Artículo
Revista Estudios en Seguridad y Defensa 10(20): 55-66, 2015
MARÍA ANDREA GARCÍA RUÍZ2, ALEJANDRA RIPOLL3
Las secuelas de la ola de violencia producida por las patrullas de Autodefensas Civil en Guatemala y por las Rondas Campesinas en Perú, entre los ochenta y noventa todavía no se han superado. Actualmente los grupos paramilitares de estos países se encuentran oficialmente desactivados. No obstante, la evidencia indica que no han desaparecido, sino que su forma de operar, su organización y sus objetivos han cambiado considerablemente. Por tal razón, aún constituyen una seria amenaza para el Estado y para la democracia.
Palabras claves: Paramilitarismo, conflictos armados, violencia, amenaza.
The aftermath of the violence produced by Patrullas de Autodefensa Civil in Guatemala and the Rondas Campesinas in Peru, between the eighties and nineties is still not overcome. Currently the paramilitary groups in these countries are officially deactivated. However, evidence indicates that they have not disappeared, but the way it operates, its organization and its goals have changed considerably. For this reason, they are a serious threat for the state and for democracy.
Key Words: Paramilitarism, armed conflicts, violence, threats.
Las secuelas de la ola de violencia producida por las patrullas de Autodefensas Civil en Guatemala y por las Rondas Campesinas en Perú no se han superado del todo. La creación de estos grupos fue una de las principales estrategias de contrainsurgencia, diseñada y legalizada directamente por los respectivos gobiernos, con el propósito principal de luchar contra la guerrilla. Actualmente los grupos paramilitares de estos países se encuentran oficialmente desactivados. En Guatemala después de la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla en 1996. En el caso de Perú, aunque se mantuvieron las estructuras, el Estado intentó desmilitarizarlos después de la derrota de Sendero Luminoso. No obstante, la evidencia indica que los grupos mencionados no han desaparecido. Aunque su forma de operar, su organización y sus objetivos han cambiado considerablemente, aún constituyen una seria amenaza para el Estado y para la democracia.
El objetivo principal de este artículo es descubrir las razones que explican por qué estos grupos siguen operando a pesar de la desactivación. Se sostendrá que los grupos paramilitares representan una amenaza seria para los Estados, debido a que continúan utilizando medios violentos para consolidar sus objetivos políticos y económicos, desafiando la autoridad estatal.
Esta actitud activa de las PAC y las Rondas Campesinas, se debe a que son conscientes de las limitaciones que tienen los Estados para combatirlos, por eso, prefieren optar por continuar operando y reorganizarse política y militarmente, para provecho propio.
Este argumento será desarrollado a partir de un marco realista de las relaciones internacionales, según el cual los Estados racionalmente permiten que actores subnacionales, actúen para maximizar el interés nacional. Entonces, los Estados, en lugar de rivalizar con esos actores, obtienen provecho de la situación, ya que las actividades de los paramilitares, son una ayuda para controlar la insurgen-cia y mantener una mayor seguridad. Para lograr el objetivo, primero se hace un recuento sobre las circunstancias que originaron los conflictos internos en Perú y Guatemala y cómo surgieron los grupos paramilitares. Segundo, se caracterizan y comparan las PAC y las Rondas Campesinas. Tercero, se analizan las características y actividades actuales de estos grupos y finalmente se presentan las conclusiones.
Guatemala vivió entre I960 y 1996 un conflicto armado causado por la pobreza, el racismo y la exclusión de la población indígena, así como por una tradición de dictaduras militares y autoritarismo que ha padecido históricamente (CEH, 1999, párr. 6, 14 y 38).
Desde la época de la colonia y posteriormente durante la independencia de Guatemala, se generaron procesos de concentración de la tierra y de la riqueza en manos de una pequeña minoría blanca o ladina4, cuyo principal corolario fue una situación de pobreza generalizada en amplios sectores de la población, situación que persiste hasta hoy (Jonas, 1993, p. 40; CEH, 1999, párr. 6-8). En esa misma dirección, el racismo y la explotación de la población indígena han sido una constante en la historia de Guatemala. Según Jonas (1993), desde la colonia los indígenas fueron sometidos a diferentes formas de “...trabajo forzado y servidumbre a base de deudas, cuyo propósito era dominarlos y obligarlos a producir excedentes económicos”. Así mismo, la consolidación de la economía cafetera a principios del siglo XX y la consecuente expansión de los cultivos de café, más exigentes en mano de obra, profundizan la explotación de la población indígena que es obligada a trabajar en condiciones laborales injustas (Jonas, 1993, pp.41,44). Así, se establecen las condiciones de exclusión bajo las cuales viven los indígenas guatemaltecos, que representan el 45% del total de la población (CEH, 1999, párr. 15; Figueroa, 1990, p. 115).
