Artículo
Revista Estudios en Seguridad y Defensa 11(21): 27-43, 2016
El Conflicto con el Perú 1932 1933 y el inicio de la Política de Industrialización en Colombia1
JOSÉ ALBERTO PÉREZ TORO2
1 Artículo de reflexión vinculado al proyecto de investigación “La Idea de la Industrialización en Colombia durante la Fase de la Globalización 1925-2015” del Programa De Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
2 Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Colombia. Doctor en Ciencias Sociales de North-West University. Master Philosophy-M.Phil en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, Colombia. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales en el Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia. Contacto: josea.perezt@utadeo.edu.co
Recibido: 17 de septiembre de 2015
Aprobado: 04 de diciembre de 2015
Resumen
El conflicto con Perú conocido como, la guerra colombo-peruana, ocurrido entre los años de 1932 y 1933, se llevó a cabo en la cuenca del río Putumayo y la ciudad de Leticia, ubicada en la entonces Comisaría colombiana del Amazonas. El punto de la discordia podemos decir, que fueron las cláusulas del Tratado Lozano-Salomón. En ellas, se adicionaba a Perú el área del banco Sur del río Putumayo, encerrando geográficamente a Ecuador, mientras que Colombia cedía territorio y sólo quedaba con la franja del trapecio amazónico. El país supo aprovechar la circunstancia del conflicto con Perú para revivir el sentimiento del nacionalismo y capitalizar en favor del Estado. Esta situación de crisis en las relaciones internacionales justificó la introducción de mecanismos internos de financiación, que apoyaron decididamente el proceso naciente de la industrialización del país. El documento explora en profundidad las acciones tomadas por los empresarios, para ocupar un espacio importante del mercado nacional con base en esta política de capitalización.
Palabras claves:Industrialización, Desarrollo Económico, Capitalización, La Gran Depresión Económica Mundial.
Abstract
The Conflict with Peru 1932-1933 and the Beginning of the Industrialization of Colombia.
The Peruvian conflict (1932-1933) also known as the Colombian - Peruvian war, took place between the riverside of the Putumayo River and the capital city of Leticia, at the time located in the former territorial county of Amazonas. The basis of the dissension point was the Lozano-Solomon treaty, forcing Colombia to yield a large strip of the Amazonian trapezoid, adding Peru the southern area of the Putumayo River and geographically enclosing Ecuador. With the purpose of taking advantage of this international crisis and justify the introduction of internal financing mechanisms to strongly support the emerging process of industrialization in the country, the Colombian government revived the feeling of nationalism to gain popular support. This paper explores in depth the behavior and further actions adopted by businessmen in order to capture an important spot in the domestic market based on the market capitalization policy.
Keywords: Industrialization, Economic Development, Capitalization, The Great Depression
Resumo
O conflito com o Peru 1932-1933 eo início da política de industrialização na Colômbia
O conflito com o Peru conhecida como Leticia incidente ocorreu entre 1932 e 1933, foi realizada na bacia do rio Putumayo e na cidade de Leticia, localizado no Comissariado, em seguida, colombiano do Amazonas. O ponto de discórdia pode dizer que foram as cláusulas do Tratado Lozano-Solomon. Eles são adicionaba para a área bancária Peru sul do rio Putumayo, geograficamente aprisionando Equador, enquanto a Colômbia cedeu território e apenas à esquerda com a franja do trapézio Amazon. O país aproveitou as circunstâncias do conflito com o Peru para reavivar o sentimento de nacionalismo e capitalizar em nome do Estado esta crise das relações internacionais para justificar a introdução de mecanismos de financiamento internas que apoiou fortemente o processo emergente de industrialização no país. O artigo explora em profundidade as medidas tomadas pelos empregadores para ocupar um lugar importante no mercado interno com base nesta política de financiamento.
Palavras Chaves: Industrialização, Desenvolvimento Económico, capital, grande depressão econômica mundial.
La Guerra de Leticia y la Diplomacia Territorial
El periódico el Tiempo de Bogotá ilustró en sus primeras páginas de la época, que el primero de septiembre de 1932, en una violación del tratado Lozano-Salomón de 1922 en el que Colombia cedió parte del Trapecio Amazónico, conservando 80 kilómetros sobre el río donde está Leticia, el gobierno del Perú presidido por Luis Sánchez Cerro, pretendía conjurar la crisis interna a través de un conflicto interno, luego de que los peruanos habían invadido la Pedrera y posteriormente Leticia. El 24 de octubre de 1933 los dos gobiernos acordaron un armisticio y se comprometieron a adoptar un protocolo para poner fin al conflicto. Con los triunfos militares de Tarapacá y Güepí y la recomendación del Consejo de la Sociedad de las Naciones en Ginebra se exhortó a Perú a abandonar el trapecio amazónico e iniciar una negociación, el 18 de marzo de 1934. El 23 de junio una comisión de la Sociedad de las Naciones, recibió el territorio de Leticia, que pasó a manos de una comisión internacional (El Tiempo, 1932).
La verdad histórica es que el conflicto con Perú, conocido como la guerra colombo-peruana, ocurrió entre los años de 1932 y 1933, precisamente en la cuenca del río Putumayo y la ciudad de Leticia, ubicada en la entonces Comisaría colombiana del Amazonas. En el corto lapso de 90 días se organizó una fuerza militar con escuadrones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), tripulados por aviadores colombo-alema-nes, pilotos de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos (SCADTA), incluyendo la legendaria figura del coronel Herbert Boy. En Alemania, se obtuvieron algunos aviones civiles que tuvieron que ser también acondicionados para las operaciones militares, y por su parte, el general Alfredo Vázquez Cobo, organizó una flotilla fluvial de barcos que arribaron a la desembocadura del Amazonas a finales de 1932. El presidente Olaya Herrera no autorizó la reconquista de Leticia, porque en el puerto había más tropas peruanas que en Tarapacá y porque a diferencia del Putumayo, en el Amazonas solamente una ribera era colombiana y la otra, brasileña.
El 13 de febrero de 1933, la flota colombiana se encontraba en aguas de la línea Apoporis-Tabatinga, en el sitio denominado Cardozo, cerca de Tarapacá, con cerca de 700 soldados en su guarnición. Al medio día, una escuadrilla peruana de observación voló sobre el río Putumayo, reconociendo algunas unidades de la flotilla colombiana anclada en Cardozo, y a pesar de que se había dispuesto un adecuado mimetismo de los buques, al atardecer, 7 aviones de combate de la Aviación Militar Colombiana acuatizaron cerca a los buques. Un grupo de aviones de transporte con combustible, repuestos, munición y personal médico arribó a La Pedrera para suplir a las fuerzas. El mismo 14 de febrero de 1933, el General Vásquez Cobo envió un ultimátum a los peruanos que ocupaban Tarapacá, puerto sobre el río Putumayo, ante lo cual, Díaz Rojas manifestó, que lo consultaría con el mando militar superior. Ese mismo día, aparecieron tres aviones peruanos de ataque (del tipo Vought Corsair) y sin escolta de aviones comandados por el teniente Baltazar Montoya, intentaron bombardear al barco colombiano MC Córdoba, impactándole con una bomba. Luego, se lanzaron en retirada al ser interceptados por 3 aviones de caza colombianos (tipo Curtiss Hawk-II). Durante la persecución aérea, el alférez Francisco Secada Vignetta, decide enfrentar a los cazas colombianos, para darle a las otras 2 unidades peruanas el tiempo suficiente para abandonar la zona.
Algunas fuentes documentales investigadas (¿cuáles?), indican que los aviones peruanos lanzaron sus bombas a la selva sin presentar combate, otras aseguran que uno de los aviones peruanos se quedó cubriendo la retirada de los demás y que incluso logró derribar un caza colombiano, tema aún en discusión. A las 14 horas del mismo día, una escuadrilla aérea colombiana conformada por 3 cazas y 4 bombarderos (un Junkers K-43, dos Dornier Wall y un Junkers F-13), lanzaron 12 bombas pesadas y 47 livianas sobre las instalaciones peruanas en Tarapacá. El 26 de marzo de 1933, el Ejército de Colombia atacó, durante ocho horas, a la guarnición peruana acantonada en Güepí, abastecida por 200 soldados, empezó a atacar Colombia con fuego de artillería de montaña desde la isla Chavaco, y los cañoneros MC Cartagena y MC Santa Marta de la Fuerza de Expedición Amazonas y bombardeos de la escuadrilla de la fuerza aérea, conformada por once aviones, quienes avivaron la presión sobre Perú. Luego, se realizó un ataque anfibio de infantería del “Destacamento Putumayo” con cerca de 1.000 soldados desde el norte. Las fuerzas peruanas resistieron durante ocho horas, cediendo lentamente terreno, hasta que al verse flanqueadas y casi rodeadas, quedando como única vía de abastecimiento la estrecha trocha hacia Pantoja, se retiraron desordenadamente por esa misma vía, abandonando cierta cantidad de pertrechos.
