hemisferio occidental y otras partes del mundo” (p. 197). A modo de conclusión, se indica que ese procedimiento está lejos de considerarse un modelo ideal, por cuanto dicha asociación no elimina la dependencia ni la relación asimétrica, sino que, por el contrario, tiende a reproducirlas, y eso trae consigo consecuencias desfavorables para la nación más débil.

En 2015, Renán Vega presentó el informe La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia. Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado, en el cual analiza la intervención del Gobierno de Estados Unidos en el conflicto y las políticas de Colombia. Para Vega (2015), los gobiernos colombianos han dado cuenta, desde hace mucho tiempo, de una subordinación estratégica frente al titán del norte, la cual ha experimentado diferentes fases a través de la historia del país y de los procesos que bajo tal relación se han llevado a cabo. Igualmente, Vega señala que los gobiernos estadounidenses son responsables de que el conflicto en Colombia siga vigente, pues han suscitado la contrainsurgencia mediante la estimulación, entrenamiento y equipamiento de las FF. AA. En suma, es un informe que señala a Estados Unidos como la causa de muchos de los males del país. El autor hace una serie de recomendaciones, dentro de las cuales se encuentra la necesidad de replantear todas las relaciones que pueda haber con los estadounidenses, en aras de alcanzar una soberanía plena y que no se vea condicionada por intereses extranjeros.

Con el mismo objetivo de presentar un análisis histórico de las relaciones entre ambos países, pero más enfocada en revisar la política exterior de Colombia, se encuentra la investigación desarrollada por González et al. (2015), en la cual se plantean cuatro momentos clave que han marcado la relación colombo-estadounidense:

Un primer momento fundado en el anticomunismo (1948-1970), un segundo momento marcado por la necesidad de mercados y empréstitos (1974-1990), un tercer momento centrado en el combate al narcotráfico (1990-2002) y un cuarto momento enfocado en la lucha global contra el terrorismo (2002-2010). (p. 90)

Estos cuatro momentos se deducen del análisis realizado sobre cada uno de los períodos presidenciales sucedidos entre 1974 y 2010, donde se resaltan las características y el enfoque que le dio cada mandatario a su política exterior, y señalando que cada uno de ellos estuvo marcado por un personalismo particular, lo que da cuenta de una falta de política de Estado que permita lograr objetivos de interés nacional de manera sostenida a través del tiempo (González Arana et al., 2015). Asimismo, plantea, como otros autores ya reseñados, que la alianza con Estados Unidos es un factor que marca distancia entre el país y los países vecinos, A ello se suman otras consecuencias negativas, como la violación del derecho internacional tras el ataque en Ecuador del campamento subversivo donde cayó el guerrillero alias Raúl Reyes, así como la falta de acción y convicción para integrarse e intervenir con más fuerza en otros espacios políticos y comerciales, como la Unión Europea (UE), Latinoamérica y el Caribe.

En lo que tiene que ver con la lucha contra las drogas, existen trabajos como el de Rosen y Zepeda (2016), quienes analizan la política exterior estadounidense en relación con el narcotráfico. Teniendo como eje los presidentes de Estados Unidos y sus periodos de gobierno desde 1971 hasta 2015, se exponen los diferentes mecanismos que se han utilizado para combatir la problemática, y los cuales llevan a la conclusión de que la guerra contra las drogas ha fracasado por falta de apoyo multilateral en todo el continente; es decir, de los países andinos, centroamericanos, norteamericanos y caribeños. Adicionalmente, Rosen y Zepeda hacen hincapié en que la guerra contra las drogas debe implicar una reestructuración institucional en varios países de la región, ya que estos presentan problemas de corrupción interna, lo cual se suma a otros factores negativos, como la pobreza, la desigualdad y el desempleo.