Esta situación de pobreza de exclusión fue perpetrada por el Estado a lo largo de los años, quien se encargó de proteger los intereses de los más poderosos en detrimento de la población maya y de los mestizos pobres. Como consecuencia, se producen desde diferentes sectores sociales cuestionamientos a la legitimidad del Estado guatemalteco, cuya respuesta es el uso recurrente de la fuerza, la violencia y la represión para mantener el orden y el statu quo (CEH, 1999, párr.11; Jonas, 1993, p. 46; Figueroa, 1990, p. 109).
La CEH asevera que:
La tradición dictatorial ha impreso una huella muy fuerte en la cultura política nacional y ha significado el cierre continuo de espacios de expresión y participación política por parte de la ciudadanía. Es por esto que las demandas o reivindicaciones sociales, políticas, económicas y culturales no han tenido como reacción la respuesta a necesidades de los ciudadanos, sino, la represión, porque la dictadura y las formas autoritarias de Gobierno por lo general, han estado en función de los intereses de minorías. (1999, párr. 39)
Así pues, la pobreza, la exclusión de la población indígena y la arraigada tradición de dictaduras militares, dan una idea del contexto histórico y de las razones por las cuales surgen los movimientos guerrilleros en la década de los 60, dando inicio así al enfrentamiento armado, a pesar de la corta primavera democrática5 vivida en los primeros años de la década del cincuenta.
En 1954, gracias al apoyo de Estados Unidos, se instala en el poder el Coronel Carlos Castillo Armas, cuyas políticas de gobierno implican un retroceso en las medidas impulsadas por sus antecesores Arévalo y Arbenz (CEH, 1999, párr. 93 y 94). Adicionalmente, se inicia una violenta persecución contra los opositores del régimen y se consolida en Guatemala un fuerte discurso anticomunista que será la justificación para perseguir y reprimir por la fuerza cualquier tipo de oposición legal o ilegal (Jonas, 1993, p. 65; CEH, 1999, párr. 98 y 99).
En adelante, el Estado guatemalteco será controlado por sucesivos gobiernos militares, que en el marco de la guerra fría, convierten la lucha contra el comunismo en una excusa para evitar cualquier tipo de transformación social.
El 13 de noviembre de 1960 un grupo de militares nacionalistas6 prepararon una sublevación para tumbar el régimen del entonces presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Esta sublevación fue controlada por el gobierno, pero varios de estos militares persistieron en la lucha armada y poco tiempo después (1962) decidieron crear el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre (MR-13), bajo la dirección de Luis Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa (Jonas, 1993, p. 88; Figueroa, 1999, p. 108). En ese mismo año, el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) lleva a cabo algunas acciones militares y conforma su propio frente guerrillero.
Estos grupos tenían la misma ideología y objetivos, entre varios: la reforma agraria y el respeto en general por los Derechos Humanos. Entonces en virtud de tales coincidencias, en diciembre de ese mismo año se unen y crean la guerrilla guatemalteca conocida como las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que se consolidaron especialmente en los departamentos de Izabal y Zacapa, con una considerable base de apoyo (Debray,1975, p. 263). La vida de este grupo fue corta debido la ofensiva contrainsurgente del gobierno, que incluía todo tipo de prácticas represivas. Igualmente, sufrió divisiones internas causadas por pugnas de poder. Estas circunstancias sumadas acabaron por debilitarlo, hasta el punto de precipitar su caída a finales de la década de los sesenta (Jonas, 1993, pp. 90, 91 y 152).
Sin embargo, se resistían a desaparecer, debido a que las circunstancia que originaron la guerrilla aún persistían. Por tal motivo, en 1972 algunos sobrevivientes del Frente Guerrillero Edgar Figueroa (una facción de las FAR comandada por Luís Turcios Lima), inician la reorganización de la insurgencia con la creación del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) que buscaba consolidarse en territorios indígenas. Más adelante, otra facción de las FAR conformó un nuevo movimiento guerrillero conocido como Organización del Pueblo en Armas (ORPA), también con influencia en zonas indígenas (Jonas, 1993, p. 153). Después en 1982, el EGP, ORPA, algunos reductos de las FAR y el núcleo militar del PGT se unieron para crear la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que persiste en la lucha armada hasta 1996 (Jonas, 1993, p. 54).
En esa nueva etapa los indígenas tomaron un papel más activo y se incorporaron directamente a los grupos guerrilleros (Jonas, 1993, pp. 127 y 148). Así mismo, la guerrilla comprendió la importancia de esta población para el triunfo de la revolución y es por ello que entre 1970 y 1980 busca consolidar sus principales bases de apoyo en territorios indígenas como el departamento del Quiché; a diferencia de los 60, cuando la guerrilla intentó establecerse en el oriente del país, territorio de ladinos pobres (Jonas, 1993, p. 151).
Esta reorganización de la guerrilla trae como consecuencia una nueva ola de represión y violencia, en que el mantenimiento del statu quo era la justificación para tales acciones. Esta violencia fue acentuada racionalmente con la creación de las PAC en 1981, grupos paramilitares que se convirtieron en la principal estrategia del gobierno para controlar la avanzada del movimiento guerrillero y eliminar sus bases de apoyo en la población civil (Jonas, 1993, p. 166).