Debido a que la guarnición de Güepí estaba bien defendida con trincheras, las bajas peruanas fueron escasas, a pesar, del intenso bombardeo previo al desembarque colombiano; al mismo tiempo las aeronaves peruanas se retiraron hacia Pantoja, abandonando algunos aparatos ya inutilizados. Algunos pelotones colombianos intentaron seguir a los peruanos en retirada, pero al caer la noche y al no conocer este territorio se canceló la persecución. El saldo de bajas fue de 16 militares colombianos muertos y 13 heridos. Las bajas en el lado peruano fueron 27 muertos, 14 heridos y 23 prisioneros incluidos al teniente peruano, Teodoro Garrido Lecca. Siguen una serie de escaramuzas en el intento de los peruanos de recuperar Güepí, la principal de estas tuvo lugar el 10 de abril, cuando, en un choque con las avanzadas colombianas mueren un sargento y dos soldados peruanos adicionales. El 30 de abril de 1933, es asesinado, el presidente Sánchez Cerro, saliendo de la revista en el Hipódromo de Santa Beatriz en Lima, luego de arengar a 30.000 soldados que se iban a movilizar al teatro de operaciones.
El punto de la discordia podemos decir que fueron las cláusulas del Tratado Lozano-Salomón. En ellas se adicionaba a Perú el área del banco Sur del río Putumayo, encerrando geográficamente a Ecuador, mientras que Colombia cedía territorio y sólo quedaba con la franja del trapecio amazónico, lo cual fue para el país una pérdida territorial grande, aspecto que hoy parece más relevante por los hechos recientes ocurridos con nuestras fronteras. Desde 1931, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, había expresado al Ministro de Guerra, que en Iquitos se había creado un clima en contra de Colombia, y se hablaba de que existía un “plan oficial de conquista” sobre el Amazonas. El Ministro Carlos Arango Vélez, había decidido retirar la guarnición de Leticia, compuesta por 35 hombres y trasladarla a El Encanto, para evitar una confrontación a pesar de que Urdaneta Arbeláez, sugería que con el cruce de unas notas diplomáticas, podía arreglarse la situación con el país vecino en caso de conflicto. Sin embargo, la Secretaría de Estado Americana, consideraba que Sánchez Cerro era un líder muy débil pero con tal de mantenerse en el poder podía iniciar una guerra con sus vecinos (Atehortúa, s.f.).
Un grave problema para Colombia a efectos de lograr la paz, era que no estaba de acuerdo con los términos del Tratado Lozano-Salomón, y la posición confusa adoptada por el Departamento de Estado Americano, no coincidía con los intereses colombianos. Los Estados Unidos, favorecían la paz, pero abrían la posibilidad de renegociar el Tratado con los peruanos, hecho inaceptable para el país. El gobierno de Olaya, trató de congraciarse con los intereses de los Estados Unidos, empezando por acoger los intereses de la United Fruit Company y el de las empresas petroleras, incluyendo la posibilidad de iniciar la discusión con la mediación del Brasil en búsqueda de un arreglo. Con todo, los preparativos para la guerra continuaban y el General Vásquez Cobo y otros funcionarios de la Cancillería y el ejército, adquirieron barcos y aviones para atender las exigencias de la Guerra (Atehortúa, s.f.).
Siguiendo estas exigencias económicas, el Ministro de Finanzas, en cabeza del financista Antioqueño, Esteban Jaramillo, tramitó ante el Congreso la Ley 12 de 1932, mediante la cual, se autorizó al gobierno a obtener lo que se conoció como el “Préstamo Patriótico” por un valor de $10 millones. De esta forma, se trataba de vincular el ahorro privado para conjurar la crisis del Estado, y como consecuencia del conflicto con Perú, se hizo entrega al gobierno los anillos de oro, joyas y otros activos de valor de las familias, con el objeto de respaldar la emisión inorgánica de bonos públicos. Fue así como las reservas de oro se pudieron incrementar en poco más de $1 millón (pro fo-361-16513-366-a495-1068-11, 1932).
Movilización De Los Recursos Financieros Domésticos
Si bien, el efecto sobre la integridad territorial para el país fue grande, desde el punto de vista histórico, este episodio en medio de la Gran Depresión Económica mundial, trajo efectos en el manejo de la cuestión pública. Recordemos pues, que con el objeto de atender las necesidades financieras inmediatas, tan pronto comenzó el Conflicto con el Perú, se diseñó una posición política y económica estratégica. Fue el propio Congreso de la República, el organismo que tuvo que sesionar a fin de autorizar la creación de nuevas instituciones, para conjurar esta crisis de fronteras que se unió a la del mercado interno, destinando para ello facilidades de crédito hipotecario, para ayudar a diversos sectores sociales afectados por la caída del ingreso, y apoyar a los sectores productivos de la vivienda, cubriendo también las necesidades crediticias de la agricultura y la industria.
El problema de la restricción de las finanzas públicas, surgió en momentos en que la Crisis Económica Mundial era más intensa, y ante el peligro de escalar el conflicto con el Perú, surgieron nuevos problemas institucionales que se debían resolver por la vía gubernativa, como fueron, la consecución de recursos financieros frescos, requeridos urgentemente para apoyar la capitalización de las nuevas instituciones y atender algunas de las apremiantes necesidades de corto plazo que aquejaban a las finanzas públicas.
El Gobierno Nacional, con un sentido histórico y apremiado por el momento de la crisis que ocurrió entre 1929 y 1934, tuvo que legitimar, primero toda su actuación crediticia, buscando el respaldo político que exigía la fuerte amenaza del conflicto con Perú y la depresión económica, y así canalizar en su beneficio, el sentimiento patriótico que despertó con la amenaza externa en favor del Estado, ya que se evidenciaba una ambiente agresivo en las relaciones internacionales. De esta manera, se encontraron buenas excusas para introducir mecanismos novedosos de financiación respaldados en el crédito interno. Es interesante recordar, que con la ayuda de documentos secretos de la Legación Británica en Bogotá, supimos que durante el mes de septiembre de 1931, el gobierno colombiano al comprarle al gobierno peruano una estación telegráfica en Leticia, significaba a la luz de los preceptos del derecho internacional, el reconocimiento por parte del gobierno peruano acerca de la soberanía colombiana en el lugar de los hechos.
Sin embargo, en materia de fronteras, entre Colombia y Perú, el punto de la discordia residía en el hecho que cada una de las partes admitía que habían sido quijotescamente generoso al aceptar los términos amplios del Tratado Salomón-Lozano firmado en 1922, lo cual no hacía más que dificultar un eventual acuerdo cordial. Según los documentos del Public Record Office-P.R.O de Londres, ocurría que Perú aseguraba que le habían agregado a Colombia un corredor aguas abajo del río Amazonas, esencialmente territorio peruano, en tanto que Colombia reaccionaba indicando que no había sido suficientemente enfática en la defensa de sus derechos, pues su propuesta limítrofe consistía en reclamar como suya el corredor que le debía corresponder al país según la cartografía que venía desde la colonia (pro fo-371-16579-369-a28-28-11, 1932).
El punto irreconciliable del conflicto se manifestó en detrimento de Colombia, en parte porque nuestra diplomacia dejó pasar el tiempo después de firmar el acuerdo, sin asegurarse su soberanía en el corredor amazónico referido, bien por razones relativas a las dificultades materiales de acceso a su frontera, o por exceso de optimismo y confianza frente a sus vecinos geográficos, ignorando que Perú pasaba por un momento político de pérdida de legitimidad del gobierno del dictador Sánchez Cerro quien fue asesinado en 1993, y “sucedido por el general óscar Benavides, el mis -mo oficial que en 1911 comandó las tropas peruanas en La Pedrera, y coadyuvó a las gestiones de paz, en el protocolo de Río de Janeiro firmado el 24 de mayo de 1934, el cual finalmente zanjó el problema de límites entre Colombia y Perú” pero a un alto costo, ya que se perdieron territorios irrecuperables al sur del Río Putumayo (Credencial Historia, 2005).