Continuando con un análisis hacia la problemática de las drogas, se reseña el artículo titulado “La relación bilateral de Colombia y Estados Unidos en materia de drogas. Una lectura desde el realismo clásico y el constructivismo”, a través del cual se hace uso de la teoría constructivista para demostrar que Colombia no acepta sin condición las imposiciones de los Estados Unidos, sino que participa en la elaboración de las políticas y de las estrategias, intentando darles forma de acuerdo con sus preferencias (Rodríguez Luna, 2017). El análisis señala la relevancia que tienen las identidades nacionales en las relaciones internacionales; es decir, las imágenes, símbolos y significados a los cuales los países son e intentan ser asociados. Consecuentemente, Colombia aboga por un escenario donde se acepte, en mayor medida, la responsabilidad de los países consumidores, para así dejar de ser visto como un país problemático y, en cambio, ser reconocido como una “estrella emergente” (Rodríguez Luna, 2017).

En Estados Unidos, June Beittel (2017) elaboró el reporte titulado Colombia: Background and U. S. Relation, en el cual expone datos e información acerca de diferentes aspectos de la relación entre Estados Unidos y Colombia, y concluye que las ayudas brindadas por el Gobierno estadounidense han sido fundamentales para que el país haya superado diferentes crisis; por ejemplo, la derivada de su posicionamiento e identificación como Estado fallido. Si bien el reporte destaca principalmente los resultados positivos de la relación, también se encarga de enunciar algunas falencias, como el hecho de que los cultivos de coca volvieron a incrementarse, a tal punto que en 2016 se presentaron las cifras más altas de exportación de cocaína de la historia. Por tal motivo, señala la autora, el presidente Trump se reservó la posibilidad de descertificar a Colombia como socio en la guerra contra las drogas ilícitas, algo que no se había presentado en más de 20 años (Beittel, 2017).

De igual manera, Castrillón y Guerra (2017) aportan otro artículo, que analiza la relación bilateral a nivel histórico, concentrándose un poco más en el papel desempeñado por Colombia dentro del lapso comprendido entre 1994 y 2002, al cual consideran un periodo que marcó grandes etapas de transformación del sector defensa en Colombia, cambios que tuvieron que ver principalmente con la relación entre el campo militar y los Derechos Humanos (DD. HH.), el equipamiento, los conceptos doctrinales y el capital humano. A través de esa transformación, según señalan los autores, se pudo planificar una estrategia ofensiva que permitió que el conflicto se inclinara a favor del Gobierno de Colombia, situación que abrió, a su vez, la posibilidad de plantear una salida negociada del conflicto. Sobre esto, los autores ofrecen varias recomendaciones encaminadas a que el proceso de negociación responda, de la mejor manera posible, a las necesidades del país.

Como se ha podido observar en algunos de los documentos reseñados, el nuevo panorama de paz comienza, también, a ser un nuevo tema de reflexión. En tal sentido, Rojas (2017) elaboró el artículo “Estados Unidos en la construcción de la paz en Colombia”, el cual, como su nombre lo indica, hace énfasis en la participación del Gobierno de Estados Unidos en la consecución de los acuerdos de paz en el país. El documento trae a colación la iniciativa Paz Colombia, por medio de la cual el Gobierno de Estados Unidos mantiene su apoyo económico al Gobierno colombiano y al proceso de posconflicto. Empero, Rojas (2017) también indica que las relaciones bilaterales no gozan de las mismas condiciones favorables de la época del Plan Colombia, a pesar de que aún se reconozca con fuerza que “tanto en la guerra como en la paz, Colombia sigue estrechamente vinculada a las oscilaciones del poder hegemónico de los Estados Unidos” (p. 50).