En todo este proceso, también es necesario resaltar que el conflicto se desarrolló en el marco de la confrontación Este - Oeste. Es por esto que el gobierno de Guatemala recibió un fuerte y constante apoyo de los Estados Unidos. No solo fue determinante la ayuda material para el ejército (armas, entrenamiento, tecnología, etc.), sino también la “Doctrina de Seguridad Nacional” que se constituyó en el pilar ideológico de las Fuerzas Militares, la principal preocupación fue la existencia de un supuesto “enemigo interno” aliado del comunismo, que intentaba socavar el régimen establecido (CEH, 1999, párr. 123; Jonas, 1993, p. 93; Figueroa, 1990, p. 109).
A mediados de los ochenta el panorama cambia con la elección de Vinicio Cerezo, quien llega al poder mediante un proceso electoral, libre de fraudes y manipulaciones, aunque limitado en el espectro político. Según Jonas, esto se produjo principalmente por dos razones: primero, para recuperar la imagen negativa que tenía Guatemala que era “...considerado como un país paria a nivel internacional, y el gobierno necesitaba legitimidad para obtener ayuda extranjera y enfrentar la crisis económica”. Segundo, porque se intensificaron las presiones internas para la realización de las elecciones, pues se hacía evidente “la necesidad de un ambiente político más abierto en Guatemala, para volver a obtener la confianza del sector privado y reactivar la economía “.a pesar de que el ejército había derrotado a la guerrilla a nivel táctico, estaba desacreditado tras muchos años de gobierno corrupto y fraudulento” (Jonas, 1993, pp. 173-174).
Aún con las restricciones y limitaciones que los militares impusieron a este nuevo gobierno civil, se proclama una nueva constitución que sienta las bases para buscar una salida negociada al enfrentamiento armado. Así mismo, el proceso de negociación entre el gobierno y la URNG, que lleva a la firma de los acuerdos de paz en 1996, fue impulsado por el Grupo de Contadora conformado en 1983 por Colombia, México, Panamá y Venezuela, con el objetivo de impulsar los procesos de paz en Centroamérica. Los países que conformaban este grupo firmaron la declaración de Esquipulas I (1986) y Esquipulas II en las que se define el marco para impulsar la negociación en los países centroamericanos (Bejarano, 1995, pp. 175-176). En este contexto, se inician los encuentros y diálogos entre la UNRG y el gobierno de Guatemala (España 1987, Costa Rica 1988, Oslo 1990, etc.) y se firman diferentes acuerdos,7 hasta que finalmente el 29 de diciembre de 1996 se firma el “Acuerdo de paz firme y duradera” que da por terminado el enfrentamiento armado.
Para comprender el conflicto armado que vivió Perú entre 1980 y 2000, es necesario hacer un recuento histórico y tener en cuenta la existencia de condiciones sociales injustas, entre ellas, altos índices de pobreza y de concentración de la riqueza, la escasa presencia estatal especialmente en las zonas rurales y las recurrentes dictaduras militares (entre 1930 y 1980), que construyeron un orden vertical y excluyente que reconoció de forma limitada los derechos de los ciudadanos. Sumado a la prestación deficiente por parte del Estado de ciertos servicios básicos, entre ellos el de la administración de justicia (CVR, 2003, Tomo VIII, p. 21 y 25). Esta situación de exclusión y pobreza que ha estado enquistada en la historia peruana, impulsó la creación del partido comunista (PCP) a finales de los años veinte. El partido mantuvo su estructura hasta la década de los 60', momento en que se divide como consecuencia de la separación del movimiento comunista internacional entre chinos y soviéticos.
Así, el PCP quedó dividido entre el PCP Unidad de orientación soviética y el PCP Bandera Roja de orientación maoísta. Éste último, era más combativo porque consideraba que la lucha armada era inevitable si se pretendía la consolidación del socialismo en el mundo (CVR, 2003, Tomo II, p. 16). Uno de sus miembros era Abimael Guzmán, quien más adelante va a dirigir el PCP Sendero Luminoso (PCP-SL), creado a principios de los setenta, a causa de las divisiones intestinas que ocurren en el PCP Bandera Roja (Coronel, 1996, p. 42).
Esta organización se caracterizó por una concepción vertical y radical de la relación entre el partido y las masas. Inicialmente su principal centro de adoctrinamiento fue la universidad y en consecuencia sus miembros originales fueron estudiantes, profesores universitarios y maestros (CVR, 2003, Tomo II, p. 18).
En 1977 Sendero Luminoso consideró que su partido era lo suficientemente sólido para iniciar lo que Mao denominó la guerra popular prolongada, principal estrategia para el triunfo del socialismo. Así, “entre 1977 y 1979 el PCP-SL lleva a cabo una ruptura radical con la dinámica social y política predominante en el país y se transforma en un proyecto fundamentalista, de potencial terrorista y genocida” cuyo principal eje de articulación fue la figura dogmática y caudillista de Abimael Guzmán (CVR, 2003, Tomo II, p. 22).