Poner coto al incidente bélico experimentado entre los dos países y resolver el problema de límites, era un trámite diplomático engorroso, en virtud de la debilidad política experimentada por el dictador peruano Sánchez Cerro, hacía de la gestión un acto sumamente difícil y mucho más de lo que presumía la clase dirigente nacional, ya que el país no contaba con suficientes barcos, aviones, armas, pertrechos ni tropas para disuadir a Perú de sus intenciones, ni la práctica diplomática suficiente para ir a Río de Janeiro más tarde a lograr una restitución territorial al sur del río Putumayo.
Lo cierto es que cuando Perú inició sus operaciones militares en la frontera, lo hizo ante el “peligro” que le representaba el vuelo de los aviones de reconocimiento que frecuentaban las regiones de Putumayo y Caquetá, y dispuso de un limitado personal en “pie de guerra”. Pero fue consecuencia del contenido de las cláusulas del Tratado Salomón-Lozano, muy desventajosa para Colombia, al permitirle a Perú adicionarse toda el área del banco Sur del río Putumayo, encerrando Perú, y geográficamente recortando los territorios del Ecuador en el Amazonas, al paso que Colombia al conformarse con el pedazo conocido como el “Trapecio Amazónico”, perdía una franja que algunos estiman en unos 300.000 km2. Estas áreas contrastan con la pérdida de las aguas territoriales en el Archipiélago de San Andrés y Providencia en el año 2014, ubicadas cada una en lugares geoestratégicos vitales para Colombia. La verdad diplomática, es que el objetivo de Colombia se limitó tan solo a buscar una salida o vía de acceso a las aguas internacionales del Amazonas, tema que le interesaba patrocinar al gobierno Inglés, como se advierte en los Archivos del Public Record Office-P.R.O. Tanto así, que al progresar el efecto militar y diplomático del incidente de Leticia, se percibió por parte de algunos países miembros de la Liga de las Naciones, que los gobiernos de Perú y Colombia llegarían a un pacto que se firmaría en Ginebra, donde una comisión de la Liga se encargaría de legitimar a Perú el territorio del Trapecio reclamado por Colombia, a cambio de que los dos países en disputa por esta región selvática, acordaran las bases de un entendimiento permanente y en materia comercial, y algunos logros particulares como fue el de reconocer unos términos en la política cafetera de la época (pro fo-420-281-44, s.f.)3.
A pesar de los esfuerzos diplomáticos por llegar a un acuerdo definitivo, los miembros de la Legación, al igual que el presidente Olaya Herrera, se aproximaron a los hechos de este suceso histórico, de tal forma, que consideraron factible su solución siempre y cuando el gobierno de Perú cediera a Colombia, como se dijo, el puerto de Leticia y se entregaran a Perú las referidas zonas que reclamaba al sur del Putumayo.
El Préstamo Patriótico
La reactivación de la economía y sobre todo el inicio de lo que hoy conocemos como Keynesianismo, se logró mediante el otorgamiento de créditos públicos cubiertos por la riqueza nacional, financiando con emisiones inorgánicas la creación de nuevos organismos crediticios. Con los recursos de “Capital Semilla” o recursos provenientes del préstamo patriótico de 1932, se promovió la capitalización del Banco Central Hipotecario y de la Caja de Crédito Agrario. El gobierno terminó garantizando o mejor respaldando la deuda departamental y municipal, que ascendía a $200 millones y $43 millones respectivamente (pro fo-371-15831-a36-18-11, s.f). Cuando se creó el Banco Central Hipotecario, el Banco de la República contribuyó, con una suscripción de $19 millones y el público suscrip-tor y los bancos comerciales con otros $10 millones (Franco, 1966). El Banco inició operaciones tan pronto suscribió $12,5 millones, cifra que se asignó muy pronto, por cuanto la banca comercial tuvo que transferir el 20% de su capital y de su reserva legal para cubrir dicha promesa (Torres, 1945). La asignación de recursos para estimular la reactivación económica fue muy efectiva, pues durante los primeros seis meses de 1932, las operaciones efectuadas respaldaban 164 créditos públicos por un valor de $2 millones (Torres, 1945).
Con el objeto de financiar la actividad de las manufacturas y comenzar una fase de crecimiento hacia adentro, al adentrarse en lo profundo de la crisis mundial, el país descubrió que, con el respaldo de los ingresos futuros del café y el buen crédito que tenía el país ante los banqueros internacionales, pudo incrementar el valor de su capacidad instalada en la industria. Hacia 1933, se habían invertido $8,8 millones para incrementar la producción, y un año más tarde se hizo una reinversión de capital accionario por $1 millón en nuevas emisiones de acciones colocadas por la Bolsa de Valores de Bogotá. En 1937 se efectuó un nuevo ensanche en el sector fabril por valor de $1,2 millones, y durante el período comprendido entre 1931 y 1939 el segmento del sector externo que tuvo cambios en su composición, fue la importación de bienes de capital (Gómez y Puerta, 1945; Echavarría, 1943).
Por lo pronto, el Ministro de Finanzas, Esteban Jaramillo, obtuvo del Congreso la Ley 12 de 1932, mediante la cual, se autorizaba al gobierno a obtener un préstamo patriótico por $10 millones, con el fin de sufragar los gastos de la guerra con Perú (Franco, 1966). Los términos financieros de este préstamo patriótico eran del 4% de interés, redimible a la par transcurridos tres años. Estarían respaldados por bonos y por los impuestos que gravaban las loterías, así como, las funciones de entretenimiento público. También, por un gravamen impuesto a los ciudadanos colombianos residentes en el exterior (pro fo-371-15832-a6369-18-11, s.f). Fue así, como las reservas de oro se pudieron incrementar en poco más de $1 millón (pro fo-317-15833-a6801-18-11, s.f). En tanto, otras entidades públicas como la municipalidad de Bogotá, suscribieron con sus recursos $6,5 millones en bonos patrióticos. Los bancos nacionales adquirieron otra parte con su patrimonio. El punto crucial sobre la convergencia de esta situación es que si, de una parte, los militares insistían en usar la mayor cantidad de dineros provenientes del préstamo patriótico para financiar una carrera armamentista, el objetivo en la mira del Ministro de las Finanzas, era aprovechar la algidez del conflicto como una chispa para avivar la economía y enjugar parte del déficit presupuestal (pro fo-420-281-44, S.f).
En síntesis, el estado de postración económica del país, no se podía eliminar declarando una moratoria en el servicio de la deuda, sino superando el clima de desconcierto que embargaba a los inversionistas y políticos. Con el préstamo patriótico, las Fuerzas Armadas compraron unos pocos aviones y barcos cañoneros (pro fo-371-14218-a6062-209-11, s.f) y la mayor parte de los recaudos se canalizaron en favor de objetivos que no eran propiamente militares. El éxito de la medida de apelar al sentimiento nacional, consistió en poder recibir por la venta de bonos al público en general en medio de la crisis una suma que ascendió a $44,4 millones.
Una segunda emisión de bonos, denominada de la “Cuota Militar”, permitió allegar otros $5 millones. El 12 de diciembre de 1933, se lanzó en el mercado una nueva emisión, denominada “Empréstito de Gasto de Defensa”, por $5 millones adicionales, que estaba respaldada por bonos del gobierno que se flotaron en el mercado nacional. Con el propósito de justificar el gasto correspondiente a la compra de las cañoneras Antioquia y Caldas, el gobierno obtuvo un préstamo adicional por $5,5 millones, de los cuales, el Banco Agrícola Hipotecario aportó $800 mil, el Banco de Colombia $700 mil, el Banco de la República $2 millones y el resto fueron aportes efectuados por otros bancos privados. Dentro de los gastos patrióticos necesarios para detener el avance de Perú, el gobierno reorientó del superávit fiscal de 1933, recursos acumulados por $3,8 millones. De éstos se destinaron $550 mil para la compra de aviones y mejorar el aeropuerto de Cúcuta. Del presupuesto ordinario se destinaron $6 millones para financiar al Ministerio de Defensa. La consecución de los recursos provenientes del endeudamiento interno se justificó ampliamente en el hecho que la oferta monetaria, que en 1928 era de $104 millones, había declinado a $55 millones en 1931, como consecuencia de la supresión del patrón oro. Con la disminución de los encajes, la devaluación del peso, la reasignación del ahorro doméstico, el aumento del volumen de café exportado y la elevación de los impuestos a las exportaciones e importaciones, ayudó a reactivar la economía doméstica e incrementar en $84 millones la oferta monetaria. Gracias al efecto multiplicador de un bajo encaje bancario, se determino gradualmente que se ampliara el nivel de crédito, catalogándose esta medida como expansiva (Torres, 1945).