Cerrando la exposición de documentos que relacionan la política exteriorde Colombia y el narcotráfico, se presenta el trabajo desarrollado por González y Mesa (2018), quienes hacen un análisis sobre el tema determinando que la influencia del narcotráfico no ha sido continua, y que, antes bien, ha variado de acuerdo, en buena medida, con la importancia que le da la comunidad internacional a la problemática, además del nivel de vinculación que haya podido existir con Estados Unidos, y las consideraciones que pudo haber tenido el gobernante de turno. Para los autores, el gobierno de Juan Manuel Santos muestra alteraciones en la política exterior de Colombia, incluida la manera como se afrontó el problema del narcotráfico; no obstante, eso no debe llevar a la conclusión de que la problemática haya perdido vigencia en la agenda de la política exterior del país.

Respecto a los documentos que tienen como objeto de estudio principal la política exterior de Colombia, el trabajo más reciente fue el desarrollado por Galeano et al. (2019), donde se analiza la política exterior del país durante el periodo 2002-2018, correspondiente a los mandatos de álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Dentro de las conclusiones del análisis, se plantea que el gobierno de álvaro Uribe privilegió la relación con el Gobierno de Estados Unidos, mientras que Juan Manuel Santos se aproximó a la región y a la UE, con la firme intención de que el proceso de negociación con las FARC no se viera detenido. Cabe reseñar que, pese a los recelos que muchos tenían por la relación colombo-estadounidense, se logró la participación de varios actores que colaboraron de manera conjunta para dar el mejor de los términos a las negociaciones de paz.

El artículo de Prieto y Garzón (2021) presenta un análisis de la política exterior del gobierno de Iván Duque (2018-2022) señalando que en su mandato se mantuvo la idea de colaboración global y regional para afrontar las diferentes problemáticas del país, como el conflicto armado interno y el narcotráfico. Sin embargo, señalan, como un elemento para considerar, el hecho de que la administración Duque se acercó más a Washington, tomando en cuenta que el Gobierno estadounidense de ese entonces, el cual recaía en manos de Donald Trump, desplegaba estrategias tendientes a erosionar las estructuras multilaterales. Además, el distanciamiento con el presidente venezolano Nicolás Maduro generó un escenario de inestabilidad regional que sería utilizado por Duque a modo de excusa discursiva para posicionar al país como un adalid de la democracia liberal, al igual que un sancionador de conductas no deseadas en países ideológicamente distantes, como el venezolano.

Finalmente, y como cierre del presente estado del arte, se menciona el último trabajo que se ha publicado con respecto a las temáticas planteadas, y el cual desarrollaron Narváez y Arciniegas (2020), quienes se encargan de analizar la injerencia de Estados Unidos en la política exterior colombiana teniendo como eje de dicho análisis el conflicto armado interno. Los periodos que se toman en consideración para en el análisis son los correspondientes a los gobiernos de Andrés Pastrana y álvaro Uribe Vélez, durante los cuales se llevaron a cabo el Plan Colombia y el Plan Patriota, y examinando la intervención que, a partir de dichos planes, tuvo Estados Unidos en la política exterior colombiana. Para los autores, la incidencia de Estados Unidos en el conflicto armado va más allá de una cooperación bilateral, y se posiciona como una que tiene claros intereses de orden político y económico, además de razones geoestratégicas en la región, a partir de las cuales busca tener aliados ante una eventual guerra o conflicto internacional.

Conclusiones

La anterior revisión documental da cuenta de la complejidad que ha presentado históricamente la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, en tanto se reconoce que tal relacionamiento ha sido, y es actualmente, un escenario en el cual se circunscriben múltiples factores locales, regionales y globales. Sin embargo, es evidente que algunos de ellos se han posicionado como centrales en la relación norte-sur, y que se han materializado, con sus propias características, en el caso colombiano. Factores como la batalla contra el narcotráfico, la lucha ideológica contra las doctrinas de la izquierda y la subversión presentes en la región latinoamericana y, en el último siglo, la guerra contra el terrorismo.