Durante los primeros años de la década de los ochenta Sendero Luminoso ejecutaba sus actividades armadas, que esencialmente consistieron en atentados aislados y progresivos asaltos contra la fuerza pública. En estos primeros años el gobierno subvaloró las dimensiones reales y la capacidad bélica de esta organización armada, lo que permitió su crecimiento y consolidación especialmente en el departamento de Ayacucho. Solo fue hasta marzo de 1982, cuando Sendero Luminoso asaltó la cárcel Huamanga para liberar a varios de sus compañeros, que el gobierno empezó a entender la amenaza real que este grupo subversivo representaba (CVR, 2003, Tomo I, p. 63).
Por tal razón, a principios del 1983 la Infantería de Marina peruana entra al departamento de Ayacucho con el objetivo de enfrentar a la insur-gencia. Su estrategia principal consistió en eliminar por la vía de la represión cualquier apoyo de la población campesina hacia Sendero Luminoso. La consecuencia fue la reprimenda indiscriminada contra la población: ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, detenciones, etc. que minaron la confianza de la población hacia los militares y en algunos casos generaron cierta tolerancia hacia Sendero Luminoso. En 1985 el gobierno buscó enmendar el error de la Infantería de Marina y ésta fue remplazada por el ejército quien buscó cierta aproximación con la población y sus autoridades (Coronel, 1996, p. 48- 49; Manitzas, 1991, p. 88).
Posteriormente, a mediados de los 80 se empezaron a consolidar, con el apoyo directo del Estado, los Comités de Autodefensa Civil, más conocidos como Rondas Campesinas, que constituyeron una pieza fundamental en el debilitamiento de Sendero Luminoso a finales de la misma década y su posterior derrota en 1992 sellada con la captura de Abimael Guzmán, hecho que marca el fin de esta organización guerrillera (Olano, 2002, pp. 3-4).
En 1993 ya desde la cárcel Guzmán propone la firma de un acuerdo de paz con el gobierno de Fujimori, situación que termina por desarticular el movimiento guerrillero y dividirlo entre quienes insisten en la necesidad de sostener la guerra popular y quienes apoyaban una eventual negociación. No obstante, la decisión pública de negociar minó la credibilidad del líder guerrillero y teniendo en cuenta la importancia del liderazgo de Guzmán en la organización, las acciones de Sendero Luminoso perdieron total efectividad (CVR, 2003, Tomo II, pp. 111-112).
Como se afirmó anteriormente, en un panorama de exclusión, en que los derechos civiles no eran reconocidos, sino, reprimidos, en Guatemala surgen los grupos guerrilleros, que cuestionan el hacer del Estado. En respuesta se desarrolla una política contrainsurgente, que incluye la creación de las PAC. Éstas fueron impulsadas directa y legalmente por el Estado, quien reglamentaba su accionar. Su conformación se incluyó explícitamente en la política contrainsurgente y los militares fueron los directos artífices de su organización. El ejército decide eliminar completamente las bases sociales de la guerrilla y por la vía de la represión los campesinos fueron vinculados a las PAC, aplicándoles la política de la tierra arrasada, y convirtiéndolos así en un actor armado en el conflicto (Stoll, 1993, p. 5; REMIH, 1998, Tomo II, Cap. 2; CEH, 1999, párr. 515; Schirmer, 1998, p. 82).
Debido a la vinculación masiva de los campesinos, el número de miembros de las PAC creció rápidamente, la CEH considera que para 1982 las PAC alcanzaron a reclutar un millón de miembros (1999, párr. 607). Cifra importante si se tiene en cuenta el censo poblacional, que en ese momento oscilaba entre los seis y siete millones de habitantes. En consecuencia hubo presencia paramilitar en todo el país, pero se caracterizaban por tener una conformación rural, sus miembros eran locales, lo que definía su zona de operación, que era inminentemente regional, elemento que les proporcionaba ventajas porque tenían conocimiento del terreno donde maniobraban.
A pesar de la conformación regional, el poder estaba centralizado en cabeza del ejército lo que indicaba una estructura jerarquizada (CEH, 1999). Tanto así, que imponían los miembros que debían desempeñarse como comandantes, (Schirmer, 1998, pp. 93-94) entre otras razones porque las PAC fueron auspiciadas por el Ejército bajo una relación de subordinación, en la que controlaba todas las actividades y las estrategias de lucha contra la guerrilla. En este caso, el Estado tenía todo el poder y lo ejercía a través del ejército (CEH, 1999), quien le exigía a los paramilitares que patrullaran, controlaran la movilidad y vigilaran las actividades de la población civil, no solo para descubrir la presencia de la guerrilla, sino para identificar a posibles colaboradores que eran anotados en lo que se conocía como listas negras (Schirmer, 1998; CEH, 1999).