La Industria como un Hecho Histórico. 1925-1945
En la medida que aumenta la inversión, habrá un aumento en la producción como resultado de una relación del “multiplicador” del producto, que opera al salirse del punto de equilibrio del gasto autónomo. En este caso: DY = DI/(1-c) donde c es la propensión marginal a consumir. El principio del acelerador, sugiere que las decisiones de inversión por parte de las empresas dependen de las expectativas de los futuros incrementos en la demanda por consumo. Puede decirse que en principio este fue el marco teórico que inspiró a los actores de la política internacional y de la economía nacional para integrar poder y economía en las decisiones en materia pública de la época.
Ampliación de la Base Manufacturera antes de la Guerra de Leticia
Es por ello, que en esta parte del ensayo se propone poner en perspectiva los acontecimientos político-económicos, que determinaron el avance de la industria nacional en una etapa que se conoció como la de sustitución de importaciones, y que se benefició del clima de hostilidad internacional que registró el país de los años treinta, así como la necesidad de reactivar el aparato productivo nacional-postrado por el efecto de la gran depresión y el cierre de los mercados externos. En lo político se requirió de un cambio de mentalidad entre los empresarios, que se reveló con el surgimiento de la clase política-tecnocrática y la adopción de nuevas determinantes asociadas con la cultura del desarrollo, aportada por los miembros de la comunidad epistémica.
Pero fue, a partir de la década del año de mil novecientos veinte, cuando se manifestaron factores históricos excepcionales que incidieron en el cambio de comportamiento de la economía nacional, como fue el auge exportador, el acceso al crédito internacional y a varias fuentes de inversión directa de capital en sectores estratégicos. Estos factores, y el auge o despertar de la industria manufacturera en condiciones de conflicto en las fronteras y de estrechez en la demanda interna, que se apeló al crecimiento de la actividad industrial en Colombia, ante la existencia de un mercado interno que había crecido gracias al auge cafetero y exportador. Este hecho histórico, fue el que permitió con la activación de la demanda interna por bienes de consumo a nivel nacional que se atenuara en parte el severo efecto de la Gran Depresión en la economía nacional.
La evidencia que se ha encontrado para la escritura de este ensayo, revela que desde la finalización de la Guerra de los Mil Días en Colombia en 1903 y hasta el año de 1918, se crearon por diversas razones sociales y económicas, numerosas plantas productoras de bienes manufacturados, en las cuales se vincularon capitales de riesgo provenientes de los ahorros de las familias acomodadas de las regiones. Gracias a este cambio en la cultura, la inversión en la industria se incrementó mucho durante las décadas de 1920 y 1930, luego de que los empresarios unieran capitales provenientes de varias fuentes y trajeran al país bienes de capital, con lo cual, este proceso se hizo más continuo, hasta que se precipitó la situación de conflicto y depresión durante la Gran Depresión.
La idea del cambio institucional originada en la reinversión de utilidades y en la unión de patrimonios vía préstamo patriótico, coincide con apreciaciones como las celebradas por el autor americano Stephen Haber en el trabajo “The Political Economy of Industrialization” quien relata acerca de los diversos procedimientos en que se vincularon capitales en las grandes industrias en América Latina. Dicho autor, muestra que una de las razones que hacía atractiva dicha vinculación de capitales en el proceso de trasformación, se debía a que algunas empresas se podían ubicar bien en los centros de consumo, o en aquellas localidades donde había acceso a los servicios ferroviarios, lo que acercaba la producción a mercados regionales más grandes y aproximaba la traída de insumos extranjeros desde los puertos (Haber, 2000; Bulmer, Coatsworth y Cortés, 2007; Haber, Razo y Maurer, 2003).
El autor colombiano, Gabriel Poveda Ramos en su obra “Historia Económica de Colombia en el Siglo XX..., muestra con base en las cifras del Ministerio de Hacienda consignadas en el informe dirigido al Congreso, que los centros manufactureros del país ubicados en Bogotá, Barranquilla, Cali y Bucaramanga que se financiaban también con recursos de emisión de acciones, adquiridas luego por inversionistas ligados a la actividad del comercio. Destaca que en sectores manufactureros como el de alimentos, cerveza y gaseosas, hilados de algodón y lana, la vinculación de los capitales provenía a parte del comercio, de otras fuentes de ahorro privado tales como los generados por la actividad de la ganadería, la agricultura y las finanzas. Las familias de los comerciantes, unían sus capitales con los activos industriales, para promover la creación y ampliación de talleres artesanales que se ubicaban en el casco de los pueblos más grandes en diversas regiones. Poveda, encuentra que el personal que trabajaba en los talleres del ferrocarril, aportaron sus conocimientos técnicos en la mecánica, para apoyar el funcionamiento de las plantas industriales. Algunos de los talleres ferroviarios estaban ubicados en Facatativá, Bello, Girardot y Cali, centros en los que se desarrollaron algunas de las nuevas fábricas (Poveda, 2005).
Con la creación de otro tipo de empresas especializadas, como las que transformaban materiales químicos y otros insumos básicos, se produjeron fósforos de encendido, plantas productoras de jabones, producción de velas industriales, y empresas que transformaban el algodón importado en telas crudas. Sobre estas temáticas, el economista Centroeuropeo, Paul Rosenstein-Rodan, sostenía que para cubrir las nacientes necesidades del consumo local y ubicar la mano de obra, se debería aprovechar la posibilidad de crear empresas manufactureras, las que con encadenamientos productivos, y acuerdos comerciales con varios proveedores, se impulsarían de manera gradual hacia otras actividades complementarias de la industria. Recordaba que a semejanza de lo sucedido durante la Revolución Industrial Inglesa, la industria artesanal se benefició de la vinculación de fuentes generadoras de electricidad en las vecindades, permitiendo la incorporación de máquinas y herramientas que transformaban insumos en el proceso productivo (Rosenstein-Rodan, 1973).
En el Cuadro adjunto se aprecian algunas de las empresas manufactureras fundadas en los distintos departamentos del país hasta 1916, formando los primeros clusters y encadenamientos de empresas.
Precisando sobre nuevos factores, que contribuyeron al desarrollo de las empresas manufactureras, al terminar la Primera Guerra Mundial, se destaca la expansión del mercado nacional, que favoreció primero la actividad del comercio al aumentar la oferta de nuevos productos, y segundo la vinculación de tecnologías y formas más eficientes de producir, como en los casos de bienes de consumo ligero, el apoyo a la rama de los textiles, y tercero la adopción de nuevas estrategias para vincular nuevos capitales a las empresas a través de las cuentas en participación sobre el patrimonio de las empresas (Fishlow, 1972).
Pero en general, y ampliando lo dicho en el párrafo anterior, el interés de los industriales por traer maquinaria y organizar negocios fabriles, se aprecia en las cifras que se calculan en el valor de la maquinaria importada a partir de la década de los años veinte, cuando representan en valor, compras por más de dos millones de dólares, recurso del cual se dispuso de cerca de la mitad para modernizar el stock de maquinaria textil especializada. Veinticinco por ciento de estos recursos, se destinaron a la adquisición de equipo industrial y un diez por ciento para la compra de maquinaria minera. Los aranceles que se imputaban sobre la base del peso de los bienes importados, y no sobre el valor, incentivaron la traída de bienes de capital extranjera de fácil adquisición por parte de los empresarios locales. Este cambio en la política, ayudó a fomentar de forma continua y sistemática la importación de maquinaria industrial, como eran los telares y equipos de hilandería a decir por (Poveda, 2005).
