Editorial

El presente número de la revista “Estudios en Seguridad y Defensa” está especialmente dedicado al Régimen Penal Internacional y a la labor de la Corte Penal Internacional. El Régimen Penal Internacional es el fruto de un denodado esfuerzo colectivo a nivel global contra el delito, pero especialmente, contra prácticas que como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, y los crímenes de guerra, constituyen una gravísima afrenta no sólo contra el derecho internacional de los derechos humanos y contra el derecho internacional humanitario, sino contra la conciencia moral de la humanidad, en cuya memoria pesa el macabro espectáculo de los campos de extermino que le dieron a la Segunda Guerra Mundial su tono particularmente atroz e inhumano.

Hasta hoy, la creación y puesta en funcionamiento de la Corte Penal Internacional representa el avance más importante en el desarrollo de ese Régimen Penal Internacional, al constituirse como una instancia permanente, autónoma, y engranada en el sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas, a la que se confía de manera complementaria (y en función sólo del interés de la justicia), la investigación y sanción de quienes sean individualmente responsables por su participación en la preparación y ejecución de este tipo de conductas.

Cierto es que la Corte, como toda invención humana, es harto perfectible. Algunos de los artículos que en este número se publican señalan ya algunas de sus debilidades. Pero no por ello debe ignorarse el inmenso aporte que puede hacer este tribunal a la lucha contra la impunidad, al fortalecimiento de los aparatos judiciales y las capacidades policiales de todos los países, y a la efectiva promoción de los derechos humanos y de la humanización de la guerra.

Por su parte, siguiendo el mandato constitucional, las Fuerzas Militares de Colombia reafirman, también en el plano de la Investigación académica, su compromiso indeclinable con la defensa de los derechos y las libertades de todos los colombianos. Esto constituye no sólo uno de los objetivos últimos de la Política de Seguridad Democrática que tienen la misión de ejecutar y consolidar en cada región de Colombia, sino uno de los principios que deben determinar el talante del militar colombiano y formar parte de su más preciado patrimonio institucional colectivo.

Se ocupa también este número de los problemas del post-conflicto, tema ligado de manera íntima al de la justicia para las víctimas y a la defensa y promoción de los derechos humanos. El tema específico es el de los mecanismos de auto-perpetuación de la violencia, entre los cuales sobresale el de la permanencia de factores facilitadores de la constitución de grupos armados ilegales. Las bandas criminales de nueva generación, son un síntoma ominoso de los peligros que se deben controlar, para impedir que el conflicto reaparezca cada vez que se concreten hechos y períodos de paz.