Esto engendró una dinámica perversa de delación entre la misma comunidad incluso entre las familias, que rompía los lazos de solidaridad, pues con razón o sin ella los campesinos se acusaban mutuamente de ser colaboradores de la guerrilla, en muchos casos con el único fin de resolver disputas personales (Stoll, 1993, pp. 115 y 143; Schirmer, 1998, pp. 82-83). Por esas razones en Guatemala se responsabiliza a los paramilitares de los ataques directos contra la población civil sospechosa de colaborar con la guerrilla. Así, las personas que aparecían en las listas negras eran capturadas, torturadas y luego asesinadas o desaparecidas, con un alto grado de sevicia. Con suficiente material probatorio y debidamente documentado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) afirma que el Estado guatemalteco por la acción de las PAC es responsable del 18% del total de violaciones a los derechos humanos cometida durante el conflicto armado. La práctica más frecuente fueron las ejecuciones extrajudiciales que correspondieron al 44% del total (CEH, 1999, párr. 109 y 620).
A pesar de la violencia que ejercían los paramilitares, las comunidades se valían de ellos, para que administraran justicia y les resolvieran las contiendas personales (CIDH, 1985). Este empoderamien-to de alguna manera legitimaba el accionar de estos grupos en las zonas de operación, con un costo bajo para el Estado, debido que se autofinanciaban con apoyo de las comunidades. Por tal razón, el armamento era escaso y rudimentario y los activos no recibían paga, por eso, sólo podían dedicarle tiempo parcial y debían realizar otras actividades para su mantenimiento.
Como se mencionó atrás, Perú también padeció varias décadas de dictaduras militares, aunque con un carácter más progresista. A pesar de ello, no eran garante de los derechos de la mayoría y por eso surgen los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Sendero Luminoso, paradójicamente surge a finales de los 70 momento en que los militares desarrollaban una serie de reformas políticas y sociales que buscaban a su vez, el retorno de la democracia. Las acciones de estos grupos guerrilleros fueron tan violentas que generaron el rechazo en la población, dando paso a la conformación de las rondas campesinas.8
Las Rondas Campesinas fueron promovidas, organizadas y legalizadas por el Estado, aunque difiere del caso guatemalteco en que la participación de los campesinos tuvo un carácter más voluntario (Del Pino, 1996, p. 135; Coronel, 1996, p. 30; Starn, 1999, p. 236; Degregori, 1996, p. 27). Según la CVR quinientos mil milicianos formaron las rondas (2003, Tomo II, p. 456) lo que permitió que la presencia paramilitar se extendiera en todo el país.
Los grupos eran organizados por regiones y conformados por personas de la misma zona, en tal sentido no constituían ejércitos móviles, porque su zona de operación estaba claramente definida. Las operaciones estaban encabezadas y dirigidas por el Ejército Nacional (CVR, 2003, Tomo II, p. 451; Del Pino, 1996, p. 152), que controlaba todas las actividades y estrategias contrainsurgentes (Starn, 1999, p. 242). Con toda la relación de subordinación que mantenían con respecto al Ejército, tenían libertad para escoger los comandantes (Del Pino, 1996, p. 154). No así para realizar las tareas básicas, similares a las desarrolladas por las PAC en Guatemala, patrullar sus territorios, controlar la movilidad y vigilar las actividades de la población civil con el fin de detectar la presencia de la guerrilla e igualmente identificar a sus posibles colaboradores a través de la elaboración de listas negras (Del Pino 1996; Starn, 1999).
Contrario a Guatemala, estas actividades alimentaron en su momento un sentido de pertenencia entre los campesinos y por ende de identidad comunitaria, porque se sentían partícipes en el objetivo común de derrotar a Sendero Luminoso, el enemigo común. Esto fortaleció los lazos sociales y a través de las rondas también se organizan para demandar del Estado inversión social, servicios y desarrollo en sus zonas de influencia. En ese sentido, promovían la construcción de acueductos, centros de salud, vías, etc. (Starn, 1999, p. 248; CVR, 2003, Tomo II, p. 447). Esa dinámica de compañerismo e identidad se reflejó en un menor número de ataques contra la población civil, y los que hubo revistieron menor grado de violencia y de brutalidad,9 comparados con Guatemala (CVR, 2003, Tomo II, p. 439; Starn, 1999, p. 244; Del Pino, 1996, p. 148).
También se encargaban de administrar justicia en sus respectivas comunidades y resolvían todo tipo de conflictos: linderos, deudas, problemas familiares, castigaban a los ladrones, entre otros (Del Pino, 1996, p. 155; CVR, 2003), convirtiéndolos así en parte de la estructura estatal.
Al igual que las PAC en Guatemala, las Rondas fueron organizaciones de bajo costo para el Estado, porque fueron financiadas por las mismas comunidades, quienes debían proveer los armamentos y su alimentación. El armamento era escaso o utilizaban armas de fabricación casera como lanzas, palos, machetes. Los miembros no recibían pago y por tanto debían desarrollar otro tipo de actividades productivas para garantizar su subsistencia (Starn, 1999, p. 242; CVR, 2003, Tomo II, p. 442; Del Pino, 1996, p. 154).