El Plan Colombia se presenta como un núcleo central dentro de la relación colombo-estadounidense en materia de cooperación y apoyo intergubernamental. Este plan, si bien se posicionaba en principio como uno encaminado a la lucha directa contra el narcotráfico y el control territorial a él asociado, fue transformándose con el paso del tiempo, en la medida en que —por causa de la dinámica política interna del país (cambios de posturas en los gobiernos de turno, como el evidenciado entre el gobierno de Uribe y el de Santos, así como entre el gobierno de Santos y el de Duque)— los intereses militares fueron mutando, para transitar de una estrategia de confrontación directa a una de “reconstrucción de las zonas más permeables del país en materia de narcotráfico y grupos al margen de la ley en búsqueda de la restitución de tierras y la constitución de la paz, mediante mecanismos especializados” (Gómez Santacoloma et al., 2018, p. 19).

Si bien la relación bilateral ha traído ventajas para el desarrollo político y jurídico de Colombia, también ha representado y ha generado algunos inconvenientes relativos a las relaciones del país con la región suramericana y latinoamericana. Tanto desde su posicionamiento geográfico como desde su influencia política y económica, Colombia es, sin lugar a dudas, un país estratégico dentro del panorama continental. Dicha situación, si bien puede traer ventajas comparativas en términos políticos y económicos, es, al mismo tiempo, un elemento que, con toda seguridad, genera tensión en las administraciones. Es decir, la posición geopolítica del país lo sitúa como un Estado que debe ser capaz de lidiar con diferentes tipos de tensiones. Un ejemplo de ello es, justamente, la relación con Estados Unidos, la cual, como se ha mostrado, en distintos momentos ha significado el alejamiento y el distanciamiento de Colombia en relación con sus países vecinos, lo cual ha desembocado en inestabilidades políticas en la región.

Por ejemplo, y tal como lo señalan Mesa Bedoya y Yepes Hernández (2020), el tratamiento del gobierno de Juan Manuel Santos al conflicto interno colombiano y su alejamiento de la política de la Seguridad Democrática, puesta en marcha por su antecesor, permitió

[...] la distensión en las maltrechas relaciones diplomáticas con vecinos como Ecuador y Venezuela y potenciar la posibilidad de un nuevo proceso de diálogo con los grupos guerrilleros, inicialmente con las FARC-EP al inicio de su mandato, y posteriormente con el ELN en la etapa final del mismo. (p. 151)

Debe destacarse, igualmente, que las relaciones de Colombia con los países vecinos —y en general, con la región latinoamericana— han estado marcadas por un peso sustancial en la figura del presidente de turno. En ese sentido, y siguiendo a Rodríguez y González (2021), la política exterior debería reconsiderarse a partir de un viraje de desarrollo más técnico y menos politizado, de manera que las decisiones se dirijan a la protección sostenida de los intereses nacionales y las obligaciones constitucionales, y no a caprichos o intereses partidarios e ideológicos de los gobiernos de turno.

Sumado a esta dinámica de tensión y distensión entre Colombia y los países de la región, debido tanto a la injerencia del gobierno estadounidense como a las inclinaciones y posturas ideológicas de los gobiernos de turno, se encuentra que el escenario regional no ha podido consolidarse de manera fuerte y sostenida en el tiempo. Por ejemplo, y a pesar de que la Comunidad Andina de Naciones tenga algo más de cincuenta años desde la fecha de su fundación, tal entidad no ha sido capaz de consolidarse como un organismo fuerte dentro del escenario regional e internacional. Ello, debido tanto a la ausencia de liderazgos regionales “que asuma compromisos especiales de cara a un proyecto común” (Ruvalcaba, 2020, p. 234) como a la dispersión de los Estados que la conforman, y que asumen de manera desagregada sus objetivos nacionales. Ello redunda, sin más, en una ausencia de objetivos comunes capaces de generar una integración real entre los Estados miembros.