En 1916 existían en el país 121 talleres textileros valorados en $3,3 millones de pesos. De ese total, en Bogotá había 40 telares, en Medellín 30, en Barranquilla 18 y en Cartagena 12. Al terminar la Primera Guerra Mundial, y debido a la escasez de mercancías que había generado la conflagración bélica, se calculaba que la utilidad producida en una pequeña factoría de camisas en Medellín era del 5% mensual, lo que hacía rentable invertir en este y otros sectores de la manufactura (Bell, 1921).
La generación de utilidades acumuladas por los industriales durante las etapas iniciales de la industrialización, llevó a que con su reinversión, se ampliara la oferta de productos nacionales, en donde las importaciones competían por el mercado. Para beneficio del país y de la actividad productiva, el pago por concepto de la indemnización de Panamá luego de su secesión, por valor de US$ 25 millones a mediados de la década de 1920, ayudó a incrementar el nivel de recursos en moneda extranjera, situación que elevó la disponibilidad de bienes para el uso de la industria, y el transporte primordialmente. La creación de nuevas fábricas, como en el caso de la producción de costales de fique, atendió la creciente necesidad de consumir este insumo para empacar y transportar el café de exportación (Lee, 2005). En las localidades cafeteras, las despulpadoras y la maquinaria procesadora de cabuya, apoyaron la economía de las economías regionales con base en este simple adelanto técnico (Parsons, 1997).
La presencia de nuevos empresarios vinculados al sector cafetero y la trilla del grano, como el caso del Antioqueño Alejandro Echavarría, fue importante porque parte de sus recursos de ahorro los reinvirtió en la promoción de empresas manufactureras. Con el concurso de varios miembros de su familia y de otros socios conocidos, estableció la Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer). En ella, algunos de los miembros de las familias Echavarría, Vásquez y Ospina vincularon nuevos capitales, lo que les permitió ganar mayor experiencia en el ramo industrial y el manejo de empresas. Se dice que la competencia externa, exigió crear medios de transporte para integrar las regiones, acercar los centros de producción a los puertos y reducir los costos de transporte.
Siguiendo esta línea de diversificar la inversión, en el año de 1918, la familia Obregón de Barranquilla, adquirió en Manchester maquinaria textil para poner en funcionamiento una empresa productora de telas, y a principios de la década del veinte, en la ciudad de Cali, un conocido inmigrante danés fundó la tex-tilera Dishington en la que producía tejidos de punto (Echavarría, 1943). En el año de 1920, los nuevos telares importados valían US$ 600.000, y en 1929, en el área industrial de Barranquilla operaban 20.000 ovillos y 1.000 telares. En Boyacá hacia el año de 1927, ha -bía más de 30 operarios laborando en una fábrica de tejidos avaluada en $300.000 y producía anualmente dos millones de yardas. Aun cuando no siempre es fácil establecer la procedencia exacta del capital que se invertía en la industria textilera, se sabe que entre 1919 y 1930 las inversiones realizadas en el país pasaron de $4 millones de pesos anuales a representar antes de la crisis unos $13 millones. Progresivamente la industria de los tejidos se concentró en los alrededores de Medellín, ciudad donde vivían muchas familias dedicadas al comercio y los negocios industriales (Brew, 1973).
Las condiciones de demanda, llevaron a la industria a tener que ampliar su escala, y hacia el año de 1923, había en Medellín cerca de 650 telares y 16.000 ovillos, en tanto que el total nacional ascendía a 1.600 telares y 30.000 ovillos. Durante los años veinte, las princi -pales factorías estaban localizadas en Medellín, dentro de las que sobresalen la Compañía Antioqueña de Hilados y Tejidos, cuyos activos fijos valían $ 500.000, la Compañía Colombiana de Tejidos con $470.000 de capital. Había otras industrias más pequeñas como Textiles Rosellón, avaluada en $60.000 y Textiles Hernández con 50 telares y un capital fijo de $ 140.000. En Cartagena, la industria textilera registraba un avance relativo importante en 1927. La Sociedad Unión de Textiles tenía un capital nominal de $400.000 empleaba 160 trabajadores y producía más de 400 piezas de tela. Otra industria de tejidos de punto ubicada en Barranquilla, con un capital de $60.000 tenía una producción de 4.000 docenas de medias al mes (Vásquez, 1974).
Antes de la Depresión, la fortaleza de la balanza de pagos generaba augurios promisorios para sostener el ritmo de importaciones de bienes de capital y de insumos para la producción como fue el caso del algodón bruto, insumo básico para la producción, de telas. Durante el año de 1927, las dieciséis factorías más grandes, emplearon para la producción cerca de 3.3 millones de kilos de algodón, de los cuales 1.24 millones eran importados. Entre 1926 y 1930, la participación de las fibras importadas declina en relación a la producción nacional de algodón, que recupera áreas de la agricultura a su producción. En este caso particular, el proceso substitutivo de importaciones, se impuso gradualmente, ya que durante los años de la Depresión cuando la disposición de divisas fue estrecha, el algodón producido domésticamente desplazó al importado, aun cuando es cierto también que en general la demanda experimentó una sensible reducción (Bell, 1921). Gracias a la estructura estable de los salarios industriales, mejoró en las ciudades el poder de compra. En una de las factorías en operación que empleaba más de 300 trabajadores, los salarios fluctuaban entre $0.50 y $ 2.60 diarios, ingreso mayor que el obtenido en el campo (Sánchez, 1931).
En entrevista al industrial, Carlos Arango Londoño (2005), recuerda que en los años treinta sus tíos Arango crean la firma Pequeñas Industrias, para producir Tacones para Zapatos, Hiladilla, Mechas, Ganchos, Tarros de latón y Persianas. En 1938, su padre Leopoldo Arango fundó la Compañía de Empaques de Medellín. Sus tías Sofía y Elena, y otros socios como Jaime y Ricardo Londoño hicieron aportes de capital a esta industria.
Aparte de los textiles en Medellín y Barranquilla, el principio de la idea de la industrialización se extendió en otras regiones del país. Varias regiones, ciudades y municipios crearon plantas transformadoras, como en el caso de la Cervecería Bavaria, que nació en el Socorro cuando se fundó a principios de siglo, y que unió en su producción a la industria embotelladora Fenicia en Bogotá, y años más tarde cuando se efectuaron en esta ciudad las grandes inversiones cerveceras, además se formó el primer gran conglomerado de la cerveza. Se llegó a producir cerca de seis millones de botellas anuales antes de la Primera Guerra Mundial. La Cervecería Antioqueña que se fundó en 1914 y que estaba avaluado en cerca de $ 470.000, alcanzó renombre cuando decidió lanzar al mercado un número considerable de acciones en el mercado de valores, después de haber visto el éxito de su operación en el mercado de valores (Echavarría, 1943).
La diversificación de la producción por sectores como el caso de la industria del tabaco, ayudó a profundizar la estrategia económica de la industrialización. Este factor nos recuerda que hacia 1919, la firma anónima Coltabaco, que inició operaciones con recursos regionales, sustituyó las importaciones que venían de otros países y con cerca del 95% del tabaco sin procesar traído de Cuba multiplicó su producción de cigarrillos. El capital inicial de la empresa era de $1 millón de pesos, siendo los principales accionistas Manuel María Escobar y el Expresidente de la República Carlos E. Restrepo. En el año de 1924, la capitalización de la compañía era considerable. Para alcanzar mayores niveles de eficiencia, procedió a descentralizar la producción y atender los mercados regionales de Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali (Gómez y Puerta, 1974). Posteriormente, se abrieron nuevas plantas de tabaco elaborado en Bucaramanga, Cartagena y Pasto. En 1928, La familia Emiliani vendió dos pequeñas fábricas en Cartagena y Barranquilla a Coltabaco. Las plantas de esta última fábrica estaban equipadas con maquinaria norteamericana, y la planta litográfica era de origen alemán (P.R.O. FO-369 / K8269 - 303- 211, s.f).