Como parte de los acuerdos de paz firmados en Guatemala en 1996,10 el Estado decide disolver definitivamente las PAC, aunque desde 1986 el presidente Vinicio Cerezo ya había iniciado una disminución gradual en el número de miembros de estas organizaciones (Schirmer, 1998, p. 169; CEH, 1999, p. 627). Sin embargo, pesar de esta desarticulación, la influencia y la capacidad de ejercer violencia por parte de las PAC aún se mantiene.
En el caso de Perú, las Rondas Campesinas se resistieron a su desactivación después de la derrota de Sendero Luminoso a principios de los 90 (CVR, 2003, Tomo II, p. 437). De hecho entre 1993 y 2003 su número de miembros prácticamente se duplicó.11 Situación que se explica en parte por la función social que las Rondas empezaron a desarrollar en sus comunidades, adoptando así características más propias de las Rondas no contrainsurgentes, creadas en la década de los 60 en el norte del Perú para luchar contra la delincuencia (Olano Alor, 2002, p. 15; Fumerton & Remijnse, 2004, pp. 64-67).
En tal sentido, a continuación se presenta un análisis sobre las características actuales de estas organizaciones y sobre sus principales actividades. Este análisis se basa en una revisión de prensa que cubre el periodo 2009-2015. En el caso de Perú se revisaron los periódicos La República, el Comercio y Perú 21 y se elaboró una base de datos que cuenta con 84 registros relacionados con las actividades actuales de las Rondas Campesinas. Respecto a Guatemala, se revisaron los periódicos La Hora, Prensa Libre y Siglo 21 y la base de datos tiene 103 registros asociados al accionar de las PAC.
Una vez finalizado el conflicto armado guatemalteco, las PAC se movilizaron con el fin de exigir al Estado una compensación económica por los servicios prestados en la lucha contra la insurgencia. Según los patrulleros era injusto que los desmovilizados de la guerrilla recibieran beneficios económicos por parte del gobierno, mientras que las PAC que habían apoyado al Estado no recibieran nada. Con este objetivo se dedican entonces a las marchas, paros, bloqueos de carreteras, saboteo de elecciones y ocupación de lugares públicos.12 Esta situación se complicó aún más, pues el tema se ins-trumentalizó políticamente y fue utilizado como discurso de campaña por diferentes candidatos presidenciales que luego no cumplieron la promesa de efectuar los pagos. En 2004, durante la presidencia de Óscar Berger se prometió la entrega de dinero a cambio de la participación de los ex-patrulleros en el programa de reforestación “Bosques y Aguas para la Concordia”. No obstante, la entrega de los recursos toma más de 10 años, durante los cuales las PAC exigieron por la fuerza y con amenazas el pago de los dineros.13
Este mismo tipo de acciones (bloqueos, marchas, paros) también han sido utilizadas por las patrullas para oponerse a los procesos judiciales, donde se acusa a sus miembros o a ex militares de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.14
Por otro lado, en 1997 con la expedición del decreto 11-97 se crean las Juntas Locales de Seguridad, organizaciones de ciudadanos cuyo objetivo es apoyar al Estado en el control de la de-lincuencia.15 Estas organizaciones, conformadas por antiguos comisionados militares y miembros de las PAC,16 * rápidamente se salieron del control del Estado, fueron cooptadas por el crimen organizado y el narcotráfico y constantemente abusan de su poder buscando beneficios económicos.
En la revisión de prensa se identifican acciones como linchamientos contra aquellos que no cumplen sus normas, extorsiones a cambio de seguridad, secuestros, torturas y desapariciones forzadas.17 Actualmente se plantea la necesidad de someter estas organizaciones al control del Estado, se han retirado las licencias de varios grupos, se adelantan acciones judiciales contra algunos de sus miembros y se plantea incluso la posibilidad de eliminarlas.18 Sin embargo, la información que se registra en la prensa indica que el problema está fuera de control y que incluso en algunas localidades las autoridades se han visto obligadas a retirarse.19
Tomarse la justicia por sus propias manos, es una práctica recurrente en los ex combatientes, situación que se puede resumir en palabras de la ONU: las instituciones de seguridad y justicia del Estado han colapsado, por eso han surgido grupos locales de seguridad, que buscan proveérsela por mano propia. Así, se refuerza el argumento sobre la incapacidad del Estado para brindar condiciones mínimas de seguridad a sus ciudadanos, situación que deja espacio para que el paramilitarismo guatemalteco perviva.
Como se mencionó anteriormente, las Rondas Campesinas no sólo no se desactivaron después de la derrota de Sendero Luminoso, sino que además se potenció su organización.