Como resultado de ello, la institucionalidad andina ha sido edificada en función de los intereses nacionales, mientras que la agenda regional se ha construido de manera reactiva, es decir, no por el interés común sino por presiones provenientes del sistema internacional o la influencia externa de ciertos temas de la agenda mundial. (Ruvalcaba, 2020, pp. 234-235)

También cabe considerar que el panorama reciente del país ha sufrido algunos cambios no menores en lo que respecta al carácter o direccionamiento político e ideológico de los gobiernos de turno. Basta con recordar la transición del gobierno de álvaro Uribe, con su política de Seguridad Democrática, hacia el gobierno de Juan Manuel Santos, que, si bien se presentaba como un continuador de dichos planteamientos políticos, terminó dando un giro sustancial en relación con el tratamiento del conflicto interno colombiano, lo que terminaría materializándose en la firma del acuerdo de paz con las FARC. Además de dicho escenario, el gobierno de Iván Duque, el cual retomaría el tinte político e ideológico del expresidente Uribe Vélez, terminaría provocando una evidente inestabilidad al desarrollo institucional y jurídico del postacuerdo (Ríos & Morales, 2021).

En este sentido, es notorio —al menos, como un primer paso— que el Estado colombiano debe plantearse o replantearse las políticas y estrategias en sus relaciones internacionales y la forma como ellas pueden incidir en las dinámicas internas y regionales del país, además de que tal despliegue de acciones públicas debe posicionarse más allá de los gobiernos de turno y apuntar a tener un mayor grado de desarrollo social a través del tiempo. Esto último debe tomarse en cuenta, ya que, como se pudo evidenciar en varios de los trabajos expuestos, tanto el despliegue de políticas como las relaciones entre ambos países siempre han sido dependientes del carácter personal de los protagonistas y gobernantes de turno.

Nieto (2021) señala, justamente, ese déficit del Estado colombiano en la consolidación de una política exterior fuerte y de largo aliento. Señala que Colombia sufre unas políticas de gobierno de corto plazo fuertemente susceptibles a los cambios de gobierno y a los intereses partidistas asociados a tales cambios. Todo ello redunda en una ineficiencia latente de la política exterior del país.

En ese sentido, la política exterior del país debería ser capaz de diagnosticar y evaluar los diferentes escenarios en los que se ha visto involucrado por causa de sus estrategias diplomáticas y de política exterior, para así generar procesos de evaluación que redunden en la implementación de líneas estratégicas de mediano y largo plazo en su política exterior. Igualmente, dicha evaluación deberá tener como objetivo que la relación entre el país y los Estados Unidos goce y atraiga mejores consecuencias y, por tanto, pueda ser bien vista y asumida de la mejor manera por quienes no se alinean con la idea de un acompañamiento tan cercano del Gobierno estadounidense en los asuntos de Colombia. De alguna manera, se debe asumir el hecho de que la cooperación por parte de Estados Unidos no parece tener un punto final en los próximos años.


Agradecimientos (opcional)

El autor quiere agradecer a la Escuela de Doctorados y al Grupo de Investigación “Seguridad, Gestión de Riesgos y Conflictos” (Segerico), de la Universidad Antonio de Nebrija, por su apoyo en la realización de este artículo.

Declaración de divulgación

El autor declara que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este artículo. Es resultado de la tesis doctoral titulada Política para la defensa y seguridad bilateral, entre Colombia y Estados Unidos contra la droga y la criminalidad, del Doctorado en Seguridad y Análisis de Riesgos y Conflictos de la Universidad Antonio de Nebrija.

Autor

Jorge Eliécer Andrade Quiroga. Doctorando en Seguridad y Análisis de Riesgos y Conflictos de la Universidad de Nebrija, Madrid, España. Maestría en Gestión de Seguridad Crisis y Emergencias de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. Asesor especializado en asuntos militares, seguridad, defensa y programas de seguridad de infraestructuras críticas.

https://orcid.org/0000-0002-6582-5674

Contacto: jandradeq@alumnos.nebrija.es


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