En 1927, el número de fábricas que operaban en Antioquia era de 150, y empleaban más de diez mil personas. En Bogotá, el número de talleres industriales que transformaban diversos productos era de 167. La industria de chocolate que comenzó con una actividad casera, en el año de 1924 contaba con 30 pequeñas plantas industriales dentro de las que sobresalía, la Compañía Nacional de Chocolates. Su capital ascendía a $850.000, después de que se consolidó la unificación con la compañía de Chocolates Cruz Roja y comenzaron a operar las subsidiarias de Pereira y Armenia. La Nacional de Chocolates ubicada en Manizales, tenía también una apreciable participación en la Fábrica de Galletas Noel. El capital de esta última empresa ascendía a $1 millón en 1926 y a $1.5 millones en 1929 (Gómez y Puerta, 1974).
En entrevista sostenida con el Señor Adolfo Arango, dirigente de la industria del cemento en Medellín (2005), nos recordó que los hermanos Arango, cuya dirección cablegráfica era “Argos” fundaron la cemen-tera del mismo nombre. Estos eran Carlos y Claudino Arango Jaramillo, hijos de José María Arango Carvajal, minero y comerciante en Concepción y Rionegro. Claudino, quien estudió en la Facultad de Minas de Medellín, en unión con sus hermanos y con su gran amigo Carlos Sevillano, vincularon su patrimonio y su trabajo para capitalizar $700 mil pesos, en calidad de capital inicial de la empresa. Así se produjeron las primeras 50 toneladas de cemento en los años treinta, de una empresa que en el año 2000, producía más de 16 mil toneladas. En Bogotá, la familia Samper invirtió parte de su capital familiar en la fábrica de Cementos Samper en Bogotá. Así que durante los treinta existía la cultura de invertir parte del patrimonio familiar en la industria. (Comunicación Personal, Junio 2004)4
Respuesta a la Gran Depresión de 1930
Hasta el año de 1930, Colombia adoptó un modelo de la economía regido por la ortodoxia en materia bancaria y cambiaria, en virtud de la aceptación que tuvo el modelo del Patrón Oro. Las finanzas públicas se rigieron por el esquema del presupuesto balanceado, y la posibilidad de ampliar las oportunidades de crédito, dependía del acceso que tuviera el país a las fuentes de financiación internacional. Como consecuencia de los efectos introducidos por la Gran Depresión, se manifestó el cierre de los mercados externos del café y otros productos primarios, lo que condujo a que los agentes del Estado, gradualmente modificaron su posición ortodoxa de mantener el modelo de la economía balanceada, y buscaron con la ayuda de un nuevo modelo expansionista, acoger criterios diferentes para monetizar las reservas representadas por oro metálico y respaldar la emisión con la contribución que hicieron las señoras con sus joyas durante la Guerra con el Perú, y apoyar con recursos obtenidos a través del “Préstamo Patriótico” o Ley 12 de 1932, mediante la cual se autorizó al gobierno a obtener recursos suficientes para adelantar la construcción de aeropuertos estratégicamente ubicados.
Con la ayuda de esta operación simbólica de respaldo a la emisión monetaria motivado por la Guerra con el Perú, se justificó la adopción de mecanismos crediticios, apoyados en el endeudamiento interno. Este mecanismo, erigido como una fuente expansiva del dinero base, abrió el compás para que el Estado ampliara mediante el endeudamiento interno, el nivel de crédito interno. La devaluación del tipo de cambio, fue una de las primeras medidas cambiarias que se adoptó en la economía, y en consonancia con el incremento del nivel de los aranceles, regularizó el ritmo de las importaciones.
A partir de la Crisis de 1930 y sentidos los efectos de la Guerra con Perú, la propuesta de la industrialización, se convirtió en un elemento nuevo de la política económica, que se apoyó en el cambio de los precios relativos, debido al efecto de la protección arancelaria en los precios, en el uso del tipo de cambio, como factor que encarece las importaciones, el incremento en los impuestos, que apoya el gasto del gobierno en proyectos como los de las obras públicas, y el mayor costo del dinero que determina una asignación selectiva de la inversión. La disminución del ritmo de crecimiento de la economía, se asoció con la contracción del ingreso de divisas y la falta de acceso a las fuentes externas de ahorro, situación que afectó el volumen del dinero base.
Las ideas propuestas por Richard Khan y John Mynard Keynes, fructificaron con la noción del acelerador del consumo y el multiplicador de la inversión. Así, el multiplicador implica que la inversión aumentaba con el producto, mientras que el principio del acelerador sugería que con los aumentos en la producción, se inducían incrementos en la inversión. “Thus, the multiplier principle implies that investment increases output, whereas the acceleration principle implies that increases in output will themselves induce increases in investment”5 (Organizacion Cruel, s.f.).
Tal vez por esta razón teórica, la orientación del ahorro doméstico acumulado antes de la Depresión y represado por la incertidumbre que propinó la crisis y la incertidumbre con los países vecinos que podían atacar las fronteras, solo gradualmente pudo reorientarse hacia la promoción de nuevas actividades, como en el caso de la industria y el sector comercial, lo que evitó, que la tasa de crecimiento de la economía afectada por el rigor de la depresión no tuviera efectos tan catastróficos.
Luego con la creación de la Bolsa de Valores, se vincularon recursos de capital de las familias, y se orientaron hacia el fortalecimiento del patrimonio de las empresas, con lo cual las nuevas maquinarias adquiridas en el exterior, a menor precio, permitieron mejorar la capacidad productiva de las mismas. Así, que con base en la vinculación de estos recursos, se apoyó la adquisición de bienes de capital por parte de la industria, se procedió a modernizar el aparato productivo con políticas selectivas que introducían tecnologías para producir textiles, confecciones, alimentos procesados, cigarrillos, gaseosas, y la elaboración de algunos insumos básicos para la industria, como en el caso del azúcar, dispuesto para la producción de bienes alimenticios como las gaseosas, la galletería y las pastas. La industrialización como propósito nacional, se insinuó como una fórmula adecuada para producir bienes de consumo ligero a partir de la crisis, frente a la dificultad inevitable de no poder importarlos.
La estrechez cambiaria, fue una de las causas sobresalientes que contribuyó a profundizar la fase descendente del ciclo en la economía, evento histórico que desde los comienzos de la década del treinta, sentó las bases para que la política de la industrialización se respaldara en medidas encaminadas a apoyar el esquema económico de crecimiento hacia adentro, aprovechar que el país había ampliado la base del mercado en toda la geografía nacional para distribuir en él, bienes de origen nacional en defecto de la canasta de bienes importados.
En el campo empresarial de la industria nacional, se financiaron adquisiciones de maquinaria para las empresas productoras de alimentos procesados, textiles, cementos y otros productos manufacturados, y otros con procesos más elaborados como el de la química y los metales. Esta financiación se hizo con el concurso de fuentes crediticias del sistema bancario nacional y de la bolsa de valores recién creada a la sazón para vincular capital anónimos en las empresas. A partir de este suceso económico, el Estado Nacional, se convirtió en un promotor del proceso económico que apoyó la acumulación de capital por la vía de los incentivos crediticios y otro tipo de mecanismos fiscales. Es cuando se inicia desde una fase baja de crecimiento del producto, la gestión del Estado, que ahora se concentra en apoyar el avance de muy diversos sectores y actividades por la vía del crédito interno. Las buenas prácticas bancarias, inspiradas en las orientaciones de la Misión Kemmerer y en otras reformas que modernizaron las instituciones financieras, propusieron la creación del Banco de la República y la Superintendencia Bancaria. Otras agencias ayudaron a canalizar el crédito, como en el caso de la Caja Agraria, el Banco Central Hipotecario y la Bolsa de Valores, que ayudaron a movilizar recursos de capital de riesgo entre las emergentes empresas del sector privado. A continuación, mostramos algunos de los factores que determinaron el auge de la economía por la vía de la industrialización en Colombia inmediatamente después de la Depresión de 1930.
Factores de Expansión de la Industria Nacional.
Fue a partir de los años Treinta cuando se presentó una nueva circunstancia que favorecía en primer lugar, la acumulación de capital a través de una mejor utilización de las fuentes de ahorro interno. La estrechez cambiaria como situación que exigió al país una variación en la composición de las importaciones, y establecimiento un programa racional de acumulación en el acervo de capital, se reflejó en una mayor presión por el endeudamiento externo, necesidad que solo se podía superar mediante una fuerte racionalización de las fuentes muy menguadas de divisas.