En 2002 se expidió la ley 27908 que reconoce la existencia de las Rondas Campesinas y les otorga tres funciones principales: resolución pacífica de conflictos, actividades para generar el desarrollo de sus regiones y labores comunales de seguridad. A pesar de esto, las Rondas también se han salido del control del Estado y con frecuencia recurren a la fuerza para hacer valer sus derechos y defender los de otros. Sin embargo, no se acercan al nivel de violencia y criminalidad que se observa en el caso guatemalteco. Así mismo, cuentan con cierto nivel de legitimidad dentro de la población civil y han generado en sus comunidades procesos de construcción de ciudadanía. En el marco dela lucha contra la guerrilla los ronderos forjaron un fuerte sentido de pertenencia hacia sus propias organizaciones y por ello sus reivindicaciones van más allá de las exigencias propias de la guerra, preocupándose por el progreso mismo de sus comunidades; en palabras de Del Pino “Alrededor de los CDC los habitantes construyeron sociedad, identidad y autonomía” (Olano, 2002, p. 15; Starn, 1999, p. 247: Del Pino, 1996, p. 119).
Una de las principales actividades que las Rondas Campesinas desarrollan actualmente, se relaciona con la férrea oposición a los proyectos mineros, alegando el impacto social y medio ambiental negativo que éstos generan en sus comunidades. Con el fin de oponerse a la explotación minera, los ronderos recurren a la retención de funcionarios, a la toma y destrucción de instalaciones, paros, marchas, bloqueo de vías, entre otros.20
Por otro lado, ejercen una labor de veeduría ciudadana sobre la administración pública, que ha llevado incluso a la renuncia de algunos funciona-rios.21 Adicionalmente, cumplen un papel central en los procesos electorales, para los candidatos contar con el voto de las Rondas es central y por ello en sus discursos de campaña se comprometen a apoyarlas en caso de ser elegidos.22
Estas situaciones sin duda ponen a las Rondas en una posición de ventaja para exigir inversión social en sus áreas de influencia y para ser tenidos en cuenta en las políticas sobre seguridad. 23Pero sin duda, la actividad principal de las rondas campesinas se relaciona con el control de la delincuencia y la función de impartir justicia, actividades donde se hace evidente el abuso del poder. Así, las Rondas capturan, retienen, juzgan y condenan a supuestos criminales, propinan castigos físicos como latigazos, linchamientos y torturas contra quienes infringen sus normas y en algunos casos han sido acusados de asesinatos y secuestros.24
Todo lo anterior son las razones por las cuales los ronderos no han desaparecido, no desean renunciar al uso de la fuerza y en algunos casos se resisten a registrarse y a someterse al control y supervisión del Estado como lo exige la ley 27908.
El análisis comparado de las PAC y las Rondas Campesinas permite concluir que este tipo de grupos paramilitares, cuya herramienta principal es el uso o la amenaza del uso de la violencia, surgen en el marco de conflictos armados internos25 con el objetivo de apoyar al Estado, directa o indirectamente en la protección del statu quo, cuando este es amenazado por la existencia de la guerrilla o por la movilización de determinados sectores sociales.
La lucha para proteger el statu quo, determina la identidad de un grupo de personas que perciben un peligro inminente para sus vidas y propiedades, entonces para protegerse se organizan. Para que esas estructuras funcionen es fundamental tener un objetivo claro y un gran recurso humano. Lo que implica el involucramiento masivo de la población civil, que resultó un factor decisivo en la guerra contrainsurgente. No así, los recursos económicos que posean, las PAC y las Rondas fueron muy efectivas en la lucha contra la guerrilla a pesar de contar con escaso armamento y pocos recursos para su subsistencia.
Una vez que surgió el paramilitarismo en un lugar, éste se replicó en diferentes regiones del país, tanto en Guatemala como en el Perú. La repetición se facilitó debido a la estrecha relación que existió entre paramilitares y ejército, bajo dos esquemas de relacionamiento: uno de coordinación y otro de subordinación. Esta centralización o descentralización que resulta de esta relación, no incide en la subsistencia y efectividad de los grupos paramilitares, sin embargo, los legitima frente a la población civil.
Las estructuras paramilitares, tanto en Guatemala como en Perú, fueron utilizadas para un fin diferente al original, por ejemplo: lucro privado, mecanismos de venganza o para generar desarrollo en sus zonas de influencia. Igualmente, el Estado violó sistemáticamente los derechos humanos a través de estas organizaciones.
Finalmente, es importante insistir en que las PAC y las Rondas Campesinas siguen operando, aunque su carácter ha evolucionado. En Guatemala antiguos patrulleros exigen al Estado una compensación económica por los servicios prestados durante el enfrentamiento armado y para ello han recurrido al bloqueo de vías, la toma de rehenes, entre otros. Adicionalmente, mantienen estructuras de poder local que les permiten ejercer un control sobre la población civil y existen indicios sobre su relación con el crimen organizado.
En Perú las Rondas Campesinas (oficialmente conocidas como CAD) tienen una característica única después de la finalización del conflicto armado y es que el Estado continúa apoyando la existencia de estos grupos mediante la ley. Esto se debe a que aparentemente adoptaron características más democráticas al defender los derechos de sectoresmenos favorecidos. No obstante, la prensa del Perú registra frecuentemente abusos de autoridad cometidos por estas organizaciones, así como secuestros, extorsiones y asesinatos.
Finalmente, la persistencia de las PAC y de las Rondas Campesinas después de finalizado el conflicto armado, demuestra el arraigo de este tipo de organizaciones en sociedades acostumbradas a tomarse la justicia por sus propias manos. Una vez que el Estado delega funciones de vigilancia y seguridad en manos de civiles organizados, resulta realmente complejo mantenerlas controladas y sometidas a su autoridad. Como se evidenció en Perú y Guatemala, estos grupos rápidamente salen del control del Estado, desarrollan características y dinámicas propias y se convierten en una amenaza más para la soberanía estatal.
Amnistía Internacional. (2002. Septiembre, 04). Guatemala, reaparecen las Patrullas de Autodefensa Civil. Recuperado de http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR34/053/2002/es/9396c95b-d7e8-11dd-9df8-936c90684588/amr340532002es.pdf
Bejarano, J. A. (1995). Una agenda para la paz, aproximaciones desde la teoría de resolución de con ictos. Bogotá D.C.: Tercer Mundo Editores.
Bermúdez, L. (1989). Guerra de baja intensidad: Reagan contra Centroamérica. México: Siglo Veintiuno.
Comisión de la Verdad y Reconciliación -CVR- . (2003. Agosto). Informe Final. Verdad y Reconciliación. Recuperado de http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php
Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH- . (1999). Guatemala: memoria del silencio. Asociación Americana del Avance de la Ciencia. Recuperado de http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/toc.html
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -CNRR-. (2007). Disidentes, rearmados y emer- gentes: bandas criminales o tercera genera- ción de paramilitares. Recuperado de http://www.oim.org.co/reconciliacion-y-reintegracion/1478-disidentes-rearmados-y-emergentes-bandas-criminales-o-tercera-generacion-paramilitar.html
Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-. (1985). Tercer informe sobre la si- tuación de derechos humanos en Guatemala. Recuperado de http://www.cidh.oas.org/countryrep/Guatemala85sp/Cap.3.htm
Coronel, J. (1996). “Violencia política y respuestas campesinas en Huanta”. En Degregori, C. (et. al). Las rondas campesinas y la derrota de sen- dero luminoso. Lima: IEP Ediciones.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-. (2008). Censo de población y vivienda de Colombia año 2005. Recuperado de https://www.dane.gov.co/censo/les/Grupo_mixto22%20_PUBL.pdf
Debray, R. (1976). Las pruebas de fuego: la crítica de las armas. México: Siglo Veintiuno.
Degregori, C. (1996). Las rondas campesinas y la derrota de sendero luminoso. Lima: IEP Ediciones.
Del Pino, P. (1996). Tiempos de guerra y de dioses: Ronderos, evangélicos y senderistas en el valle del río Apurimac (117 - 188). En Degregori, C. I., Coronel, J., Del Pino, P. & Starn, O. Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso. Lima: Instituto de Estudios Peruanos - IEP / Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
Figueroa, C. (1990. Enero - Febrero). Guatemala el re- curso del miedo. Nueva Sociedad, 105. 108 – 117.
Fumerton, M. & Remijnse, S. (2004). Civil defen- se forces: Peru’s Comités de Autodefensa Civil and Guatemala’s Patrullas de Autodefensa Civil in comparative perspective (52 - 71). En Koonings, K. & Kruijt, D. (Eds.). Armed actors, organized violence and state failure in Latin America. London / New York: ZedBooks.
Instituto Nacional de Estadística - Dirección Técnica de Indicadores Sociales y Demografía. (2003). Estado de la población Peruana 2003. Recuperado de http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/ Lib0622/Libro.pdf
Jonas, S. (1993). La batalla por Guatemala. Caracas: Nueva Sociedad.
Manitzas, E. (1991). All the minister’s men: para- military activity in Perú (85 – 102). En Huggins, M. (edit.). Vigilantism and the State in modern Latin America: essays on extralegal violence. Nueva York: Praeger
Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica -REMIH-. (1998). Guatemala: nunca más. Recuperado de http://www.odhag.org.gt/INFREMHI/TOMO2C2.HTM
Rodríguez, C.(2007).Justicia comunitaria y rondas campesinas en el sur andino. Lima: SER.
Remijnse, S. (2001. Octubre). Remembering Civil Patrols in Joyabaj, Guatemala. Bulletin of Latin American Research, 20(4), 454-469.
Schirmer, J. (1998). The Guatemalan military project. Philadelphia: University of Pensilvania Press.
Starn, O. (1999). Senderos inesperados: las rondas campesinas de la sierra sur central. En Stern, S. (Ed.). Los senderos insólitos del Perú (223 - 254). Lima: Instituto de Estudios Peruanos - IEP / Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga - UNSCH.
Stoll, D. (1993). Between two armies. New York: Columbia University Press.