Un segundo elemento utilizado para conjurar la Crisis, fue la mayor especialización que se le dio a las fuentes del crédito doméstico, para dividir lo que eran necesidades para el sector privado y las exigencias para financiar las necesidades sociales del Estado. Gracias a las emisiones orgánicas justificadas en sucesos, como el ataque militar y la ocupación territorial por parte del Perú al territorio nacional de Putumayo, la Ley 12 de 1932, autorizó al gobierno a obtener lo que se conoció como el “Préstamo Patriótico”, por un valor de $10 millones. Así que con estos y otros recursos de crédito doméstico, se facilitó la gestión del Gobierno, apoyado en el principio de la emisión inorgánica de dinero base, con el cual se cubrieron ciertas necesidades de la inversión pública cuya prioridad en la inversión fue en vías carreteables, puertos y aeropuertos y palacios municipales entre otros, se comenzó a cambiar en el país frente a los desarrollos alcanzados desde el avance de las primeras líneas abiertas del ferrocarril.
En tercer lugar, durante el período comprendido entre los años de 1931 y 1939, el segmento del sector externo que tuvo cambios en su composición, fue el de las importaciones de bienes de capital, renglón que ganó participación frente a la participación de los bienes de consumos. Este rubro de las importaciones de bienes de capital para el uso de la industria, revela una nueva actitud de la política económica, la cual, permitió multiplicar nueve veces su valor al pasar de US$ 4 millones a US$ 36 millones. Por su parte, los bienes intermedios de uso industrial crecieron cuatro veces al pasar de US$ 6 millones a US$ 24 millones, y los de alimentos se moderaron en cuanto al valor importado, no obstante se expandiera 2.8 veces al aumentarse el volumen importado de US$ 23 millones a US$ 74 millones.
Entre 1934 y 1937, las inversiones para importar maquinaria para transformar algodón, lanas e hilazas y convertirlas en tejidos, tuvieron un valor que pasó de $ 2,4 millones a $ 4,5 millones, en las fechas referidas. También, la maquinaria para minas y construcción por valor de $ 2,2 millones y $ 5,4 millones respectivamente. Por maquinaria agroindustrial las importaciones tuvieron un valor de $ 0,8 millones y $ 1,6 millones. En términos de índices los bienes de consumo crecieron en el período en cuestión, hasta tres veces elevándose de $ 23 millones a $ 74 millones.
En cuarto término, durante el año de 1933, el número de empresas existentes en el sector manufacturero fue de 432 con un capital suscrito de $ 50 millones, y una producción avalada de $ 41 millones, situación que contrasta con las pocas existentes en 1916. Para asumir la nueva meta de crecimiento, las importaciones de bienes de capital en industrias representativas, muestran un incremento sostenido entre 1934 y 1937. La Maquinaria para textiles pasa de $2,4 millones a $4,5 millones, la Maquinaria agrícola de $0,2 millones a $1,6 millones y la Maquinaria agroindustrial lo hace en montos similares al del agrícola. El número de empleos directos atribuidos a la operación de estas plantas, se aproximaba a quince mil operarios. El mayor número de plantas se concentró en las fábricas de textiles y las industrias de gaseosas, chocolates y calzado.
Entre 1934 y 1936, la producción reportada por la industria nacional pasa de $47 millones a $105 millones. Durante estos años, las industrias que respondieron con mayor dinamismo a las necesidades de cambio fueron los textiles, los productos de cuero, las industrias de alimentos procesados como la de chocolates, harina, azúcar, aceites, grasas y la producción cervecera. La industria farmacéutica marca un hito importante, en cuanto al crecimiento de las fábricas de jabones, drogas y artículos de tocador.
En quinto término, se reveló otro cambio importante como consecuencia del avance industrial, fue el surgimiento de una nueva mentalidad empresarial, que revela la contundencia de las nuevas condiciones y oportunidades que ofrecía un mercado protegido, pero caracterizado por haber desarrollado una demanda agregada apreciable. Ospina Vásquez, sugería diferenciar la ruta de la sustitución de bienes de consumo e industriales, al disponer de un régimen general y otro preferencial. Con ello, se dieron pasos para racionalizar el gasto de divisas y promover la sustitución de bienes de consumo como un primer peldaño de la industrialización, antes de pensar en producir bienes intermedios (P.R.O. FO - 371. A2146 / 24 / 11., s.f.).
En 1930, luego de la caída del conservatismo, el gobierno de Olaya Herrera, propuso elevar más las barreras arancelarias, y el gobierno de Unión Nacional procedió a sancionar la Ley 62 de 1931, con la cual se daba énfasis especial a la protección de la industria nacional al incrementar el nivel de los aranceles sobre las bases de la emergencia nacional (Ospina, 1974). Planteamientos contrarios solo se escucharon durante la segunda visita de la Misión Kemmerer al país, al advertir al gobierno que era peligroso abandonar el libre comercio. El rigor de la crisis cambiaria, obligó un manejo diferente del discurso, al reconocer que si bien el consumidor podía resentirse al tener que comprar bienes costosos producidos domésticamente, en la práctica era imposible sostener una política ilimitada y general de importaciones para todos los gustos. El gobierno sostuvo que en lugar de tener que introducir restricciones cuantitativas a las importaciones, era mejor llevar una Ley al Congreso para establecer un sistema racional de aranceles que protegiera la labor productiva.
Debido al déficit de $32 millones en 1930, se tuvo que imponer en sexto lugar, un sistema tributario que gravara las importaciones de algunos productos alimenticios como el trigo, la harina, la avena y otros alimentos básicos. En 1935, cuando el efecto de la crisis comenzaba a ceder, el nivel de los recaudos públicos ascendían a $ 58.6 millones de pesos y los recaudos arancelarios excedían los $27 millones. Este último impuesto participaba en cerca del 50% de los ingresos fiscales.
Dentro de los restantes factores históricos que dieron cuenta por el comportamiento de la actividad de la industria después de la crisis, y de alcance estructural, sobresale un séptimo lugar, el elemento consignado en el texto histórico presentado por el “scholar” Inglés Roger Brew, en su obra titulada “El Desarrollo Económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920”, quién argumenta que el avance del sector manufacturero generó cambios sociales consignados en el aporte de la mano de obra mejor calificado y representada en gran parte por mujeres que participan en la producción en las plantas. En octavo lugar, y siguiendo la lógica del texto histórico del geógrafo de la Universidad de Berkeley, James J. Parsons en su obra “Antioqueño Colonization in Western Colombia”, encontró que la acumulación de recursos de ahorro social que generó la industria del café, permitió que parte del mismo se vinculara a la producción de bienes que conformó una canasta de necesidades de bienes producidos localmente.
Con la ampliación de la red de transportes, incluyendo los ferrocarriles, el cable aéreo y la red de caminos, se amplió e integró el mercado doméstico, de suerte que la oferta producida en unos pocos centros, se difundió a través de una red comercial más amplia que cubría varios territorios. El capítulo octavo de su obra, ilustra acerca de las causas que estimularon el desarrollo de la industria manufacturera a partir de los años treinta, y destaca la gestión del empresario, la unión de capitales, el efecto de la expansión del mercado nacional, y el contacto con los proveedores de maquinaria industrial en el exterior como causas del crecimiento.
En noveno lugar, otro de los factores históricos que coadyuvó a estimular el proceso de industrialización en la fase inicial, fue el dinamismo demográfico y el cambio en la proporción de ciudadanos concentrados en las ciudades. Parsons encontró que la población urbana era en 1905 de solo el 10%, y pasó en 1938 a representar el 31% del total. La movilización de mano de obra que generó el proceso capitalista como teorizó Arthur Lewis, apoyó el crecimiento de la industria manufacturera en los grandes centros urbanos. Correspondió a los empresarios, convertirse en propietarios de talleres mecanizados donde la energía hidráulica y el uso de la electricidad contribuyeron a elevar la productividad.
En décimo término, el proceso de industrialización que fue continuo a decir por el historiador Ospina Vásquez, se consolidó gracias a la protección arancelaria, al trabajo organizado, la incorporación de maquinaria, a la estandarización de procesos, y a la extensión de la línea de producción, y convertidos estos elementos en factores que ayudaron a conformar las primeras unidades fabriles auto-sostenibles, afirmó el nuevo sentido que se le daba a la industria como sector dinámico de la economía.
El profesor Salomón Kalmanovitz, en décimo primer lugar evalúa el impacto producido por el aumento de la demanda agregada interna, y el efecto del incremento del volumen de crédito como fuente de reactivación de la economía empresarial. Igualmente se encuentra que en 1933, cerca de 432 unidades industriales explicaban la creación de 14.789 empleos directos en la actividad manufacturera, con su efecto derivado sobre la demanda agregada. Estima que en los años treinta, el factor de la sustitución de importaciones explica más del 70% del crecimiento industrial, y que la expansión de la demanda interna muestra el otro 20%. Kalmanovitz considera que hubo un importante efecto multiplicador sobre el crecimiento atribuido a la inversión industrial (CEPAL, 1957).
Sobre este mismo aspecto de la sustitución, el economista nacional José Antonio Ocampo, relata que el elemento conceptual del desarrollo, de crecimiento hacia adentro se convirtió en duodécimo lugar, en un factor de la historia económica, que sirvió para poner en perspectiva el efecto de situaciones históricas, como la del deterioro de los términos de intercambio ocurrido entre 1925 y 1940, cuando este indicador explica cómo declinó el nivel del poder de compra desde 110% a cerca del 69%, y el de las exportaciones, solo se equilibró con mejoras en la competitividad, con el efecto de las devaluaciones años más tarde y sobre todo con aumentos más que proporcionales en el volumen de bienes exportados. La devaluación en términos de Purchasing Power Parity-PPP entre 1926 y 1935 pasó del 50% al 100%, a efectos de corregir el citado deterioro y compensar el efecto del desestabilizador del Patrón Oro.
El libro del estudioso Santiago Montenegro, sobre el tránsito de la historia textil en Colombia hacia la modernidad, revela aspectos ocurridos en la economía después de la crisis. Así que, como décimo tercer elemento histórico, se advierte que el fenómeno del exceso de capacidad y traída de capital reproductivo que efectuó la industria manufacturera entre los años de 1932 y 1939, permitió que estos rubros crecieran a una tasa media anual de 10.6%, lo que se considera como otra de las razones que permitieron duplicar su nivel de capital en siete años. La industria de los hilados y tejidos de algodón se hizo a tasas del 20.9% promedio anual, o sea que la producción se duplicó cada cuatro años (Montenegro, 2002). No se puede con estos datos afirmar todavía que la industria creció en los años treinta a raíz de la adopción de una política industrial, sino tal vez a la necesidad expuesta por Hicks de ampliar el tamaño del mercado doméstico sobre unas bases capitalistas.
Como décima cuarta proposición sobre la respuesta de la economía colombiana al efecto de la Depresión de 1930, la obra de Juan José Echavarría titulada Crisis e Industrialización-Las Lecciones de los Treinta, puntualiza otras razones afinadas de teoría económica, en las que proponen explicaciones en torno a los factores históricos que determinaron el proceso de industrialización al comienzo de esta fase de expansión manufacturera. Echavarría propone unas apreciaciones teóricas para explicar el alcance del concepto de la protección, y considerar que la expansión de la actividad textil, se debió primero que todo al efecto de los altos precios del café antes de la Crisis y al choque externo negativo de la Depresión. Estimó que la falta de dólares como choque externo negativo, provocó una disminución considerable del precio relativo de los artículos no transables frente a los transables. En su obra de Doctorado considera “que el efecto de la enfermedad holandesa proporcionó un aumento de la participación de la mano de obra en la actividad de las manufacturas” (Echavarría, 1999). Esta situación de aumento de la producción de bienes transables, provenía del choque externo negativo, que liberó mano de obra del sector cafetero, exceso de fuerza de trabajo que se trasladó al sector industrial. Sin embargo, la tesis del traslado de la mano de obra no es una razón suficiente para completar la explicación, ya que falta conocer otros aspectos sobre las motivaciones que llevaron a los empresarios a preferir la inversión en industria, frente a otras posibilidades de inversión (Echavarría, 1999).6
A partir de los años treinta cambió en Colombia el modelo de acumulación de capital al manifestarse una especie de discontinuidad histórica, como sugiere Gerschenkron, y pasar del crecimiento hacia fuera, al inicio de una etapa amenazante del comercio y de declinación de la inversión extranjera que suscitó la necesidad de apoyar el crecimiento hacia adentro. En ese entonces, la economía pasó de un sistema regulado por los precios a ser Keynesiana, en el sentido que el Estado cambia los precios relativos para favorecer un sector en detrimento de otro, precipitado también por el efecto de la demanda dirigida hacia la producción de ciertos productos. Si bien Colombia es un país “late comer” en el desarrollo de la industria, ve como su ciclo de acumulación en el sector manufacturero se pronuncia a partir de 1935. El efecto estructural de la Crisis que fue intenso, ya que si América Latina recibía un 35% de recursos externos como proporción del PIB en 1927, este índice se redujo al 16% en 1930, situación que explica la necesidad de racionalizar su uso.
La obra de Echavarría nos parece interesante en su aspecto de relacionar la actividad del café con la posibilidad de sostener en el largo plazo, una estrategia estable de inversiones y equipamiento en la acumulación en bienes industriales, sobre todo en la parte menos auspiciosa del ciclo exportador. Encuentra el referido autor con sus cifras que la relación precios del café-inversión en industria fue inversa durante las fases 1929-34 y 1976-79, al estimar que la regresión de la producción industrial frente al precio relativo del café tiene signo negativo, y que el PIB para estas fases al compararlo con el cociente referido PIB-Producción industrial, indica que mientras la industria se favoreció con el crecimiento de la economía, se perjudicó por el efecto de los altos precios del café y por la revaluación que experimentó la tasa de cambio.
Conclusión
La Gran Depresión fue una frustración para la vida económica nacional, pues muchas obras quedaron inconclusas y se interrumpió un proceso de transformación que había adquirido un gran momento. La debilidad tributaria quedó al descubierto, pues las fuentes principales de recursos con que contaba el gobierno dependían del crédito externo y de las tarifas arancelarias. La transformación tecnológica se hizo en adelante sólo de forma gradual, pues los escasos recursos externos apenas si alcanzaban para financiar una naciente base industrial. La sustitución de importaciones apenas se podía adelantar en las industrias más sencillas desde el punto de vista tecnológico, y eran aquellas que utilizaban en abundancia el factor más barato, la mano de obra. Los efectos de la crisis significaron algo más que la reducción de la demanda agregada ocasionada por la caída de los precios del café y en parte por la incertidumbre que generó en nuestras fronteras la experiencia de la guerra con el Perú.
3 pro fo-420-281-44. Sobre la disputa de Perú y Colombia, las secciones 44, 49, 57, 58 y 60 ofrecen un material muy importante y desconocido sobre esta materia. Además se encuentran otros materiales denominados pro fo-371-15832-a6360-18/11 y pro fo-371-16579-369-a28-28-11, 1932, así como el «Reporte anual sobre Colombia», de Dickson a sir John Simon, pp. 44-46. También es importante para entender el contenido de esta temática, el informe pro fo-371-1753-377-a4951-1069-1 1, 1933.
4 Entrevista Doctor Adolfo Arango, Descendiente de Don Claudino Arango fundador de Argos en Medellín y emblemático empresario. Medellín. Junio 2004.
5 http://cruel.org/econthought/essays/multacc/multintro.html
“As investment increases, there will be an increase in output as a result of a “multiplier ” relationship between equilibrium output and the autonomous components of spending, in this case: DY = DI/(1-c) where c is the marginal propensity to consume. The principle of the accelerator, suggests that investment decisions on the part of firms are dependent upon expectations of future increases in demand”.
En la medida que aumenta la inversión, habrá un aumento en la producción como resultado de una relación del “multiplicador” del producto, que opera al salirse del punto de equilibrio del gasto autónomo. En este caso: DY = DI/(1-c) donde c es la propensión marginal a consumir. El principio del acelerador, sugiere que las decisiones de inversión por parte de las empresas dependen de las expectativas de los futuros incrementos en la demanda por consumo.
6 Echavarría, Juan José. 1999. Crisis e Industrialización. Las Lecciones de los Treinta. TM Editores. Bogotá. Págs. 186 a 195.
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